Peñalosa les ha entregado $46.000 millones de pesos a universidades privadas

Peñalosa les ha entregado $46.000 millones de pesos a universidades privadas

75 de cada 100 pesos de los programas del Distrito similares a “Ser Pilo Paga” han terminado en instituciones privadas. Mientras tanto, la Universidad Distrital se cae a pedazos.

 A través del programa denominado ‘Alianza Bogotá Educadora’, entre 2016 y 2017 el alcalde Peñalosa les ha trasladado  $46.664 millones de pesos a instituciones de educación superior de carácter privado. Los recursos se han girado a través de distintas líneas de créditos condonables similares a las de ‘Ser Pilo Paga’, siendo las universidades privadas las principales beneficiarias, pues se han quedado con el 75% de los recursos asignados.

El concejal Manuel Sarmiento, quien obtuvo la información de la Secretaría de Educación, calificó como un absurdo que Peñalosa les entregue más de $40.000 millones de pesos a instituciones privadas mientras la Universidad Distrital padece de una grave crisis financiera. El cabildante recordó que en 2018 el déficit de funcionamiento de la institución pública es de $20.000 millones de pesos y que su déficit de infraestructura es de 116.000 metros cuadrados, el equivalente a 16 estadios El Campín.

Para Sarmiento, resulta inaceptable que en 2016 y 2017 el presupuesto por estudiante de la Universidad Distrital (incluyendo costo operativo más pensiones)  fue de un poco más de nueve millones de pesos, mientras a las 41 instituciones privadas que participaron en la línea “mérito académico para universidades” se les haya transferido 46 millones por alumno en el mismo periodo. “La administración Peñalosa pagó por estudiante casi cinco veces más de lo que le gira a la Universidad Distrital. Es escandaloso que recursos públicos terminan en los bolsillos de las universidades privadas mientras la universidad pública se encuentra en crisis” señalo el concejal Sarmiento.

“Los recursos públicos deben destinarse al fortalecimiento de la educación pública, no a endeudar a las familias con créditos condonables del ICETEX. Es un absurdo que Peñalosa, siguiendo el mal ejemplo de Santos y Duque, no atienda las necesidades financieras de la Universidad Distrital y en cambio se gaste más de $40.000 millones subsidiando a las instituciones privadas”, afirmó Sarmiento. Los estudiantes y profesores tienen la razón cuando dicen que el problema principal de las universidades públicas son los malos gobiernos que desprecian la educación de calidad y se dedican a desfinanciar las instituciones estatales, concluyó.

Peñalosa persigue a los vendedores informales mientras privatiza el espacio público

Peñalosa persigue a los vendedores informales mientras privatiza el espacio público

En medio del debate sobre las ventas informales, el concejal Manuel Sarmiento se refirió al Decreto 552 del 2018 expedido el pasado 26 de septiembre por el gobierno de Enrique Peñalosa y que regula el aprovechamiento económico del espacio público. “La expedición de esta norma no es más que la intención de la administración de Peñalosa por convertir el espacio público en una mercancía, objeto de privatización para beneficio de grandes conglomerados económicos. Es inaudito que en ninguno de los 32 artículos se mencione a los vendedores informales ni se incluyan medidas para garantizar su derecho al trabajo”, afirmó Sarmiento.

El Gobierno Distrital expidió este decreto en medio de los fuertes cuestionamiento de la Personería de Bogotá sobre los procedimientos de desalojos y la violación de los derechos fundamentales de los vendedores informales. Un informe del órgano de control señala que la administración no está cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional de garantizarles a los vendedores informales alternativas económicas antes de sacarlos del espacio público. “En lugar de respetar las sentencias de la Corte, Peñalosa y Miguel Uribe estigmatizan a la población vulnerable, mientras le entregan el espacio público a potentados como los consuegros de Juan Manuel Santos”, afirmó el cabildante.

En las conclusiones del debate propuesto por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento señaló: “Peñalosa continúa con su idea de desconocer la altísima informalidad laboral que hay en Colombia como la principal causa de las ventas informales en la ciudad y en cambio pretende continuar persiguiendo a los vendedores como criminales por todas las localidades.”

 El concejal Sarmiento concluyó diciendo que “el Decreto 522 de 2018 profundiza la visión antidemocrática de Peñalosa contra los vendedores informales, personas humildes víctimas del desempleo y la informalidad y recordó que el alcalde les está tramitando 3 contratos de APP sobre el espacio público  a los consuegros de Santos, quienes le donaron 50 millones de pesos para su campaña”.

Es inaudito que la administración de Peñalosa desconozca la participación de la Personería de Bogotá en operativos de desalojo de vendedores informales

Es inaudito que la administración de Peñalosa desconozca la participación de la Personería de Bogotá en operativos de desalojo de vendedores informales

  1. Concejal Manuel Sarmiento exige que no se siga desconociendo la participación del Ministerio Público en los desalojos de vendedores informales en la ciudad.
  2. La Policía Metropolitana de Bogotá y el Secretario de Gobierno deben expedir un instructivo para los miembros de la fuerza publica, donde se explique que es obligatoria la presencia de la Personería.
  3. Comparendos de la Policia Nacional no están cumpliendo con las disposiciones de la Corte Consitucional.

Mediante una carta enviada al Mayor General Hoover Alfredo Penilla Romero, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y al Secretario Distrital de Gobierno Miguel Uribe, el cabildante del Polo Democrático les solicitó no seguir desconociendo la participación del Ministerio Público en procedimientos de desalojo de vendedores informales, requiriendo al comandante Penilla  expedir un instructivo para los miembros de la fuerza pública que le aclare al personal de la institución la obligación de contar con la presencia de la Personería de Bogotá en los operativos de desalojo, así como el requisito de verificar que a los vendedores informales se les ha ofrecido una alternativa económica real antes de proceder a aplicar algunas de las sanciones contempladas en el Código de Policía.

La carta se fundamenta en las graves advertencias hechas por la Personera Distrital Carmen Teresa Villamizar, sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados por la actual administración, revelaciones hechas el pasado 14 de agosto en el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad.

A continuación, el contenido de la carta.

Mayor General
HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO
Comandante
Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG-
Avenida caracas N.6-05
Bogotá D.C.

Ref.: La Policía Metropolitana de Bogotá debe respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los derechos de los vendedores informales.

Cordial saludo.

El pasado 14 de agosto, en el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad, la Personera de Bogotá hizo graves advertencias sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados por la actual administración.

De acuerdo con la personera Carmen Teresa Villamizar, mediante el instructivo 006 del 01 de septiembre de 2017 la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional definió los lineamientos para el control a la ocupación del espacio público, omitiendo que en los operativos de desalojo contra los vendedores informales se debe contar con presencia de un representante del Ministerio Público que garantice el respeto del debido proceso y demás derechos de las personas que deben dedicarse al rebusque. Este instructivo es abiertamente contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a las normas que rigen la materia. En efecto, la Sentencia T-772 de 2003 señala que “durante las diligencias correspondientes se debe contar obligatoriamente con la presencia del Personero -o su delegado-, que vele por la preservación de los mandatos constitucionales e internacionales aplicables”, mientras que el Decreto 098 de 2004 dispone que “La diligencia se llevará a efecto por el Alcalde Local quien deberá contar con un delegado del Ministerio Público“.

La representante de la Personería Distrital también indicó en su informe que “la imposición de comparendos por parte de la Policía Nacional no está cumpliendo con las disposiciones de la Corte Constitucional relativas a la garantía de los derechos de las personas vendedoras informales, en el entendido que la Sentencia C-211 de 2017 dispone que las medidas correctivas proceden una vez se ha realizado una oferta de reubicación. Actualmente la Policía no dispone de ningún medio para verificar si las personas que están ocupando el espacio público son población vulnerable, si han sido reconocidos y caracterizados como vendedores informales o si ya se les hizo un ofrecimiento. (…) A pesar de esta limitación de información, la policía nacional continua imponiendo diariamente centenares de comparendos que, en criterio de la Personería, no se ajustan a las exigencias de la Corte Constitucional. De hecho, algunos comparendos impuestos han sido derogados en la revisión del Inspector de Policía, apelando precisamente a la anterior consideración”.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos expuestos por el órgano de control, de manera respetuosa y en ejercicio de mi derecho fundamental de petición le solicito se expedir un instructivo que le aclare al personal de la institución la obligación de contar con la presencia de la Personería en los operativos de desalojo, así como el requisito de verificar que a los venedores informales se les ha ofrecido una alternativa económica real antes de proceder a aplicar algunas de las sanciones contempladas en el Código de Policía.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
CONCEJAL DE BOGOTÁ

Peñalosa viola sentencias de la Corte Constitucional para perseguir a los vendedores informales

Peñalosa viola sentencias de la Corte Constitucional para perseguir a los vendedores informales

Informe de la Personería de Bogotá confirma denuncias del Polo. Hay 382 espacios para reubicar a más de 80.000 vendedores.

En el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, la Personería de Bogotá rindió un informe sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad. La personera Carmen Teresa Villamizar hizo graves advertencias sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados y la insuficiencia en las ofertas institucionales, dándole la razón a las denuncias de la bancada del Polo.

Según la Personera Distrital, mediante el instructivo 006/DISEC/ARCOS-70 del 01 de septiembre de 2017 el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá desconoció la exigencia de la Corte Constitucional de garantizar la participación del Ministerio Público en los procedimientos de desalojo de vendedores informales. De esta manera, Villamizar señaló que se ignoró con este instructivo lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-772 de 2003, numeral séptimo en el que estableció “En dicho Código o Manual se habrán de especificar, entre otras, cuándo no se podrá proceder sin la presencia efectiva de un Personero Distrital o su delegado”, sea del caso insistir que esa presencia, no tiene otro objeto que ser un garante del proceso o procedimiento desarrollado.

La representante del órgano de control también advirtió que la Pesonería Distrital adelantó un estudio sobre la atención de la población vendedora informal en Bogotá el cual revela, entre otras cosas, que el Instituto Para la Economía Social a la fecha no cuenta con estudios de viabilidad de ofertas económicas, “situación esta que contraría las disposiciones de la Corte Constitucional en lo relativo a la efectividad de los programas diseñados por el Distrito para la reubicación de los vendedores informales, haciendo imposible la adopción de las medidas correspondientes para hacer viables las alternativas económicas”, señala el estudio publicado por la entidad.

El informe de la Personería también confirma que la administración no les está ofreciendo alternativas económicas reales a los vendedores informales que son desalojados por el gobierno del alcalde Peñalosa como si fueran criminales. De 29.353 vendedores caracterizados entre 2016 y 2018, solo 2.807 -el 9,5%- han accedido a algunas de las ofertas del IPES, con el agravante que a la mayoría de los beneficiarios no se les garantizan fuentes de ingresos estables. El 35% de lo beneficiarios accedieron al programa de ferias temporales que, como lo señala la Personería, “dada su corta duración no pueden considerarse una alternativa de reubicación definitiva que garantice un mínimo vital para la población vulnerable”, mientras que otro 30% recibió cursos de formación, que de ninguna manera puede considerarse una alternativa económica. En lo que tiene que ver con los empleos formales ofrecidos a los vendedores, el órgano de control advierte que solo se tiene certeza de la contratación de 9 de cada 100 personas que ingresan a este programa.

El concejal Manuel Sarmiento afirmó que “en Bogotá solo existen 382 espacios para reubicar a más de 80.000 vendedores informales, por lo que es inaudito que el alcalde Peñalosa insista en recuperar el espacio público a sangre y fuego sabiendo que no está en la capacidad de otorgarles a estos ciudadanos una alternativa económica real, violando la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Agregó que el informe de la Personería le da la razón a la bancada del Polo en las denuncias sobre el maltrato y la persecución del gobierno distrital contra una población víctima de un modelo económico que ha destruido la empresa pública y privada arrojando a cientos de miles al desempleo y la informalidad. “Uribe, Santos y ahora Duque lanzan a los trabajadores a la informalidad y Peñalosa los recibe con bolillo, violando sus derechos fundamentales”, concluyó el cabildante del Polo.

No es con bolillo como se resuelve la situación de los vendedores informales.

No es con bolillo como se resuelve la situación de los vendedores informales.

Peñalosa persigue a vendedores informales, mientras les entrega el espacio público a sus compadres.

En el debate de control político sobre vendedores informales, el concejal Manuel Sarmiento rechazó la política del Alcalde Peñalosa de perseguir y criminalizar a personas humildes mientras entrega el espacio público a sus compadres. “La de Peñalosa es una política plutocrática que aumenta los sufrimientos de personas sencillas, víctimas de un modelo económico que destruye el empleo formal”, afirmó el cabildante.

En los primeros años de Peñalosa ha aumentado el desempleo, sobre todo el de mujeres y jóvenes, y también se ha incrementado la pobreza. “Entiendo que las ventas informales generen molestias, pero no se puede esperar tener un espacio público como el de Europa con niveles de pobreza como los de África. Se equivoca Peñalosa al tratar y perseguir a esta población vulnerable como delincuentes, es un problema social que debe ser atendido con este enfoque”, explicó.

El concejal del Polo reiteró que las alternativas económicas y laborales de reubicación ofrecidas por el IPES no suplen sus necesidades, lo que explica que sólo el 30% de los vendedores las hayan aceptado. “Peñalosa ofrece prácticamente las mismas alternativas que ofrecieron Petro, Moreno y Garzón, medidas que según los órganos de control han fracasado”, afirmó Sarmiento.

Finalmente, el concejal del Polo denunció que el alcalde está privatizando el espacio público en beneficio de sus compadres. Con la misma lógica del Decreto 456 de Petro, el alcalde está tramitándoles tres alianzas público-privadas sobre el espacio público a los consuegros de Santos que además le donaron 50 millones para su campaña. “Es la lógica plutocrática, duro con los débiles, generoso con los poderosos”, sentenció.

Además de la necesidad de cambiar el modelo económico del libre comercio, Sarmiento propuso hacer un censo de los vendedores informales, implementar una política de empleo público y establecer unas reglas para ordenar la ocupación del espacio público respetando los derechos de los trabajadores informales, incluida la derogatoria del Decreto 456 expedido por Gustavo Petro.

Para ver la intervención del concejal Sarmiento ingrese al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zXJkkYEDMSM&feature=youtu.be

Bogotá: ¿del limbo al infierno? Artículo de Aurelio Suárez publicado en El Espectador.

Bogotá: ¿del limbo al infierno? Artículo de Aurelio Suárez publicado en El Espectador.

Publicado por el diario impreso el 26 de julio de 2017

Artículo de Aurelio Suárez

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50% de cumplimiento, pero el balance es desalentador, en particular en áreas cruciales. En Educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo 2, y de 32 restituciones van en una tercera parte.

Tres programas claves están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y 35 mil cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados CAMIS; no se ha puesto un ladrillo en los Centros de Urgencia del Sur, ni en la reposición de cuatro hospitales.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, escasamente llega a 40%. Y aunque se diga que en 2017 Capital Salud ganó $41 mil millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según con Planeación, está apenas en 38%.

Los damnificados de Peñalosa II son los niños. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el distrito solo atiende al 17%; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9%.

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue 2,96% en 2016 y 1,61% en 2017, por debajo del resultado nacional de 3% y 1,7%; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4% a 11,5% y el desempleo de 8,3% a 10,5%.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66% en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6%; el de celulares al 70%; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos incrementaron 9%.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el Metro en un 30% de avance solo se ha hecho el 10%, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3% del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, y el provisional permanece aplazado por dos años.

En 2017, el 89% de la contratación fue a dedo y tres licitaciones (Aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia.

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos, pero sin estudios completos; el Metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB.

El libro, Bogotá en el limbo, que presenté sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, está corriendo riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.

 

 

 

 

 

 

La política de Peñalosa contra los vendedores informales a debate en el Concejo de Bogotá

La política de Peñalosa contra los vendedores informales a debate en el Concejo de Bogotá

El concejal Manuel Sarmiento y la bancada del Polo Democrático Alternativo realizarán un debate de control a la política antidemocrática del alcalde Peñalosa en contra de los vendedores informales de la ciudad. El debate demostrará cómo los millones de colombianos empujados a la informalidad como consecuencia del modelo económico actual, son perseguidos por la administración distrital sin garantía mínima de sus derechos al trabajo y el mínimo vital.

Según el DANE, en Bogotá 1 de cada 10 personas se encuentra en el desempleo, al tiempo que el subempleo y la informalidad son muy superiores. Además, en todas las localidades de la ciudad, la tasa de desempleo ha aumentado. Por tal motivo, el Concejal Sarmiento citó a debate a la administración Peñalosa para cuestionar la política en relación con los vendedores informales, la cual ha tenido como sustento una alta dosis de represión y la ausencia de alternativas reales y sostenibles en el tiempo para esta población vulnerable.

El debate se llevará a cabo en el Concejo de Bogotá el jueves 26 de julio desde las 9:00am y será transmitido por las redes sociales del concejal Sarmiento.

 

Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para los vendedores informales del barrio El Restrepo.

Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para los vendedores informales del barrio El Restrepo.

El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento dirigió una carta al Secretario de Gobierno, el alcalde local de Antonio Nariño, la directora del IPES y la directora del DADEP, para exigir que se presenten las alternativas reales que la actual administración le ofrecerá a los 196 vendedores informales desalojados en el barrio El Restrepo, de forma antidemocrática. A continuación el texto de la carta:

 

Doctor
MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario
Secretaria de Gobierno Distrital
Cll. 11 #8-17

Doctor
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local
Alcaldía Local de Antonio Nariño
Cll. 17 Sur #18 – 49

Doctora
MARIA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General
Instituto para la Economía Social
Cll. 73 #11 – 66

Doctora
NADYME AMPARO YAVER
Directora General
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
Cra. 30 #24-90

Ref.: Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para vendedores informales el barrio El Restrepo.

Cordial saludo.

Desde el operativo de desalojo del que fueron objeto alrededor de 196 vendedores informales ubicados en inmediaciones del barrio El Restrepo, realizado en la madrugada del 29 de junio, estos vendedores han sido objeto de persecución, incautación reiterada de sus mercancías y amenaza de nuevas sanciones, esta vez económicas para los ciudadanos que se atrevan a socorrer a estos vendedores en el amparo de sus mercancías en locales cercanos.

Reitero mi rechazo a la agresión contra personas humildes que han tenido que dedicarse al rebusque por la crisis económica y el desempleo que generan las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas. Así mismo, rechazo los señalamientos a todas las personas que allí trabajaban, como miembros de organizaciones criminales y tráfico de estupefacientes. El deber del gobierno es individualizar a quienes estén incurriendo en algún delito, sin estigmatizar a toda la población. Es inaudito que el gobierno distrital persiga a miles de vendedores informales en toda Bogotá como si fueran criminales, mientras tramita contratos de privatización del espacio público a particulares como los consuegros del presidente Juan Manuel Santos.

Según informa en sus cuentas oficiales las distintas entidades del distrito que adelantaron el operativo de desalojo de los vendedores informales, 29 de ellos presentaron condición de vulnerabilidad alta, por lo cual recibieron atención especial. Así mismo, según informa el distrito, se presentó un portafolio de alternativas a dichos trabajadores previamente al desalojo realizado.

Por lo anterior, en mi calidad de Concejal de Bogotá y amparado en el Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, solicito comedidamente se me informe:

1. Anexar copia del censo previamente adelantado por el Instituto para la Economía Social a los 196 vendedores informales, que fueron objeto del desalojo.

2. Explicar cada una de las alternativas de trabajo ofrecidas a los vendedores objeto de desalojo en el barrio El Restrepo. Así mismo, informar cuántos vendedores aceptaron las alternativas de trabajo ofrecido, explicando los ingresos que percibirán dichos vendedores por la nueva labor a realizar y el tiempo que el IPES asegura estarán estos vendedores en la nueva labor aceptada.

3. Informar qué procedimiento de acompañamiento especial se realiza con los 29 vendedores informales que fueron reconocidos bajo condición de vulnerabilidad alta. Explicar qué características tienen estos vendedores que fueron identificados con este grado de vulnerabilidad.

4. Informar cual es la oferta de reubicación para la gran mayoría de vendedores informales que fueron desalojados y explicar si este espacio fue concertado con los vendedores.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
C.C. 80.873.444
CONCEJAL DE BOGOTÁ

Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Doctor
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor de Bogotá

Doctora
MAYDA VELÁZQUEZ
Alcaldesa Local de Usaquén

Ref: Se debe permitir a vendedores informales y artesanos trabajar en época decembrina, sin operativos policivos.

Atento saludo.

En pocos días comenzará la época decembrina, temporada en la que aumentan la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros a la plaza fundacional de Usaquén. Artesanos, artistas de distintas disciplinas y vendedores informales han sido considerados por muchos como parte del patrimonio de esta localidad, toda vez que sus actividades artísticas han sido acreditadas por más de treinta años de trabajo ininterrumpido en este sector, décadas en las que le han brindado un atractivo turístico y cultural de especial valor a la Plaza Fundacional, convirtiéndose en uno de los tantos motivos por los cuales miles de transeúntes valoran este trabajo y los corredores donde ellos laboran.

Desafortunadamente, cada diciembre estos artesanos y vendedores informales son desalojados de sus tradicionales puestos de trabajo de manera arbitraria y contrariando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El desalojo, como informan los afectados y varios medios de comunicación, ha sido con una fuerza desmedida, haciendo uso del cuerpo de antidisturbios ESMAD, sin que medie una concertación con estos trabajadores y artesanos, y sin respetar los requisitos para estos procesos.

Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito formalmente abstenerse de realizar operativos policiales contra estos trabajadores y atender sus reclamos, entre los que se encuentra retomar la mesa de concertación con la Alcaldía Local, compromiso que ha sido desconocido por parte de la actual Administración.

Cordialmente,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

 

Concejal Sarmiento rechaza brutal desalojo de Peñalosa contra vendedores informales de Kennedy

Concejal Sarmiento rechaza brutal desalojo de Peñalosa contra vendedores informales de Kennedy

El alcalde Enrique Peñalosa volvió a arremeter contra los vendedores informales mediante un desalojo realizado en la localidad de Kennedy. El operativo inició a la 1 de la mañana del pasado 7 de noviembre en la calle 5 sur con carrera 81 y terminó con el desalojo de 200 personas que se suman a los otros 200 que ya habían sido expulsados de sus sitios de trabajo hace menos de dos meses.

El concejal Manuel Sarmiento rechazó los operativos que calificó como una agresión brutal contra personas humildes que han tenido que dedicarse al rebusque por la crisis económica y el desempleo que generan las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas. “Es inaudito que Peñalosa persiga a los vendedores informales como si fueran criminales y mientras tanto tramite contratos de privatización del espacio público a familias encopetadas como los consuegros del presidente Juan Manuel Santos”, afirmó el cabildante.

A pesar de que la Corte Constitucional ha señalado que las personas que se dedican a las ventas informales en el espacio público son sujetos de especial protección dado que se encuentran en una “situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza”, Peñalosa insiste en arremeter contra sus derechos sin ninguna contemplación. “En el operativo de desalojo en Kennedy, el alcalde violó la extensa jurisprudencia que lo obliga a darles a los venderdores informales alternativas económicas reales. Ni siquiera cumplió con el deber m{inimo de instalar una mesa de concertación”, afirmó Sarmiento.

El concejal del Polo hizo un llamado a los vendedores informales para que se organicen y se movilicen pacíficamente en defensa de sus derechos. “La unidad y la movilización son las vías para enfrentar a Enrique Peñalosa, quien ha demostrado una vez más su desprecio por los derechos de las personas más vulnerables”.