La deuda laboral de Claudia López con la ETB
DoctoraCLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZAlcaldesa MayorAlcaldía Mayor de BogotáCiudad DoctorSERGIO GONZÁLEZ GUZMÁNPresidenteEmpresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETBCiudad DoctoraGLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOSMinistraMinisterio del TrabajoCiudad Asunto: La Administración Distrital y la Presidencia de ETB deben cumplir el compromiso con la ampliación de planta y la lucha contra la tercerización laboral. Cordial saludo. Con profunda sorpresa he recibido las manifestaciones recientes de la administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá relacionadas con la planta de personal directa de nuestra empresa pública. Por un lado, una limitada y precaria respuesta dada por la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos a una carta pública en la que solicitaba “diseñar un plan serio para eliminar la tercerización laboral en ETB”; y por el otro, una pieza de la Gerencia de Relaciones Laborales poniendo a disposición de los trabajadores y trabajadoras un plan de retiro voluntario con varios eufemismos. En la respuesta dada sobre la tercerización laboral, la empresa afirma que “ETB atendió lo planteado por la organización sindical en el pliego de peticiones que presentaron el 30 de septiembre en el que incluyeron el tema de la tercerización referido en el acuerdo programático, por lo que luego de las discusiones, se llegó a la construcción armónica de un acuerdo convencional suscrito el día 22 de abril de 2021” y también afirma que “se trabaja en la sostenibilidad empresarial y en la productividad frente al mercado” Falta a la verdad y a la seriedad en el debate por parte de sus funcionarios, hacer pasar el Acuerdo Convencional, con cláusulas de 12 temas específicos, como una proscripción a la reivindicación histórica del sindicato contra la tercerización laboral. Tendría mayor altura el debate, afirmar que no existe intención de cumplir el acuerdo programático en lo concerniente a “Establecer y desarrollar una política a corto y mediano plazo para que la ETB recupere la ejecución de funciones misionales y permanentes de la empresa, es decir, desarrollar conjuntamente con el sindicato un plan para la eliminación progresiva de la tercerización laboral”. Esta situación es mucho más preocupante, porque lejos de establecer un plan para recuperar la ejecución de funciones misionales y permanentes para ampliar la planta de personal operativa de la empresa, la administración sí destina recursos para un plan de retiro voluntario y disminuye cada vez más el número de trabajadores directos, práctica que es conocida dentro del mundo laboral como un mecanismo para debilitar la planta directa y la organización sindical. Como lo han denunciado los trabajadores, “entre 2015 y 2021, la planta de personal ha disminuido en 548 puestos de trabajo, el promedio de edad de los trabajadores es de 49 años, el 45% de los trabajadores vinculados actualmente superan los 50 años y cerca del 25% de los retiros del último año estuvieron relacionados a pensión o fallecimiento.” Adicionalmente, “la planta de personal operativa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá lleva cerca de 15 años congelada en ingresos”, mientras el crecimiento marginal se ha dado en cargos profesionales, administrativos o directivos. Con la negativa de la empresa a adelantar un plan para recuperar las funciones misionales y permanentes que permita una ampliación, crece la preocupación por la paciente táctica de muchas empresas de dejar envejecer la planta de personal para llevarla a su mínima expresión. Reiteramos el llamado al cumplimiento de la palabra empeñada por parte de la alcaldesa Claudia López. La administración ha avanzado, en medio de la dificultad, con algunos casos de ampliación de planta que pueden tomarse como referencia. No existe excusa para que la empresa pública de la ciudad no estructure un plan que permita a corto y mediano plazo saldar una deuda histórica con estos trabajadores que, pese a ser fundamentales en el sostenimiento de este patrimonio estratégico, hoy no se les reconocen sus garantías mínimas y no gozan de ningún tipo de estabilidad. Cordialmente, Manuel José Sarmiento ArgüelloConcejal de Bogotá
Los costos financieros de la privatización de la segunda línea de metro son más altos de lo que cuesta construir la obra: concejal Manuel Sarmiento
Un aumento injustificado de los costos y una operación ineficaz del servicio público de transporte son algunos de los cuestionamientos del concejal Manuel Sarmiento para advertir la inconveniencia del contrato de concesión para la L2MB. En medio de la discusión en el Concejo de Bogotá sobre un nuevo endeudamiento por $9,4 billones para la Empresa Metro, el cabildante de Dignidad llamó la atención de la administración distrital por los sobrecostos y el martirio que implica para la ciudadanía bogotana continuar la privatización del transporte público. Sarmiento relató que, por cuenta de los contratos de concesión en el modelo Transmilenio, y usando el mismo supuesto engañoso de que los concesionarios asumen todos los riesgos, el dinero de la ciudad se ha destinado a pagar billonarios subsidios y costosos pasajes para financiar las utilidades de los operadores privados. En este sentido, y aludiendo a la necesidad de un debate público informado, el concejal Sarmiento también criticó al gerente del Metro por no presentar información suficiente sobre las diferencias y ventajas entre un contrato de obra y uno de concesión. Sobre esto advirtió que en la estructuración financiera de la concesión se evidencia que, mientras los costos de la obra están proyectados en 16 billones de pesos, los costos financieros sumarían 18 billones. “Es absurdo que el gobierno de Claudia López siga promoviendo una concesión que le saldrá más cara a la ciudadanía bogotana. Lo que han mostrado las cifras es que en la concesión valen más los costos financieros del proyecto que lo que vale construir la segunda línea del metro”. A pesar de que los costos financieros en un contrato de obra son inferiores a los de la concesión, como lo reconoció el equipo directivo de la Empresa Metro, la administración prefirió insistir en continuar con la privatización de la segunda línea, lo que representa un perjuicio para la ciudad. Sarmiento también cuestionó las implicaciones del modelo de remuneración planteado en la concesión pues se desconocen los costos reales del endeudamiento con la banca, así como los costos fijos y variables de la operación. Recordó que en los contratos de concesión se pactan condiciones tan leoninas que impiden conocer los costos reales que se originan por kilómetro recorrido, lo que permite que los operadores privados incrementen sus ganancias a costa de los usuarios y la ciudad. “La dolorosa experiencia de Transmilenio en este aspecto debería bastar para ratificar la inconveniencia de la privatización”, señaló. Por último, el concejal de Dignidad explicó que al entregar en concesión el transporte público, se le garantiza al concecionario que la remuneración cubra tanto los costos financieros como sus ganancias, costos que terminan transfiriéndose a los bolsillos de los usuarios por dos vías, pagando tarifas caras y destinando parte de los impuestos a los subsidios que debe seguir poniendo el Distrito. “En un metro público, los subsidios no se irían a llenar las cuentas de negociantes privados, sino que se invertirían en ofrecerle a la ciudadanía tarifas accesibles y un servicio de buena calidad.”
¿Qué razones justifican la subasta del predio donde se encuentra ubicada la central Bachué de la ETB?
DoctorSERGIO GONZÁLEZ GUZMÁNPresidenteEmpresa de Telecomunicaciones de BogotáCiudad. Ref.: ¿Qué razones justifican la subasta del predio donde se encuentra ubicada la central Bachué de la ETB? Atento saludo: Recientemente conocí del proceso en el que la ETB convocó a una subasta para vender el inmueble de su propiedad ubicado en la localidad de Engativá, en el barrio Bachué, cuya área asciende a los 2.375 metros cuadrados. La Administración Distrital y la Presidencia de la empresa que usted encabeza ha venido adelantando un proceso de fortalecimiento del patrimonio público, por lo que se hace urgente que den las explicaciones que los llevaron a tomar esa decisión en contravía de los acuerdos programáticos adquiridos por Claudia López con algunos directivos de la organización sindical y concejales de la ciudad. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá es un activo estratégico de la ciudad y sus decisiones deben orientarse a su fortalecimiento en todos los sentidos. Además, deben ser muy bien justificadas y contar con el debido sustento, dejando atrás practicas ejercidas por la administración anterior que ante el proceso de privatización fracasado inició un proceso de marchitamiento de la empresa sin precedentes, de espaldas a la ciudad y sus habitantes. La ciudad ha dado una importante discusión alrededor del uso integral que deben tener los equipamientos de las diferentes entidades en del Distrito para la prestación de servicios y contribuir a la garantía de derechos. De tal manera que, las alternativas presentes para mantener el patrimonio y contribuir al mejor aprovechamiento de los espacios, son evidentes. Por todo lo anterior, le solicito se sirva responder las siguientes preguntas a modo de derecho de petición: ¿Qué razones justifican la venta del inmueble en mención? ¿Cuál es el avaluó de este inmueble de propiedad de la ETB? ¿Qué firmas hicieron estos avalúos? ¿Qué empresas se han mostrado interesadas en comprar los predios e indique si han recibido ofertas? ¿Qué estudios existen para justificar esta venta? ¿Qué opciones distintas a la subasta se contemplaron? Anexe todos los documentos que sustenten la determinación tomada. ¿Cuál era el uso del predio cuando lo adquirió la ETB? ¿Qué uso dotacional tenía el predio en mención en el POT anterior y por qué no se contempló su modificación a uso dotacional, ya que su propiedad se encuentra en la ETB? Favor adjuntar copia de todos los documentos que justifiquen esta decisión. La ETB participó en la formulación del POT y en la definición del uso del suelo de los predios que son de la empresa. ¿Hay un plan previamente diseñado de venta de estos inmuebles? (Sí la respuesta es afirmativa, compartir el plan diseñado). Cuáles son las alternativas que contempló la ETB para reconvertir el predio. Sí el uso del suelo es para vivienda multifamiliar, ¿por qué no es ofertada al distrito para la construcción de viviendas VIS o VIP? Favor informar en detalle si existen otros predios de la ETB que se encuentren en igual situación o que estén siendo analizadas opciones similares. Agradezco su atención y pronta respuesta. Cordialmente, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLOCONCEJAL DE BOGOTÁ C.C. Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá
Este jueves, debate de la bancada del Polo contra Transmilenio por la Séptima
El debate cuestionará la conveniencia del proyecto para la movilidad de la ciudad, así como los atropellos cometidos contra la comunidad y las irregularidades presentadas en la actualización de los estudios técnicos. El próximo jueves 19 de abril de 2018 el concejal Manuel Sarmiento realizará un debate de control político al proyecto de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima en la Comisión de Plan del Cabildo Distrital, al que han sido citados el secretario de Movilidad, la gerente de Transmilenio y las directoras del IDU y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. El debate revelará al Concejo y a la opinión pública cómo la administración distrital incurre en toda serie de inconsistencias técnicas, económicas y de atropellos con la comunidad del sector para meter a la mala el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa de promover buses BRT por todos los corredores de la ciudad. El debate podrá verse en directo a partir de las 9:00 AM a través de la página de Facebook del concejal Manuel Sarmiento, de la cuenta de twitter @mjsarmientoa con la etiqueta #NoTM7a
[Carta] ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa?
Doctor MAURICIO PARRA PARRA Gerente Corabastos S.A. Av. Carrera 80 No 2 – 51 Ciudad. Ref.: ¿Procederá Corabastos a asignar el contrato de vigilancia privada en un proceso competitivo de una sola empresa? Atento saludo: Como sucede cada año, desde diciembre 19 de 2016 se viene adelantando la convocatoria abierta para la selección del proveedor de vigilancia y seguridad privada en Corabastos. Llama la atención que este proceso, en el que debería primar la competencia entre varias empresas para asegurar las mejores condiciones técnicas y económicas, esté a punto de cerrarse con un único oferente. De acuerdo con la información que aparece en la página de internet de Corabastos, el proceso de selección inició con 12 empresas interesadas en la adjudicación del contrato. Sin embargo, al final solo quedó un interesado, el consorcio SUNAP conformado por Seguridad Nápoles y Seguridad Superior, que son precisamente las empresas que en este momento prestan el servicio de vigilancia. Es decir, todo indica que las compañías que hoy tienen el contrato de vigilancia serán las beneficiarias, como únicos oferentes, del nuevo proceso de adjudicación, a pesar de que en los medios de comunicación se han revelado los problemas de inseguridad de la central de abastos más importante del país (bit.ly/2jBSiOy). Del análisis de los pliegos de condiciones surgen varios interrogantes para los que, mediante el presente derecho de petición, solicito una pronta respuesta. ¿Por qué se exige en materia de experiencia la prestación del servicio solo en plazas de mercado, grandes superficies y sectores industriales? ¿No considera Corabastos necesario replantear el proceso de contratación, teniendo en cuenta que solo se presentó una empresa y no habrá competencia? Agradezco su atención y respuesta. Cordialmente, MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá Polo Democrático Alternativo
Peñalosa deberá responder en Cabildo Abierto por privatización de la ETB.
Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Sábado, 26 de noviembre de 2016 Sintrateléfonos, organización sindical de los trabajadores de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, informó que el pasado 22 de noviembre el Consejo Nacional Electoral certificó el cumplimiento de los requisitos para citar al alcalde Peñalosa a un Cabildo Abierto sobre la privatización de la ETB. De 66.491 firmas entregadas, 44.960 resultaron válidas, superando las 27.736 firmas necesarias para citar el Cabildo según los requisitos legales. “Con el esfuerzo de Sintrateléfonos y el apoyo de organizaciones políticas y sociales se logra convocar a Enrique Peñalosa al primer Cabildo Abierto en la historia de Bogotá. Esto es una muestra del rechazo ciudadano a la venta de la ETB” afirmó el concejal Manuel Sarmiento. El concejal del Polo explicó que, “de acuerdo con la ley 1757 de 2015 el alcalde Peñalosa está obligado a asistir al Cabildo Abierto, por lo que no podrá escaparse de este debate”. Sarmiento hizo un llamado a los bogotanos para que participen masivamente en este Cabildo Abierto y con una movilización multitudinaria rechacen el despropósito de Peñalosa de privatizar la ETB.
Se siguen destapando las mentiras de Peñalosa sobre el metro elevado.
Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Domingo, 20 de noviembre Luego de conocerse el informe de Systra sobre el metro, el concejal Manuel Sarmiento denunció que el alcalde Peñalosa ha mentido de manera reiterada sobre las supuestas bondades de una línea elevada. «En temas tan importantes como el cronograma y los costos del proyecto, el Alcalde ha faltado gravemente a la verdad para seguir ‘embolatando’ el proyecto más importante para Bogotá», afirmó el cabildante del Polo. De acuerdo con la Revista Semana, en enero de este año Peñalosa afirmó que la decisión de cambiar el metro subterráneo por el elevado no demoraría la apertura de la licitación para contratar su construcción. Dijo que solo se tomarían tres meses para ajustar los estudios y que «la licitación se abriría antes de que termine el 2016” (goo.gl/J2QOKY). Hoy el Gobierno Distrital reconoce que la licitación estará lista hasta finales de 2017 (goo.gl/6Fsc9v), un año después de la fecha prometida por el mandatario, y que puede alargarse debido a que se deben contratar estudios adicionales por un valor de $23.000 millones. Respecto a los costos, en noviembre del año pasado, el portal La Silla Vacía informó que «según las cuentas de Peñalosa, un kilómetro de metro elevado cuesta 50 millones de dólares» (goo.gl/Kg5031). Sin embargo, el estudio de Systra calcula que el costo por kilómetro de la línea elevada será de 130 millones de dólares, más del doble de lo afirmado por el Alcalde. Además, los cálculos de Systra no tienen en cuenta variables tan importantes como los costos de operación, mantenimiento y reemplazo de los equipos y la infraestructura, así como tampoco calcula los mayores costos por el tiempo de los viajes, la comodidad de los usuarios y los costos de mitigación de los impactos urbanísticos y ambientales de las obras y la operación del viaducto, como lo explica el ingeniero Rafael Fonseca (https://goo.gl/479pdI). El informe de Systra reconoce que el metro elevado degradará gravemente el entorno urbano de Bogotá, pues la opción elegida tuvo pésimas calificaciones respecto al efecto urbano-paisajístico, el impacto visual de las estaciones y la interferencia con redes matrices de servicios públicos, además de su vulnerabilidad por los elevados niveles de riesgo sísmico a los que está expuesto. «No es cierto que el metro elevado sea la mejor opción para Bogotá, así lo demuestran las evidentes mentiras en las que ha incurrido el alcalde Peñalosa», concluyó el concejal Sarmiento.
Freno a Peñalosa en la destrucción del parque Cafam.
Equipo de Prensa – Concejal Manuel Sarmiento | Bogotá | Viernes, 18 de noviembre de 2016 Con movilizaciones y acciones jurídicas la comunidad del barrio Ciudadela Cafam en Suba logró frenar la destrucción de su parque vecinal. El Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. otorgó la medida cautelar. Tras dos meses de continuas movilizaciones y luego de solicitar medidas cautelares, un juez administrativo ordenó a la Secretaría de Educación “la suspensión de cualquier tipo de intervención en el denominado parque de la Ciudadela Cafam” en donde se pretende construir a la fuerza el colegio “Cafam Puerta del Sol”. El concejal Manuel Sarmiento calificó esta decisión como un triunfo de la ciudadanía y una derrota para el alcalde Peñalosa y para la pasada Administración que adjudicó el contrato de obra. El cabildante del Polo resaltó el evidente favoritismo del Alcalde con los negociantes de Transmilenio y el SITP, pues a ellos se les concederían, para parqueaderos, todos los terrenos donde era viable la construcción del equipamiento educativo que requiere este sector de la localidad de Suba, sin necesidad de desmantelar el parque vecinal. También recordó las denuncias sobre el representante legal de la constructora Inversiones G&R S.A.S, firma a la que se le adjudicó el contrato de obra del colegio, y quien financió la campaña a la alcaldía de Enrique Peñalosa. “Peñalosa insiste en darle continuidad a la decisión arbitraria de la pasada administración, violando los derechos de los residentes y arrasando con su único lugar de recreación”, señaló el concejal Sarmiento. Agregó que “las acciones de los vecinos del barrio Ciudadela Cafam son muestra de que con la movilización civil y democrática sí se logran derrotar las lesivas medidas del Alcalde en la Capital”. Fallo completo: http://bit.ly/2fDwekh
[Carta] Transmilenio debe dar a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I.
Doctora ALEXANDRA ROJAS Gerente de Transmilenio S.A. Av. El Dorado No. 66 – 63 Ciudad. Ref.: Transmilenio debe dar a conocer los detalles de la prórroga de los leoninos contratos de la Fase I. Atento saludo: Tras el anuncio de la administración del alcalde Peñalosa de una nueva prórroga a los contratos de la Fase I de Transmilenio (Caracas, Autonorte y Calle 80), es su deber explicar de manera detallada las condiciones que se pactaron para extender estas concesiones. Es inaceptable que usted anuncie la prórroga de unos de los contratos más leoninos en la historia de Bogotá sin dar a conocer los textos acordados con los operadores privados y los estudios que sustentan esta decisión. Esta es la segunda prórroga de las concesiones de la Fase I, que se suma a la realizada en 2013 por el gobierno de Gustavo Petro, en la que los contratos se extendieron en condiciones ampliamente favorables para los operadores privados, al punto que el vocero de los concesionarios cobró $2.500 millones por honorarios y una comisión de éxito. La vida útil de los articulados se amplió de un kilometraje promedio de 850.000 a 1’040.000 kilómetros, sometiendo a los pasajeros a viajar en buses viejos que ponen en riesgo su integridad. Además, hoy la Ciudad y los usuarios les siguen reconociendo a los operadores la inversión en vehículos que ya fueron pagados en su totalidad, lo que ha significado sobrecostos que oscilan entre $140.000 millones y $257.000 millones anuales. Como Gerente de Transmilenio usted debe explicar con todo detalle cuáles serán las condiciones de esta nueva prórroga. Urge conocer cómo se garantizará la integridad de los usuarios al extenderse la vida útil de los buses, así como la fórmula pactada para remunerar a los operadores. Mucho me temo que esta nueva prórroga será otra gabela para los operadores privados que, como la anterior, viola los intereses y derechos de la inmensa mayoría de bogotanos. Este tema debe debatirse con toda la seriedad y profundidad que amerita, por lo que le solicito enviarme copia de los acuerdos suscritos o que se suscribirán con los operadores privados, los estudios en los que se sustenta la prórroga y las actas de las reuniones realizadas con los concesionarios. Cordialmente, MANUEL SARMIENTO CONCEJAL DE BOGOTÁ POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Se mantiene la esencia en la reforma tributaria de Peñalosa, golpear a las capas medias
Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el debate sobre el proyecto de simplificación tributaria, 23 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá. Quedó demostrado como el proyecto de Peñalosa es una reforma tributaria y no una simplificación tributaria. Nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos. Nuevos remiendos no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. La base gravable se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago. Que aumenten los valores del suelo en determinada zona de la ciuda, no significa que aumente capacidad de pago de los residentes. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. El predial para los pensionados debería aumentar solo en el mismo porcentaje en que les aumenta la pensión. Lo primero, reiterar lo que ya dije cuando la plenaria decidió devolver este proyecto de acuerdo a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Teníamos la razón cuando en el primer debate demostramos con cifras cómo esta era una reforma tributaria y no una simplificación tributaria, una reforma tributaria que iba a golpear con mucha dureza a las capas medias. Los hechos nos terminaron dando la razón. La prueba reina es que devolvieron el proyecto de acuerdo. Ahora los ponentes están planteando unas modificaciones, reconociendo que la anterior tabla golpeaba con mucha dureza a los contribuyentes. La reversa es importante, porque en política no es lo mismo tener la razón que no tenerla, y, repito, en el primer debate quedó demostrado que teníamos la razón. Pero la nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos con nuevos remiendos que no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. Tasn grave es el problema, que contribuyentes de distintas zonas de la ciudad, y especialmente de barrios de capas medias como Normandía, han venido adelantando protestas por los cobros abusivos, con aumentos que desbordan su capacidad de pago. ¿Cuál es el problema estructural y de fondo que no se está resolviendo? Tiene que ver sobre todo con la base gravable del impuesto. La base gravable, el avalúo catastral, se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Lo que se ha venido haciendo, y lo hicieron también las dos anteriores administraciones, la de Samuel Moreno y la de Gustavo Petro, y lo va a continuar la Administración de Enrique Peñalosa, es aumentar el avalúo catastral con la lógica de la especulación inmobiliaria, aprovechándose del boom inmobiliario que hay en la ciudad, y especialmente en algunas zonas, y el predial se dispara entoces por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Quiero ser muy claro, y creo que hay un consenso respecto de lo que voy a decir: el avalúo catastral no refleja la capacidad de pago de los contribuyentes. Es muy común el caso de personas con casa en Normandía, cuyos ingresos no aumentan en la misma proporción en que lo hace el avalúo, presionado por la especulación inmobiliaria que allí se viene presentando. Repito la consigna del Comité en Defensa del Contribuyente: “Mi casa es para vivir, no para vender”. La gran mayoría de los residentes no están en el negocio de la especulación inmobiliaria y que aumenten los valores del suelo no significa que se incremente su capacidad de pago. Así lo muestran las cifras: entre el año 2008 y el año 2016, el avalúo catastral en Bogotá aumentó en 288%, lo que hizo que el recaudo del impuesto predial en el mismo periodo se elevara en 320%. Pero el ingreso promedio por habitante en la capital, en el mismo periodo, apenas aumentó 42%. Lo anterior demuestra que se está violando la capacidad de pago de los contribuyentes, elemento esencial del principio de progresividad. Aquí todo el mundo ha hablado de que tenemos que reformar el predial para que esté acorde con el principio de la progresividad y resulta que no es así, porque la progresividad depende de la capacidad de pago del contribuyente. A mayor capacidad de pago, mayor impuesto. Se plantea aquí como premisa que hay progresividad cuando se les aplican las mismas tarifas a los mismos avalúos. No es cierto, como ya lo expliqué, señora secretaria distrital de Hacienda. Puede que haya una vivienda o un predio grande en Normandía cuyo avalúo ascienda a 400 millones de pesos, el mismo de un apartamento mucho más pequeño en Los Rosales, pero resulta que los dos propietarios tienen muy distinta capacidad de pago. Se hace evidente que se viola el principio de la progresividad. Ya entrando en detalle sobre las propuestas, se está planteando reducir el impuesto, no la tarifa sino el impuesto, a 1.3 millones de predios, por un total de 32 mil millones de pesos, según les oí a los ponentes del proyecto de acuerdo. En promedio, la modificación que están planteando es apenas de 24 mil pesos por contribuyente, prácticamente nada, y ya he planteado cómo el impuesto presenta graves problemas y que hay grandes incomodidades entre la gente. Las proyecciones que se presentaron en este recinto no son ciertas, concejal Andrés Forero. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. La secretaria de Hacienda, en respuesta a la pregunta que le hice, me reconoció con toda claridad que en esas proyecciones no están teniendo en cuenta el aumento del avalúo catastral. No pueden entonces aducir los ponentes que se les va a reducir el impuesto a 1.3 millones de predios, cuando dejan de lado ese aumento, que hace que el impuesto suba en vez de disminuir. Por lo tanto, las cifras que nos están presentando para darle un mejor maquillaje a esta reforma tributaria no se corresponden con la realidad. Duro golpe a las capas medias Se sigue golpeando a las capas medias. Por ejemplo, las tarifas les van a aumentar a los
