Habitantes del barrio El Rosario en la localidad de Barrios Unidos interpusieron una demanda en contra de la Resolución 650 de 2019 (ERU) y el Decreto 835 de 2019 expedido por el ex alcalde Peñalosa, que viabilizó la expropiación de sus predios para el desarrollo de un proyecto privado de Renovación Urbana.
Faltando cuatro días para acabar su mandato, el exalcalde Enrique Peñalosa expidió el Decreto 835 a través del cual declaró las condiciones de urgencia para expropiar por vía administrativa las propiedades de los residentes del barrio El Rosario y darle vía libre a un proyecto de Renovación Urbana impulsado por CG Constructores.
De acuerdo con la demanda, el Decreto 835 es abiertamente ilegal debido a que durante el trámite de su estructuración y expedición no surtió los procesos de participación ciudadana incidente establecidos en la Constitución y en la Ley. Además, faculta a la ERU a expropiar los predios por vía administrativa basándose en unas condiciones de urgencia inexistentes.
“Para poder expropiar por vía administrativa, el más expedito de los mecanismos de expropiación, la administración debe probar y decretar las condiciones de urgencia existentes que obliguen a la rápida ejecución del proyecto inmobiliario. El problema en el caso del barrio El Rosario es que, por un lado, no conocemos el planteamiento urbanístico del proyecto y por ende es imposible determinar la utilidad pública del mismo, y por el otro, el Distrito no puede probar que la ejecución del proyecto deba adelantarse con urgencia pues al no estar radicado en legal y debida forma es imposible determinar si las soluciones urbanas que traerá para la ciudad son de carácter urgente o no”, aseguró el concejal Manuel Sarmiento.
A través de una coadyuvancia presentada junto con los concejales Martin Rivera y Diego Cancino, el concejal Sarmiento se sumó al proceso como demandante y llamó la atención sobre la gravedad de que la Empresa de Renovación Urbana adelante procesos de expropiación sin tener certeza de la utilidad pública que el proyecto inmobiliario generará para la ciudad.
El concejal aseguró que esta demanda es una herramienta con la que esperan frenar un proyecto inmobiliario que se adelanta de manera ilegal y que podría terminar en la expulsión de los moradores originarios del sector.
