Nace DIGNIDAD & COMPROMISO
PALABRAS DE BOGOTÁ AL CONGRESO DE UNIDAD Bogotá, la capital, acoge el suceso histórico de la creación de este nuevo partido con raíces que se expanden por todo en el territorio nacional, irrigando la nutrida sabia de la dignidad y fundamentado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto por los más caros intereses de la Nación. Nos enorgullece ser parte de este momento. Sale a luz una nueva fuerza política, la que abanderará la verdadera transformación nacional. ¡Nace hoy, Dignidad y Compromiso! Cuidadosos y leales a nuestro ideales, con paso firme frente a las adversidades, hoy nos unimos mujeres y hombres desde su diversidad y diferencias, guiados por la búsqueda inquebrantable de los profundos cambios que requiere Colombia, dispuestos a andar la ciudad y el campo, las selvas, montañas, playas y desiertos para contar que hemos acordado con transparencia, como línea medular, un programa nacional por la soberanía y el desarrollo productivo, la democracia y la paz, la seguridad y la consolidación de relaciones internacionales dignas, la educación científica y el desarrollo tecnológico. Nos levantamos con un grito de esperanza unidos al ímpetu por el verdadero cambio de las jóvenes generaciones; de las mujeres que avanzamos en la emancipación y la paridad; de las poblaciones del norte, sur, centro, oriente y occidente del país; a las gentes que viven en el recio frío sabanero y de los nevados y a aquellos que disfrutan del calor del caribe, del pacífico, de los extensos llanos orientales y de las altiplanicies. Con todos ellos construimos esta plataforma programática en donde priman los principios y nuestros estatutos, aprobamos un código de ética y refrendamos nuestro protocolo contra las violencias de basadas en género. Documentos que hoy son la carta de garantía que nos impone un gran reto: ¡cumplirles a ellos y a este país! En Bogotá contamos con experiencia en corporaciones públicas de elección popular. Hoy nos enaltece una joven y valiente representante a la cámara, Jennifer Pedraza. Tenemos el mejor concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, dos edilesas que trabajan con denodado esfuerzo por sus comunidades, Liliana Castañeda en Teusaquillo y Lilia Avella en Engativá. Nos acompañan académicos, sindicalistas, dirigentes sociales y gremiales, valientes dirigentes de la mujeres, voluntarios y voluntarias aferradas a esta causa. Acudimos sin temores a la Academia, a foros, presentamos ponencias y tenemos la capacidad de presentar innumerables análisis documentados sobre la realidad nacional e internacional, pero también vamos a las calles y acompañamos a las comunidades campesinas y urbanas y a las y los trabajadores en la defensa de sus derechos. Aquí estamos dispuestos a iniciar un camino para construir la alternativa que saque a Colombia de la polarización y la división, vamos a unir a la nación, vamos a cambiar este modelo de dependencia y crisis del cual no se avizora cambio real en el actual gobierno. En Bogotá cuenten con un equipo fuerte y dispuesto. Tenemos un compromiso con nuestro nuevo partido, lo llevaremos a todos los rincones de la ciudad y a todos los sectores de la sociedad. Somos miles de voluntarios y voluntarias, coherentes, informados y democráticos. Bogotá celebra el nacimiento de Dignidad y Compromiso. 18 de febrero de 2022
Modelo Transmilenio Recargado 2.0: doble negociado para los privados
Licitación es mucho peor de lo que se ha comentado. Sistema Transmilenio será más costoso para los usuarios y el Distrito. La operación será más compleja. Poder de chantaje de los operadores privados crecerá. Comienzo saludando a las organizaciones ciudadanas y a los sindicatos del sistema Transmilenio presentes hoy en el debate. En la bancada del Polo Democrático hemos dividido este debate en tres temas: los antecedentes del modelo Transmilenio, que con toda claridad explicó el concejal Álvaro Argote. Yo voy a hacer una intervención centrada en cómo va a ser el nuevo modelo, un modelo financiero de negocios al que he denominado Modelo Transmilenio Recargado 2.0. Y por último, el concejal Celio Nieves va a centrar su intervención en el tema de las tecnologías limpias. Esta licitación es mucho peor de lo que se ha comentado en los últimos días. El debate se ha centrado en la decisión del alcalde Peñalosa, absurda por demás, de seguir condenando a la ciudad al diésel cancerígeno porque no está implementando tecnologías limpias. Mucho peor, porque el modelo financiero refuerza la política de privatización del transporte público. Las consecuencias son muy graves. Primero, el sistema va a ser más costoso. Si hoy padecemos ya uno de los sistemas de transporte más costosos de América Latina, la nueva licitación lo va a hacer mucho más costoso para la ciudad y para los usuarios. En segundo lugar, es un sistema que va a volver mucho más compleja la operación. Y por último, es un modelo que les va a dar mucho más poder de chantaje a los negociantes privados, incluidos los bancos que van a poner la plata para financiar la compra de la flota, en perjuicio de los usuarios y de los trabajadores. Es el típico modelo antidemocrático que le encanta al alcalde, en el que el interés particular de unos cuantos compadres termina prevaleciendo sobre el interés general. Todo lo que voy a decir, señor Miguel Uribe, está sustentado en un importante documento oficial: el Estudio de Estructuración que la Financiera de Desarrollo Nacional contrató con tres firmas privadas, documento de más de mil páginas. De una vez le solicito a la gerente de Transmilenio hacerlo público, porque a mí me lo enviaron aduciendo que era confidencial, que era una copia controlada para el concejal Manuel Sarmiento. Háganlo público, que lo conozcan los ciudadanos, la academia y el resto de colegas del Concejo de Bogotá, para que el debate se pueda adelantar con toda rigurosidad. ¿Cómo funciona el Modelo Transmilenio? El modelo funciona de la siguiente manera: el Distrito construyó la infraestructura, pero se la entregó a unos operadores privados, que compran los buses y los operan. Por esta operación, los privados reciben a cambio una remuneración, ya sea vía tarifa o través de subsidios. ¿Qué les pagamos? Les pagamos los buses, la totalidad de lo que hayan invertido en la compra de los buses y los costos de operación. Pero también se les garantiza una tasa de rentabilidad calculada en el 15% sobre el valor de los buses. O sea, en el modelo actual, solo tenemos un concesionario, un solo concesionario al que se paga una tasa de rentabilidad. El negocio ha sido buenísimo para los operadores privados, excelente. Para los operadores de las Fases 1 y 2, la rentabilidad promedio sobre su patrimonio en 2017 fue del 19.6%, una rentabilidad de mafiosos, dirían algunos. Es una rentabilidad supremamente alta, que casi duplica el promedio de rentabilidad de las doscientas empresas más grandes que hay en el país. Con el alcalde Enrique Peñalosa, a los operadores privados les ha ido mucho mejor. Las utilidades netas de los operadores de las Fases 1 y 2, en el 2016, primer año de Peñalosa, aumentaron en 29%, mientras que en el 2017, su segundo año, aumentaron en 79%. Lo anterior se sustenta en cifras oficiales que me envió Transmilenio. Mientras que a los operadores les ha ido muy bien, los usuarios la han pasado bastante mal. Hay que ver todas las protestas que se presentan diariamente en la ciudad por parte de usuarios inconformes. Y por supuesto, a los trabajadores del sistema también les ha ido muy mal. Recuerdo que en el Concejo se hizo un debate sobre las condiciones laborales tanto de los trabajadores de los operadores como de los trabajadores de Recaudo Bogotá, quienes sufren todo tipo de atropellos, asuntos que no se resuelven en esta nueva licitación. Modelo Transmilenio 2.0 Con este modelo nuevo que propone Peñalosa, vamos a tener dos tipos de contratos: uno para los concesionarios que adquieran la flota y la pongan a disposición del sistema y, otro, para los que la operen. Ambos serán inversionistas privados que van a buscar una rentabilidad. Y así, en lugar de pagar una tasa de rentabilidad como la estamos pagando en la actualidad sobre la inversión de los buses, ahora vamos a tener que pagar dos tasas de rentabilidad: una para el que ponga a disposición la flota y otra para los que la operen. Lo anterior trae consigo unas implicaciones muy graves. 1. La más grave: se va a encarecer el sistema. Parece increíble la afirmación, porque Transmilenio es ya de por sí uno de los sistemas más costosos. Y resulta que ahora se va a encarecer todavía más. En primer lugar, porque pasamos de una sola tasa de rentabilidad a dos. No es un invento mío. En los documentos oficiales que me entregó Transmilenio se puede observar cuáles son los costos bajo un modelo de un solo concesionario y cuáles bajo un modelo de dos concesionarios. El modelo uno, el modelo integral con un solo concesionario, costaría $6 billones, mientras que el modelo dos, de dos concesionarios, costaría $6.14 billones, con proyecciones optimistas, claro está. Según el Estudio de estructuración, con este nuevo Modelo Recargado de Transmilenio, el sistema se encarecería en por lo menos $142.000 millones. Alguien podría decir que $142.000 millones no es nada, pero lo que sucede es que Bogotá padece una de las tarifas más
Rueda de prensa: licitación del metro es tramposa y un acto politiquero de Santos y Peñalosa
Un saludo a todos los periodistas presentes. Al concejal Celio Nieves y al senador Jorge Robledo. Como lo anunciaron el alcalde Enrique Peñalosa y el Presidente Juan Manuel Santos, a las 11 de la mañana van a abrir la licitación del metro elevado. No se conocen aún muchos detalles, pero es una licitación tramposa, producto de un afán politiquero del alcalde y el presidente de querer mostrar un avance sustancial en este proyecto. El afán politiquero puede llevar a Bogotá a un desastre de las dimensiones de Hidroituango o del SITP. Ahora explicaré todos los detalles de por qué estamos haciendo esta advertencia. Es evidente que están desesperados por mostrar un avance, de mostrarle a la ciudad que ya se va a iniciar la construcción del metro de Bogotá con la apertura de la licitación. Durante sus dos periodos en la Casa de Nariño, el presidente Santos prometió que dejaría lista la licitación del proyecto antes de terminar su periodo. Por eso es que ambos anuncian la apertura de esta licitación el 6 de agosto, un día antes. El alcalde Peñalosa ha incumplido, en varias oportunidades sus anuncios de fechas de apertura de la licitación, como ustedes deben recordar. En la campaña a la Alcaldía, engañando a los electores, dijo que ajustar los estudios del metro subterráneo para el metro elevado era cuestión de meses. Ya han pasado dos años y medio desde que se posesionó y los estudios todavía no están listos, como lo voy a demostrar. El día de su posesión anunció que la licitación se abriría a finales de 2016, en diciembre. Tampoco cumplió. Después que a mediados de 2017, pero tampoco cumplió. En seguida que a finales de 2017, y bueno, incumplimiento total. ¿Cuál es la trampa? Bajo las normas colombianas de la contratación pública, hoy no podrían abrir la licitación. Está perfectamente definido en la Ley 80 y otras normas que señalan con toda precisión que para poder abrir una licitación se han de cumplir unos requisitos previos. Entre ellos, uno muy importante: se exige tener los estudios previos aprobados y entregados. Sin embargo, a la fecha, los estudios no están listos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacen Santos y Peñalosa para saltarse el mandato legal? Decidieron aprovecharse de una norma muy cuestionada, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. Cuando un proyecto se financie con recursos de organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, la licitación para su contratación no deberá regirse por la legislación colombiana, sino que podrá hacerlo por las normas que fije la banca multilateral. Es decir, lo que definieron el alcalde Peñalosa y el Presidente Santos es que las normas que van a regir en el proyecto de infraestructura más importante del país no serán las colombianas, sino las que fije el Banco Interamericano de Desarrollo. En el aviso informativo número 01 de la Empresa Metro, de febrero de 2018, se señala con toda precisión que la licitación se va a regir por “Las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID”, una norma con la denominación técnica GN2349-9 y que va a acarrear unas consecuencias muy graves para la ciudad, que ahora explicaré. Es bajo estas normas como se va a elegir al contratista que va a construir y a operar el Metro de Bogotá, porque esta licitación no es solo para la construcción, sino para entregar el Metro en concesión durante 20 años, para privatizarlo. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, pueden abrir la licitación sin contar con los estudios que exige la ley colombiana. Para la estructuración de este proyecto, la Empresa Metro, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, contrató tres estudios. El primero es la estructuración técnica, contratada con un Consorcio integrado por dos empresas, Systra e Ingetec. Ingetec es la misma que está haciendo los estudios del Transmilenio por la Séptima. El segundo es la estructuración financiera, contratada con la firma KPMG. Y el tercero, la estructuración legal, con la firma de abogados Garrigues-Duran y Osorio. Ninguno de los tres estudios, ni la estructuración técnica, ni la financiera, ni la legal están listos. Todos aún en proceso de construcción, según me informó en respuesta a un derecho de petición el gerente de la Empresa Metro, el 4 de julio de 2018. Todos estos estudios tenían que haber estado listos antes de que se firmara el Conpes del Metro y antes de que se aprobaran las vigencias futuras en el Concejo de Bogotá. Sin embargo, según la FDN, sin explicar por qué, ya se había llegado a un nivel de factibilidad pese a que no estar terminados los estudios. Les he hecho un seguimiento a estos estudios, a los resultados. En varias oportunidades los he solicitado para poder revisarlos. El 18 de mayo de 2018, el gerente del Metro de Bogotá, en respuesta a un derecho de petición, me señaló que los estudios todavía no han sido aprobados ni se ha cumplido todo el proceso que deben cumplir, pero anunció que estarían listos el 31 de mayo. Le envié después de esta fecha otro derecho de petición pidiéndolos. El 4 de julio, hace un mes, me respondió lo siguiente: de los 27 productos requeridos en la estructuración técnica, solo 3 tenían la aprobación de la Interventoría; 2 ya habían sido entregados a la FDN; 16, la inmensa mayoría, aún estaban en revisión por parte de la Interventoría; 3 de ellos fueron devueltos por la Interventoría al consultor, porque habían quedado mal hechos. ¿Cómo funciona este proceso? Los consultores, Systra-Ingetec, entregan los estudios a la Interventoría para su revisión y, si no están completos o son insuficientes, son devueltos a los consultores. O sea, esos tres estudios aún están embolatados. ¿Cuáles son los estudios devueltos? Vean la gravedad. Uno de ellos es el CAPEX, los costos de inversión o lo que calcula el consultor que va a costar el proyecto. Resulta que hace un mes no estaba listo el CAPEX
No es con bolillo como se resuelve la situación de los vendedores informales
Élite política ha condenado al país y la ciudad al desempleo y la informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. Peñalosa persigue a vendedores informales y viola las sentencias de la Corte Constitucional. La administración insiste en medidas que han fracasado, mientras les entrega espacio público a consuegros del Presidente Santos. 26 de julio de 2018. Debate de control político en el Concejo de Bogotá. Intervención del concejal Manuel Sarmiento Comienzo con un saludo muy especial para los vendedores informales que nos acompañan en el recinto y les agradezco por atender la invitación a este debate de control político. Es sabido que el gobierno de Enrique Peñalosa es muy reaccionario, muy antidemocrático. Es un gobierno dedicado a montarles grandísimos negocios a los cacaos nacionales y extranjeros, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Pero si hay algo que refleje el talante antidemocrático y autoritario del gobierno de Enrique Peñalosa, es la persecución contra los vendedores informales de la ciudad, tratándolos como criminales. Al considerarlos criminales, la administración distrital ignora que es un problema social y decide reprimir con el bolillo. Todas estas actuaciones violan la Constitución y la ley, además de una serie de garantías ya adquiridas por los vendedores informales. Entiendo que la ocupación del espacio público por los vendedores informales pueda incomodar a algunas personas, que ellos ocupen las aceras puede ser incómodo para los peatones, incluso que en algunos sitios de la ciudad puedan generar desorden. Sin embargo, esto no justifica el maltrato. A los ciudadanos quiero decirles que el problema es social, o sea es el resultado de una política económica que se ha impuesto en el país hace varias décadas y que hace que tengamos unos de los desempleos más altos del mundo y altas tasas de informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. El resultado obvio, de una situación social y económica como la que enfrenta el país, es miles de ciudadanos, centenares de miles, obligados a salir a la calle a rebuscársela para ver cómo pueden sobrevivir con su familia. Son esas personas a las que Enrique Peñalosa, el secretario Miguel Uribe y la directora del DADEP tratan como criminales. Situación económica condena a millones la informalidad Empecemos por mirar la situación económica, porque la política frente a los vendedores informales parte de entender cuál es la realidad de este país. Lo cierto es que la élite política y económica ha fracaso en el objetivo de desarrollar a Colombia. Lo ponen en evidencia las siguientes cifras. La generación de riqueza por habitante es supremamente mediocre. Cada colombiano al año genera alrededor de US$6.300, mientras que en Argentina, un país vecino, se generan el doble (US$14.400), en Corea del Sur casi cinco veces (US$29.700), y en países desarrollados como Estados Unidos, cerca de diez veces más (US$59.500). Somos un país subdesarrollado y eso tiene como primera causa la mala política económica impuesta por los gobiernos desde Pastrana, Gaviria, Uribe y Santos. Por supuesto que hay unos a los que les va muy bien, como al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, feliz con la situación que padece el país. A ellos les va muy bien, pero a la inmensa mayoría de los colombianos les va supremamente mal. La situación también se refleja en Bogotá, sobre todo durante los últimos dos años de la administración del alcalde Peñalosa. El crecimiento económico es prácticamente inexistente. En 2016, apenas un 2,9% y en el 2017, 2,3%. Lo anterior ha hecho que durante la administración Peñalosa los indicadores sociales se hayan deteriorado dramáticamente. El desempleo fue de 8,7% en el 2015, y en 2017 aumentó a 10,5%. Esto quiere decir que, durante los dos años de gobierno de Peñalosa, cerca de 86.000 personas perdieron el empleo. Si miramos por localidades, la situación es bastante crítica. Frente al desempleo juvenil, el cuadro es todavía peor. Durante la gestión de Peñalosa, el desempleo juvenil viene disparado. Entre enero y marzo de 2015 y enero y marzo de 2018, pasó de 13,7% al 19%. La informalidad laboral tampoco ha mejorado sustancialmente. Seguimos teniendo uno de cada diez trabajadores en Bogotá en la informalidad, porcentaje que se agrava en relación con el desempleo de las mujeres. En el primer trimestre de 2015, el desempleo en mujeres se ubicó en 9,6% y para igual periodo de 2018 ya ascendía a 12,7%. La pobreza monetaria, durante los dos años de esta administración, también ha aumentado. En 2010 teníamos una pobreza monetaria de 10,4% y en 2017 aumentó a 12,4%, lo que significó que cientos de miles de personas en Bogotá engrosaran las filas de la pobreza. Para Peñalosa estas cifras son insignificantes, como lo dijo en uno de sus característicos pronunciamientos de desprecio contra la gente humilde. El resultado lógico es que centenares de miles de personas se vean arrojadas al rebusque para poder tener ingresos que les permitan sobrevivir. Por eso es que insistimos en que el enfoque con el que se debe tratar la informalidad laboral en Bogotá, en especial, en el caso de los vendedores informales, no es de seguridad sino social. Como primera conclusión: Peñalosa atiende el problema de la informalidad con un enfoque totalmente equivocado, porque parte de la idea errónea de que los vendedores informales son un problema de seguridad. Vendedores informales sí son población vulnerable Esta administración ha urdido todo tipo de mentiras para justificar su desastrosa política. Cuando ordenó este año el desalojo en el barrio El Restrepo, lo hizo con afirmaciones falsas. Los funcionarios se atrevieron a decir que la mitad de los vendedores informales no eran vulnerables y que tenían carros de alta gama, mejor dicho, carro, beca y casa. ¡Que eran grandes negociantes aprovechándose ilegalmente de la ocupación del espacio público! Quiero entonces aprovechar para mostrar algunas cifras basándome en la caracterización hecha por el IPES en el 2016, que a su vez utilizó
La industria está quebrada.
“La industria está quebrada” Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el Concejo de Bogotá, 17 de mayo de 2017. Comienzo por señalar que este es un debate muy importante para Bogotá y para el país, pero particularmente para el Polo Democrático Alternativo, partido que se ha caracterizado desde su fundación por defender la industria nacional, al contrario de lo que han hecho el resto de los partidos políticos, que han respaldado toda la política de libre comercio, la apertura económica y los TLC. El Polo apoya la industria y la producción nacional En el Polo hemos sido muy críticos de los grandes meganegociados de Santos y de Peñalosa, como las privatizaciones, los TLC y las alianzas público-privadas, que tanto daño le hacen a la ciudad, pero defendemos los buenos negocios. Son los buenos negocios para la ciudad los que precisamente no promueven ni el gobierno nacional ni la administración del alcalde Enrique Peñalosa. El Polo defiende la causa de la industria nacional y por eso acompañamos las justas luchas de los empresarios y de los trabajadores. ¿Por qué defendemos los buenos negocios para el país y por qué, en consecuencia, llamamos la atención sobre la crítica situación de industria nacional? Está demostrado, por la experiencia de los países desarrollados y por la de Colombia, que la industria es imprescindible para el desarrollo económico. Pero aquí los gobiernos de Uribe y Santos, como los anteriores, se montaron en la locomotora minero-energética y le causaron graves daños a la industria nacional. Con la teoría de las ventajas comparativas, nos metieron el cuento de que el país tenía que especializarse en los sectores extractivos, y la realidad es que la industria nacional se está hundiendo y los gobiernos no hacen nada para salvarla. Al contrario, empeoran cada vez más la situación. Colombia es un país que adolece de dos graves problemas: el uno, la mala distribución de la riqueza, muy concentrada en unos pocos, y es por eso que estamos siempre dentro de los diez países más desiguales del mundo. Pero además, producimos muy poca riqueza. Colombia registra un mediocre PIB per cápita de apenas US$6.000, mientras que en países desarrollados como Estados Unidos el PIB per cápita supera los US$50.000, en Japón supera los US$34.000, en Alemania los US$41.000. Entonces, por más que se mejore la distribución de la riqueza, si no se produce más, jamás va a solucionarse el grave problema de atraso productivo y de pobreza que padecemos. Insisto en recordar que la industria es fundamental para la generación de riqueza por el valor agregado, por los encadenamientos productivos y por toda una serie de cualidades que no voy a detallar. Dani Rodrik, un economista de Harvard muy estudioso de estos temas, afirmó recientemente en un artículo que sin industria no puede haber desarrollo económico estable, crecimiento económico estable. Y como lo voy a demostrar en este debate, si por algo se caracterizan los gobiernos de Santos y Peñalosa es por despreciar la industria. Confecciones, textiles y calzado, de los más afectados Las confecciones, los textiles y el calzado constituyen un pilar fundamental, como primer peldaño para la industrialización de un país. La industria bogotana no es para nada despreciable. Representa el 21% de la industria nacional, una quinta parte, y genera el 25% de los empleos del sector industrial de todo el país. A pesar de la enorme crisis, la industria de los textiles, confecciones y calzado produce al año $4.5 billones y genera 190.000 empleos, hoy amenazados por las malas políticas de Santos y de Peñalosa, que se han dedicado, como los anteriores, a destruirla. La crisis de la industria nacional está documentada con una serie de estadísticas en las que no me voy a detener mucho, porque lo que quiero es llegar a las causas del problema. La participación de la industria en el PIB nacional, en la generación de la riqueza, ha venido disminuyendo. En la década de los 80, por cada $100 de riqueza que se producía en el país, $20 provenían de la industria. Y para el 2016, por cada $100 de riqueza producida, apenas $11 provenían de la industria. El PIB industrial bajó nueve puntos porcentuales. ¡Estamos ante un proceso de desindustrialización! Me pregunto si el secretario de Desarrollo Económico va a pararse aquí en este recinto a aducir que no estamos en un proceso de desindustrialización, sino que la industria bogotana se ha tercerizado y algunos sectores hacen hoy parte del sector servicios. No, no es cierto, como tampoco que la industria bogotana se haya ido para el departamento de Cundinamarca. Se han ido algunas empresas, no lo niego, pero el PIB industrial de Cundinamarca se ha mantenido estable en los últimos 15 años. Esa no es entonces una verdadera explicación. La razón de fondo radica en que las empresas industriales de Bogotá se han venido quebrando. La industria de Bogotá pasa por una crisis dramática. La participación de la industria bogotana en el PIB bajó del 13% en el año 2000 al 9% en el año 2005. Llevamos cinco años seguidos, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, en que la producción industrial viene cayendo. La del 2015 fue inferior a la de 2010, o sea, venimos de para atrás, como los cangrejos, y ni el gobierno nacional ni el distrital toman medidas. En el 2016 la producción cayó en 3.1%, y por tal razón, el empleo industrial ha venido perdiendo participación en las cifras de empleo de Bogotá. La producción también ha venido disminuyendo en las confecciones, el calzado y los textiles. En el año 2010, a precios de año 2005, que es como lo mide el DANE, la producción fue de $2 billones. En 2015 estuvo en $1.9 billones y en 2016 el sector de las confecciones cayó 3.1%, y el del cuero y calzado cayó 6.7 %. Uno ve ahora las cifras y solo encuentra números rojos, porque todo está cayendo, las ventas, la producción, el empleo. Muy grave, porque la industria, a juicio del Polo, es el
La trampa de los avalúos catastrales en Bogotá: concejal Manuel Sarmiento
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, 13 de enero de 2017, Concejo de Bogotá. El avalúo catastral sube o baja según sea el interés de la Administración de turno: cuando se propone hacer expropiaciones administrativas, lo echa para abajo. El avalúo no es entonces un ejercicio meramente técnico, como lo afirma Catastro. Los bajos avalúos de Catastro en zonas de alto riesgo ponen en riesgo la vida de la gente. En los últimos años, el censo inmobiliario aumentó 288% y el impuesto predial, 300%. Excusas inadmisibles para no cobrar la plusvalía. ¿Por qué no se les está liquidando la plusvalía a las grandes constructoras? Primero, hacerle un reconocimiento a la bancada del Partido de la U por el debate que adelantan alrededor de los avalúos catastrales y por la información que nos han suministrado. En mi caso, veo un problema de fondo. La señora directora de Catastro insistió mucho en que el ejercicio que hace su entidad es muy técnico y que la metodología que utiliza refleja muy bien las finalidades que busca el avalúo catastral o comercial de un determinado predio. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Si observamos con detalle los ejemplos que en este debate se han expuesto, se demuestra cómo el ejercicio que ha hecho Catastro, tanto el año pasado como los años anteriores, depende de los intereses de la Administración distrital de turno. Si es obtener ingresos, el avalúo lo tiran para arriba, pero cuando el avalúo resulta de un ejercicio de gasto, el avalúo va por abajo. Veamos algunos ejemplos que lo demuestran. En los años 2015 y 2016, en el barrio El Mirador, Localidad de Engativá, el avalúo catastral para calcular el predial bajó y todos los ciudadanos se pusieron muy contentos porque les había bajado el impuesto al haber disminuido el avalúo catastral. Meses después se dieron cuenta de que la reducción obedecía a que los predios iban a ser expropiados por el IDU para adelantar la Avenida José Celestino Mutis. Y entonces de las risas se pasó a los llantos. Aquí nos tienen que explicar muy bien por qué, en la mayor parte de predios, el avalúo catastral aumenta por la presión inmobiliaria y por el flujo del mercado inmobiliario, mientras que disminuye en los sectores donde se van llevar a cabo procesos de expropiación administrativa. Y claro, cuando los funcionarios hacen después el avalúo comercial con el que se va a calcular el monto de la expropiación, el resultado está muy por debajo del precio real de los predios, como aquí ya lo han mencionado varios colegas con ejemplos muy concretos. En ese barrio, por ejemplo, hay viviendas cuyo avalúo comercial supera los $100 millones. Uno está en la cuadra donde se ubica la vivienda, se pasa a la siguiente y ya el valor inmobiliario supera fácilmente los $100 millones. Pero cuando Catastro hace el avalúo comercial para calcular el precio de la expropiación, advierte uno con sorpresa que ahora el avalúo queda por debajo de los $80 millones. Yo sí me atrevería entonces a plantear serios cuestionamientos a esa afirmación suya sobre un ejercicio puramente técnico que está haciendo Catastro con este tipo de avalúos. Me llamó también mucho la atención el tema de los avalúos cuando se trata de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. Aquí hay un problema de fondo, claro, y usted misma lo reconoció. Un suelo de alto riesgo no mitigable no vale nada en el mercado inmobiliario. Los precios de esos predios son bastante insignificantes, así sus casas sean grandes, por encima incluso de los cien metros cuadrados en muchos casos, y, como usted lo explicó, es el problema del mercado inmobiliario. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre la forma como se hace el avalúo, porque pone en riesgo la vida de las personas. Si ustedes le valoran la vivienda a la familia en 40, 50 ó 60 millones, la obligan a quedarse en la zona de alto riesgo no mitigable, porque lo primero que dicen esas personas, como también sucede en barrios como la Fiscala Alta, es que con esa suma no van a poder comprar otra casa igual en ninguna parte. ¿Usted por $60 millones qué consigue hoy en Bogotá? Además, en esas casas habitan cuatro o cinco familias, que no van a poder reubicarse. La gente dice entonces, yo prefiero arriesgar mi vida a aceptar esas ofertas irrisorias que me está haciendo la Administración distrital. Si usted mantiene esa política de calcular ciñéndose al mercado inmobiliario, muchas de esas personas se quedarán allí y van a tener que ser sacadas por el Esmad, el método preferido del alcalde Peñalosa. Ya sobre ellas pesan hoy graves amenazas. Me parece inaceptable. La Administración distrital debería reformular seriamente esa política, porque la ciudadanía no va a aceptar esas ofertas que ustedes les están haciendo. Ustedes no pueden someter el reasentamiento a lo que esté exigiendo el mercado inmobiliario. En este debate ya señalaron mis colegas que cuando se trata del impuesto predial, ahí sí los avalúos se disparan, y dieron las cifras en ocho años. Entre los años 2008 y 2016, el avalúo inmobiliario, el censo inmobiliario en toda Bogotá, aumentó en 288% y eso hizo que se disparara el impuesto predial, que creció en ese mismo intervalo en 300%. Mientras tanto, el ingreso promedio por habitante solo se incrementó en promedio anual un 42%. Fue lo que enfureció a la ciudadanía, porque el impuesto predial ha crecido por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Peñalosa se llena de excusas para no cobrar plusvalía a grandes constructoras La Directora de Catastro hizo al final una referencia al tema de la plusvalía. Quiero señalar de paso que me parecen muy graves las denuncias planteadas por el concejal Rubén Torrado sobre el Plan Parcial el Pedregal. Y me propongo hacer referencia al tema, porque usted señaló que liquidar la plusvalía es un proceso sumamente complejo, que por lo visto solo genios como Einstein alcanzan a entender, y
Santistas y uribistas unidos a Peñalosa para vender el patrimonio público de la ciudad: ahora la EEB
Intervención del concejal Manuel Sarmiento. 7 de noviembre de 2016. Todo proyecto de Acuerdo que reduzca los ingresos del Distrito debe definir las fuentes sustitutas. Incertidumbre sobre las obras que se van a hacer con los recursos producto de la venta del 20% de la EEB. Administración Peñalosa miente para justificar la privatización. Recaudo adicional del ICA por construcción está inflado. Dividendos que se dejan de recibir por venta de 20% de EEB no serán reemplazados en su totalidad. Aunque hay muchos argumentos para rechazar la privatización del 20% de la EEB, voy a centrar mi intervención en una de las causales de ilegalidad, y reitero que son varias. La intervención de la concejal María Victoria Vargas fue muy precisa al demostrar las distintas irregularidades en el trámite de este proyecto, pero yo solo me voy a centrar en una, que también explicó desde el punto de vista jurídico el concejal Emel Rojas en la primera sesión. Mi propósito, contribuir con ustedes, colegas, para que con las mismas cifras que nos está suministrando la Administración Distrital vean ustedes de manera directa cómo los quieren hacer incurrir en error para que al final adopten una decisión contraria a derecho. Entonces resumamos rápidamente lo que ya dije en la anterior sesión, que fue suspendida, porque como lo certificaron los técnicos, se bajó un taco que afectó el sistema de sonido y grabación. La Ley 819 de 2003 establece que si un proyecto de acuerdo reduce los ingresos del Distrito, tiene que dejar antes definidas dos cosas: una, plantear la fuente sustitutiva de esos ingresos, o también decir vamos a reducir el gasto, por ejemplo, que ya no va a haber un déficit en TransMilenio de 700.000 millones porque lo vamos a bajar a 300.000 millones. La plata que ahorramos va a compensar entonces lo que perdamos, en este caso, por los dividendos. Ahora, lo que está diciendo la Administración Distrital, según consta en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto para 2017, y lo que ha dicho durante todo el trámite la Secretaría Distrital de Hacienda, es que este proyecto no tiene impacto fiscal, porque los ingresos que se van a perder por dividendos tras la venta del 20% de las acciones de la EEB serán reemplazados por un mayor recaudo del ICA de hasta 3.4 billones de pesos. Sostiene la Secretaría que el ICA va aumentar el recaudo porque va a haber un mayor crecimiento económico. Es la Gráfica que les estoy mostrando ahí: ¿Qué significa esta Gráfica de la Secretaría Distrital de Hacienda? La línea anaranjada sería el mayor crecimiento económico que va a experimentar la ciudad gracias a las obras de las alianzas público-privadas, apalancadas con la venta de ese 20% de las acciones. Aquí me detengo en algo que planteó el concejal Losada: la incertidumbre. La administración está planteando que la capital tendrá este crecimiento económico proyectado si se hacen las obras, pero ojo, aquí en este recinto el secretario de Movilidad anunció cuáles eran, pero ninguna cuenta con estudio de prefactibilidad y ni siquiera están en la etapa de prefactibilidad. Puede suceder entonces que la plata de la venta de las acciones de la EEB no alcance para dar el cierre financiero a todas estas obras y, por lo tanto, emerge un enorme grado de incertidumbre. ¿Qué sería lo responsable por parte de la Administración Distrital, doctor Losada? Que por lo menos nos traigan los estudios de prefactibilidad. Que nos digan, para la ALO falta tal cosa, para pavimentar los corredores férreos falta esto otro y nos va alcanzar hasta aquí, todo con cifras muy precisas. Pero como en la actualidad no estamos ni siquiera en la etapa de prefactibilidad, hay una incertidumbre total. No se sabe si los recursos alcancen para hacer el cierre financiero. Y si no alcanzan, no se podrán hacer las obras y ni siquiera se cumplirían las proyecciones de crecimiento económico que nos ha venido mostrando la Secretaría Distrital de Hacienda. Les decía que esas proyecciones son demasiado altas. Mencioné en la sesión pasada que están muy por encima del promedio histórico que ha tenido el crecimiento económico de Bogotá e incluso de sectores como el de infraestructura. Aducen los funcionarios que en el año 2020 la infraestructura va a crecer en 257% y la economía en 8%, dato que genera muchas dudas. La señora secretaria de Hacienda me replicó en este recinto arguyendo que no son proyecciones locas ni exageradas. Mostró como prueba que, en años anteriores, el PIB de la ciudad ha crecido gracias a las diferentes obras de infraestructura. Y puso como ejemplo los años 2006 y 2007. Veamos muy rápidamente lo que dijo la señora secretaria de Hacienda: “Aquí está entonces en términos técnicos que ha pasado con la evolución del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá y lo que vemos es que, incluso antes del año 2000, se han presentado incrementos del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá del 10%, y si vemos aquí, por ejemplo en los años 2005, 2006 y 2007 cuando se estaba construyendo TransMilenio, este impacto tan fuerte que nos da más del 6% de promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá, se da esencialmente por la inversión en la construcción de TransMilenio.” Explicó en su intervención la señora secretaria que hay un crecimiento muy importante en los años 2006 y 2007, en promedio por encima del 6%, y nos mostró la siguiente Gráfica: Como se aprecia, los crecimientos más importantes en la última década se dieron en el 2006, con 6.4%, y en el 2007, con 6.1%. Cuando ella nos presentó las cifras, yo estaba sentado en mi curul y me dije, oiga, de pronto hasta sí tiene razón, porque me impactó bastante ver ese crecimiento de más del 6% en esos años. Les dije entonces a los de mi oficina que revisáramos cómo se comportó la economía en esos dos años, justo en los que se
El de Peñalosa sí es un plan de subdesarrollo
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, noviembre 20 de 2016. Peñalosa utiliza los recursos públicos para promover los grandes meganegocios. Peñalosa no promueve los buenos negocios en la industria, el pequeño y mediano comercio y el agro, y en cambio se va contra ellos. Poco o nada en materia de formalización laboral en el Sector de Desarrollo Económico. Baja ejecución y metas muy bajas en varios programas del Distrito. Distrito debe responder si va a entregar el sendero peatonal de Monserrate a un gran negociante. Me propongo hacer varias preguntas a los funcionarios aquí presentes. Como ustedes saben, he venido criticando a esta Administración, porque a Peñalosa le encanta utilizar los recursos públicos para promover grandes mega negocios con mega contratistas, grandes negocios que le hacen mucho daño a Bogotá. Un ejemplo, las Alianzas Público-Privadas, que son negocios de privatización. Otro, las concesiones de TransMilenio, mega negocios que no desarrollan la ciudad y que además empobrecen mucho más a la gente para enriquecer a unos cuantos monopolios y oligopolios. Peñalosa, contra los buenos negocios que benefician a la ciudad En contraste, como lo planteé en las discusiones del Plan de Desarrollo, el alcalde no promueve los buenos negocios para la ciudad, los que generan mucho más valor agregado, mucho más empleo, más desarrollo, no solamente económico, sino también del conocimiento y de la ciencia, negocios como la industria, la producción agrícola, el pequeño y mediano comercio. Por el contrario, se va en contra de ellos. Tal situación está reflejada en el Presupuesto para el 2017. En el Sector de Desarrollo Económico sucede algo inaudito. En términos reales, teniendo en cuenta la inflación, habría un decrecimiento del presupuesto del 0.74% para todo el sector. Y aprovecho de paso para solicitar a todos los secretarios que en las presentaciones del presupuesto incluyan las variaciones año a año, no solo en términos nominales sino también en términos reales. De esa forma podemos los concejales hacer análisis mucho más detallados y precisos de cómo va evolucionado el presupuesto de Bogotá en cada uno de los diferentes sectores. En cerca de medio punto porcentual cae también el presupuesto de inversión en todo el Sector de Desarrollo Económico, y esto en medio de la crisis económica que está viviendo el país y que cada día se agudiza más, y que por supuesto impacta a la capital de la República. Algo inaceptable. Lo que estamos viendo en distintas cifras e índices, como lo menciónó el concejal Róger Carrillo, es un aumento del desempleo en Bogotá. Eso debería llamar la atención del alcalde Peñalosa, pero él está dedicado a gerenciar los grandes negocios y poco le importa este tipo de situaciones. Poco o nada en materia de formalización En lo relacionado con el funcionamiento del Sector de Desarrollo Económico, tengo varias preguntas: ¿qué se va a hacer para formalizar las plantas de personal? Porque en las entidades que hacen parte del Sector de Desarrollo Económico hay un grado alarmante de tercerización. En la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, hay 55 funcionarios de planta y 80 contratistas, vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Pero resulta que la inmensa mayoría realiza funciones misionales y permanentes y debería estar incluida en la planta de personal. En el Instituto Distrital de Turismo hay 30 trabajadores en la planta permanente y 125 contratistas, según cifras del pasado mes de agosto. Puede que hayan variado un poco. Vuelvo y pregunto, ¿qué se va a hacer para formalizar y ampliar esas plantas? Porque también están aumentando, como muchos concejales ya lo han planteado, los gastos de funcionamiento en lo que tiene que ver con gastos de personal. En el IPES, hay 94 trabajadores de planta y 199 contratistas. ¿Por qué aumentan los gastos de funcionamiento y en especial el de servicios personales indirectos, que crece la medio bobadita del 3.717%? ¿Son contratos de prestación de servicios que van a aumentar en esa proporción? Lo pregunto a los señores y señoras funcionarias aquí presentes. Gerencian contra la industria, los pequeños y medianos comerciantes, los mercados campesinos y los vendedores informales En lo relacionado con la inversión, ¿cuántos recursos se les van a destinar a los mercados campesinos? Pido que se me dé una cifra exacta, porque eso está englobado ahí en otra partida general y no se especifica. Pero también me gustaría que me aclararan cuáles van a ser las metas concretas en mercados campesinos, porque en la actualidad poco a poco los han venido desmontando. Aquí vino el alcalde Peñalosa a echarse un discurso diciendo que quería mucho a los campesinos, que él adoraba a los campesinos, y después su Plan de Desarrollo derogó el Acuerdo que institucionalizaba los mercados campesinos en Bogotá. Las organizaciones de los mercados campesinos lucharon, protestaron y lograron eliminar el artículo que derogaba dicho Acuerdo. Pero este año la política de Mercados Campesinos fue un rotundo fracaso. No solo se violó la fecha en la cual se debía hacer el mercado campesino en la Plaza de Bolívar, sino que resultó un fiasco comparado con lo que se venía haciendo antes. Antes participaban alrededor de mil personas, y en este año, de acuerdo con las cifras, solo 250. ¿Cuánta plata y exactamente qué es lo que va a pasar entonces con el programa? De acuerdo con los estudios hechos por organizaciones como Oxfam, los mercados campesinos han sido fundamentales para mejorar el ingreso económico de los campesinos no solo de Bogotá, sino también de las regiones aledañas, y además para que los bogotanos, como consumidores, accedamos a alimentos de bajos precios y de excelente calidad. Frente a las plazas de mercado me llama mucho la atención que en el IPES haya una partida para un programa llamado “Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado”. El programa tenía un presupuesto de $14.329 millones de pesos, pero en 2017 bajará a $12.752 millones de pesos, o sea, una disminución en términos reales de 16%. Quisiera preguntarles por qué disminuye el
¡Salvemos a Corabastos!
Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el Concejo de Bogotá, 3 de octubre de 2016. Rechazo que el gerente de Corabastos le huya al debate llamándome a la cordura, como si yo estuviera loco. El libre comercio y los TLC, amenazas a la seguridad y la soberanía alimentaria. Depender de la comida extranjera hace que estemos sujetos a los movimientos especulativos. Si se acaba Corabastos, toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies. 85.000 hogares dependen directamente de la Central. Corabastos, en peligro por la política distrital, que busca marchitarla, y por los malos manejos administrativos. Enrique Vargas Lleras, ¿un contratista a dedo? Lo peor, la propuesta de Peñalosa de sacar a Corabastos de Bogotá para montar ahí un negocio inmobiliario. Abro mi intervención rechazando la actitud del gerente de Corabastos. Inaceptable que el señor gerente le huya a este debate, sabiendo que Corabastos es sujeto de control político por parte del Concejo de Bogotá de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional. Y para colmo, hace unos días le envió una carta al presidente del Concejo pidiéndole que me llamara a la cordura y negándome el derecho de ir a Corabastos a plantear mis puntos de vista a comerciantes y trabajadores. Les solicito formalmente a los órganos de control iniciar una investigación disciplinaria contra este funcionario. Este debate aspira a destacar la vital importancia de Corabastos para la seguridad alimentaria, no solo de Bogotá, sino de todo el país. Pretende también demostrar cómo las distintas Administraciones distritales, incluida la de Enrique Peñalosa, vienen marchitando a Corabastos con políticas calculadas para que la empresa no sea viable y se justifique cerrarla, favoreciendo el monopolio en el comercio de alimentos y amenazando gravemente la seguridad alimentaria de toda Colombia. El libre comercio acabó con la soberanía y seguridad alimentarias ¿Qué es la seguridad alimentaria? Los promotores del libre comercio han planteado que los TLC garantizan la seguridad alimentaria. ¿Con qué argumentos? ¿Qué arguyen Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa y todos los que promueven este modelo económico? Dos cosas. Lo primero: que el libre comercio garantiza la seguridad alimentaria porque les permite a los consumidores acceder a comida barata. Para sustentar esta afirmación aducen que la competencia internacional va a hacer que los productores nacionales sean mucho más eficientes y, al serlo, van a reducir sus costos de producción y a garantizar alimentos baratos. Plantean además que importar almentos extranjeros subsidiados y baratos va a permitir que los consumidores colombianos accedan más fácilmente a ellos. Los del Polo Democrático Alternativo nos oponemos a un modelo económico tan perverso. Sostenemos que el Libre Comercio lesiona severamente la seguridad alimentaria, primero, porque no es cierto que la competencia lleve a que los productores nacionales sean más eficientes. Antes por el contrario, los arruina, y no porque, nuestros campesinos y empresarios del campo sean ineficientes, sino porque compiten en condiciones totalmente desiguales. El Congreso norteamericano aprobó hace poco The Farm Bill, la ley que defiende los subsidios estatales para sus agricultores y que garantiza subsidios por US$90.000 millones por los próximos 5 años. En Colombia, mientras tanto, a campesinos, indígenas y empresariado del campo, no les ofrece el gobierno absolutamente nada. No hay casi asistencia técnica ni subsidios ni créditos barato y sí vías en muy mal estado. Son precisamente estos factores y el modelo económico lo que hace que los agricultores nacionales no puedan ser competitivos y que la producción nacional esté en bancarrota. La seguridad alimentaria depende de la soberanía alimentaria. Es la gran diferencia que tenemos respecto de quienes promueven el libre comercio. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tiene una nación para producir en forma autónoma los alimentos que necesita su población. Por eso nosotros hemos insistido desde siempre que el Estado debe apoyar y promover la producción nacional en el campo, en lugar de quebrarla con los TLC. Así como fracasó la tercerización laboral, también ha fracasado teoría neoliberal del libre comercio. Los hechos nos han dado la razón. Señor secretario de Desarrollo Económico, los productores nacionales sí se quebraron. Basta ver la ruina del campo después de 25 años de neoliberalismo y TLC. Miremos unas cifras que ilustran lo que estoy diciendo. En Colombia hay 28 millones de hectáreas aptas para la agricultura, y de esas solo sembramos 7, o sea, solo se está aprovechando una cuarta parte de lo que tiene Colombia para cultivar los alimentos que necesita su población. La importación de alimentos está disparada. En 1990, cuando César Gaviria inició el neoliberalismo, importábamos al año 700.000 toneladas de alimentos. En el año 2015, la importación alcanzó la cifra de 12 millones de toneladas. Mientras que las importaciones crecieron en 1.500%, la producción de alimentos nacionales solo creció en un 67%, con la gravedad de que fue solo en productos tropicales, en tanto que la producción de cereales ha venido descendiendo. El maíz, entre 1990 y 2015, ha perdido 245.000 hectáreas. Recordemos que el maíz es clave, no solo por ser un alimento para los seres humanos, sino porque es un insumo, una materia prima para el alimento del ganado, los cerdos y los pollos. En la cadena de las proteínas, el maíz pesa mucho. Lo anterior ha generado problemas en la dotación de la comida para los ciudadanos, poniéndonos a depender de la producción extranjera, de la importación de alimentos. Y eso a muchos aquí les parece muy bueno. En medio de los debates sobre el TLC con Estados Unidos, algunos aducían que el Tratado nos iba a permitir acceder a los alimentos subsidiados que producen los gringos, ¡Qué falsedad! Voy a poner dos ejemplos de la historia reciente del país y del mundo, que demuestran lo grave que es para un país depender de la comida extranjera. El primer es ejemplo es la crisis alimentaria del año 2008. En 2008 hubo una crisis alimentaria en todo el mundo, porque los precios de los alimentos en el mercado internacional crecieron
Debemos elevar el nivel de organización y de unidad en defensa de los Humedales ante la arremetida de Peñalosa
Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el foro “Unidos por los Humedales”, junio de 2016. Principal uso de los humedales es el de conservación, no el de recreación, como pretende Peñalosa. Peñalosa ve los humedales y el río Bogotá como piscinas o peceras. Busquemos la unidad en defensa de la estructura ecológica de Bogotá. El evento que se está realizando hoy es de suma importancia porque permite, primero, elevar el nivel de conocimiento que debemos tener los bogotanos sobre unos ecosistemas tan estratégicos como son los humedales, compartiendo la experiencia de organizaciones y activistas, tanto los que son reconocidos oficialmente como los que no. Y en segundo lugar, permite elevar el nivel de organización, aspecto fundamental para que la lucha en defensa de estos ecosistemas estratégicos sea mucho más efectiva. Esto de mejorar el nivel de unidad es fundamental frente a la arremetida que se viene con las propuestas y las medidas anunciadas por la administración de Enrique Peñalosa. Qué pretende Peñalosa en materia ambiental En el trámite del Plan de Desarrollo, se hicieron varios cuestionamientos en relación con los humedales y por esa razón se incluyó un artículo sobre su recuperación y habilitación. Allí se habla del ciento por ciento de los humedales, aunque en realidad el texto se refiere solo a 15 humedales reconocidos oficialmente, no a todos, porque hay unos no reconocidos. Quiero llamar la atención sobre una anomalía. Frente a los humedales, la administración distrital está planteando hacer una serie de zonas recreacionales con parques lineales que bordeen los humedales, como quedó planteado en el artículo respectivo del Plan de Desarrollo. Es caer en una visión bastante equivocada de lo que ha de hacerse con los humedales, porque el principal uso que se debe contemplar en ellos es el de la conservación. En resumen, la política debe ser de conservación, pero la visión que adopta la Administración de Enrique Peñalosa es la de privilegiar la recreación. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando se privilegia la recreación, las intervenciones corren el riesgo de lesionar gravemente los humedales, porque si se hacen alamedas o grandes ciclo rutas, se puede afectar el ecosistema. La visión del alcalde es un poco absurda. Ve los humedales y el río Bogotá como una especie de piscina o de pecera que debe estar siempre saturada de concreto. Dentro del proyecto de Ciudad Paz, se plantea hacer Ciudad Río y el gran malecón del río Bogotá. Canalizar el río Bogotá es también algo absurdo, por varias razones. Para la descontaminación del río Bogotá faltan muchísimos años porque está supremamente atrasada, pero además la canalización genera varios impactos, en primer lugar, porque toda la ribera es inundable. Dice Peñalosa que va a canalizar todo el río Bogotá como sucede en Europa y es de esa manera como piensa mitigar la inundación. Bueno, en Europa sí se canalizaron los ríos, pero vienen ahora en un proceso de descanalización supremamente costoso. Como habrán sido los impactos de la canalización que ya los están descanalizando, porque es obvio que en épocas de lluvias, si el río está canalizado en la ciudad, aguas abajo va a llegar con mucha fuerza y puede generar grandes problemas en los municipios aledaños. Frente a los cerros orientales, dos cosas: Peñalosa privilegia simplemente el valor paisajístico que tienen los ecosistemas sobre la importancia de conservarlos. Frente a la propuesta del sendero en los cerros orientales todavía no hay un estudio claro que señale los impactos y que garantice que no va a causar allí más problemas ambientales de los que ya existen. Muchos de ustedes habrán oído que la Alcaldía de Enrique Peñalosa está coadyuvando el desacato presentado por el exministro de Vivienda, doctor Henao. Al doctor Henao no le gustó que se le haya definido un límite a la ruralidad y a la zona urbana en la ciudad para impedir que se concretaran unas licencias de construcción en los cerros orientales y presentó un desacato. El desacato, de acuerdo con las audiencias hechas, está siendo respaldado por la Administración Peñalosa a través de Andrés Ortiz, secretario de Planeación. Un último comentario sobre la Reserva Van Der Hammen. Nosotros denunciamos que en el Plan de Desarrollo estaba incluido el proyecto de urbanización de la Reserva Van der Hammen. El alcalde Peñalosa replicó afirmando que nosotros estábamos mintiendo. Pues le recuerdo que en el Plan está el tema de Ciudad Norte que, como todos ustedes saben, incluye la Reserva Van der Hammen. Que para urbanizar la reserva se tengan que modificar el POT y que la CAR deba hacer la exclusión de varias hectáreas, no significa que en el Plan de Desarrollo, la hoja de ruta para la Administración distrital, no esté contemplada la urbanización de la Reserva Van der Hammen. Sobre la Reserva Van der Hammen hay miles de estudios que demuestran su importancia, pero el argumento principal, que tiene que ver con los humedales de la Alcaldía de Peñalosa, es que más hacia el norte de la Reserva Van der Hammen la distancia entre el río Bogotá y los cerros orientales es menor. Allí la distancia entre el río Bogotá y los cerros orientales es de 5 kilómetros, mientras que en la Reserva Van der Hammen es alrededor de 14 kilómetros. Entonces ellos, en la simpleza y mediocridad de sus argumentos, proponen conectar los cerros orientales y el río Bogotá por donde hay menos distancia, pero lo que ellos están omitiendo de manera calculada es que la Reserva Van der Hammen es importante no solo por la conectividad ecológica entre el río Bogotá y los cerros orientales, sino también porque permite la conectividad ecológica entre los Humedales Torca y Guaymaral y los Bosques Nativos que hay en esa zona. Más hacia el norte de la ciudad no están los humedales. La administración arguye que los humedales no están dentro de la Reserva Van der Hammen, y puede que no, pero sí sobre el borde. Y esa Reserva, tal como está definida y diseñada, permite mantener la conectividad entre los cerros orientales,
