Corabastos a debate por solicitud del concejal Manuel Sarmiento.

Corabastos a debate por solicitud del concejal Manuel Sarmiento.

El próximo martes 4 de octubre se realizará el debate de control político sobre la situación de Corabastos citado por el concejal Manuel Sarmiento en conjunto con la bancada del Polo Democrático Alternativo.

Sobre el manejo de la central se han evidenciado algunas irregularidades. Es el caso del contrato de concesión 070 de 2005, inicialmente celebrado por CORABASTOS para la construcción, reparación y mantenimiento de la malla vial interna al que se le han realizado por lo menos 18 adiciones, algunas, para ejecutar obras que no guardan ninguna relación con el objeto y son innecesarias para el propósito inicial, generando además de enormes sobrecostos un riesgo en la viabilidad financiera e institucional de una Central de abastos que es de gran trascendencia para la seguridad alimentaria, pues se comercializan aproximadamente el 25 % de los alimentos del país.

En el debate, el concejal Sarmiento también explicará la importancia de Corabastos no sólo para la seguridad y soberanía alimentarias, sino como polo de empleo y sostenimiento familiar en Bogotá siendo imprescindible su existencia para la existencia de tenderos y pequeños comerciantes de alimentos.

El cabildante del Polo también hará referencia al anuncio del alcalde Enrique Peñalosa sobre la pretensión de reubicar a CORABASTOS, mediante una asociación público-privada, en otra zona de la ciudad, muy probablemente, para adelantar en las actuales instalaciones algún otro negocio urbanístico en sociedad con grandes constructores como todos los que ha venido planteando por todo Bogotá. (http://bit.ly/1QlzeZo).

El debate podrá verse en directo a partir de las 9:00 AM a través de la página web del concejal Manuel Sarmiento: www.manuelsarmiento.com o por la página oficial del Concejo de Bogotá: www.concejodebogota.gov.co.

El 97% de la contratación de Peñalosa fue ‘a dedo’ en primer semestre.

El 97% de la contratación de Peñalosa fue ‘a dedo’ en primer semestre.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Viernes, 16 de septiembre de 2016


 

El concejal Manuel Sarmiento denunció que la administración Peñalosa le ha dado continuidad a la muy cuestionada política de adjudicar los contratos mediante contratación directa, es decir, a dedo. En el primer semestre, las Secretarías y sus entidades adscritas celebraron 28.041 contratos, de los cuales 27.327 se han suscrito por contratación directa, según datos extraídos del portal oficial SECOP.

“Esto significa que el 97% de los contratistas del distrito se han escogido ‘a dedo’, lo que evidencia que Peñalosa continúa con la cuestionada política de administraciones anteriores”, afirmó el Concejal del Polo, y resaltó lo dicho por el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en un informe sobre la contratación en el cuatrienio anterior en el que se advierte que la contratación directa es “el caldo de cultivo perfecto para poner en riesgo los recursos públicos del Distrito, además de encubar la corrupción”. Hay entidades que han aumentado considerablemente la contratación ‘a dedo’ con respecto al primer semestre de 2015, como el caso de IDARTES, que pasó de 892 contratos celebrados en 2015 a 1.717 en 2016, o el del IDRD en donde se han suscrito 4 veces más contratos directos en este año, aumentando de 593 en 2015 a 2.408.

En el mismo sentido Sarmiento recordó la amañada contratación de los estudios del metro elevado. “El alcalde Peñalosa en lugar de promover un concurso de méritos desde el IDU bajo la norma de contratación pública, decidió firmar la prórroga al convenio interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad que ‘a dedo’ y sin licitación contrató un proyecto tan importante y tan complejo como es el de los estudios del metro para Bogotá”.

“Lo de Oscar Díaz, asesor de cabecera de Peñalosa, es un aberrante caso de puerta giratoria para favorecer a los negociantes del SITP”: concejal Manuel Sarmiento

“Lo de Oscar Díaz, asesor de cabecera de Peñalosa, es un aberrante caso de puerta giratoria para favorecer a los negociantes del SITP”: concejal Manuel Sarmiento

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Sábado 16 de julio de 2016


El concejal Manuel Sarmiento reiteró sus denuncias sobre la cercanía de la administración distrital con los negociantes de Transmilenio al señalar que “el asesor de cabecera del alcalde Peñalosa para temas estratégicos del SITP ha sido consultor del Grupo Express, uno de los operadores privados del sistema, y de la empresa encargada del recaudo”.

Oscar Edmundo Díaz es pupilo de Enrique Peñalosa de larga data, como lo señala el profesor Carlos Carrillo, tanto así que hasta lo acompañó en el ITDP, organización en la que el alcalde sacó provecho de Transmilenio para vender estos sistemas en todo el mundo (http://bit.ly/1XrOmKv). Díaz también fundó la firma de consultoría GSD Plus, que ha tenido por clientes a Tu Llave, de la operadora privada Recaudo Bogotá, y a Express de Santiago, operadora del Transantiago en Chile. “Resulta que la familia Hernández, dueña mayoritaria del Grupo Express en Colombia, es también importante accionista de Express de Santiago. Es decir, Díaz ha trabajado para esta poderosa familia del oligopolio familiar-empresarial del transporte bogotano”. Sarmiento recordó que este grupo fue señalado por La Silla Vacía de beneficiarse con la posible prórroga de los contratos de Transmilenio y la terminación de los contratos de Coobus y Egobus (http://bit.ly/29Jwf01).

El alcalde Peñalosa contrató en febrero a Oscar Díaz para que lo asesore en “temas estratégicos y prioritarios relacionados con movilidad y SITP”. El concejal del Polo explicó que “por este contrato, el asesor cabecera de Enrique Peñalosa para todo lo relacionado con el transporte público se gana la nada módica suma de 30 millones de pesos mensuales, un sueldo mayor que el del propio Alcalde” (http://bit.ly/29CkBEH). Asesor a la medida de los privados.

Existen otras irregularidades que benefician al oligopolio privado del transporte. El concejal denunció que Transmilenio no sabe si los operadores de la Fase I han hecho el mantenimiento a los buses; el ente gestor solo ha cobrado el 1,6% (¡!) de los desincentivos que se generan por no cumplir con estándares de calidad en la operación zonal; y Transmilenio no ha tomado medidas serias sobre el incumplimiento de las grandes operadoras zonales en materia de chatarrización e implementación de rutas. “Sí existen propuestas para cambiar estas situaciones. Se deben modificar los leoninos contratos de Transmilenio y cambiar el Acuerdo 4 de 1999 para permitir que Transmilenio pueda ser una operadora pública del sistema, para así evitar que el transporte en la ciudad siga siendo un negocio de pocos, a los que les va muy bien, mientras al distrito y a la ciudadanía les va mal”, concluyó Sarmiento.

Peñalosa debe dar explicaciones sobre los graves hechos relacionados con la ponencia presentada por el concejal Venus A. Silva.

Peñalosa debe dar explicaciones sobre los graves hechos relacionados con la ponencia presentada por el concejal Venus A. Silva.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Sábado, 28 de mayo de 2016


Durante la sesión Plenaria el concejal Manuel Sarmiento calificó como ‘extremadamente graves’ los hechos registrados por distintos medios de comunicación en las últimas horas como El Espectador (http://bit.ly/1X4s2tM), Semana (http://bit.ly/1sTthQ6), CM& (http://bit.ly/22spXXZ) y La Silla Vacía (http://bit.ly/25sDfcn), relacionados con la ponencia positiva del concejal Venus Albeiro Silva al Proyecto de Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Peñalosa. De las notas de prensa se infieren indicios serios de que la Administración ofreció beneficios y dádivas al concejal Silva a cambio de su condescendiente colaboración en la aprobación del Plan.

Ante semejantes acusaciones, el concejal Sarmiento exigió al alcalde Enrique Peñalosa y al secretario de gobierno, Miguel Uribe, explicaciones contundentes y de manera inmediata sobre los cuestionados métodos que se han utilizado para sacar adelante el Plan de Desarrollo. Reprochó así mismo las actuaciones del concejal Silva en favor de este Plan, reiterando que el Proyecto presentado por la actual Administración además de reflejar un carácter neoliberal, es inconveniente para la ciudad porque contiene medidas regresivas como la sobrecarga de tributos y contribuciones que recaerán en las familias más pobres, la privatización de una importante empresa pública para Bogotá como la ETB y “salvarlo, como lo hizo el concejal Silva de forma unilateral, va en contra del Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo”.

Finalmente, el concejal Manuel Sarmiento convocó a los miles de ciudadanos indignados con las formas tramposas con las que el Alcalde y su Administración pretenden aprobar la privatización de la ETB, a continuar las movilizaciones ejemplares y pacíficas y hacerle frente a esta y todas las nefastas políticas que refleja en su Plan de “subdesarrollo”.

Para ver el video de la intervención del concejal Manuel Sarmiento, siga este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nFmPAfCCcBk.

CORABASTOS a debate de control político por solicitud del concejal Manuel Sarmiento.

CORABASTOS a debate de control político por solicitud del concejal Manuel Sarmiento.

Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Jueves, 21 de abril de 2016


En la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá fue aprobado, por solicitud del concejal Manuel Sarmiento, con el respaldo de toda la bancada del Polo Democrático Alternativo, un debate de control político en torno a la problemática que vive CORABASTOS  y al que están citados el Secretario de Desarrollo Económico y el Gerente General de la Corporación.

El concejal Sarmiento advirtió que hay manifiestas irregularidades en el contrato de concesión 070 de 2005, inicialmente celebrado por CORABASTOS para la construcción, reparación y mantenimiento de la malla vial interna, que están poniendo en riesgo la viabilidad financiera e institucional de la Central de abastos más grande del país, donde se comercializan 5 millones de toneladas de alimentos al año, más de 12 mil al día, de las 27 millones producidas aquí y destinadas al consumo nacional, y sin contar las 11,5 que ya se importan de casi todos los géneros agrícolas y pecuarios.

Señaló que en este debate demostrará que las 18 adiciones realizadas a dicho contrato han generado enormes sobrecostos y han evadido las normas de contratación estatal y del Manual de Contratación interno, sin garantizar principios como la selección objetiva, además de que algunas han sido para ejecutar obras que no guardan ninguna relación con el objeto del contrato y son innecesarias para el propósito inicial.

A estas graves denuncias, indicó el concejal del Polo, se suma el anuncio del alcalde Enrique Peñalosa sobre la pretensión de reubicar a CORABASTOS, mediante una asociación público-privada, en otra zona de la ciudad y, muy probablemente, para adelantar en las actuales instalaciones algún otro negocio urbanístico en sociedad con grandes constructores como todos los que ha venido planteando por todo Bogotá. (http://bit.ly/1QlzeZo).

Estas difíciles circunstancias se suman a las secuelas de dependencia alimenticia y a la carestía de la canasta básica que hoy se están  viviendo como consecuencia de las importaciones y los TLC, configurando una seria amenaza a la seguridad alimentaria de millones de colombianos, de Bogotá y de varias regiones circundantes, que se aprovisionan en CORABASTOS.

 

Inadmisibles y ficticios son los argumentos de Peñalosa para rechazar el impedimento del Secretario de Planeación: Manuel Sarmiento

Inadmisibles y ficticios son los argumentos de Peñalosa para rechazar el impedimento del Secretario de Planeación: Manuel Sarmiento

Aunque el Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, es propietario de un predio en la Reserva Thomas Van der Hammen, el alcalde Peñalosa no aceptó el impedimento que presentó el funcionario para participar en los asuntos relacionados con la urbanización de este sector de la ciudad. El mandatario argumentó que “actualmente la Secretaría de Planeación no adelanta actuaciones administrativas frente a estudios y decisiones con relación a la expansión de Bogotá hacia dicha zona”.

El concejal Manuel Sarmiento reiteró que el Secretario de la Planeación si está impedido y afirmó que los argumentos del Alcalde son inadmisibles, en primer lugar, porque el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 señala con toda claridad que “la figura del impedimento no requiere que se haya iniciado una actuación administrativa, pues se aplica de manera general para los asuntos de competencia de un funcionario en los que tenga un conflicto de intereses”. Sarmiento puso como ejemplo el caso del vicepresidente German Vargas Lleras, a quien se le aceptó estar impedido, siendo ministro de Vivienda para participar en asuntos relacionados con las empresas de propiedad de personas con las que tiene una relación de amistad aún antes de que se hubieran iniciado actuaciones administrativas concretas (http://bit.ly/23Fiv01).

En segundo término, añadió Sarmiento, la Secretaría de Planeación sí ha adelantado actuaciones administrativas en relación con la propuesta del alcalde Peñalosa de urbanizar la Reserva Thomas Van der Hammen, recordando que así lo ha afirmado hasta el propio Secretario de Planeación. Reiteró que, de acuerdo con el diario El Espectador del 25 de febrero, “Andrés Ortiz aseguró que los funcionarios de su entidad se encuentran bastante atareados por estos días, con el fin de precisar la propuesta que pasarán a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al Ministerio de Ambiente”, afirmando que “estamos trabajando con seriedad y muy fuertemente” (http://bit.ly/1TY6qwJ).

“Las declaraciones del doctor Ortiz dejan en evidencia que los argumentos del Alcalde son ficticios”, afirmó el concejal del Polo. “No hay duda”, concluyó, “que el funcionario está incurso en un conflicto de intereses porque la propuesta de Enrique Peñalosa valorizaría las propiedades de la Reserva debido a que implica un cambio de uso que mejora el aprovechamiento de los predios y su rentabilidad”.

Carta pública al alcalde Peñalosa firmada por Jorge Robledo, Germán Navas Talero y Manuel Sarmiento.

Carta pública al alcalde Peñalosa firmada por Jorge Robledo, Germán Navas Talero y Manuel Sarmiento.

Bogotá D.C., 4 de abril de 2016

 

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Ciudad

Ref.: Otra razón para que desista de destruir la Reserva Natural Van der Hammen es que ese atentado beneficia a donantes a su campaña y a miembros de su gabinete.

Atento saludo,

La escandalosa revelación del diario El Espectador sobre los predios que varios de los financiadores de su campaña, grandes firmas constructoras y bancarias y miembros de su gabinete tienen en la Reserva Van der Hammen (http://bit.ly/1Y7L4fj) constituye otra razón en contra de su despropósito de urbanizar esta zona de Bogotá.

Entre los aportantes a su campaña con propiedades e intereses en la Reserva se encuentran Pedro Gómez y Cía., Davivienda y Arpo Arquitectos. También posee un lote en la Van der Hammen la actual Gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, quien dirigió su campaña electoral a la Alcaldía.

El caso del Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, carece de toda transparencia. Además de ser propietario de uno de los predios, la firma Contexto Urbano, que él fundó y que le aportó a su campaña, tiene como clientes a Colpatria y a Arquitectura y Diseño, empresas que también poseen propiedades en la Reserva. Y es ya el colmo que sea la entidad que dirige el doctor Ortiz la encargada de estructurar el plan de urbanización de casi todas las 1.400 hectáreas que hoy protegen las normas ambientales. Que usted califique como irrelevantes estas relaciones y formas de gobernar debe leerse como otra versión del detestable “Usted no sabe quién soy yo”.

Es obvio que desarrollar proyectos inmobiliarios en la Van der Hammen, además de causar graves daños ambientales, enriquecerá en grandes proporciones a los mencionados beneficiarios, verdad que no taparán las frases absurdas de su parte, como lo reveló La Silla Vacía (http://bit.ly/1LrpJHe). Cinismos aparte, estamos ante otro caso de la historia nacional donde se usa el poder público para adelantar negocios particulares, y de los peores.

Los más elementales criterios de la ética pública y del bienestar general indican que usted debe anunciarles a los bogotanos que desiste de destruir la Reserva Natural Van der Hammen.

Cordialmente,

JER

JORGE ENRIQUE ROBLEDO              

Senador de la República                           

Polo Democrático Alternativo                 

 

(Firmado)

GERMÁN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara por Bogotá

Polo Democrático Alternativo

Firma-transparente

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

 

 

Cárdenas violó la libre competencia al entregar Isagen en subasta de uno.

Cárdenas violó la libre competencia al entregar Isagen en subasta de uno.

 

Andrés Pachón, Asesor Jurídico del Concejal Manuel Sarmiento.

@AndresPachon85

 

peich

1. El régimen especial de enajenación de acciones del Estado, que es distinto al régimen general de contratación estatal, debe asegurar el derecho colectivo a la libre competencia.

La libre competencia económica no es ajena a los procesos de contratación del Estado, ni mucho menos a los procesos de enajenación de la participación accionaria de la Nación, y por lo tanto, el derecho colectivo a la libre competencia debe asegurarse en el marco de tales procedimientos administrativos. De ahí que la Ley 226 de 1995, ley especial que gobierna la enajenación de la propiedad accionaria del Estado, disponga en sus artículos 2 y 9 lo siguiente:

“Artículo  2º.- Democratización. Todas las personas, naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionario que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. (…)

 Artículo 9º.- La enajenación de la participación accionaria se hará utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia”. (Énfasis fuera de texto)

(…)

Precisamente, “el principio de libre concurrencia plural de interesados al mercado, busca ante todo hacer énfasis y determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real con el fin de obtener a través de la presencia plural de oferentes interesados interactuando, una oferta adecuada al mercado y por lo tanto óptima para la administración pública contratante”.

En ese sentido, la existencia de una “subasta” con oferente único implicaría desconocer los efectos positivos derivados de la libre concurrencia, traducida en la pluralidad de oferentes, razón por la cual, la figura excepcional del Oferente Único, riñe de manera profunda con la esencia y la naturaleza del mecanismo de subasta y de los principios de democratización y libre concurrencia que deben asegurarse en este tipo de transacciones.

El argumento del Ministerio de Hacienda para justificar la antinatural subasta con Oferente  Único, consiste en invocar normas del régimen de contratación estatal, como el Decreto 1082 de 2015, que es una norma reglamentaria de la ley de la contratación pública, esto es, que desarrolla un marco normativo de referencia, el cual no es aplicable al proceso de enajenación de ISAGEN por expreso mandato del artículo 2 de la Ley 226 de 1995, norma especial que –se insiste- regula la enajenación de la propiedad accionaria del Estado. La citada disposición señala:

 ARTÍCULO 2o. DEMOCRATIZACIÓN. Todas las personas naturales o jurídicas, podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria. La Ley 80 de 1993 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria”. (Énfasis fuera de Texto)

No obstante la claridad de la norma anterior, el Ministerio de Hacienda, en el Reglamento de Enajenación de ISAGEN, en el Anexo 6, numeral 2, (v), (a) dispuso: 

“(v) El Presidente de la Subasta procederá de la siguiente manera:

(a) Única Oferta Económica Aceptable: En el evento en que se reciba una sola Oferta Económica Aceptable, se procederá a declarar como Inversionista Adjudicatario al respectivo Inversionista Preclasificado”. (Énfasis fuera de texto).

La anterior disposición, es la única norma del proceso de enajenación en la cual se ampara el Ministerio de Hacienda para asegurar que si es posible realizar una “subasta” con Oferente Único. No obstante, una disposición en tal sentido es abiertamente ilegal e inconstitucional por desconocer el derecho colectivo a la libre competencia, en la medida que la Ley 226 de 1995, que es ley especial, de ninguna manera permite tal hipótesis, y por el contrario, propende por mecanismos que permitan la mayor publicidad y libre concurrencia, lo cual no se cumple solo con anuncios en prensa de posibles participantes, sino con la participación real y efectiva de pluralidad de sujetos en la subasta.

En ese sentido, ni la ley 226 de 1995, ni los Decretos 1609 de 2013, 2316 de 2013, y 1512 de 2014, por medio de los cuales se aprobó el programa de enajenación de la participación de la Nación en ISAGÉN, autorizan que el mecanismo de subasta se pueda surtir con un Oferente Único, ésta posibilidad solamente aparece en el reglamento de enajenación. Pero como se explicó con suficiencia, tal regla no cuenta con un soporte jurídico, al contrario, parase introducida como un salvavidas arbitrario e ilegal en caso de que solo exista un oferente, o sabiendo que así sucedería, pero carece de toda fundamentación legal, pues –se insiste- tal posibilidad no ha sido prevista para el específico régimen de enajenación de acciones del Estado.

2. La existencia de un Oferente Único desconoce la esencia del mecanismo seleccionado por el Ministerio de Hacienda para adjudicar las acciones de ISAGEN, consistente en la subasta pública, y así lo ha reconocido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado.

 El mecanismo seleccionado voluntariamente por el Ministerio de Hacienda, la subasta pública, tiene la finalidad principal de maximizar los recursos del Estado, toda vez que la interacción dinámica de los diferentes ofrecimientos económicos conducen a la obtención de un mayor valor al momento de la venta, finalidad que queda absolutamente eliminada ante la existencia de un Oferente Único, escenario en el que se pierden todos los espacios de negociación, pues la administración estaría limitada a los términos de la única oferta. Tal escenario convierte el valor mínimo por acción, en el precio de adjudicación, desechando toda posibilidad de obtener un mejor rendimiento fruto de la libre y leal competencia.

Así las cosas, la existencia de un Oferente Único desconoce la libre competencia, y transforma, de manera irregular y arbitraria, la subasta pública en un contrato directo.

Al respecto, es pertinente referir que el Honorable Consejo de Estado, mediante sentencia de Sala Plena, en el caso de la licitación del tercer canal de televisión privada, se pronunció sobre la subasta pública y el proponente único, y señaló entre otras cosas que:

(…) esa pluralidad se requiere para que a través de la confrontación de estos actores, surjan precios que maximicen los recursos para el Estado (…)[1]. “[tal] Exigencia (…) no constituye un mero requisito formal o del arbitrio del legislador, sino por el contrario, una talanquera legal para evitar procesos de selección carentes de la sustantividad pluralista y participativa necesaria en relación con un bien tan preciado, valioso y vital para la vida de la colectividad nacional como lo es el espectro electromagnético, en especial, cuando de por medio está la asignación de un servicio público de absoluto interés público, como lo es el de la televisión de operación privada y de cubrimiento nacional, que por su  misma naturaleza y magnitud, no puede ser objeto de un simple proceso de asignación o de concesión por fuera de los más elementales marcos que la cláusula del Estado social y democrático de derecho, en concordancia con el postulado también constitucional de la libre competencia económica, reclaman para la contratación pública, como es, el conformado por los principios de concurrencia, pluralidad, igualdad y no discriminación, que deben ser garantizados siempre por la administración pública en todos sus niveles”. 

Frente a lo anterior, es preciso señalar que si bien el referido pronunciamiento se efectuó en atención a un caso particular como lo es la asignación del tercer canal privado de televisión y la existencia de una normativa particular, sus consideraciones resultan plenamente válidas para la enajenación de ISAGEN, toda vez que dicha venta está relacionada con un bien sumamente preciado y escaso como es la segunda generadora eléctrica de un país al borde de un Apagón, dueña de un sinnúmero de hidroeléctricas, parques eólicos, infraestructura eléctrica y el agua como fuente de energía, “vital para la vida de la colectividad nacional”, en especial “cuando de por medio esta la asignación de un servicio público de absoluto interés público”, como es el aprovisionamiento de energía eléctrica, sin la cual no solo no se podría ver televisión, sino también resultaría lesionada la producción, la competitividad y, por supuesto, los consumidores en sus más habituales actividades. Todas estas arbitrariedades a favor de grandes fondos de capitales, y en detrimento del patrimonio público y la energía del país demandan todo el peso de la Censura al Ministro Cárdenas.

[1] CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), Radicación número: 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ).