Duque no ha respetado la protesta en el Paro Nacional
El asesinato de Dilan Cruz fue un crimen de Estado. El Polo respalda la protesta pública y pacífica. Los gobiernos de Iván Duque y Enrique Peñalosa violaron sistemáticamente este derecho. El ESMAD debe ser desmontado. Nuevo protocolo de la alcaldesa Claudia López es un acierto. En el Concejo de Bogotá se desarrolló el debate de control político citado por el concejal Manuel Sarmiento y la bancada del Polo Democrático. Con videos, declaraciones y documentos oficiales, se demostró la constante violación del derecho fundamental a la protesta pública y pacífica durante las movilizaciones de finales del año pasado. “El gobierno de Duque y el partido de gobierno adelantaron primero una estrategia de estigmatización desconociendo las razones del Paro Nacional y ligando a los manifestantes con grupos violento, y luego adelantaron una política de represión”, señaló el concejal Sarmiento, quien además recordó que estas prácticas son condenadas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Al detallar lo sucedido el 23 de noviembre, el concejal del Polo responsabilizó al presidente Iván Duque y al entonces alcalde, Enrique Peñalosa, por ordenar la represión de la protesta pacífica en la que se encontraba el joven Dilan Cruz. “Es un crimen de Estado, la gente se estaba movilizando de manera pacífica como lo demuestran los llamados de la Personería y la Comisión de Verificación. Sin embargo, la orden fue no permitir el bloqueo de vías ni la llegada de los manifestantes a la Plaza de Bolívar ni al ICETEX, basados en riesgos pasados. Esta visión alarmista, peligrosa y antidemocrática le terminó costando la vida a Dilan Cruz”, señaló Sarmiento. Con pruebas documentales quedó en evidencia el uso alevoso de la escopeta calibre 12 por parte del ESMAD. “Estas armas se deben prohibir, hay estudios internacionales que demuestran sus efectos mortales. En el mundo han fallecido 53 personas víctimas de estas armas, que son un negocio multimillonario, 1.921 resultaron heridas y 294 sufrieron incapacidades permanentes” Por último, Manuel Sarmiento resaltó la necesidad de desmontar el ESMAD, una fuerza que se ha convertido en un verdadero ejército para reprimir la protesta pública. Adicionalmente, destacó el nuevo protocolo de atención a las movilizaciones realizado por la alcaldesa Claudia López: “Contrario a lo realizado por los anteriores gobiernos, esta administración reconoce que la protesta no es un problema de orden público ni la estigmatiza. Al contrario, considera que es un derecho que debe ser protegido y sus reivindicaciones destacadas”, concluyó el concejal del Polo. El concejal Manuel Sarmiento anunció la presentación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá para honrar la vida y memoria de Dilan Cruz.
«Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá»: concejal Manuel Sarmiento
Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. «Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos», afirmó el cabildante del Polo. Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro. «Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social», afirmó Sarmiento. El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. «Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.
Concejales le reiteran al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la necesidad de suspender la licitación de Transmilenio por la 68
Respuesta del IDU confirma que el proyecto se estructuró de manera ilegal Los seis concejales que interpusieron una acción popular contra la licitación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 le solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver las medidas cautelares con las que piden suspender el proceso de contratación. En el memorial radicado el 15 de enero, los cabildantes señalan que la adjudicación del 23 de enero configuraría un perjuicio para la ciudad que debe ser evitado por los estrados judiciales. La solicitud se sustentó en una respuesta del IDU que confirma las irregularidades del proyecto. En primer lugar, la entidad no entregó los conceptos de no objeción de los estudios y diseños de la troncal, es decir, el visto bueno final con el que deben contar los estudios para abrir la licitación. De esta manera se confirmaría la advertencia hecha por el Director Técnico de Procesos Selectivos el pasado 30 de octubre cuando afirmó que el proyecto tiene “una deficiente estructuración de los requisitos técnicos, financieros y legales para la selección y adjudicación del contratista”. El IDU tampoco pudo justificar la decisión de eliminar las intersecciones operacionales contempladas en el primer estudio de factibilidad y que permitían la implementación de rutas que pudiesen pasar de la 68 a otras troncales con las de la Calle 80 y la Autopista Norte. Este proyecto era el ideal según los estudios de consultoría, pero fue desestimado por el gobierno del exalcalde Peñalosa porque su valor se estimó en 4 billones. Por esta razón la pasada administración decidió eliminar las intersecciones operacionales y otras obras esenciales, con lo que redujeron el presupuesto a 2,5 billones de pesos. “Se trata de la peor troncal posible para la Avenida 68”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. “No tendrá intersecciones operacionales, ni obras necesarias como la construcción de un puente exclusivo para Transmilenio en la Calle 100 con Cra. 15, lo que obligará a que los buses utilicen un carril del tráfico mixto generando un mayor caos en la movilidad del sector”. “Las inconsistencias técnicas de este proyecto se pagarán con prolongados tiempos de viaje para los pasajeros, empeorando la crisis de movilidad del norte de la ciudad y con riesgos de sobrecostos por no contar con un presupuesto base aprobado”, concluyó el concejal del Polo. El memorial fue firmado por los concejales Álvaro Argote, Celio Nieves, Carlos Carrillo, María Fernanda Rojas, Diego Cancino y Manuel Sarmiento, aquí puede consultarlo.
Comisión accidental del concejo para evitar sobre costos en el metro de Bogotá
“El Concejo de Bogotá debe constituir una comisión accidental que vigile el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá” declaro el concejal Manuel Sarmiento ante el informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre fallas de planeación y riesgos de sobrecostos en la ejecución del contrato. La comisión propuesta por Sarmiento tendrá como propósito efectuar la vigilancia y control de la obra más importante de infraestructura de la ciudad para el resguardo del patrimonio de los bogotanos. Para el concejal del Polo “La Contraloría confirma que Peñalosa dio apertura a la licitación con fallas de estructuración que hacen que el proyecto avance sin todos sus componentes financiados o con financiamientos que contrarían la Ley. La incertidumbre en los costos del traslado de redes o la falta de un plan de aportes al Fondo de Contingencias, podrían paralizar la obra y multiplicar los costos para la ciudad.” De los seis hallazgos de la Contraloría uno tiene incidencia disciplinaria y se trasladará para indagación preliminar por los entes de control, pues la Empresa Metro habría pagado dos veces el mismo estudio ambiental y social del proyecto, así mismo, contrató un estudio de cimentación de pilotes que se entregó después de abierta la licitación del contrato de concesión. “Las respuestas de la Empresa Metro a la Contraloría no lograron desvirtuar los hallazgos, por lo que Andrés Escobar como gerente de la empresa, deben rendir cuentas ante un eventual detrimento a las finanzas públicas de la ciudad y a la viabilidad del proyecto”, señalo el cabildante. “El informe de la Contraloría se suma a lo denunciado por el Polo ante el Consejo de Estado, y quiero llamar la atención, lo que se devela es que la Empresa Metro consideraba que los recursos públicos se convertían en privados al ser transferidos al contrato, esto no se puede convertir en otro SaludCoop, no ante nuestra mirada”, concluyó Sarmiento.
“Peñalosa debe respetar la decisión democrática que derrotó su modelo de ciudad”: Manuel Sarmiento concejal del Polo y Primer Vicepresidente del Concejo Distrital
Tras conocerse que el alcalde Peñalosa no aceptó la solicitud de la alcaldesa electa Claudia López para que desistiera de su intención de expedir del POT por decreto y de abrir la licitación de la troncal de la Avenida 68, el concejal Manuel Sarmiento señaló que el mandatario debe respetar los resultados electorales que evidenciaron el rechazo ciudadano a su modelo de ciudad. “El modelo de ciudad de Enrique Peñalosa quedó ampliamente derrotado en las urnas. Es inaudito que el alcalde se empeñe en dejar amarrados negociados dañinos como el POT o la troncal de la Avenida 68 en contravía de la opinión mayoritaria de la ciudad”, afirmó Sarmiento. El concejal del Polo también cuestionó la estrategia tramposa de la administración y sus mayorías en el Concejo para que el POT sea expedido por Decreto. “El gobierno de Peñalosa y sus bancadas están dilatando la votación del Plan de Ordenamiento Territorial. El proyecto debió comenzar a votarse hoy (martes), pero de manera sorpresiva levantaron la sesión y cancelaron la sesión de la Comisión de Plan prevista para el miércoles. Es evidente que, ante las dudas sobre si tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto, la decisión de la administración es dilatar la votación para que Peñalosa saque el POT por decreto, mostrando nuevamente su desprecio por las normas más básicas de una democracia.”
Peñalosa bloquea la democracia y el derecho a la oposición política: concejal Manuel Sarmiento
Concejal Sarmiento interpuso tutela contra Peñalosa por haber sido bloqueado en su cuenta de Twitter. Luego de ser bloqueado en la cuenta de Twitter de Enrique Peñalosa, el Concejal Manuel Sarmiento interpuso una acción de tutela para que un Juez de la República le ordene al Alcalde Mayor de Bogotá desbloquearlo de manera inmediata. “Dicho bloqueo vulnera mis derechos fundamentales a la Libertad de Información y de Expresión, a la Participación en Política, al Ejercicio del Control Político y al derecho fundamental de Oposición Política, pues me impide conocer el contenido institucional y las posiciones políticas del alcalde que se difunden por dicha red, impidiendo que pueda controvertirlas públicamente en el ejercicio de control político que debo adelantar como Concejal de Bogotá”, aseguró el cabildante. Sarmiento afirmó que dicho bloqueo es particularmente grave, pues tiene como única finalidad censurar a uno de los concejales que más debates de control político le ha hecho en el Cabildo Distrital y reiteró que no es la primera vez que el Alcalde Peñalosa intenta bloquear la democracia. “Es importante recordar que recientemente un Juez del Estado de Nueva York en Estados Unidos le ordenó al presidente Donald Trump desbloquear a varios de sus opositores, pues habían sido arbitrariamente bloqueados por él luego de criticar su mandato”, concluyo el concejal. En este enlace encuentra el texto de la tutela: https://manuelsarmiento.com/tutela-del-concejal-manuel-sarmiento-al-alcalde-penalosa/
De manera irresponsable, la Empresa Metro redujo el plazo para evaluar las ofertas del metro elevado
Se alargó el plazo para presentar ofertas, pero se mantuvo la fecha para la adjudicación del contrato. ¿Por qué se reduce el plazo para evaluar las propuestas? Otro acto de extrema irresponsabilidad. La Empresa Metro modificó de nuevo el cronograma de la licitación del metro elevado. Con los cambios realizados, el plazo para evaluar las propuestas de los oferentes se reduce en 6 días. Inicialmente se tenía previsto que el 24 de septiembre se recibirían las ofertas y el plazo para evaluarlas se cumpliría el 18 de octubre. Con la última modificación, la recepción de ofertas será el 3 de octubre de 2019 y la “fecha máxima para evaluación de ofertas y adjudicación del contrato de concesión” será el 21 de octubre. Ahora sólo tendrán menos de 18 días para la evaluación, cuando previamente contaban con 24. “No se entiende por qué la Empresa Metro amplió el plazo para la presentación de ofertas pero mantuvo la fecha prevista para la adjudicación del contrato. Esta decisión reduce el número de días para la evaluación de cada una de las propuestas, lo que no tiene lógica, pues este proceso es de un alto nivel de complejidad. ¿Por qué antes consideraban que se necesitaban 24 días para la revisión de las propuestas y ahora dicen que solo necesitan 18?”, preguntó el concejal Manuel Sarmiento. “Al alargar el plazo de entrega de ofertas y recortar el de su evaluación, Peñalosa y la Empresa Metro aumentan el riesgo de una mala decisión en la licitación”, puntualizó. El cabildante del Polo recordó además las advertencias formuladas en su momento por la Bancada del Polo en la demanda que fue admitida por el Concejo de Estado, la cual fue coadyudada por Claudia López, así como de los hallazgos expuestos por la Contraloría Distrital. De acuerdo con el órgano de control, la Empresa Metro de Bogotá no tiene la capacidad para manejar un proyecto de la envergadura de la Primera Línea del Metro de Bogotá. “En su afán por dejar amarrado un proyecto inconveniente y que se ha estructurado de manera ilegal, el alcalde Peñalosa sigue incurriendo en actos de extrema irresponsabilidad al apretar los tiempos para revisar cada una de las propuestas de una licitación en la que los participantes han planteado más de 100 dudas”, concluyó Sarmiento. En días recientes la Bancada del Polo solicitó al Consejo de Estado que decida con celeridad las medidas cautelares interpuestas con la demanda y esta semana radicará un memorial sobre las modificaciones al cronograma que aumentan los riesgos de una mala decisión en la licitación.
Con Peñalosa perdió el derecho a la educación
Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos. En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad. Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas. Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares. Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío. En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el 4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque. Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones. Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.
Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro
Este jueves 18 de julio, a las 9:00 AM, la bancada de concejales del Polo Democrático presentará ante el Consejo de Estado (calle 12 con 7) nuevas pruebas que confirman la ilegalidad del metro elevado. Las pruebas serán entregadas en el marco del proceso de la demanda de nulidad presentada en marzo y frente a la cual se están solicitado medidas cautelares de urgencia. Los documentos que la bancada polista radicará fueron entregados al concejal Manuel Sarmiento por la Empresa Metro luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalara que dichas pruebas no gozan de reserva legal. Se trata de los estudios definitivos de los costos del proyecto que, según Sarmiento, además de confirmar la ilegalidad del metro elevado, muestran graves inconsistencias que el cabildante explicará mañana en el Consejo de Estado. Igualmente, los concejales del POLO le preguntarán al presidente Duque y al ministro Carrasquilla si conocían de los cambios en la inversión del proyecto. La bancada del Polo Democrático enviará copia de estas pruebas a los órganos de control.
Procuraduría confirma vicios de ilegalidad en el trámite del POT, su trámite se debe suspender
En respuesta a una solicitud del Consejo Territorial de Planeación, la Procuraduría General de la Nación confirmó que el acta de concertación firmada entre la CAR y el gobierno de Enrique Peñalosa es ilegal ya que el tramite debió suspenderse hasta que no se resuelva por el Consejo de Estado la recusación que existe contra el Director de la CAR, Néstor Franco. Así mismo señaló que el trámite que adelanta Peñalosa para aprobar su propuesta de POT debe suspenderse. El concejal Manuel Sarmiento manifestó que, una vez más, se corrobora que las actuaciones de la alcaldía de Peñalosa y la CAR son abiertamente ilegales al empeñarse en darle continuidad a un trámite que ha sido considerado como irregular por el Ministerio Público. El cabildante recordó que la propuesta de Peñalosa en materia ambiental es el típico caso de volteo de tierras, ya que sin justificación técnica y con cifras poblacionales cuestionables, “se plantea sustituir el concepto de Estructura Ecológica Principal por Estructura Ambiental y de Espacio Público para convertir a los ecosistemas más importantes de la ciudad en áreas de desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos, lo que explica el carácter abusivo y arbitrario con el cual se adelanta este trámite”.
