La crisis social generada por la pandemia no puede atenderse con la focalización basada en el Sisben.
Bogotá D.C., 15 de abril de 2020 Doctora CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. Ciudad Ref.: La crisis social generada por la pandemia no puede atenderse con la focalización basada en el Sisben. Cordial saludo. En los últimos días se han incrementado las protestas de personas que reclaman algún tipo de ayuda debido al hambre que generan los impactos sociales y económicos de la pandemia y la cuarentena. Aunque el Distrito ha hecho un esfuerzo para poner en funcionamiento en muy corto tiempo el programa Bogotá Solidaria en Casa, es perentorio revisar los criterios de selección de los beneficiarios debido a la insuficiencia del Sisben para atender una situación crítica como la actual. En una reciente sesión del Concejo, la Secretaria de Planeación explicó que la selección de los hogares beneficiarios se basa en 12 criterios que se fundamentan exclusivamente en los puntajes del Sisben III y IV. Como lo han evidenciado las protestas en distintas localidades de la ciudad, este proceso no solo es demorado, también excluye a miles de familias que no están cubiertas por el Sisben pero que en la actualidad se han quedado sin ingresos. Por esta razón, como bancada del Polo Democrático Alternativo, compartimos la siguiente idea expuesta por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes: “Si la focalización se hace imposible con la premura y contundencia necesaria, habrá que considerar incluso garantizar un ingreso mínimo vital para todos que asegure la satisfacción de necesidades básicas, aun cuando pueda llegar a familias en condiciones más favorables”[1]. Por lo anterior, proponemos que la administración incluya en el programa Bogotá Solidaria en Casa a toda la población vulnerable con la que cuentan los registros del IPES (vendedores informales) y la UAESP (población recicladora). En Bogotá hay alrededor de 110.000 vendedores, y preocupa que a la fecha la Secretaría Distrital de Planeación tan solo haya priorizado 37.930 personas de ese total, de las cuales unas 7.547 han recibido ayuda monetaria. Respecto a la población recicladora, según publicación[2] del 12 de abril del presente año, “cerca de 21 mil personas en Bogotá tienen como principal fuente de ingreso la labor de reciclaje”, de las que solo 9.109 habían sido carnetizados de la UAESP en 2018, por lo que es necesario que el Registro Único de Recicladores requiere ser ampliado de manera exhaustiva en esta coyuntura. Es urgente en este momento avanzar en un registro masivo de las familias que requieren los beneficios (apoyos monetarios o en especie), para lo cual son muy útiles los registros de población vulnerable de las entidades mencionadas, los cuales permitirían realizar las entregas con mayor prontitud. Así mismo, se debe priorizar el criterio territorial para llevar ayudas a los barrios con mayores niveles de pobreza a través del canal de subsidios en especie, con lo cual se podría cubrir población que no está en los registros de las entidades y que no están recibiendo ingresos. Finalmente, se hace necesario enfatizar que en los últimos años la pobreza y el desempleo han aumentado en Bogotá, por lo que se requiere ir más allá de los mecanismos tradicionales de focalización para garantizarle a la población vulnerable el derecho al mínimo vital, como lo tuvo que hacer Medellín ante las limitaciones del Sisben. A la par que se le debe pedir al gobierno nacional que aumente los recursos para atender la crisis, pues el gasto definido por Iván Duque representa apenas el 1,4% del PIB, muy inferior a lo que requiere el país y a lo que han destinado otras Naciones. Cordialmente, Manuel Sarmiento Argüello Concejal PDA Álvaro Argote Múñoz Concejal PDA Carlos Carrillo Arenas Concejal PDA Celio Nieves Herrera Concejal PDA [1] Nota Macroeconómica No.6, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/Nota_macro6.pdf [2] Recicladores de oficio, la Alcaldía de Bogotá los apoya. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/integracion-social/recicladores-en-bogota
«Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá»: concejal Manuel Sarmiento
Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. «Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos», afirmó el cabildante del Polo. Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro. «Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social», afirmó Sarmiento. El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. «Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.
Con Peñalosa perdió el derecho a la educación
Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos. En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad. Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas. Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares. Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío. En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el 4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque. Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones. Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.
Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa
La bancada del Polo Democrático Alternativo radicó ante el Consejo de Estado los estudios de costos de inversión y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá que comprobarían la ilegalidad de dicho proyecto. El concejal Manuel Sarmiento recordó que esta información le fue entregada por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, órgano que en dos oportunidades aclaró que la información solicitada no era objeto de reserva legal y que podía ser usada por el concejal para el ejercicio de su labor de control político. El concejal reveló que estos estudios comprueban que el Conpes 3900 se aprobó sin contar con los estudios de factibilidad definitivos, lo que viola la Ley 310 de 1996. «Los documentos demuestran que los estudios de los costos de inversión y de operación se terminaron en julio y diciembre de 2018 un año después de la aprobación del Conpes», explicó el concejal. A esto se suman una serie de inconsistencias entre los estudios en los que se fundamentó la aprobación del Conpes y los estudios finales que fueron entregados al Consejo de Estado. “Encontramos que el Metro que están licitando tiene características distintas al que aprobó el Gobierno Nacional en el Conpes 3900”, denunció el concejal del Polo. Algunas de las inconsistencias denunciadas por la bancada del Polo fueron las siguientes: i) La solicitud del préstamo al BID señala que el metro movilizará 656.000 pasajeros al día, pero el estudio del OPEX se hizo calculando solo 304.500 pasajeros diarios; ii) Se eliminaron obras incluidas para la aprobación del Conpes y se introdujeron nuevas obras en la licitación; iii) Se redujo a 39 el número de km de vías para el desvío del tráfico, cuando el documento soporte del Conpes establecía 195 km; iv) Se elevaron los parámetros de cimentación de las pilas o pilotes, pero se redujo en un 42% ($655.000 millones) el presupuesto para hacerlo; v) Aumentaron una estación, de 15 a 16, pero el presupuesto para este rubro se incrementó en un 28% ($ 431.625 millones); vi) en los estudios entregados aparecen los costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones de pesos. “Andrés Escobar, gerente del proyecto, le dijo a Portafolio que el Conpes se había aprobado para un proyecto específico, pero resulta que estas pruebas demuestran que algunas de las características del proyecto cambiaron luego de que se terminaran los estudios de factibilidad. Por eso el temor de la administración de Peñalosa y su tono amenazante con el que buscaba impedirme ejercer mi derecho al control político», afirmó Sarmiento. En los siguientes enlaces se pueden descargar los estudios de los costos de de inversión y operación, así como los memoriales radicados por la bancada del Polo ante el Consejo de Estado: Opex Conpes 3900 Opex licitacion Julio 2018. Capex Conpes 3900 y Anexo 2 Capex licitacion diciembre 2018. Memorial nuevas pruebas a la demanda del Metro Memorial solicitud de medidas cautelares
Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro
Este jueves 18 de julio, a las 9:00 AM, la bancada de concejales del Polo Democrático presentará ante el Consejo de Estado (calle 12 con 7) nuevas pruebas que confirman la ilegalidad del metro elevado. Las pruebas serán entregadas en el marco del proceso de la demanda de nulidad presentada en marzo y frente a la cual se están solicitado medidas cautelares de urgencia. Los documentos que la bancada polista radicará fueron entregados al concejal Manuel Sarmiento por la Empresa Metro luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalara que dichas pruebas no gozan de reserva legal. Se trata de los estudios definitivos de los costos del proyecto que, según Sarmiento, además de confirmar la ilegalidad del metro elevado, muestran graves inconsistencias que el cabildante explicará mañana en el Consejo de Estado. Igualmente, los concejales del POLO le preguntarán al presidente Duque y al ministro Carrasquilla si conocían de los cambios en la inversión del proyecto. La bancada del Polo Democrático enviará copia de estas pruebas a los órganos de control.
El Concejo aprobó un presupuesto para «El negocio, socio»: concejal Manuel Sarmiento
“El Concejo acaba de aprobar el presupuesto del negocio, socio”. Así resumió el concejal Manuel Sarmiento la propuesta de gastos del alcalde Peñalosa por 25.6 billones de pesos para el 2019, priorizando grandes y malos negocios para la ciudad como las APP, las troncales de Transmilenio, el metrico elevado, caro y alimentador de Transmilenio y la urbanización de la Reserva Van der Hammen. Sarmiento mostró que los recursos destinados a movilidad alcanzan el 40% del total del presupuesto, que equivalen al doble de lo destinado a educación, tres veces más que salud y seis veces más que Integración Social. “El Alcalde Peñalosa deja amarrados y contratados $48 billones en meganegocios, no tiene inconveniente en poner en peligro las finanzas de la ciudad con tal de asegurar sus intereses” agregó el cabildante del Polo. Para asegurar los recursos de estos meganegociados, Peñalosa recurre a endeudar de manera irresponsable a la ciudad, al tiempo que recorta derechos en casi todas las entidades. Hay recortes en programas importantes para el bienestar de los ciudadanos tales como la jornada única, la formación docente, la atención de los vendedores informales y los estímulos para artistas y organizaciones culturales. Por su parte, la Universidad Distrital tendrá un déficit de por lo menos $31.000 millones de pesos. “Como si no fuera suficiente con el recorte de derechos, el alcalde vendedor de buses también derrocha miles de millones autoelogiándose en medios, esto al mismo tiempo que otorga cuantiosos contratos a sus amigotes bajo la figura de asesores”.
Las falsas explicaciones de Peñalosa sobre las reuniones de su asesor en movilidad
Además de reunirse en 12 ocasiones con Volvo al mismo tiempo que participaba en la estructuración de la licitación de Transmilenio, Oscar Edmundo Díaz, el asesor de Peñalosa para temas de movilidad, se ha reunido 11 veces con Recaudo Bogotá, empresa que ha sido uno de sus principales clientes. Así lo denunció el concejal Manuel Sarmiento tras revelar nuevos apartes de los informes presentados por Díaz para cobrar los honorarios que le otorgó el alcalde por más de 30 millones de pesos mensuales. El asesor de Peñalosa es socio fundador de GSD Plus, firma de consultoría que ha tenido a Recaudo Bogotá como uno de sus principales clientes. De acuerdo con la información publicada en su página de internet, desde la adjudicación del contrato a favor de Recaudo Bogotá, la empresa de Díaz «continuó desempeñándose como asesor tecnológico y su participación fue evolucionado hasta convertirse en asesor para la implementación del sistema de recaudo» (GSD Plus – Recaudo). Además, su socio en GSD Plus, Fabio Gordillo, hizo parte de la Junta Directiva de Recaudo Bogotá. El concejal Manuel Sarmiento calificó como inaceptable que el asesor de Peñalosa se haya reunido con su antiguo cliente, especialmente por los muchos cuestionamientos que se han hecho en contra de Recaudo Bogotá (Link). De acuerdo con una investigación de la Revista Semana, documentos incautados a los protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación registran numerosos casos de sobornos o mordidas, «pero la más impresionante es la del contrato del recaudo del Sistema Integrado de Transporte (más conocido como Sirci)” (link). Sumado a ello, la Contraloría de Bogotá ha reseñado hallazgos administrativos con incidencia fiscal, disciplinaria y penal por más de $ 40 mil millones de pesos por hechos tan graves como que Transmilenio pagó $ 32 mil millones da Recaudo Bogotá por inversiones que no ha hecho en las estaciones de las fases I y II, o pagos por $ 9 mil millones de pesos sin el lleno de requisitos técnicos, jurídicos y económicos. «Oscar Edmundo Díaz es el Secretario de Movilidad en la sombra. Se mete en todos los temas, incluido el del recaudo del sistema de transporte y hasta se reúne con sus antiguos clientes inmersos en graves cuestionamientos. ¿Cuál ha sido la participación del asesor de Peñalosa en los pagos irregulares por más de $40.000 millones a favor de Recaudo Bogotá? ¿Cuáles serán los consejos que Díaz le da al alcalde frente a los problemas que tiene su antiguo cliente, Recaudo Bogotá? Oscar Edmundo Díaz utiliza su calidad de contratista para evadir su conflicto de intereses frente a Recaudo Bogotá. En este caso, Díaz debe declarase impedido para opinar y decidir sobre su antiguo contratante, pues a través de GSD Plus su empresa, se desempeñó como asesor tecnológico de Recaudo Bogotá«, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. A esto se suma lo revelado por Yohir Akerman en su última columna titulada La sombra del alcalde, en la que revela una reunión de Oscar Edmundo Díaz con GSD Plus y la denuncia del profesor Carlos Carrillo sobre el contrato por más de $3.000 millones de pesos que la Secretaría de Movilidad le entregó a la empresa fundada por el asesor de Peñalosa. “Resulta por lo menos lamentable, que el alcalde Peñalosa decida coincidir con Volvo sobre la base de manifestaciones mentirosas. Como lo demuestran los informes radicados por el asesor en por lo menos 6 ocasiones el propósito de las reuniones con la empresa fabricante fue definir financiación y disponibilidad de flota para la licitación de las fases I y II” concluyó el concejal. En este link puede consultar los informes de Oscar Edmundo Díaz
Se cae la privatización de ETB
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la nulidad del artículo del Plan de Desarrollo de Peñalosa que autorizaba la venta de las acciones del Distrito en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB. La demanda fue interpuesta por la bancada del Polo y los sindicatos Sintrateléfonos y Atelca. El concejal Manuel Sarmiento celebró con entusiasmo la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ratifica la nulidad del artículo del Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa que autorizaba la privatización de la Empresa de todos los bogotanos. «Le ganamos esta batalla a Peñalosa en defensa del patrimonio público de la ciudad. ETB es una empresa estratégica que a pesar de la pésima administración de la que ha sido víctima por parte de Peñalosa y Jorge Castellanos sigue mostrando su fortaleza frente a sus competidores. Este es un triunfo de toda la ciudad, y en medio de tantas y tan malas noticias hay que celebrarlo», afirmó el cabildante. Los demandantes alegaron que el alcalde Peñalosa violó el principio de unidad de materia al introducir como un mico la privatización de la empresa en el Plan de Desarrollo, además que las mayorías peñalosistas en el Concejo violaron los derechos de la oposición al impedir que intervinieran en la discusión sobre la venta de ETB y que la administración no presentó estudios serios que justificaran la venta. «Hay que celebrar este triunfo pero también hay que estar muy pendientes. Peñalosa y Castellanos se han dedicado a marchitar la empresa y seguramente van a buscar otros mecanismos para privatizarla. Acá estaremos defendiendo el patrimonio público. ¡ETB no se vende, ETB se defiende!», concluyó Sarmiento.
Presupuesto 2019: los daños de Peñalosa a Bogotá con los meganegocios que quiere dejar amarrados
Ponencia negativa del concejal Sarmiento señala que el alcalde pretende dejar amarrados proyectos dañinos para la ciudad a costa de poner en peligro las finanzas públicas y recortar derechos ciudadanos. El cabildante explicó las razones de su ponencia negativa al proyecto de presupuesto de 2019. El pasado 25 de noviembre el alcalde Peñalosa dijo lo siquiente en una entrevista para El Tiempo: «lo que vamos a dejar queda totalmente contratado y amarrado. Todavía hay unas cosas que no están definidas, como el tema de la modificación de la Van der Hammen, (…) [pero] lo demás queda amarrado». En su ponencia negativa, el concejal Manuel Sarmiento se refirió a estas declaraciones para explicar que el principal propósito del proyecto de presupuesto es dejar amarrados meganegociados que le hacen un inmenso daño a la ciudad a costa de poner en peligro las finanzas públicas y recortar derechos ciudadanos. A diferencia de lo que ha dicho la administración, el sector que concentra la mayor parte del presupuesto es el de movilidad, con 3,7 billones de pesos, el 38% de toda la inversión y casi el doble del presupuesto para educación. Es en este sector en el que están la mayoría de los meganegocios del alcalde Peñalosa: el metrico alimentador de Transmilenio que además es ilegal; troncales de Transmilenio absurdas como la de la Séptima; y, los recursos para pagar el nuevo modelo de negocios de la operación troncal que es más costoso. Además, también se plantean negociados en otros recortes como la urbanización de la Reserva Van der Hammen; el Sendero de los Cerros Orientales; y las privatizaciones a través de las Alianzas Público Privadas. Para dejar amarrados estos negociados, el alcalde va a poner en peligro las finanzas de la Capital. En los próximos 3 años la ciudad tendrá un déficit fiscal de hasta 3,7 billones de pesos, déficit que se mantendrá hasta el año 2029 salvo que los gobiernos de los próximos 10 años reduzcan la inversión del 4,8% al 3,5% del PIB. «Al dejar amarrados todos estos negociados, Peñalosa pretende perpetuar su antidemocrático modelo de ciudad y quitarles casi todo el margen de maniobra a los próximos alcaldes», explicó Sarmiento. El concejal del Polo mostró cómo esta ambición del alcalde conlleva también a un recorte de los recursos para garantizar los derechos de los ciudadanos. En términos reales se reducen los recursos para los programas de salud pública, protección de las mujeres, recuperación de la estructura ecológica principal, justicia de género y jornada única, entre otros. Sarmiento resaltó el recorte de $32.000 millones de pesos para la Universidad Distrital, reducción con la que el próximo año la institución tendría un déficit de $65.000 millones de pesos. «Es un presupuesto para el negocio, socio. Peñalosa pone en riesgo las finanzas del Distrito y pasa por encima de los derechos ciudadanos para dejar los negociados amarrados», concluyó Sarmiento. Video de la intervención en el Concejo: https://www.youtube.com/watch?v=ql8KFCvX_BQ
Nuevas pruebas de la ilegalidad del metro elevado
Declaraciones del gerente técnico de la Empresa Metro confirman las denuncias del concejal Manuel Sarmiento. En la audiencia realizada en el marco del proceso de contratación del metro elevado, el gerente técnico del proyecto, Jorge Mario Tobón, reconoció que los estudios entregados en agosto de este año y que se encuentran en el cuarto de datos de la licitación son los estudios y diseños de factibilidad, lo que demuestra que el Conpes del proyecto se aprobó sin cumplir con los requisitos legales. El representante de la empresa metro afirmó que los estudios que existen en este momento no son los definitivos, pues se trata de unos diseños de factibilidad: “estas cifras simplemente son unos datos muy preliminares que se extraen de los diseños de factibilidad que hoy se tienen, los cuales ya están en el cuarto de datos desde el pasado 24 de agosto y pueden ingresar allí para conocer en detalle todos estos diseños a nivel de factibilidad” (https://youtu.be/-OAPbr-16O8). Esta declaración, hecha en un evento oficial con los interesados en participar en la licitación, corrobora las denuncias hechas por el concejal Manuel Sarmiento sobre la ilegalidad del Conpes aprobado en septiembre del año pasado. De acuerdo con la Ley 310 de 1996, la confinanciación de la Nación está sujeta a que “el proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un estudio de factibilidad”. El gobierno de Peñalosa ha explicado que en septiembre de 2017, cuando se aprobó el Conpes del metro elevado, ya se contaba con el estudio de factibilidad que exige la ley. Sin embargo, el concejal Sarmiento mostró en el debate del Concejo una comunicación de la FDN del pasado 10 de agosto en la que asegura que el año pasado solo se tenía una versión preliminar del estudio de factibilidad y que la versión definitiva se había culminado apenas en agosto de este año (https://bit.ly/2AdlfkF). “Esta nueva prueba demuestra que hasta agosto de este año se entergó el estudio de factibilidad, lo que quiere decir que el Conpes que se aprobó el año pasado viola la Ley 310 de 1996”, aseguró el concejal Manuel Sarmiento. Sarmiento calificó la declaración del gerente Tobón como “una nueva confesión” y solicitó a los entes de control tomar cartas en el asunto, agregando que “además es de extrema gravedad que en la audiencia de exposición del documento de precalificación se haya afirmado que Transmilenio debe seguir operando por la avenida Caracas durante la construcción del viaducto, pues no se entiende cómo se cumplirá esta nueva condición.” (https://youtu.be/Lz8Ps9HKsl8)
