La juventud: entre estudiar y pagar la crisis
Boletín de prensa de la oficina del concejal Manuel Sarmiento En sesión del 17 de abril del Consejo Académico de la Universidad Distrital, con presencia del Rector, se mantiene la decisión de no abrir inscripciones para Ingenieria Sanitaria, Licenciatura en Física, Tecnología en Levantamientos Topográficos y Tecnología en Saneamiento Ambiental para el segundo semestre de 2023. A esta decisión podrían sumarse otros 13 programas. Son dos los criterios que la rectoría y el Consejo Académico han dado a conocer. En primer lugar, la disminución en el número de aspirantes y en segundo, la pertinencia de las carreras. El concejal Manuel Sarmiento cuestionó dichas afirmaciones pues para el primer semestre de 2023 se inscribieron 105 jóvenes con deseos de acceder a estos proyectos curriculares. “Con la absurda tesis de la pertinencia y con un criterio meramente financiero, se envía un mensaje desesperanzador a los jóvenes de la ciudad a quienes se les ponen cada vez más barreras de acceso a la educación pública de calidad, empujándolos a un mercado laboral informal en donde resultan cada vez más necesarios agentes de call center que licenciados, topógrafos o ambientales”, replicó el concejal. El cabildante de Dignidad y Compromiso denuncia que “la decisión de no abrir inscripciones se toma principalmente para ahorrarse unos pesos por cada estudiante que no ingresa, pretendiendo aliviar el déficit histórico de la UD a costa del sueño de cientos de jóvenes de educarse dignamente y lograr un proyecto de vida cierto. “Esta pésima decisión ni siquiera resulta ser un paño de agua tibia ante la profunda crisis que atraviesa la UD. Para funcionar en condiciones deseables, a la universidad de Bogotá le hacen falta más de 70 mil millones de pesos”, agregó Sarmiento. Si uno piensa que la situación no puede empeorar, se equivoca. En un comunicado emitido el 12 de abril, la rectoría de la Universidad Distrital expresó la necesidad de que la administración sea «responsable con los recursos y coherente con el compromiso de formar profesionales». Sin embargo, esa administración creó dos nuevas facultades a pesar del déficit financiero que enfrenta la universidad. Solo la construcción y el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales cuesta más de 140 mil millones de pesos. “Es irresponsable que la administración de la UD descargue la crisis en la juventud, y además tome decisiones contradictorias para profundizarla, en su lugar, debe exigir los recursos faltantes y atender con estudios rigurosos la causa de las bajas inscripciones”, advirtió el concejal Sarmiento. El gobierno Distrital de Claudia López debe pronunciarse, buscar alternativas junto a la comunidad universitaria y sumarse a los llamados al Gobierno Nacional pues es sobre quien recae la responsabilidad y cuenta con el musculo financiero para aliviar el histórico déficit presupuestal de la U. Distrital. Cabe aclarar que el Gobierno del “cambio” puede inyectar recursos a las IES públicas sin reformar la Ley 30. De Petro se espera cumpla con sus promesas de campaña y no omita los justos reclamos de la UD como cuando fue alcalde. ¡¡No hagan de la UD un proyecto inviable!!
Claudia López deja sin plata los servicios para los jóvenes en el IDIPRON
Jóvenes beneficiarios de los programas del IDIPRON han convocado movilizaciones en rechazo al cierre de seis unidades operativas y al incumplimiento de los acuerdos pactados con el director del IDIPRON en relación con la contratación de docentes y la toma de decisiones conjunta con sus representantes. El concejal Manuel Sarmiento del partido Dignidad respalda sus exigencias. La causa principal de las dificultades es el recorte de $25.418 millones decretado por la alcaldesa Claudia López para el IDIPRON. Esta decisión política de la alcaldía significó una reducción en el presupuesto de la entidad en un 19,3 % para 2023, lo que llevó al cierre de las unidades operativas y a una grave afectación en la prestación de los servicios. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud atiende a los y las jóvenes más vulnerables, a quienes habitan la calle o están en riesgo de habitarla con el propósito de generar capacidades que les permitan tener más oportunidades. Este recorte presupuestal en los programas sociales ofrecidos por el IDIPRON no es el único, la administración distrital decidió reducir considerablemente la financiación para los jóvenes más vulnerables de la ciudad. En la Secretaría Distrital de Integración Social también redujo en 7 % el presupuesto destinado a los servicios para la niñez, la adolescencia, la juventud y las personas habitantes de calle. En la Secretaría de Educación la asignación presupuestal para la alimentación, el transporte escolar y la jornada única en los colegios públicos de la ciudad, se vio disminuida considerablemente en más de un 10 %. «La Administración Distrital ha tomado la decisión política de desfinanciar los servicios para las personas más pobres de la ciudad, mientras sigue alimentando el negociado de los operadores privados de Transmilenio a los que destinó cerca de $3 billones del presupuesto público», señaló el concejal Manuel Sarmiento, quien rechazó los recortes presupuestales recordando que «estamos atravesando por una crisis económica de proporciones muy grandes, la inflación ha hecho que la gente deje de comer y esté pasando hambre. Decisiones como estas solo terminan por dejar a su suerte a una población que demanda atención integral de la mejor calidad».
La nueva Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la U. Distrital debe tener un presupuesto digno para funcionar
El presente año inició formalmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales (ciencias básicas) en la Universidad Distrital. Las principales universidades públicas de América Latina tienen estas facultades[1] dada su importancia para el desarrollo social y económico. No es posible concebir el desarrollo, la soberanía y el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad sin el concurso de la ciencia. En Colombia, la educación científica tiene un estrecho vínculo con las instituciones públicas: un 80 % de los programas de matemáticas, biología, química y física recaen en las universidades públicas[2] y un 100 % de los programas de física están en instituciones oficiales. En este contexto, la Universidad Distrital decide crear una nueva facultad con programas de ciencias básicas, una excelente noticia si no hubiera nacido raquítica y desfinanciada. Desde el nacimiento de la facultad los problemas han sido la constante. La Facultad se ubicó en una sede que no es propia, por lo que estudiantes, profesores y trabajadores se vieron obligados a hacinarse en la Sede Macarena en la que, en una especie de guerra del centavo, han tenido que competir por los docentes, las aulas, los laboratorios y la dotación. La situación llevó a la comunidad estudiantil a protestar ante estas indignas condiciones. Lo peor es que la institución expresó con descaro en el documento de creación que «la actual planta física de la Universidad … cuenta con las condiciones necesarias para asegurar el normal desempeño [académico]» de la facultad. Por lo anterior, sin saber con certeza a dónde iban a arrimarles, proyectaron de forma superficial unos rubros para adecuar su llegada ¿Se apropiaron estos dineros y se están ejecutando? Recientemente, a los y las estudiantes de matemáticas los trasladaron de forma abrupta a la sede de la Av. Ciudad de Quito con 64 que antes estaba destinada para posgrados. Denunciaron que al momento de su llegada no había servicios de salud, no se veían lo tableros por el reflejo de luz externa, entre otras. Todo a las patadas. ¡Pero lo más grave es que esta Facultad nació sin recursos públicos adicionales! Se proyectó que para 2022 debía alcanzar 1113 estudiantes nuevos, sin embargo, su creación no contempló recursos públicos adicionales. Un absurdo. En línea con la nefasta política de privatización de la educación, se proyectaron solo ingresos por concepto de matrículas y derechos académicos -cual institución privada- y dividieron los escasos recursos públicos disponibles entre las seis facultades de la Universidad[3]. Adicionalmente, la Universidad expresó que con el equipo docente disponible sería suficiente porque podían redistribuir los ya existentes[4], precisamente cuando la propia UD reportó déficits de 208 y 91 docentes en el primer y segundo semestre de 2021 [5]. La institución expresó en el documento de creación de la Facultad la necesidad de incrementar en 48 personas el equipo docente a 2024, pero no estableció de dónde saldrían esos recursos[6]. Similarmente, dicho documento informó un costo de 123.000 millones[7] para construir y dotar la nueva sede, pero, nuevamente, no se sabía de dónde o cuándo ingresaría la plata. Se requiere urgente una adición presupuestal. Los maltratos a la comunidad académica deben cesar. Respaldo la movilización pacífica y creativa y las exigencias de la comunidad universitaria ante la política de incrementar programas sin recursos públicos adicionales. Tal y como le dije al Rector en el debate de control político en el Concejo este año, debe existir claramente una política para reducir los déficits de infraestructura para que la comunidad tenga condiciones dignas y, además, deben parar los maltratos al equipo profesoral. El Gobierno Nacional se ha desentendido de la financiación de las universidades regionales (al punto que para la matrícula cero -de la cual hizo gala Duque- la UD de sus recursos propios puso el doble que el Gobierno Nacional). La exigencia al presidente Petro continúa siendo adicionar a la base presupuestal los 20.000 millones[8] que cuesta el funcionamiento de esta Facultad, así como los de la Facultad de Ciencias de Salud que prometió como alcalde de Bogotá, pero que hoy no cuenta ni si quiera con un edificio propio. La educación pública requiere más que palabras. [1]Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Marco para la creación, organización, estructuración e implementación de la facultad de ciencias naturales y matemáticas (ciencias básicas) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Junio de 2021, pág. 10. [2] Ibid., pág. 14 [3] Ibid., pp 128 – 160 [4] Ibid., pp 137 – 142 [5] Respuesta a un derecho de petición con radicado 2022EE11235. Estimaciones con base en el estándar de 35 estudiantes por docente. [6] Óp. Cit., pág.147 [7] Ibid., pág.158 [8] Ibid., pág. 147
Estrategia RETO: la nueva política social para la juventud bogotana
Manuel SarmientoConcejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo La estrategia RETO, Retorno a las Oportunidades, es la nueva política dirigida a mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes más vulnerables de Bogotá. Resalto el calificativo de nueva, porque no se trata de un simple cambio en la denominación de un programa con propósitos propagandísticos, sino de una política pública que se propone romper con la ultrafocalización del Sisben que ha imperado bajo las concepciones neoliberales en materia de política social. Desde los años 2014 y 2015 la pobreza monetaria y la desigualdad de Bogotá vienen en aumento, problema que se aceleró durante el gobierno de Peñalosa. Este recrudecimiento de las condiciones de vida de la población ha golpeado con mayor dureza a la juventud capitalina, como lo demuestran las cifras oficiales. De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, el número de jóvenes que no estudian ni trabajan -NiNis- se disparó en los últimos años, al pasar de 338 mil jóvenes en 2013 a 426 mil en 2019, de los cuales el 62,5% son mujeres. Este aterrador panorama se ha agravado con la pandemia, como lo confirma la tasa de de desempleo juvenil de Bogotá que entre abril y junio se ubicó en la escandalosa cifra del 33,3%. El enfoque neoliberal que ha primado en la política social y que ha arrojado estos pésimos resultados es el de la focalización basada en los puntajes del Sisben y en los programas de transferencias monetarias como Familias y Jóvenes en Acción. Como lo ha demostrado el desarrollo de la pandemia, el Sisben es un instrumento de focalización que excluye a amplios sectores de la población que requieren de una especial intervención del Estado para la materialización de sus derechos. Además, los programas de transferencias monetarias tienen muchas limitaciones para reducir la pobreza y la desigualdad, como lo señala un análisis reciente del DNP. De ahí la importancia de diseñar una política social para jóvenes que se aparte de las concepciones tradicionales del neoliberalismo, empezando por cambiar los instrumentos para identificar a sus beneficiarios. La Estrategia RETO es un paso acertado de la Secretaría de Integración Social en esta dirección, pues incorpora criterios distintos al puntaje del Sisben para identificar a jóvenes en estado de vulnerabilidad y marginalidad. Se trata de una estrategia territorial de búsqueda de jóvenes puerta a puerta a partir de la selección de barrios con base en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los colegios en zonas con mayor índice de pobreza multidimensional y los barrios con la mayor concentración de delitos de alto impacto. El programa se propone cubrir a 215.000 en situación de pobreza, desempleo o por fuera del sistema educativo con una serie de servicios integrales que, además de las transferencias monetarias, incluyen medidas para la generación de empleo, servicios de formación socio emocional y orientación ocupacional enfocada en el acceso a la educación superior, acompañamiento institucional para promover la participación de los jóvenes y el fortalecimiento de sus organizaciones a través de las Casas de la Juventud y la financiación de iniciativas juveniles artísticas. RETO es un primer paso para materializar la nueva política social planteada en el Plan de Desarrollo porque se aparta de las concepciones tradicionales y amplía su marco de acción, lo que se complementará con programas que buscan darle un impulso a la industria manufacturera y a las Mipymes como fuentes de generación de empleo y de riqueza. La implementación gradual de la Estrategia RETO sin duda tendrá un impacto muy positivo en la juventud bogotana y constituye un importante aporte del gobierno de Claudia López para construir un nuevo modelo de ciudad.
«Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá»: concejal Manuel Sarmiento
Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. «Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos», afirmó el cabildante del Polo. Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro. «Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social», afirmó Sarmiento. El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. «Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.
Con Peñalosa perdió el derecho a la educación
Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos. En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad. Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas. Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares. Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío. En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el 4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque. Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones. Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.
“Déficit de infraestructura de la U. Distrital equivale a 16 estadios El Campín”: concejal Manuel Sarmiento
El cabildante del Polo Democrático Alternativo manifestó su respaldo a la movilización del 10 de octubre. El concejal Manuel Sarmiento manifestó su apoyo y participación en la gran movilización que se realizarará este miércoles 17 de octubre para exigirle al gobierno de Ivan Duque medidas concretas con las que se comience a resolver la grave crisis de la educación superior en Colombia. Sarmiento señaló que la situación es tan crítica que en la Universidad Distrital el déficit de infraestructura es de 116.000 metros cuadrados, el equivalente a 16 estadios El Campín. “Los estudiantes, profesores y trabajadores que convocan a esta movilización tienen la razón, la crisis de la educación superior no da espera, por eso todo el país debe apoyarlos”, afirmó el concejal. Con un déficit que ya alcanza los $18.2 billones de pesos, $15 billones necesarios para infraestructura y $3.2 en funcionamiento, la comunidad universitaria acierta al citar esta jornada nacional de protesta. La desfinanciación de las universidades públicas es notoria, en 1993 la Nación giraba $10.8 millones de pesos por estudiante, cifra que en 2017 cayó a $4.7 millones, una reducción del 46%. A eso se suman el recorte presupuestal de los últimos gobiernos a Colciencias y los abusos y atropellos del Icetex y sus préstamos usureros que agobian a los estudiantes por décadas. Para comenzar a resolver la grave crisis, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACREES, presentó esta serie de exigencias al gobierno de Iván Duque i) 3.2 billones adicionales a la base presupuestal y plan de pagos de los 15 billones; ii) 700 mil millones para Ciencia y Tecnología aumentando realmente la plata para la investigación; iii) Créditos sin intereses y rechazo al ánimo de lucro; y, iv) Presupuesto para el SENA y la ESAP.
El IDRD debe respetar los derechos de los usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar.
Señor: PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ Director del IDRD Calle 63 # 59 A – 06 Ciudad Ref.: El IDRD debe respetar los derechos de los usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar. Atento saludo. Los padres de familia y deportistas de todas las disciplinas usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar han hecho graves denuncias sobre la intención de la administración de cobrarles sumas exageradas de dinero para el uso de las piscinas y el entrenamiento de miles de jóvenes, lo que lesionaría el deporte competitivo de la ciudad. La Ley 181 de 1995 señala que los deportistas competitivos deben estar afiliados a clubes deportivos organizados como organizaciones sin ánimo de lucro y estos a su vez deben estar afiliados a la liga respectiva. De esta manera, los deportistas que deseen participar en competencias organizadas por las ligas deportivas, federaciones o Coldeportes, deben pertenecer a un club deportivo. Es por esta razón que desde hace 13 años los niños, niñas y adolescentes interesados en la natación competitiva se han organizado en clubes conformados y manejados por sus padres de familia, quienes deben hacer un gran esfuerzo económico para pagar entrenadores, viáticos y demás gastos que exige la formación de un deportista competitivo, todo ello sin contar un un apoyo real del gobierno distrital. Los clubes deportivos son entonces los semilleros de los futuros deportistas de alto rendimiento de Bogotá, por lo que deberían contar con el respaldo de la administración en lugar de ser perseguidos como está sucediendo en la actualidad. Para el entrenamiento de los jóvenes, los clubes han usado durante años las instalaciones del Complejo Acuático, constituyéndose prácticamente en el único apoyo por parte del Distrito. Sin embargo, en los últimos meses se ha conocido la intención del IDRD de empezar a cobrarles cuantiosas sumas de dinero por el uso de la infraestructura con la excusa de aplicar el manual de aprovechamiento económico. Ante las protestas de los padres de familias y deportistas, el 18 de agosto del año pasado usted afirmó en el Concejo que “estamos calculando que sean 800 pesos por niño mensual en los clubes” (https://www.youtube.com/watch?v=Ji76a3nD8po&feature=youtu.be&t=1h14m38s). Sin embargo, se ha conocido que el IDRD pretende iniciar el proceso de cobro por uso de carriles y de espacios del complejo acuático con valores entre los $150.000 y $450.000 por deportista, suma que no están en condiciones de pagar una inmensa mayoría de los padres de familia, lo que constituiría un grave atentado contra el deporte competitivo de la ciudad y una violación de los derechos de miles de jóvenes que con mucho esfuerzo han decidido hacer parte del deporte competitivo. Por lo anterior, en ejercicio de mis funciones de control político y de mi derecho fundamental de petición, le solicito desistir de esta medida y contestar las siguientes preguntas: ¿Por qué usted afirmó en el Concejo que el cobro por el uso del Complejo Acuático no superaría los $ 800 y ahora está anunciando que los clubes deportivos deberán pagar entre $150.000 y 450.000 al mes por deportista? ¿Cómo es posible que el IDRD, en lugar de respaldar a los deportistas de Bogotá, les imponga trabas que obstaculizan su desarrollo? ¿Cuál es la política del IDRD para respaldar a los jóvenes deportistas competitivos? Las respuestas a las solicitudes presentadas serán recibidas en la calle 36 # 28A – 41 y en el correo electrónico concejalmanuelsarmiento@gmail.com Cordialmente,
Gobierno de Peñalosa debe cumplirles a los dirigentes sociales que fueron engañados con un programa de becas para acceder a la educación superior
Gobierno de Peñalosa debe cumplirles a los dirigentes sociales que fueron engañados con un programa de becas para acceder a la educación superior. El concejal del Polo Manuel Sarmiento le envió una carta al secretario de gobierno Miguel Uribe rechazando el engaño a 100 dirigentes sociales a quienes les ofrecieron un programa de becas para estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional y quienes posteriormente se enteraron que les habían sido otorgados créditos condonables con ICETEX. En la misiva, el cabildante le exigió a la administración de Enrique Peñalosa tomar las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios de este programa puedan culminar sus estudios universitarios. A continuación, el texto original de la carta: Doctor MIGUEL URIBE TURBAY Secretario de Gobierno Distrital Calle 11 # 8-17 Bogotá D.C. Ref.: La administración debe cumplirles a los dirigentes sociales que fueron engañados con un programa de becas para acceder a la educación superior. Atento saludo. Es inaudito que la Secretaría de Gobierno les haya orecido a 100 dirigentes sociales un programa de becas para estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional y que muchos de ellos no hayan podido continuar con sus estudios porque en lugar de becas, les otorgaron créditos condonables del ICETEX y no han podido cumplir con los requisitos exigidos por la entidad financiera. Debo repudiar que la entidad que usted dirige haya engañado a lideres de derechos humanos, comunales y de poblaciones étnicas, cambiándoles las reglas de juego. En noviembre de 2017 la Secretaría de Gobierno abrió la convocatoria para acceder a 100 becas para líderes sociales, sin aclarar que en realidad se trataba de créditos del ICETEX (https://goo.gl/eNKvib). Entre los requisitos que se exigieron, en niguna parte se dice que los beneficiarios deberán cumplir con las exigencias de la entidad financiera, como contar con un fiador con finca raíz. Luego de un proceso de selección, 100 líderes fueron escogidos entre cerca de 500 aspirantes, e iniciaron sus estudios en febrero de este año. Sin embargo, después de iniciar las clases, la Secretaría y la Universidad les informaron que debían formalizar su situación ante el ICETEX, momento en el que se dieron cuenta que no se trataba de becas sino de créditos condonables. El ICETEX les esta exigiendo requisitos que muchos de ellos no están en condiciones de cumplir, por lo que la universidad decidió suspender las clases hasta tanto no se solucione está situación. A pesar de que se han dirigido a su despacho con propuestas para solucionar el problema, la Secretaría de Gobierno no ha aceptado ninguna de ellas y, en su lugar, ha comenzado a llamar a los aspirantes que no ocuparon los primeros 100 puestos para definir si sumplen con los requisitos del ICETEX y de esta manera sacar del programa a quienes fueron originalmente seleccionados. En mi calidad de concejal de Bogotá, debo rechazar está actitud antidemocrática con la que se están pisoteando los derechos de líderes sociales y frustra su expectativa de contar con un título universitario. Por lo anterior, le solicito tomar las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios de este programa puedan culminar sus estudios universitarios. Atentamente, Manuel Sarmiento Concejal de Bogotá
Se deben atender las peticiones de los cabildantes estudiantiles: concejal Manuel Sarmiento
Doctora MARÍA VICTORIA ANGULO Secretaria de despacho Secretaría Distrital de Educación Av. El Dorado No. 66 – 63 Doctor JAIME TORRES MELO Veedor Veeduría Distrital Avenida Calle 26 # 69-76, piso 3, torre 1 Ref.: Se deben atender las peticiones de los cabildantes estudiantiles Atento saludo: El pasado 16 de mayo recibí una comunicación (Ver aquí) en la que los cabildantes estudiantiles les manifiestan a ustedes su inconformidad debido a que la Secretaría de Educación del Distrito y la Veeduría Distrital no han llevado a cabo las labores que les corresponden, para que la participación de los cabildantes sea efectiva. El Acuerdo 597 de 2015 establece que el último viernes de mayo de cada año se llevará a cabo una sesión plenaria en el Concejo de Bogotá con la orientación y participación de los cabildantes estudiantiles. En particular, este Acuerdo establece que la agenda para este día será decidida por la Mesa Distrital de Cabildantes. Esta Mesa, a su vez, se establece con base en las decisiones que se alcancen en las Mesas Locales de Cabildantes. Por lo anterior, resulta insatisfactorio que la Secretaría y la Veeduría no hayan citado, en lo corrido del año, ni Mesas Locales y mucho menos la Mesa Distrital, tal como denuncian los cabildantes. Sin estas reuniones, que deben ser gestionadas por las entidades mencionadas, no es posible que los cabildantes puedan ejercer su labor y tampoco pueden preparar con suficiencia la agenda para el Día del Cabildante y su respectiva sesión en el Concejo de Bogotá. Por lo anterior, les solicito atender las peticiones de los cabildantes estudiantiles y dar cumplimiento al Acuerdo, con el fin de garantizar la participación de los jóvenes cabildantes. Las entidades a su cargo, conociendo la debilidad profunda del sistema democrático colombiano, la muy pésima formación en cultura política de la ciudadanía, deberían, más bien, fortalecer estos espacios y comprometerse seriamente con ellos, en vez de brillar por su ausencia en los deberes mínimos que les impone la norma. Agradezco su atención y pronta respuesta. Cordialmente, (original firmada) MANUEL SARMIENTO C.C. 80.873.444 CONCEJAL DE BOGOTÁ
