Licitación es mucho peor de lo que se ha comentado. Sistema Transmilenio será más costoso para los usuarios y el Distrito.  La operación será más compleja. Poder de chantaje de los operadores privados crecerá.

Comienzo saludando a las organizaciones ciudadanas y a los sindicatos del sistema Transmilenio presentes hoy en el debate. En la bancada del Polo Democrático hemos dividido este debate en tres temas: los antecedentes del modelo Transmilenio, que con toda claridad explicó el concejal Álvaro Argote. Yo voy a hacer una intervención centrada en cómo va a ser el nuevo modelo, un modelo financiero de negocios al que he denominado Modelo Transmilenio Recargado 2.0. Y por último, el concejal Celio Nieves va a centrar su intervención en el tema de las tecnologías limpias.

Esta licitación es mucho peor de lo que se ha comentado en los últimos días. El debate se ha centrado en la decisión del alcalde Peñalosa, absurda por demás, de seguir condenando a la ciudad al diésel cancerígeno porque no está implementando tecnologías limpias. Mucho peor, porque el modelo financiero refuerza la política de privatización del transporte público.

Las consecuencias son muy graves. Primero, el sistema va a ser más costoso. Si hoy padecemos ya uno de los sistemas de transporte más costosos de América Latina, la nueva licitación lo va a hacer mucho más costoso para la ciudad y para los usuarios. En segundo lugar, es un sistema que va a volver mucho más compleja la operación. Y por último, es un modelo que les va a dar mucho más poder de chantaje a los negociantes privados, incluidos los bancos que van a poner la plata para financiar la compra de la flota, en perjuicio de los usuarios y de los trabajadores. Es el típico modelo antidemocrático que le encanta al alcalde, en el que el interés particular de unos cuantos compadres termina prevaleciendo sobre el interés general.

Todo lo que voy a decir, señor Miguel Uribe, está sustentado en un importante documento oficial: el Estudio de Estructuración que la Financiera de Desarrollo Nacional contrató con tres firmas privadas, documento de más de mil páginas. De una vez le solicito a la gerente de Transmilenio hacerlo público, porque a mí me lo enviaron aduciendo que era confidencial, que era una copia controlada para el concejal Manuel Sarmiento. Háganlo público, que lo conozcan los ciudadanos, la academia y el resto de colegas del Concejo de Bogotá, para que el debate se pueda adelantar con toda rigurosidad.

¿Cómo funciona el Modelo Transmilenio?

El modelo funciona de la siguiente manera: el Distrito construyó la infraestructura, pero se la entregó a unos operadores privados, que compran los buses y los operan. Por esta operación, los privados reciben a cambio una remuneración, ya sea vía tarifa o través de subsidios. ¿Qué les pagamos? Les pagamos los buses, la totalidad de lo que hayan invertido en la compra de los buses y los costos de operación. Pero también se les garantiza una tasa de rentabilidad calculada en el 15% sobre el valor de los buses. O sea, en el modelo actual, solo tenemos un concesionario, un solo concesionario al que se paga una tasa de rentabilidad. El negocio ha sido buenísimo para los operadores privados, excelente. Para los operadores de las Fases 1 y 2, la rentabilidad promedio sobre su patrimonio en 2017 fue del 19.6%, una rentabilidad de mafiosos, dirían algunos. Es una rentabilidad supremamente alta, que casi duplica el promedio de rentabilidad de las doscientas empresas más grandes que hay en el país.

Con el alcalde Enrique Peñalosa, a los operadores privados les ha ido mucho mejor. Las utilidades netas de los operadores de las Fases 1 y 2, en el 2016, primer año de Peñalosa, aumentaron en 29%, mientras que en el 2017, su segundo año, aumentaron en 79%. Lo anterior se sustenta en cifras oficiales que me envió Transmilenio. Mientras que a los operadores les ha ido muy bien, los usuarios la han pasado bastante mal. Hay que ver todas las protestas que se presentan diariamente en la ciudad por parte de usuarios inconformes. Y por supuesto, a los trabajadores del sistema también les ha ido muy mal. Recuerdo que en el Concejo se hizo un debate sobre las condiciones laborales tanto de los trabajadores de los operadores como de los trabajadores de Recaudo Bogotá, quienes sufren todo tipo de atropellos, asuntos que no se resuelven en esta nueva licitación.

Modelo Transmilenio 2.0

Con este modelo nuevo que propone Peñalosa, vamos a tener dos tipos de contratos: uno para los concesionarios que adquieran la flota y la pongan a disposición del sistema y, otro, para los que la operen. Ambos serán inversionistas privados que van a buscar una rentabilidad. Y así, en lugar de pagar una tasa de rentabilidad como la estamos pagando en la actualidad sobre la inversión de los buses, ahora vamos a tener que pagar dos tasas de rentabilidad: una para el que ponga a disposición la flota y otra para los que la operen.

Lo anterior trae consigo unas implicaciones muy graves.

1. La más grave: se va a encarecer el sistema. Parece increíble la afirmación, porque Transmilenio es ya de por sí uno de los sistemas más costosos. Y resulta que ahora se va a encarecer todavía más. En primer lugar, porque pasamos de una sola tasa de rentabilidad a dos. No es un invento mío. En los documentos oficiales que me entregó Transmilenio se puede observar cuáles son los costos bajo un modelo de un solo concesionario y cuáles bajo un modelo de dos concesionarios. El modelo uno, el modelo integral con un solo concesionario, costaría $6 billones, mientras que el modelo dos, de dos concesionarios, costaría $6.14 billones, con proyecciones optimistas, claro está. Según el Estudio de estructuración, con este nuevo Modelo Recargado de Transmilenio, el sistema se encarecería en por lo menos $142.000 millones. Alguien podría decir que $142.000 millones no es nada, pero lo que sucede es que Bogotá padece una de las tarifas más caras de América Latina, que ahora se va a encarecer con este modelo de dos concesiones.

Surge entonces la pregunta, ¿si los estudios demuestran que sale más barato el modelo de una concesión, por qué Peñalosa elige el modelo de dos concesiones? Transmilenio y el Estudio de la Financiera responden con dos argumentos: primero, el más grave, que es una exigencia, una imposición del sistema financiero, una orden de don Luis Carlos Sarmiento Angulo y todos sus alegres compadres. Señala el Estudio que los bancos tienen una especie de aversión a financiar los sistemas masivos de transporte en Colombia, por lo que, para garantizar el pago de los préstamos que hagan para la compra de la flota, exigen que la concesión se separe en dos, una para la adquisición de la flota y otra para la operación. Peñalosa, bien obediente a Luis Carlos Sarmiento, se pone a su servicio y cuadra la licitación bajo el modelo de dos concesiones. El segundo argumento que ellos presentan es que bajo el modelo de dos concesiones, la flota va a estar disponible más rápido. Los asalta una preocupación que yo creo es real, y es que en diciembre se comienzan a vencer los primeros contratos de la Fase I, prorrogados primero por Petro y después por Peñalosa y, como se vencen nuevamente, necesitan que la flota esté disponible rápido. El problema, como ustedes saben, es que pasa mucho tiempo desde la adjudicación hasta que la flota esté disponible.

Ellos calculan que, bajo el modelo de una sola concesión, la disponibilidad de la flota, desde el momento en que se adjudica el contrato, sería de 15 meses. Y bajo el modelo de dos concesiones, se demoraría 9. ¿Por qué la diferencia? Es lo que quiero que me expliquen en su intervención. ¿Por qué el Estudio de estructuración señala que, en el modelo integral actual, el cierre financiero se demoraría más? El cierre financiero es cuando los bancos le otorgan el préstamo a un inversionista, en este caso para la compra de la flota. Arguyen entonces que en el modelo de una sola concesión los bancos tienen que hacer un proceso de debida diligencia para evaluar si el negocio da y asegurarse de que se les puedan pagar los créditos. En cambio, dicen ellos, en el modelo de dos concesiones ese cierre financiero no se demora, porque quienes se van a ganar el contrato van a mostrar una gran capacidad financiera, por lo que el proceso de debida diligencia no se va a tener que hacer. ¡Una suposición sin ningún rigor técnico! Quiero que me la expliquen, porque los bancos les van a prestar a los inversionistas que van a comprar la flota, luego los bancos también van a tener que hacer ese estudio de debida diligencia, lo que lleva a que los tiempos entre el modelo de una sola concesión y el de dos concesiones no sean significativamente distintos, como ellos lo señalan.

Pero además, ya se les vencieron los términos. Con mucho optimismo, la gerente de Transmilenio informa que el contrato se adjudicaría el 5 de julio de 2018. Bajo el modelo de dos concesiones, que según el estudio se demoraría nueve meses, la flota estaría disponible en abril del 2019. Los primeros contratos de Fase I se terminan en abril, luego les va a tocar prorrogar esos contratos una vez más. Esta demora es una irresponsabilidad de Peñalosa y llamo la atención a los órganos de control. ¿Por qué afirmo que es una irresponsabilidad? Porque el alcalde se demoró casi un año para contratar el estudio de estructuración con la FDN. Lo vino a hacer apenas el 29 de diciembre de 2016, un año después de su posesión. Un año para contratar un estudio, cuando él sabía que los tiempos estaban corriendo y que existía este problema de la disponibilidad de la flota. Después, en marzo de 2017, la FDN contrató a dedo, triangulando, como lo hicieron con los estudios del Metro, y hasta octubre tuvimos el estudio de más de mil páginas que ya hemos mostrado. Esta es la primera consecuencia, muy grave.

2. La operación se vuelve más compleja. Si por un lado están los dueños de los buses y por el otro los operadores, todos privados y batallando por su propio interés, pueden presentarse numerosos casos de choques. En el estudio al que me he referido, los de la Financiera hicieron sondeos, se reunieron con los operadores, los fabricantes de los buses y los bancos para ver qué opinión tenían sobre este asunto. Pero antes pregunto, ¿por qué no se reunieron con los trabajadores, señora gerente de Transmilenio? ¡Solo se reúnen con los bancos, con los operadores, con Volvo y con Scania! ¿Y los trabajadores? ¿No son parte fundamental del sistema? ¿No podían aportar su granito de arena frente a los gravísimos problemas que se están presentando? Pero como siempre, es la visión elitista del alcalde Peñalosa la que prima, esa visión que lo lleva a reunirse solo con los bancos, con los de cuello blanco. ¿Qué concluyeron los sondeos? Lo que concluyeron la banca multilateral, los operadores y los fabricantes es que el modelo de dos concesiones va a generar muchos choques entre el concesionario de la flota y el operador. Por ejemplo, si se daña un bus, ¿la responsabilidad es del que puso la flota o del operador? Pero además, se puede presentar algo muy pernicioso: como los buses no son suyos, el operador va a tener un incentivo para rebajar los costos reduciendo los costos de mantenimiento, pues de lo que se trata es de aumentar sus ganancias. En la nueva flota estaremos entonces ante un grave problema mantenimiento de los buses, fuera de control.

3. La tercera consecuencia es que les dan más poder extorsivo a los negociantes privados. Hace poco, el periodista Manuel Salazar, de Canal Capital, señaló que los dueños de los buses habían extorsionado tanto a Petro como a Peñalosa. Tienen un poder de extorsión grandísimo: “Si no cumplen lo que yo quiero, les quito la flota.” En materia de mantenimiento, Transmilenio pierde casi todo el control, porque la tarea va a estar a cargo, fundamentalmente, del concesionario que ponga a disposición la flota. Que rija el mercado, dice la gerente de Transmilenio. Recordemos que cuando rige el mercado, suceden cosas como el caos de Transmilenio.

Frente a la posesión de la flota, como lo explicó el concejal Juan Carlos Flórez, si el concesionario incumple, quien va a entrar en posesión de la flota no es Transmilenio, como sucede hoy, sino el prestamista, el banco. ¿Por qué hacen esto? Responde Transmilenio: “El sector financiero ha sofisticado sus prácticas y consecuentemente no incluir la toma de posesión a su favor es desconocer tales prácticas y poner en peligro la financiabilidad del proyecto. Transmilenio tiene la obligación de evolucionar sus contratos y adaptarlos a las necesidades del mercado.” Lo que estamos viendo es a Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, y a la gerente de Transmilenio, poniéndose al servicio del capital financiero, del capital intermediario rentista, el más parasitario de una economía porque prácticamente no le aporta nada, no produce bienes ni servicios, simplemente funciona como intermediario, como un rentista de capital.

La calidad del servicio no se garantiza con la nueva licitación

Estuve buscando en este estudio los indicadores de calidad para los usuarios y no los encontré. En Medellín, por ejemplo, se les exigen indicadores de calidad a los concesionarios de los alimentadores y al Transmilenio que tienen allá. Cabe recordar que tanto el Metro como el Tranvía tienen operación pública, mientras que lo único que está por concesión es el sistema de alimentadores. Los indicadores que exigen en Medellín son: regularidad, puntualidad, indicadores de operación, accidentalidad, mantenimiento, presentación de los vehículos, desempeño ambiental, desempeño administrativo y grado de satisfacción del usuario. Si no se cumplen esos indicadores, les recortan la remuneración a los privados. ¡Es en Medellín, no en Madrid ni en Londres! Se podía establecer un sistema de indicadores en Bogotá en esta nueva licitación, pero no, no lo hay.

Malas condiciones laborales de Transmilenio seguirán

En el Concejo de Bogotá hicimos un debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sistema. Allí quedó demostrado que están siendo atropellados de distintas maneras. Les cambian los contratos, y en lugar de tenerlos en contratos a término indefinido, se los ponen a término fijo. Las condiciones laborales son muy duras. Por ejemplo, los conductores padecen la jornada partida y están siendo perseguidos por estar afiliados a un sindicato. En un gobierno democrático, se aprovecharía la licitación para dejar explícito en los contratos que se deben cumplir con unas mínimas condiciones laborales, o de lo contrario los privados serán sancionados duramente.

Aprovecho para exigirle además a Transmilenio y a esta Administración que no puede volver a pasar lo mismo que pasó con los trabajadores de Aguas de Bogotá. Se debe establecer dentro de los contratos con los nuevos operadores la obligación de contratar a los actuales trabajadores. Lo digo porque esa cláusula no está establecida en el contrato que publicaron en los prepliegos y debería ser una obligación para los operadores.

Las perlas de la licitación

Quiero denunciar una burla a los bogotanos: las deducciones, que son sanciones por incumplimiento en la disponibilidad de los buses. Cuando los operadores privados incumplen los criterios en la disponibilidad de los buses, se les aplican deducciones en la remuneración, que en un mes podrían ser hasta del 20%. Pero, atérrense ustedes, en esta licitación se estaría limitando la deducción a máximo el 5%. ¿Por qué si hay casos en los que el incumplimiento podría ser muy grave, se le pone un límite tan irrisorio? Sin contar con que el proceso para ejecutar la deducción será bastante engorroso, sobre todo porque volvemos a lo mismo: ¿el incumplimiento fue culpa del que puso la flota o del que la opera? Se crea un supuesto mecanismo para que el operador acuse al dueño de la flota, porque, según arguyen, se tiene que citar un espacio para solucionar el conflicto. Pero al final termina siendo un trámite tan engorroso que convierte la supuesta deducción en una burla.

Por otro lado, con esta licitación no hay reversión de la flota, igual que en la concesión del aseo. Pero resulta que nosotros los bogotanos ya pagamos esos buses y, por tanto, deberían revertir al Distrito cuando acabe el contrato. Si se diera esta reversión, les quitaríamos el poder extorsivo a los inversionistas privados dueños de la flota. Planteo dos asuntos para que la gerente de Transmilenio se refiera a ellos: el Estudio señala que, al terminar los actuales contratos, debe revertir la infraestructura que los operadores privados construyeron, o sea los patios, las estaciones de combustible, etcétera. Pero el Estudio agrega que hay líos para definir cuál es la infraestructura que va a revertir a favor del Distrito. También debe aclararlo la Administración Peñalosa.

Les solicito que me respondan por qué los contratos de Fase 1 y 2 dicen que si entra en operación una nueva troncal, el Distrito puede pedir a los actuales operadores que pongan la flota disponible para operar la nueva troncal. ¿No es una forma mañosa de asignar la troncal a dedo a esos operadores? ¡Y vienen nuevas troncales, como todo lo sabemos! Entonces, ¿qué dice el nuevo contrato al respecto? Lo que yo veo ahí es una clausula muy general que le permitiría a Peñalosa entregar a dedo la operación de las nuevas troncales de Transmilenio a los que se ganen esta licitación. Me surge la sospecha porque la flota se va a aumentar en cerca de un 50%.

Sobre el tema de las tecnologías. Es absurdo que el Distrito no haya elaborado un estudio integral que revise los costos y beneficios de cada una de las tecnologías y alternativas para Bogotá. Tampoco existe ese estudio. Se gastaron 2.000 o 3.000 millones en el estudio de la Financiera de Desarrollo Nacional, en ese cúmulo de mil páginas, y en él no se menciona nada sobre este asunto. Están haciendo cuentas de servilleta o mejor, con Iphone 8, porque esta es una administración más sofisticada. Seguramente las hicieron en algún almuerzo en Anapoima. No existe el estudio que evalúe todas las tecnologías, la de gas, la de electricidad, no existe. Yo siento mi enérgica protesta, porque todo lo que la Administración ha dicho sobre el tema son cálculos alegres.

Frente al tema del Euro VI, quiero empezar aclarando es que Reficar sí produce diésel para Euro VI, como lo dice en su Informe de Gestión del año 2017: produce 20 mil barriles diarios de diésel para Euro VI, ultrabajo en azufre, de menos de 10 partes por millón de azufre. ¿Entonces por qué están diciendo que no existe diésel para Euro VI? No digan más mentiras.

Finalmente, sobre los 400 puntos. ¿Por qué 400 puntos para las tecnologías a gas, eléctrica y Euro VI, si cada una tiene niveles distintos de contaminación? La puntuación debería ser progresiva, otorgándole más a la eléctrica, después a la de gas y por último a Euro VI. Pero además, esta metodología de calificación no garantiza las tecnologías limpias, porque los de diésel van a tener una ventaja enorme. ¿Por qué? La infraestructura para el suministro de diésel ya está construida en los patios, mientras que para gas y energía eléctrica tendrían que construirse nuevas infraestructuras, como lo han señalado varios expertos, haciendo más costoso para los operadores que quieran poner a funcionar la flota con tecnologías limpias. Aquí lo que se tiene que hacer es poner un porcentaje mínimo de flota, como señaló el concejal Álvaro Argote, impidiendo la posible colisión entre operadores y concesionarios que se presenten a la concesión.

Conclusiones

Esto es más de lo mismo, es el Modelo Transmilenio Recargado 2.0. Más privatización y más negocio para grandes conglomerados privados en perjuicio de la ciudad, de los usuarios, de los trabajadores del sistema.

La única solución integral para los problemas de Transmilenio, es permitir la operación pública del sistema, como funciona en Medellín y en las principales ciudades del mundo. Es evidente que a ustedes no les gusta esta propuesta. Son unos dogmáticos de la privatización. Pero ese dogma privatizador de Peñalosa les sirve solo a unos pocos, mientras que perjudica a la inmensa mayoría de los bogotanos.

Un saludo a todos los periodistas presentes. Al concejal Celio Nieves y al senador Jorge Robledo.

Como lo anunciaron el alcalde Enrique Peñalosa y el Presidente Juan Manuel Santos, a las 11 de la mañana van a abrir la licitación del metro elevado. No se conocen aún muchos detalles, pero es una licitación tramposa, producto de un afán politiquero del alcalde y el presidente de querer mostrar un avance sustancial en este proyecto. El afán politiquero puede llevar a Bogotá a un desastre de las dimensiones de Hidroituango o del SITP. Ahora explicaré todos los detalles de por qué estamos haciendo esta advertencia.

Es evidente que están desesperados por mostrar un avance, de mostrarle a la ciudad que ya se va a iniciar la construcción del metro de Bogotá con la apertura de la licitación. Durante sus dos periodos en la Casa de Nariño, el presidente Santos prometió que dejaría lista la licitación del proyecto antes de terminar su periodo. Por eso es que ambos anuncian la apertura de esta licitación el 6 de agosto, un día antes. El alcalde Peñalosa ha incumplido, en varias oportunidades sus anuncios de fechas de apertura de la licitación, como ustedes deben recordar. En la campaña a la Alcaldía, engañando a los electores, dijo que ajustar los estudios del metro subterráneo para el metro elevado era cuestión de meses. Ya han pasado dos años y medio desde que se posesionó y los estudios todavía no están listos, como lo voy a demostrar. El día de su posesión anunció que la licitación se abriría a finales de 2016, en diciembre. Tampoco cumplió. Después que a mediados de 2017, pero tampoco cumplió. En seguida que a finales de 2017, y bueno, incumplimiento total.

¿Cuál es la trampa?

Bajo las normas colombianas de la contratación pública, hoy no podrían abrir la licitación. Está perfectamente definido en la Ley 80 y otras normas que señalan con toda precisión que para poder abrir una licitación se han de cumplir unos requisitos previos. Entre ellos, uno muy importante: se exige tener los estudios previos aprobados y entregados. Sin embargo, a la fecha, los estudios no están listos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacen Santos y Peñalosa para saltarse el mandato legal? Decidieron aprovecharse de una norma muy cuestionada, el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. Cuando un proyecto se financie con recursos de organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, la licitación para su contratación no deberá regirse por la legislación colombiana, sino que podrá hacerlo por las normas que fije la banca multilateral. Es decir, lo que definieron el alcalde Peñalosa y el Presidente Santos es que las normas que van a regir en el proyecto de infraestructura más importante del país no serán las colombianas, sino las que fije el Banco Interamericano de Desarrollo. En el aviso informativo número 01 de la Empresa Metro, de febrero de 2018, se señala con toda precisión que la licitación se va a regir por “Las Políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID”, una norma con la denominación técnica GN2349-9 y que va a acarrear unas consecuencias muy graves para la ciudad, que ahora explicaré. Es bajo estas normas como se va a elegir al contratista que va a construir y a operar el Metro de Bogotá, porque esta licitación no es solo para la construcción, sino para entregar el Metro en concesión durante 20 años, para privatizarlo.

¿Cuáles son las consecuencias?

En primer lugar, pueden abrir la licitación sin contar con los estudios que exige la ley colombiana. Para la estructuración de este proyecto, la Empresa Metro, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, contrató tres estudios. El primero es la estructuración técnica, contratada con un Consorcio integrado por dos empresas, Systra e Ingetec. Ingetec es la misma que está haciendo los estudios del Transmilenio por la Séptima. El segundo es la estructuración financiera, contratada con la firma KPMG. Y el tercero, la estructuración legal, con la firma de abogados Garrigues-Duran y Osorio. Ninguno de los tres estudios, ni la estructuración técnica, ni la financiera, ni la legal están listos. Todos aún en proceso de construcción, según me informó en respuesta a un derecho de petición el gerente de la Empresa Metro, el 4 de julio de 2018. Todos estos estudios tenían que haber estado listos antes de que se firmara el Conpes del Metro y antes de que se aprobaran las vigencias futuras en el Concejo de Bogotá. Sin embargo, según la FDN, sin explicar por qué, ya se había llegado a un nivel de factibilidad pese a que no estar terminados los estudios.

Les he hecho un seguimiento a estos estudios, a los resultados. En varias oportunidades los he solicitado para poder revisarlos. El 18 de mayo de 2018, el gerente del Metro de Bogotá, en respuesta a un derecho de petición, me señaló que los estudios todavía no han sido aprobados ni se ha cumplido todo el proceso que deben cumplir, pero anunció que estarían listos el 31 de mayo. Le envié después de esta fecha otro derecho de petición pidiéndolos. El 4 de julio, hace un mes, me respondió lo siguiente: de los 27 productos requeridos en la estructuración técnica, solo 3 tenían la aprobación de la Interventoría; 2 ya habían sido entregados a la FDN; 16, la inmensa mayoría, aún estaban en revisión por parte de la Interventoría; 3 de ellos fueron devueltos por la Interventoría al consultor, porque habían quedado mal hechos.

¿Cómo funciona este proceso? Los consultores, Systra-Ingetec, entregan los estudios a la Interventoría para su revisión y, si no están completos o son insuficientes, son devueltos a los consultores. O sea, esos tres estudios aún están embolatados. ¿Cuáles son los estudios devueltos? Vean la gravedad. Uno de ellos es el CAPEX, los costos de inversión o lo que calcula el consultor que va a costar el proyecto. Resulta que hace un mes no estaba listo el CAPEX y ya nos estaban diciendo que iban a abrir la licitación del Metro. También se devolvió en esa oportunidad el estudio sobre el programa de obra y flujo de inversiones y el estudio de sistemas de alimentación eléctrica. El gerente me dijo que 3 de esos 27 productos estarían listos cuando se abriera la licitación y que no me preocupara, porque previo al inicio del proceso de selección del contratista, se publicarían todos para su conocimiento y discusión. Pues bien, hoy van a abrir la licitación y es el momento en que no se conocen todos los estudios que se contrataron, estudios que definen si el proyecto es viable o no.  Les llamo la atención sobre esto: aún no conocemos los estudios que definen la viabilidad del proyecto Metro de Bogotá.

Hay otros documentos que confirman que los estudios del proyecto todavía no están listos. Por ejemplo, el BID, en cada proyecto que financia, hace una ficha técnica que publica en su página de Internet. La ficha técnica del BID sobre el Metro de Bogotá dice lo siguiente: “Todavía existen indefiniciones vitales en cuanto a la gestión institucional, la forma de financiamiento, la coordinación de la Primera Línea del Metro de Bogotá con el proyecto de transporte público Transmilenio y sobre la ubicación exacta de las estaciones, las áreas de mejoramiento urbano, talleres y zonas de maniobras de trenes”.

En abril de 2018, la Empresa Metro invitó a empresas interesadas en el proceso a hacerle observaciones y publicó una Hoja de Términos en que incluyó las características generales del proyecto. El 4 de agosto, la Empresa Metro publicó esas observaciones y las respuestas que dio. Miren algunas de las cosas que encontramos. Una de las empresas le pide a la Empresa Metro que le muestre el análisis de demanda, o sea, el número de usuarios que movería el Metro, asunto importante porque es sobre esa base como se hace la Estructuración Financiera. La Empresa Metro respondió que esa información la debe dar es la FDN. Lo sensato hubiese sido subir de una vez la información sobre el análisis de demanda, pero no lo hicieron. Ustedes saben que el proyecto está diseñado con troncales alimentadoras de Transmilenio, la Avenida 68, la Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali. La demanda del Metro, el número de usuarios que se monten, depende de que esas troncales estén listas porque, en teoría, son las que van a llevar esos pasajeros al tren. Las tres troncales están embolatadas. Los estudios del Transmilenio por la Avenida 68 aún no se han terminado. El contrato para los diseños del Transmilenio por Avenida Ciudad de Cali fue suspendido por razones técnicas y financieras. Y los estudios del Transmilenio por la Avenida Boyacá están embolatados.  Es decir, no se puede hacer bien la Estructuración Financiera sin el análisis de demanda y menos cuando los proyectos que van a alimentar de pasajeros al Metro no están listos, ni siquiera sus estudios.

Miren otra de las cosas que pregunta una de las empresas interesadas. Le pidió al gobierno que le mostrara la Estructura Financiera del modelo. La respuesta por parte de la Administración distrital fue que no era posible atender esa solicitud, lo que demuestra una vez más que no tiene listos los estudios, porque, como me lo dijo el gerente de la Empresa Metro hace un mes, la Estructuración Financiera apenas está en construcción.

La Ley 80 de 1993 es categórica en decir que antes de abrir el proceso de licitación se tiene que contar con los estudios suficientes y completos. No los tienen. Esta exigencia legal no es un capricho, llamo la atención sobre esto. ¿Por qué la Ley 80 la hace? Para cumplir con un principio elemental de la contratación pública, el de la planeación, y así tener una certeza mínima de cuál va a ser el alcance del proyecto y cuáles van a ser sus costos. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con esa certeza mínima requerida, hacer una planeación en todos los aspectos, sobre todo en el financiero. Sin embargo, lo que van a hacer es abrir la licitación saltándose estos requisitos legales, lo cual es muy grave. Así sucedió en Reficar. El senador Robledo ha denunciado el escándalo de Reficar, un proyecto con unos sobrecostos por US$4.000 millones, lo que costaría la línea del Metro en principio. Esos sobrecostos se debieron a que antes del inicio del proyecto, no se tenían los estudios listos y completos para hacer una buena planeación del gasto requerido.

¿Qué dicen las normas del BID?

Las normas que rigen la Licitación Pública Internacional se dividen en dos etapas. La primera es la preclasificación de las empresas interesadas en ganarse el contrato. La segunda es la de la publicación de los pliegos y la presentación de las ofertas. Las normas del BID son muy laxas, pues reconocen que no es necesario preparar por anticipado las especificaciones técnicas completas. Es bajo esta norma, bajo esta astucia, como Santos y Peñalosa se saltan los mandatos legales colombianos. La primera consecuencia es evidente: no se cumple con el principio de planeación. La segunda consecuencia es que se puede ocultar información. En la Ley 80 y demás normas colombianas hay dos principios fundamentales de la contratación pública: la publicidad y la transparencia. ¿Qué significan? Que cualquier acto o decisión que se tome en el proceso licitatorio pueda ser conocido por todo el público en general, desde cualquier ciudadano de a pie hasta las empresas interesadas en ganarse el contrato, porque es así además como pueden controvertir las demás propuestas, lo que blinda el proceso de prácticas corruptas. En cambio, las normas del BID, en lugar de tener como principio los procesos la publicidad y la transparencia, se basan en la confidencialidad, en el secreto. Dicen las normas del BID, por ejemplo, que después de que se presenten las propuestas por parte de los oferentes, está prohibido que terceros conozcan las observaciones que el gobierno haga. No se puede conocer nada después de que se presenten esas propuestas y los cometarios que se les hagan. Solo se podrán publicar después de que se exista un hecho cumplido, o sea, que la licitación haya sido adjudicada. Esto es muy grave. Les pongo el ejemplo el contrato de semaforización, también muy cuestionado por la Procuraduría. Después de las ofertas presentadas ofertas para ganarse ese contrato, se descubrió que había una con un precio muy bajo. Se conoció porque se habían publicado las ofertas. También se conoció el concepto que hizo la Secretaría de Movilidad sobre esa oferta con un precio tan bajo, porque era un asunto que llamaba la atención. Podía ser esa típica práctica corrupta donde se ofrece un precio bajo para ganarse la licitación, para después, a través de alguna modificación, buscar aumentar el precio. Todo esto generó un debate y llamó la atención de los órganos de control. ¿Por qué se pudo conocer? Porque la ley exige que se publique todo dentro del proceso licitatorio. Pero para el BID, todo debe ser privado y confidencial, debe quedarse en secreto.

Además, dentro del ocultamiento de información también se viola un asunto básico de las leyes colombianas y es que las reglas de la licitación se deben conocer desde el inicio. Las normas colombianas también establecen que antes de abrir la licitación se han de tener listos los pliegos de condiciones, el documento que contiene todas las reglas de cómo se va entregar el contrato. Bajo las reglas del BID, hoy van a abrir la licitación y aún no se conocen los pliegos de condiciones. Lo que van a hacer hoy es publicar unos requisitos para habilitar a unas empresas interesadas, pero solo las empresas que pasen el proceso de preclasificación podrán acceder después al pliego de condiciones para presentar las ofertas. Todo lo contrario a lo que señalan las normas colombianas.

Pero, además, la confidencialidad que impone el BID para ocultar la información impide el debate democrático. El Metro elevado de Peñalosa, calificado desde el Polo Democrático como un Metro mediocre, caro, feo y alimentador de Transmilenio, ha despertado una serie de críticas. Por esta razón se debería permitir que todas las consideraciones y estudios que se hayan hecho puedan ser conocidos por la ciudadanía y la academia a fin de poder dar opiniones sobre el proyecto. Uno de las prácticas más graves que hemos encontrado en este proceso es la manera como se oculta la información siguiendo las reglas del BID. Hay un problema con los estudios del subsuelo, porque si no hay buenos estudios, el proyecto puede ser un fracaso y con enormes sobrecostos. El alcalde Peñalosa siempre dijo que no se requerían nuevos estudios de subsuelo porque servían los que se habían hecho para el Metro subterráneo. Frente a esta afirmación, la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Comisión de Geotecnia de la Asociación Colombiana de Ingenieros se pronunciaron y le explicaron al alcalde que ese proyecto sí requiere nuevos estudios por varias razones técnicas. Solo señalo la principal: los estudios del Metro subterráneo se hicieron con perforaciones de 50 metros de profundidad y para hacer los estudios del Metro elevado se requieren perforaciones de 80 metros de profundidad. Fueron cartas públicas y pronunciamientos públicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. ¿Qué hizo Peñalosa? En el contrato que firmó con Systra, le dijo que solo tenían que hacer nuevos estudios de subsuelo en la Caracas, porque el Metro subterráneo no pasaba por la Caracas, pero no para el tramo suroccidental, la parte de la Avenida Primero de Mayo. No siguió las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, porque dejó a voluntad del contratista definir si se hacían esos estudios. ¿Qué pasó? Eso es lo que necesitamos saber, y aprovecho para hacerle esa pregunta al gerente de la Empresa Metro: ¿hicieron ustedes esos nuevos estudios? Porque no los conocemos, no los han publicado, y como no han terminado los estudios, no sabemos nada. Pero sobre todo es importante que se conozca cuántas perforaciones se hicieron en el tramo suroccidental, porque en algún debate el gerente Empresa Metro exhibió una diapositiva y mostró que se habían hechos unas perforaciones, pero muy pocas, y que principalmente se iban a guiar por los estudios de subsuelo del Metro subterráneo, que no sirven para el Metro elevado, como lo han señalado los expertos. Esto es muy grave, porque si los estudios quedan mal hechos, pueden suceder accidentes, como los ya conocidos de Hidroituango.

La tercera consecuencia es algo que no se ha discutido mucho. Siempre se discute sobre la construcción del Metro, sobre la licitación para construirlo, pero la licitación que hoy se está abriendo no solo es para la construcción, sino también para entregarlo en concesión, o sea, para llevar el modelo Transmilenio al Metro. Quieren aplicar el mismo modelo que responde a la mala idea de privatizar el transporte público y los sistemas masivos de transporte. El contratista que se gane el contrato se gana no solamente la construcción, sino también la operación por 20 años. Están amarrando todos los negocios en un solo contrato. Ahora, el modelo Transmilenio o modelo de la concesión de los sistemas de transporte público ha fracasado en Colombia. Son muchos los antecedentes que nos llenan de dudas sobre este tipo de decisiones. En Bogotá son conocidos los líos financieros que enredan a Transmilenio y al SITP. Adelanto algo que iba a señalar la próxima semana. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cuando se suman los nuevos requisitos financieros para la licitación de las Fases Uno y Dos de Transmilenio y se suman las exigencias financieras que requiere la reestructuración del SITP, entre 2019 y 2028, el sistema tendría un déficit de $7.3 billones, con b de billetes. Pero, además, el mismo documento señala que no saben cómo van llenar ese tremendo déficit. Que van a buscar recursos adicionales, por ejemplo, a través de la contribución por parqueo que se cayó en el Concejo, o sea que esos recursos adicionales no los van a tener. También dicen que acopiarían recursos adicionales mediante el pago exigido a la ciudadanía para exonerarse del pico y placa, pero eso se cayó en un juzgado de Bogotá. Y es este modelo fracasado, con todos estos líos y particularmente financieros, es el que van a trasladar al Metro de Bogotá. ¿Dónde está el estudio de Estructuración Financiera que justifica el modelo de concesión? No sabemos, no lo han entregado todavía, está en construcción. El truco es impedir que lo pongamos en discusión. ¿Cuáles son los argumentos que da la Alcaldía para trasladar ese modelo al Metro?

Con un agravante, pues con anterioridad se hicieron estudios sobre la conveniencia de entregar el Metro en concesión. En el 2015, la FDN, la misma entidad que está adelantando la licitación, contrató con la firma Sumatoria un estudio que definiera si el Metro debía entregarse en concesión o si la operación debía ser pública, como es lo usual en la mayoría de las ciudades del mundo. Lo que dijo Sumatoria en ese momento fue que, bajo las características del proyecto, no era viable entregarlo en concesión. Hay un estudio de 2015, que sí se conoce, según el cual no es viable entregar el Metro en concesión. ¿Por qué cambiaron ese concepto? ¿Qué argumentan para dar esta voltereta? Es tan complejo entregar este proyecto en concesión, que hasta el alcalde Peñalosa, que todos sabemos es un fanático de las concepciones neoliberales y de las privatizaciones, advirtió en 2015 que el Metro no se podía entregar en concesión. El mismo Peñalosa lo señaló en un libro de entrevistas de Cecilia Orozco que se llama ¿Qué hacer con Bogotá? Pero, como expliqué, no contamos con ese estudio y la administración va a abrir la licitación aduciendo ahora que debe ser por concesión.

Un elemento adicional. Le pedí al gerente de la Empresa Metro enviarme el estudio que justificaba que el Metro fuera privatizado durante 20 años bajo una concesión. Me contestó que los estudios no estaban listos, pero envió un acta del comité interadministrativo del convenio que está adelantando el proyecto. Leí el acta, que no tiene muchos argumentos y es más bien general, y arguye que la mejor alternativa es que se entregue el Metro en concesión. Sobre la propuesta de privatizar el Metro, añade: “Es importante precisar que este ejercicio se realizó en agosto de 2017, cuando aún no se conocían los montos de las vigencias futuras que la nación aprobaría para financiar el proyecto, por lo cual la opción de la financiación privada resultaba mejor desde el punto de vista de asignación de riesgos”. ¿Qué quisieron decir? Que cuando decidieron irse por la idea de un Metro en concesión, lo hicieron sin conocer bien cuáles serían las vigencias futuras, los recursos que la Nación aportaría para el proyecto, y que de acuerdo con ese escenario, lo mejor era irse por el Metro en concesión. Bueno, ya que se conocen las vigencias futuras, el monto de financiación que le corresponde al gobierno nacional, y yo pregunto: ¿no debieron revisar la anterior conclusión? ¿Si la conclusión la hacen sobre la base de una premisa, y cambia la premisa, no habría también que cambiar el resultado?

Otra consecuencia no menos grave para el país. La decisión de someternos a las normas del BID nos encadena a los tribunales internacionales, muy cuestionados porque fallan, no de acuerdo con el derecho colombiano, sino sobre todo por algo que se conoce como la “costumbre internacional”. ¿Qué es la costumbre internacional? Nadie lo sabe. Son las normas que fijan las multinacionales en sus negocios, generalmente contrarias a los intereses de las naciones. Colombia se metió en un problema de marca mayor al aceptar los tribunales internacionales de arbitramento. Hoy el país padece demandas por alrededor de 5.000 millones de dólares, demandas como las de Gas Natural, Comcel y Telefónica, Eco Oro por el tema de Santurbán y la última, la sinvergüencería de Odebrecht, una multinacional corrupta que se ganó contratos a punta de sobornos, de demandarnos por la suma de 3.6 billones de pesos.

La última consecuencia de entregarle todo el proceso al BID es que este banco queda con poder de veto sobre el proyecto. Alguien podría decir que el BID es una organización muy técnica de seres celestiales que buscan el desarrollo de los países. No, es una organización de banqueros, que responden a intereses definidos. La experiencia que el país ha tenido con este tipo de contrataciones que se regulan por las normas del BID es bastante negativa. Solo voy a poner tres ejemplos para que ustedes dimensionen los alcances. 1) La estructuración financiera y técnica de Hidroituango se hizo con el BID, bajo sus normas y con un papel protagónico. Es más, bajo las normas del BID se contrató el estudio para definir la confiabilidad de los estudios de Hidroituango. Existen muchas discusiones sobre esos estudios, que no estaban bien hechos y que no fueron suficientes, señalan algunos. El BID, el mismo organismo encargado de definir como se debe hacer la licitación del Metro de Bogotá fue el que definió si el proyecto de Hidroituango era viable o no. El BID también definió la confiabilidad de los estudios que justificaron el proyecto MIO de Cali, un proyecto que ha fracasado en su totalidad, que está quebrado como la mayoría de los sistemas Transmilenio en todo el país. El tercer fracaso que quiero mencionar de un proyecto contratado bajo las normas del BID es el SITP, pues su implementación estuvo bajo la supervisión de este banco. ¿Qué quiero decir, en síntesis? Que el BID no garantiza absolutamente nada. Queda en evidencia además que lo que existe es un afán politiquero de Santos y Peñalosa de mostrar algo, de decir que se va a abrir la licitación el día antes de que se cambie de Presidente.

Algunos han preguntado en estos días cuáles son nuestras expectativas sobre el nuevo gobierno, porque finalmente es el que pone el 70% de la financiación. Contestamos que es lo mismo que Santos, la misma alcahuetería con los absurdos que está planteando el alcalde Peñalosa. Los partidos que respaldan a Iván Duque son los mismos partidos que le han aprobado todo a Enrique Peñalosa. Recordemos que Iván Duque, el nuevo Presidente, fue empleado por más de diez años del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un señor de ellos, del BID. Y repito, el BID no es ninguna organización filantrópica, es una organización de banqueros que actúan como banqueros. Entonces, el Presidente de Colombia es alguien de las entrañas de este banco. Es muy grave para Bogotá lo que va a suceder y por eso hacemos estas advertencias.

Élite política ha condenado al país y la ciudad al desempleo y la informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. Peñalosa persigue a vendedores informales y viola las sentencias de la Corte Constitucional. La administración insiste en medidas que han fracasado, mientras les entrega espacio público a consuegros del Presidente Santos.

26 de julio de 2018. Debate de control político en el Concejo de Bogotá. Intervención del concejal  Manuel Sarmiento

Comienzo con un saludo muy especial para los vendedores informales que nos acompañan en el recinto y les agradezco por atender la invitación a este debate de control político. Es sabido que el gobierno de Enrique Peñalosa es muy reaccionario, muy antidemocrático. Es un gobierno dedicado a montarles grandísimos negocios a los cacaos nacionales y extranjeros, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Pero si hay algo que refleje el talante antidemocrático y autoritario del gobierno de Enrique Peñalosa, es la persecución contra los vendedores informales de la ciudad, tratándolos como criminales. Al considerarlos criminales, la administración distrital ignora que es un problema social y decide reprimir con el bolillo. Todas estas actuaciones violan la Constitución y la ley, además de una serie de garantías ya adquiridas por los vendedores informales.

Entiendo que la ocupación del espacio público por los vendedores informales pueda incomodar a algunas personas, que ellos ocupen las aceras puede ser incómodo para los peatones, incluso que en algunos sitios de la ciudad puedan generar desorden. Sin embargo, esto no justifica el maltrato. A los ciudadanos quiero decirles que el problema es social, o sea es el resultado de una política económica que se ha impuesto en el país hace varias décadas y que hace que tengamos unos de los desempleos más altos del mundo y altas tasas de informalidad. No podemos esperar que el espacio público sea como el de Europa, si la pobreza es como la de África. El resultado obvio, de una situación social y económica como la que enfrenta el país, es miles de ciudadanos, centenares de miles, obligados a salir a la calle a rebuscársela para ver cómo pueden sobrevivir con su familia. Son esas personas a las que Enrique Peñalosa, el secretario Miguel Uribe y la directora del DADEP tratan como criminales.

Situación económica condena a millones la informalidad

Empecemos por mirar la situación económica, porque la política frente a los vendedores informales parte de entender cuál es la realidad de este país. Lo cierto es que la élite política y económica ha fracaso en el objetivo de desarrollar a Colombia. Lo ponen en evidencia las siguientes cifras. La generación de riqueza por habitante es supremamente mediocre. Cada colombiano al año genera alrededor de US$6.300, mientras que en Argentina, un país vecino, se generan el doble (US$14.400), en Corea del Sur casi cinco veces (US$29.700), y en países desarrollados como Estados Unidos, cerca de diez veces más (US$59.500). Somos un país subdesarrollado y eso tiene como primera causa la mala política económica impuesta por los gobiernos desde Pastrana, Gaviria, Uribe y Santos. Por supuesto que hay unos a los que les va muy bien, como al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, feliz con la situación que padece el país. A ellos les va muy bien, pero a la inmensa mayoría de los colombianos les va supremamente mal.

La situación también se refleja en Bogotá, sobre todo durante los últimos dos años de la administración del alcalde Peñalosa. El crecimiento económico es prácticamente inexistente. En 2016, apenas un 2,9% y en el 2017, 2,3%. Lo anterior ha hecho que durante la administración Peñalosa los indicadores sociales se hayan deteriorado dramáticamente. El desempleo fue de 8,7% en el 2015, y en 2017 aumentó a 10,5%. Esto quiere decir que, durante los dos años de gobierno de Peñalosa, cerca de 86.000 personas perdieron el empleo. Si miramos por localidades, la situación es bastante crítica.

Frente al desempleo juvenil, el cuadro es todavía peor. Durante la gestión de Peñalosa, el desempleo juvenil viene disparado. Entre enero y marzo de 2015 y enero y marzo de 2018, pasó de 13,7% al 19%. La informalidad laboral tampoco ha mejorado sustancialmente. Seguimos teniendo uno de cada diez trabajadores en Bogotá en la informalidad, porcentaje que se agrava en relación con el desempleo de las mujeres. En el primer trimestre de 2015, el desempleo en mujeres se ubicó en 9,6% y para igual periodo de 2018 ya ascendía a 12,7%. La pobreza monetaria, durante los dos años de esta administración, también ha aumentado. En 2010 teníamos una pobreza monetaria de 10,4% y en 2017 aumentó a 12,4%, lo que significó que cientos de miles de personas en Bogotá engrosaran las filas de la pobreza. Para Peñalosa estas cifras son insignificantes, como lo dijo en uno de sus característicos pronunciamientos de desprecio contra la gente humilde.

El resultado lógico es que centenares de miles de personas se vean arrojadas al rebusque para poder tener ingresos que les permitan sobrevivir. Por eso es que insistimos en que el enfoque con el que se debe tratar la informalidad laboral en Bogotá, en especial, en el caso de los vendedores informales, no es de seguridad sino social. Como primera conclusión: Peñalosa atiende el problema de la informalidad con un enfoque totalmente equivocado, porque parte de la idea errónea de que los vendedores informales son un problema de seguridad.

Vendedores informales sí son población vulnerable

Esta administración ha urdido todo tipo de mentiras para justificar su desastrosa política. Cuando ordenó este año el desalojo en el barrio El Restrepo, lo hizo con afirmaciones falsas. Los funcionarios se atrevieron a decir que la mitad de los vendedores informales no eran vulnerables y que tenían carros de alta gama, mejor dicho, carro, beca y casa. ¡Que eran grandes negociantes aprovechándose ilegalmente de la ocupación del espacio público!

Quiero entonces aprovechar para mostrar algunas cifras basándome en la caracterización hecha por el IPES en el 2016, que a su vez utilizó el registro único individual de vendedores informales, alrededor de 50.000 personas. Ese registro adolece de subregistro, porque algunas cifras señalan que los vendedores informales son cerca de 120.000. Pero bueno, usemos el informe del IPES del 2016. Allí se señaló que la mitad de los vendedores informales son mujeres. Llamo la atención a la bancada de las mujeres en el Concejo de Bogotá, porque cada vez que ustedes le aplauden a Peñalosa los desalojos arbitrarios, están aplaudiendo la violencia contra mujeres que no tienen otra salida que irse a la calle. Otra cifra reveladora: el 70% de los vendedores informales solo tiene estudios hasta quinto de primaria. ¡El 70%! Siete de cada diez vendedores informales en Bogotá solo tienen primaria completa. Esto ya refleja que se trata de una población en condición de vulnerabilidad, no los magnates que presenta la administración de Enrique Peñalosa. El estudio también señala que ocho de cada diez vendedores, el 80%, viven en una vivienda de estrato 1 y 2. Aun así, la directora del DADEP se empecina en decir que son unos ricachones con casa y carro aprovechándose del espacio público. Miremos entonces este dato: el 99,8%, prácticamente todos, carece de casa propia, según el cotejo que hizo el IPES de los vendedores inscritos y Catastro Distrital. También señala el estudio que el 99,9% de los vendedores no tiene carro, según el cotejo que se hizo con la Secretaría de Movilidad. ¡Le debería dar pena a esta administración salir con tanto cuento! Le exijo a la directora del DADEP pedirles disculpas a los vendedores informales de Bogotá a los que usted, hace unas semanas, llamó magnates. Un trato inaceptable, porque son personas sufriendo a sol y lluvia, no solo por lo difícil del trabajo, sino por la persecución que les hace el gobierno nacional y distrital. Un modelo económico inicuo los empuja a la informalidad en las calles y Peñalosa los espera allí con el bolillo. Porque si hay algo a lo que se ha dedicado el alcalde en sus dos años y medio de gestión, es a hacerle señalamientos a los vendedores, estigmatizarlos, tratándolos como criminales.

A mí me gustaría que a usted, señora directora del DADEP o al alcalde Peñalosa, les tocara algún día someterse, como ellos, al gota a gota, sin prestaciones sociales, sin derecho a pensión y sin ingresos suficientes para suplir las necesidades de sus familia. Y que cuando usted o el alcalde no estén en condiciones de trabajar un día, por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, vean en el rostro de sus hijos, al llegar a la casa por la noche, los ojos del hambre. Ellos deben trabajar jornadas extenuantes, desde las 4 ó 5 de la mañana hasta muy tarde en la noche. ¿Les parece que es por placer que esas personas se hayan visto forzadas a ser vendedores informales? No, es por física necesidad por lo que salir a las calles a exponerse a todo tipo de riesgos para su salud como el clima, el sol y la lluvia, la inseguridad, porque los vendedores también son víctimas de la inseguridad que en Bogotá está disparada. No son ellos los causantes de la inseguridad, como lo aduce el alcalde.

Tengo recopiladas miles de citas del alcalde estigmatizándolos, comenzando por el Plan Distrital de Desarrollo que aprobaron las mayorías de este Concejo. ¿Sabe qué concluye el Plan de Desarrollo? Que el espacio público es un problema de falta de autoridad. ¡No! Es un problema social y económico que obliga a miles de personas al rebusque para poder sobrevivir! Y les cuento. En muchas zonas los bogotanos aseguran que los vendedores informales les dan mejores condiciones de seguridad. Recuerdo que estuve acompañando a unos vendedores informales desalojados por la anterior administración en los alrededores de la Universidad Javeriana. ¿Qué decían los estudiantes? Que los vendedores informales apostados a la salida del túnel generaban mejores condiciones de seguridad, especialmente a altas horas de la noche.

No me malinterpreten. No estoy negando que haya algunas personas infiltradas entre los vendedores informales para cometer actos delictuales. No lo niego, como tampoco que muchos vendedores puedan ser víctimas de personas que les cobran por el uso del espacio público. Pero en una democracia, se debe individualizar a cada una de las personas que estén cometiendo algún tipo de acto delictual, porque no se puede generalizar. Si yo asumiera la tesis que ustedes sostienen frente a los vendedores ambulantes, podría también decir que todos los banqueros, sin excepción, son unos ladrones de cuello blanco, porque ahí está el caso de los ladrones de Invercolsa. Pero no, ahí sí me replican ustedes exigiéndome individualizar y no hacer señalamientos generalizados, porque cómo se atreve usted, concejal Sarmiento, a decir eso de los señores banqueros, tan caballerosos y tan honorables.

Administración Peñalosa viola sentencias de la Corte Constitucional

Miremos los criterios jurídicos que existen sobre las ventas informales, porque puede haber más de cincuenta sentencias de la Corte Constitucional. No las voy a leer, pero todas han señalado con precisión que los vendedores informales son población vulnerable, que se les tiene que dar una serie de garantías en el momento de la recuperación del espacio público. Esas garantías son, en primer lugar, el debido proceso, una serie de pasos señalados. Pero, además, que, dentro de ese debido proceso, antes de proceder con el desalojo, se le ofrezcan una alternativa al vendedor que, según la Corte, “satisfaga sus necesidades de forma efectiva”, o sea, una alternativa económica real. Que les digan antes del desalojo, “señor, señora, ustedes no pueden estar acá, pero lo vamos a reubicar en este lugar donde va a poder tener unos ingresos por sus ventas, que no se van a disminuir o en caso tal le vamos a garantizar un empleo, etc.” El gobierno de Enrique Peñalosa no lo está haciendo, lo está violando sistemáticamente. En unas declaraciones que dio para Canal Uno, se puede ver la opinión del emperadorcito sobre las sentencias de la Corte Constitucional. Considera que él, al ser el rey de Bogotá, puede pasarse por encima las sentencias de este máximo órgano constitucional.  Bueno, él tiene su derecho a molestarse con las sentencias y a decir que no le gustan, pero lo que no puede hacer es violar las sentencias. Como lo vamos a demostrar en este debate, con casos específicos como el del Centro Comercial Plaza de las Américas, el alcalde Peñalosa y toda esta administración se han dedicado de manera sistemática a pasar por encima de la Corte Constitucional.

Quiero señalar un hecho bien importante. Hay un decreto, el 098 de 2004, que establece un procedimiento para recuperar el espacio público, un poco recogiendo los criterios de la Corte Constitucional. Sin embargo, encierra una trampa grandísima, porque en los artículos 12 y 13 establece que en las zonas de espacio público recuperado y en las zonas especiales se podrán hacer desalojos sin cumplir con todos los criterios señalados por el decreto y por la Corte Constitucional. En Bogotá casi todo el espacio público es recuperado, casi el 80%, un espacio público recuperado falso, como lo indican las cifras del DADEP: en Bogotá hay 717 zonas consideradas espacio público recuperado, y de esas, 653, el 90%, se declararon entre 1996 y 2005. O sea que, por allá en 1998, algún alcalde local le dio por expedir una resolución que decía que cualquier zona era una zona de espacio público recuperado, pero resulta que nunca se recuperó. Llevamos veinte años desde que se expidió esa resolución, y el espacio público sigue siendo ocupado por vendedores informales. Llega entonces el alcalde Peñalosa, con su talante arbitrario, y dice: “Voy a proceder a sangre y fuego, porque no estoy obligado a cumplir con el procedimiento que señalan el Decreto 098 y las sentencias de la Corte Constitucional”.

Frente al tema de los desalojos, creo que nos debemos poner de acuerdo en algo. Previo a un operativo de recuperación de espacio público, lo que debe hacer la administración para cumplir lo preceptuado por la Corte es brindarles alternativas reales a los vendedores informales. Pero resulta que la Alcaldía de Peñalosa está ofreciendo prácticamente las mismas cosas que ofrecieron las administraciones de Petro, Samuel Moreno y Garzón. Esas ofertas no son alternativas reales que permitan garantizarles ingresos a las personas que son desalojadas o que van a serlo. En respuesta a un derecho de petición, el IPES me contestó que, entre enero de 2016 y enero de 2018, en los operativos de recuperación del espacio público se identificó a 2.131 vendedores, pero solo se les hizo oferta a 1.694. Eso quiere decir que al 20% de los vendedores identificados ni siquiera se les hizo oferta, lo que viola las sentencias de la Corte y los decretos respectivos. Es más. De esos 1.694 a los que se les hizo oferta, aceptaron apenas 192, el 9%, solo nueve de cada cien vendedores informales desalojados en estos operativos aceptaron las ofertas del Distrito. ¿Cómo serán esas ofertas de malas, que ellos prefieren quedarse donde están, enfrentando a la Policía?

Miremos otras cifras del IPES que nos permite constatar lo que estoy mencionando. A abril del 2018, han abordado a cerca de 21.967 vendedores informales previo a un operativo de recuperación de espacio público, pero solamente 7.156, el 30%, han aceptado las ofertas. Es un indicador que muestra que estas ofertas no garantizan ingresos a los vendedores que pierden su puesto de trabajo en las calles.

Peñalosa insiste en el error

Lo de siempre. No hay ningún cambio con respecto a la anterior administración. Se ofrecen alternativas comerciales, quioscos, muchos de ellos mal ubicados. Se están ofreciendo módulos, bajo un programa llamado “Antojitos para todos”, para los adultos mayores y personas en condición de discapacidad, puntos comerciales que han fracasado porque los arrinconan en las peores partes de la ciudad, donde no pasa una persona para venderles un chicle, zonas comerciales absolutamente deficientes, donde no hay demanda. Entonces, ¿quieren que la gente salga de la calle y se arrincone en uno de estos puestos comerciales donde no se vende nada?

Se ofrecen programas de emprendimiento, créditos, que tampoco han servido. En anteriores oportunidades les han ofrecido créditos y terminan endeudados con alguna entidad financiera, pero no solucionan sus problemas. Les anuncian ofertas laborales, pero no puestos fijos, no, lo que les dicen es que salgan del espacio público y lleven su hoja de vida a tal lado. ¿Garantía de que lo van a contratar? ¡Ninguna! Menos cuando el nivel educativo de todos es bajo, como ya lo mencioné. Por otro lado, el grueso de las ofertas del Distrito son las capacitaciones, la famosa formación para ser guardas de seguridad, o un curso de contaduría, que tampoco garantizan nada. No me han contestado ustedes, pero les solicito que discriminen, de todas las ofertas que han hecho, cuales son de qué tipo, así como de las ofertas aceptadas.

Insisto, estas ofertas no han funcionado. En febrero de 2017, dos años después de posesionado el alcalde Peñalosa, la Personería hizo una visita a uno de esos puntos comerciales, en el 20 de Julio, el llamado Recinto Ferial, y su conclusión es lo mismo de siempre: de 622 espacios existentes, solo se habían ocupado 40, el 6%. Esto demuestra que no funcionan este tipo de políticas. Lo ratifica la Contraloría. El ente de control concluyó que no funcionan, que no atacan el problema grave de la informalidad ni atienden las necesidades de los vendedores informales.

Sobre el tema del empleo. Buena parte de las ofertas de empleo se hacen a través de la Agencia de Empleo del Distrito, una entidad que recibe las hojas de vida de las personas inscritas para ubicarlos en vacantes que ofrecen empresas privadas e instituciones públicas. En junio de 2018, la Secretaría de Desarrollo Económico publicó un estudio, que se puede consultar en la página del Observatorio de Desarrollo Económico, realizado por el doctor Luis Felipe Dussán. Concluye que esta política tampoco está funcionando, comenzando porque los funcionarios que atienden o que son contratados por agencia son cuotas burocráticas de políticos, según el mismo estudio, y no están calificadas para prestar un buen servicio. Además, las cifras lo demuestran. Miren: de cada cien inscritos en la Agencia de Empleo del Distrito, apenas diez obtuvieron un empleo. De cada cien vacantes ofrecidas, entre las que se encuentran las ofrecidas a los vendedores informales, solo seis fueron llenadas. ¡Es un fracaso, no está funcionando bien! Por eso es que los vendedores informales no les comen cuento cuando les prometen trabajo.

Finalmente, lo que denuncia la Contraloría sobre los informes de gestión del IPES es muy grave. El IPES se jacta de haber ejecutado el ciento por ciento de las metas, pero la Contraloría, después de un análisis detallado sobre esta administración, afirma que no es cierto. Por ejemplo, en el programa de generación de alternativas comerciales transitorias, el IPES dice que ejecutó el ciento por ciento, pero la Contraloría dice que no ejecutó el 40%. Lo mismo sucedió en el programa de oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales. Señores funcionarios de la administración Peñalosa: ustedes están mintiendo en los informes de gestión, les enrostra a la cara la Contraloría.

Tratan a los vendedores como criminales y entregan espacio público a sus compadres

Mientras Peñalosa persigue a los vendedores informales como criminales, por otro lado, adelanta una política de privatización del espacio público a favor de sus compadres, los amigotes que le financiaron la campaña. En esto tiene mucho que ver un decreto expedido por la administración de Gustavo Petro, el 456 de 201, según el cual, hay que entregar en subasta la explotación económica del espacio público, subasta que gana quien tenga más recursos, visión a mi juicio equivocada. También tiene que ver el Conpes 3718, de enero de 2012, que señala que las Alcaldías tienen que aprovechar la explotación económica del espacio público a través de particulares, mediante distintos mecanismos, entre ellos, las alianzas público-privadas.

Muy en su salsa, ni corto ni perezoso, el alcalde Enrique Peñalosa se ha apresurado a aprovechar ambas disposiciones. El caso que voy a mencionar lo conoce muy bien usted, señora directora del DADEP, porque los que se van a beneficiar de esos contratos también son muy cercanos a usted. En este momento se están tramitando tres solicitudes de alianzas público-privadas, de contratos para que los privados puedan explotar económicamente el espacio público. De las tres APP, una queda en la plaza de la Calle 100, otra en la plaza de la Calle 136 y otra en la plaza de Quinta Camacho. ¿Quiénes son los privados que están detrás de estos tres contratos? Son básicamente tres empresas, de propiedad de los siguientes personajes: Mario Fernando Pinzón, que le donó 50 millones a la campaña de Peñalosa y consuegro de Juan Manuel Santos; Alicia Naranjo, quien fue directora del espacio público en el primer gobierno de Peñalosa y quien, entre otras cosas, también montó varias concesiones de parqueaderos y es esposa de Mario Fernando Pinzón, o sea, consuegra de Juan Manuel Santos; y el tercero es Mario Felipe Pinzón, hijo de estas dos personas y también con vínculos familiares del señor Juan Manuel Santos. A ellos les van a entregar los tres contratos, ya en etapa de factibilidad. Quiero traer a colación que la directora del DADEP tuvo que declararse impedida para estos tres contratos porque es muy cercana a los negociantes que están detrás de esas tres alianzas público-privadas.

Seguramente les van a terminar dando esos contratos, pero insisto en que el hecho prueba algo muy absurdo. Mientras que los vendedores informales luchan para estar en el espacio público y ganarse algo mínimo para poder sobrevivir, el alcalde Peñalosa adelanta contratos para montarles cuantiosos negocios a personajes de cuello blanco, consuegros de Juan Manuel Santos y financiadores de su campaña a la Alcaldía. Es un gobierno plutocrático, un gobierno que solo quiere favorecer a los grandes cacaos, tanto nacionales como extranjeros.

Las propuestas del Polo Democrático

Hay que cambiar el modelo económico. Sin hacerlo no vamos a poder resolver el problema de la informalidad. Ahora, esto se demora unos años, pero podemos ir adelantando otras políticas que logren mitigar sus desastrosos impactos sobre las personas.

1. Hay que hacer un censo de los vendedores informales, a partir del cual se puedan tomar decisiones y establecer una política seria. Si no se sabe cuántos vendedores son, ni cuáles son sus características, es muy difícil enfrentar el problema de forma adecuada.
2. Hay que establecer una política de empleo público y privado, es decir, que a las personas hoy sometidas a todo tipo de inclemencias y al trabajo informal, se les ofrezcan alternativas de empleo real, tanto en entidades públicas como en algunas empresas privadas.
3. El proceso de reubicación se debe hacer de manera idónea en sitios donde haya posibilidad de vender y donde la alternativa no sea la ruina inevitable. Pero esta medida no es suficiente, porque hay 120.000 vendedores informales en Bogotá, por lo que será imposible reubicarlos a todos, ni darles empleo.
4. Por tal motivo, se tiene que establecer una política pública que permita que los vendedores informales se mantengan en el espacio público, con unas determinadas reglas para que haya más orden. Que se definan unas reglas que garanticen el espacio para el vendedor y para el peatón. Este tipo de medidas han sido exitosas en otros países. En la India se hizo una inmensa movilización que obligó al gobierno a establecer una política que permite una ocupación ordenada del espacio público. Sin embargo, en Bogotá, estamos ante una administración con una visión plutocrática y antidemocrática, que los trata como delincuentes. Ante esto, el único camino es la organización, la unidad y la movilización civilizada, pacífica y democrática.

La única forma como se van a poder defender los vendedores informales, frente a este alcalde vendedor de buses, es llenando la Plaza de Bolívar para exigir que respeten sus derechos como trabajadores.

Vídeo de la intervención:

“La industria está quebrada”

Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el Concejo de Bogotá, 17 de mayo de 2017.

Comienzo por señalar que este es un debate muy importante para Bogotá y para el país, pero particularmente para el Polo Democrático Alternativo, partido que se ha caracterizado desde su fundación por defender la industria nacional, al contrario de lo que han hecho el resto de los partidos políticos, que han respaldado toda la política de libre comercio, la apertura económica y los TLC.

El Polo apoya la industria y la producción nacional

En el Polo hemos sido muy críticos de los grandes meganegociados de Santos y de Peñalosa, como las privatizaciones, los TLC y las alianzas público-privadas, que tanto daño le hacen a la ciudad, pero defendemos los buenos negocios. Son los buenos negocios para la ciudad los que precisamente no promueven ni el gobierno nacional ni la administración del alcalde Enrique Peñalosa. El Polo defiende la causa de la industria nacional y por eso acompañamos las justas luchas de los empresarios y de los trabajadores.

¿Por qué defendemos los buenos negocios para el país y por qué, en consecuencia, llamamos la atención sobre la crítica situación de industria nacional? Está demostrado, por la experiencia de los países desarrollados y por la de Colombia, que la industria es imprescindible para el desarrollo económico. Pero aquí los gobiernos de Uribe y Santos, como los anteriores, se montaron en la locomotora minero-energética y le causaron graves daños a la industria nacional. Con la teoría de las ventajas comparativas, nos metieron el cuento de que el país tenía que especializarse en los sectores extractivos, y la realidad es que la industria nacional se está hundiendo y los gobiernos no hacen nada para salvarla. Al contrario, empeoran cada vez más la situación.

Colombia es un país que adolece de dos graves problemas: el uno, la mala distribución de la riqueza, muy concentrada en unos pocos, y es por eso que estamos siempre dentro de los diez países más desiguales del mundo. Pero además, producimos muy poca riqueza. Colombia registra un mediocre PIB per cápita de apenas US$6.000, mientras que en países desarrollados como Estados Unidos el PIB per cápita supera los US$50.000, en Japón supera los US$34.000, en Alemania los US$41.000. Entonces, por más que se mejore la distribución de la riqueza, si no se produce más, jamás va a solucionarse el grave problema de atraso productivo y de pobreza que padecemos. Insisto en recordar que la industria es fundamental para la generación de riqueza por el valor agregado, por los encadenamientos productivos y por toda una serie de cualidades que no voy a detallar.

Dani Rodrik, un economista de Harvard muy estudioso de estos temas, afirmó recientemente en un artículo que sin industria no puede haber desarrollo económico estable, crecimiento económico estable. Y como lo voy a demostrar en este debate, si por algo se caracterizan los gobiernos de Santos y Peñalosa es por despreciar la industria.

Confecciones, textiles y calzado, de los más afectados

Las confecciones, los textiles y el calzado constituyen un pilar fundamental, como primer peldaño para la industrialización de un país.

La industria bogotana no es para nada despreciable. Representa el 21% de la industria nacional, una quinta parte, y genera el 25% de los empleos del sector industrial de todo el país. A pesar de la enorme crisis, la industria de los textiles, confecciones y calzado produce al año $4.5 billones y genera 190.000 empleos, hoy amenazados por las malas políticas de Santos y de Peñalosa, que se han dedicado, como los anteriores, a destruirla.

La crisis de la industria nacional está documentada con una serie de estadísticas en las que no me voy a detener mucho, porque lo que quiero es llegar a las causas del problema. La participación de la industria en el PIB nacional, en la generación de la riqueza, ha venido disminuyendo. En la década de los 80, por cada $100 de riqueza que se producía en el país, $20 provenían de la industria. Y para el 2016, por cada $100 de riqueza producida, apenas $11 provenían de la industria. El PIB industrial bajó nueve puntos porcentuales. ¡Estamos ante un proceso de desindustrialización! Me pregunto si el secretario de Desarrollo Económico va a pararse aquí en este recinto a aducir que no estamos en un proceso de desindustrialización, sino que la industria bogotana se ha tercerizado y algunos sectores hacen hoy parte del sector servicios. No, no es cierto, como tampoco que la industria bogotana se haya ido para el departamento de Cundinamarca. Se han ido algunas empresas, no lo niego, pero el PIB industrial de Cundinamarca se ha mantenido estable en los últimos 15 años. Esa no es entonces una verdadera explicación. La razón de fondo radica en que las empresas industriales de Bogotá se han venido quebrando.

La industria de Bogotá pasa por una crisis dramática. La participación de la industria bogotana en el PIB bajó del 13% en el año 2000 al 9% en el año 2005. Llevamos cinco años seguidos, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, en que la producción industrial viene cayendo. La del 2015 fue inferior a la de 2010, o sea, venimos de para atrás, como los cangrejos, y ni el gobierno nacional ni el distrital toman medidas. En el 2016 la producción cayó en 3.1%, y por tal razón, el empleo industrial ha venido perdiendo participación en las cifras de empleo de Bogotá.

La producción también ha venido disminuyendo en las confecciones, el calzado y los textiles. En el año 2010, a precios de año 2005, que es como lo mide el DANE, la producción fue de $2 billones. En 2015 estuvo en $1.9 billones y en 2016 el sector de las confecciones cayó 3.1%, y el del cuero y calzado cayó 6.7 %.

Uno ve ahora las cifras y solo encuentra números rojos, porque todo está cayendo, las ventas, la producción, el empleo. Muy grave, porque la industria, a juicio del Polo, es el sector que es el sector más estratégico de cualquier economía y el que jalona de mejor manera el desarrollo.

Las causas

Esta parte de mi intervención quiero dirigírsela a los empresarios y trabajadores que hoy nos acompañan. Una primera gran causa de la crisis de la industria es el libre comercio, la apertura económica, la globalización neoliberal, los tratados de libre comercio, como quieran llamarlos, una política que se aprobó en 1990. Ya hoy vemos los resultados. El libre comercio consiste básicamente en que el Estado desmonta los instrumentos para respaldar a la industria nacional y favorece en cambio la producción extranjera. Es una política calculada para reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero.

La apertura arrancó bajo el gobierno de César Gaviria. El senador Robledo viene diciendo que aquí llevan décadas gobernando los mismos con las mismas. Me puse entonces a averiguar qué hacían por aquella época ciertos personajes y vean ustedes lo que descubrí:

El doctor Juan Manuel Santos era ministro de Comercio Exterior del presidente César Gaviria. Ambos fueron quienes arrancaron con toda esta debacle.

El ex presidente Álvaro Uribe Vélez era el senador estrella del gobierno. Recordemos que él fue quien patinó como ponente la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993 y todas las demás medidas neoliberales.

El doctor Enrique Peñalosa era director del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda, el del famoso UPAC.

O sea, los mismos con las mismas. La apertura económica causó toda clase de daños, que no a detallar. Solo me voy a detener en uno, la drástica rebaja de los aranceles. El arancel promedio para manufacturas en al año de 1977 era del 26%. Hoy es apenas del 3%. ¿Cómo no vamos a estar en crisis? ¿Cómo vamos a competir con las naciones industrializadas cuando el Estado ni siquiera les brinda créditos asequibles a nuestros empresarios bogotanos y colombianos?

Los distintos gobiernos se pusieron a firmar tratados de libre comercio a diestra y siniestra y desde el Polo advertimos que era una mala política. Y no es que se hayan equivocado por ignorancia. No, ellos sabían muy bien que los tratados de libre comercio iban a arruinar el campo y la industria, pero se emperraron en hacerlo porque son regímenes lacayos que gobiernan a favor de los intereses extranjeros. En la actualidad tenemos 16 TLC vigentes con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Corea del Sur, etc., y Santos está negociando otros dos con Turquía y Japón, ambas potencias industriales. ¿Qué va a pasar con nuestra producción nacional? Simplemente, lo que ha venido sucediendo. Se va a arruinar.

Ustedes, colegas, que también hacen parte de la rosca neoliberal, nos echaron el cuento de que Colombia iba a ser el paraíso. “Bienvenidos al futuro”, peroraba César Gaviria al vender la apertura económica. Argüían que los empresarios colombianos iban a aprender a competir compitiendo y que si llegaban todas esas mercancías extranjeras no importaba, porque nuestros empresarios iban a vencer en la competencia con los monopolios gringos y europeos. Todo eso fue ¡carreta, carreta! Lo que sucede es que, en la globalización, la competencia no es entre empresarios, sino entre naciones. Y resulta que estamos firmando tratados de libre comercio con naciones súper poderosas que respaldan a sus productores con aranceles, con subsidios y con todo tipo de ayudas, mientras que en Colombia tenemos a un Santos y a un Peñalosa, que dejan a los productores a la deriva a ver cómo se las arreglan para sobrevivir.

Miremos como prueba el costo de la tarifa industrial. En el año 2013, el gobierno nacional contrató un estudio sobre el costo de la tarifa industrial en Colombia y en Bogotá. En el Distrito Capital, la tarifa industrial de Codensa estaba en 15 centavos de dólar, más cara que la de todo Estados Unidos, salvo Hawái. En California 10 centavos de dólar, en Carolina del Norte 6 centavos de dólar, en Georgia 5.4 centavos de dólar. Yo me pregunto, ¿cómo van a competir nuestros productores nacionales con las importaciones de países que les garantizan a sus productores costos de energía mucho más baratos? Pasa lo mismo si miramos a América Latina. Bogotá, 15 centavos de dólar, Lima 8.5 centavos de dólar, Santiago de Chile 10.5 centavos de dólar. ¿Cómo vamos a competir en esas condiciones? Además, sumémosle los créditos usureros, porque lo cierto es que en Colombia el sector financiero, encabezado por el grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, se ha encargado de explotar a nuestros empresarios con altísimas tasas de interés, que le dejan billones de pesos en utilidades mientras que hunden al país en la bancarrota.

En resumen, queridos empresarios y trabajadores, la primera causa es el libre comercio, los TLC, la apertura económica. ¿Por qué se legisla contra el país sin que pase nada? Porque estamos frente a gobiernos lacayos. ¡Qué tal ese bochornoso espectáculo del presidente Santos peleando con el ex presidente Uribe a ver quién ganaba más simpatía ante el presidente Trump! Bochornoso, claro que sí, pero como dijo un columnista importante, ahí quedó retratado el carácter subdesarrollado y colonial de gobernantes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El contrabando es intrínseco al libre comercio

Otra causa de la crisis de la industria bogotana es el contrabando, hoy disparado. También nos echaron el cuento de que con la apertura iba a disminuir el contrabando. ¡Carreta, pura y física carreta! Además, el contrabando, queridos empresarios, es intrínseco al libre comercio. ¿Qué es el contrabando? Importar mercancías sin pagar aranceles. ¿Qué es el libre comercio? Importar mercancías sin pagar aranceles. Lo que pasa es que uno es ilegal y el otro legal, pero en la práctica tienen las mismas consecuencias.

Estos han sido gobiernos alcahuetas con el contrabando, desde el de César Gaviria hasta el de Juan Manuel Santos. César Gaviria expidió el Decreto Nacional 1750 de 1991, y ¿saben ustedes qué hizo? ¡Despenalizó el contrabando! Lo que yo concluyo es que el contrabando es una política de Estado, la alcahuetería frente a los contrabandistas y a favor de los grandes productores extranjeros es política de Estado. Pero además, los TLC facilitan el contrabando porque flexibilizan las normas aduaneras. Los representantes que hoy nos acompañan de ACOPI lo saben. Hay menos controles en las aduanas, especialmente frente al contrabando.

Miremos cifras. Según un estudio de la DIAN, a Colombia entran cada año mercancías de contrabando por un valor de US$7.000 millones, es decir, $21 billones. Existen dos tipos de contrabando. El abierto, que todos conocemos porque hemos visto imágenes de caravanas que se meten por trochas en las zonas fronterizas, pero ojo, ese no es el principal contrabando. El peor es el contrabando técnico, el contrabando o contrabando de cuello blanco, porque lo hacen poderosos cacaos relacionados con los altos círculos del poder mediante actos totalmente corruptos y fraudulentos.

La DIAN denuncia que de esos US$7.000 millones, apenas 10% corresponde al tipo de contrabando abierto, el de la trocha. El 90% restante se clasifica dentro del contrabando técnico mediante distintos fraudes, por ejemplo, declarar en la aduana mercancías con aranceles inferiores a la que realmente está ingresando.

Otro caso es la subfacturación, este sí terrible. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo soy un contrabandista técnico. Me ingenio entonces una empresa de papel en Panamá, y como ese país es un paraíso fiscal, nadie me puede revisar los papeles de constitución empresarial. El crimen perfecto, porque lo que hace mi empresa en Colombia es importar la mercancía comprándole a esa empresa mía de papel que creé en Panamá. Mi empresa panameña me factura por US$2 dólares el kilogramo  de confección o por US$2 dólares un par de zapatos, pero yo ingreso la mercancía a un costo de US$10 o US$20 por kilogramo de confecciones o por par de zapatos. En consecuencia, yo apenas pago aranceles sobre los US$2 que declaré, no por los US$20, el precio real de la mercancía importada. Al gobierno nacional le ha dado miedo declarar a Panamá como paraíso fiscal y no ha tomado las medidas necesarias para frenar este grave flagelo.

La triangulación es otra modalidad de contrabando técnico. ¿Qué es la triangulación? Supongamos que soy un empresario que trae mercancía de China, pero la ingreso como si la estuviera importando de Chile, país con el que tenemos Tratado de Libre Comercio, y por esta razón no pago aranceles. Sí debería pagarlos, porque estoy trayendo mercancía de un país con el cual no tenemos TLC.

Un empresario de Medellín, del sector de las confecciones, hizo una denuncia muy grave. Vamos a pasar un video para que ustedes lo detallen, pero resumo cómo es la historia: en Colombia, por norma, las confecciones han de llevar la marquilla de Made in China o Made en Colombia cosida perfectamente a la prenda para que no sea fácil quitarla a una prenda que viene de China para ponerle una que dice Made in México, o Chile o cualquier otro país. Resulta que este empresario de Medellín se fue para el almacén FALABELA, multinacional  chilena, y miren lo que encontró:

Aquí estamos haciendo el ejercicio de cómo en este almacén de grandes superficies FALABELA no se cumplen con las normas de etiquetado en Colombia. Vemos que la etiqueta no es cosida, lo cual se presta para muchas dudas frente a la legitimidad de las importaciones que hacen. Ninguna de las etiquetas es cosida. Miremos por ejemplo este otro producto, bóxer para hombre la totalidad, con la etiqueta solamente adherida a la prenda y fácilmente removible.

Vean ustedes la podredumbre del clientelismo en el país. La revista Semana entrevistó en el 2012 a un ex director de la DIAN, que no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, y miren lo que denuncia, y repito, no cualquier persona, es un ex director de la DIAN:

Son 54 administradores de impuestos y aduanas que ahora se llaman directores de aduanas, y cada uno de ellos era de un senador o de un representante a la Cámara, o la comparten entre varios. En un sitio como Sincelejo, por ejemplo, la “mordida” puede ser de 10.000 millones de pesos mensuales, pero se la tienen que repartir desde el operario que las deja pasar y el supervisor que se hace el de la vista gorda, hasta el director de aduanas local y sus padrinos políticos.

Con personajes de esta calaña, ¡qué futuro va a tener Colombia! Les pregunto a los empresarios: si el Presidente de la República reparte sus cuotas políticas dentro de las aduanas a los congresistas, a cambio de que le aprueben sus tratados de libre comercio, y esas cuotas políticas permiten después el ingreso de todo tipo de contrabando, ¿qué podemos esperar? Es un problema parecido al que tenemos con las alcaldías locales en Bogotá.

El contrabando en Bogotá está disparado. El Observatorio de Desarrollo Económico sacó unas cifras aterradoras. Denuncia que al año ingresan alrededor de cinco o seis billones de pesos, y los sectores más afectados son los textiles, las confecciones y el calzado. Ese contrabando se hace casi todo a través de Panamá con mercancía proveniente de China. En el sector de textiles y confecciones el valor anual del contrabando es como de $3.5 billones y en el sector del calzado es de $230 mil millones.

El primer responsable ha sido el gobierno nacional, el de Santos y los anteriores, que han impuesto el libre comercio como una política de subdesarrollo.  Por una movilización que hicieron los productores de calzado y confecciones, el gobierno nacional se vio obligado a imponer un arancel especial, pero el año pasado lo empezó a desmontar porque nos demandó Panamá ante la OMC. ¿Saben ustedes cual es el país que más conflictos tiene por no cumplir las órdenes de la Organización Mundial del Comercio? Se llama Estados Unidos, un país soberano que actúa de acuerdo son sus propios intereses y no de acuerdo con intereses extranjeros, como sucede en Colombia.

El gobierno de Santos también es responsable por la alcahuetería con el contrabando. Vimos aquí unos videos de cómo el contrabando ingresa en las narices de la policía y que la tal ley anticontrabando no tomó las medidas necesarias para combatirlo, sobre todo el contrabando técnico. En el trámite de esa ley anticontrabando yo trabajaba con el senador Robledo y les puedo decir con orgullo que el Polo no votó la tal ley anticontrabando, que estaba amañada para favorecer el contrabando, tanto que no tipificó el contrabando técnico como un delito autónomo, lo que se necesitaba para poder combatir este flagelo.

El alcalde Peñalosa también es responsable de la crisis de la industria. A mí la gente no me lo cree cuando afirmo que el Plan de Desarrollo del alcalde Peñalosa, 640 páginas, no hace una sola mención de las palabras industria manufacturera. ¿Saben cuántas veces aparece en esas 640  páginas? ¡Cero! Ni una sola vez. Pero lo peor es que Peñalosa fue capaz de bautizarlo Plan de Desarrollo, cuando es la industria manufacturera la que permite jalonar la economía. La palabra industria aparece como cuatro veces, pero solo para referirse a las industrias creativas, que no tienen nada que ver con la industria manufacturera. El Polo presentó una proposición para modificar el Plan de Desarrollo, pero ni siquiera la quisieron discutir, ni siquiera tuvimos oportunidad de debatir con profundidad el tema. Las autoridades distritales estaban afanadas por privatizar a la ETB y por montar los negocios de Transmilenio, y ni siquiera se pudo discutir con tranquilidad este problema de la industria nacional.

Las políticas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico son inaceptables.
La situación es parecida a la de aquel debate sobre el tema de víctimas, donde la administración nos presentaba como un éxito darles empleo a 64 personas en un universo de veinte mil. Las metas que se fija la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico son similares. Dice una de ellas, en el programa para los empresarios bogotanos: “Fortalecer quinientas unidades productivas”. ¡Quinientas en el sector de confecciones, en el que hay más de 15.000 empresas!

Ojalá hubiera visto el señor secretario distrital de Seguridad, que lastimosamente se fue de este debate, aunque aquí veo a los representantes de la Policía, esos videos que presentó hoy el concejal Hosman Martínez y que presentó esta semana en el Congreso de la República el senador Velasco. Gente que descarga la mercancía, muy probablemente de contrabando, prácticamente en las narices de los policías, o que la incautan y luego la devuelven. Inaceptable. El Distrito también tiene que tomar medidas. La Secretaría Distrital de Seguridad debe poner en marcha una política en coordinación con la Policía Nacional para poder combatir este flagelo.

El Polo tiene propuestas para salvar la industria nacional

Finalmente, las propuestas del Polo. Nos acusan diciendo que no hacemos propuestas. Sí hacemos bastantes, pero lo que sucede es que las que hacemos no les gustan. La primera es que la Administración Distrital, en cabeza del alcalde Peñalosa debe abanderar la defensa de la industria nacional, debe hacer lobby ante el Presidente y el Congreso de la República. Si Peñalosa hace lobby en el Congreso con el ex congresista Samuel Arrieta para pavimentar los corredores férreos, pues que también lo haga ante las entidades nacionales para que se tomen las medidas necesarias que permitan combatir el contrabando y apoyar y defender la producción nacional.

Hay que exigirle al Gobierno nacional que tome medidas antidumping, permitidas por la Organización Mundial del Comercio.

La administración distrital debe impulsar una política industrial, hoy inexistente. Nosotros propusimos una política de compras pública y ustedes replican que no son competentes para aprobarla. Pero resulta que sí lo son, como sucede en otras partes del mundo.

La administración distrital debe tener presupuesto suficiente para atender bien a los empresarios bogotanos.

La Secretaría Distrital de Seguridad debe poner en práctica, y de inmediato, una política para combatir el contrabando.

Seguramente, estas sugerencias no van a salir adelante, porque tenemos gobiernos que desprecian la industria, pero yo les propongo que se cree una comisión accidental de concejales  para revisar el tema. Yo les propongo a las autoridades distritales y nacionales que hagamos una mesa de trabajo con los empresarios del calzado, de las confecciones, con la comisión accidental de concejales y con autoridades competentes del nivel nacional y distrital y que cada mes nos reunamos y nos rindan cuentas para defender y respaldar la producción nacional. A los empresarios y a los trabajadores les digo que este un problema político, ellos, la rosca neoliberal, Santos, Uribe, Vargas Lleras, Peñalosa, pretenden destruir la industria nacional. Nosotros en cambio tenemos que seguir uniéndonos, organizándonos y movilizándonos para derrotar esa mala política.

 Intervención del concejal Manuel Sarmiento, 13 de enero de 2017, Concejo de Bogotá.

El avalúo catastral sube o baja según sea el interés de la Administración de turno: cuando se propone hacer expropiaciones administrativas, lo echa para abajo. El avalúo no es entonces un ejercicio meramente técnico, como lo afirma Catastro. Los bajos avalúos de Catastro en zonas de alto riesgo ponen en riesgo la vida de la gente. En los últimos años, el censo inmobiliario aumentó 288% y el impuesto predial, 300%. Excusas inadmisibles para no cobrar la plusvalía. ¿Por qué no se les está liquidando la plusvalía a las grandes constructoras?

Primero, hacerle un reconocimiento a la bancada del Partido de la U por el debate que adelantan alrededor de los avalúos catastrales y por la información que nos han suministrado. En mi caso, veo un problema de fondo. La señora directora de Catastro insistió mucho en que el ejercicio que hace su entidad es muy técnico y que la metodología que utiliza refleja muy bien las finalidades que busca el avalúo catastral o comercial de un determinado predio. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Si observamos con detalle los ejemplos que en este debate se han expuesto, se demuestra cómo el ejercicio que ha hecho Catastro, tanto el año pasado como los años anteriores, depende de los intereses de la Administración distrital de turno. Si es obtener ingresos, el avalúo lo tiran para arriba, pero cuando el avalúo resulta de un ejercicio de gasto, el avalúo va por abajo.

Veamos algunos ejemplos que lo demuestran. En los años 2015 y 2016, en el barrio El Mirador, Localidad de Engativá, el avalúo catastral para calcular el predial bajó y todos los ciudadanos se pusieron muy contentos porque les había bajado el impuesto al haber disminuido el avalúo catastral. Meses después se dieron cuenta de que la reducción obedecía a que los predios iban a ser expropiados por el IDU para adelantar la Avenida José Celestino Mutis. Y entonces de las risas se pasó a los llantos. Aquí nos tienen que explicar muy bien por qué, en la mayor parte de predios, el avalúo catastral aumenta por la presión inmobiliaria y por el flujo del mercado inmobiliario, mientras que disminuye en los sectores donde se van llevar a cabo procesos de expropiación administrativa. Y claro, cuando los funcionarios hacen después el avalúo comercial con el que se va a calcular el monto de la expropiación, el resultado está muy por debajo del precio real de los predios, como aquí ya lo han mencionado varios colegas con ejemplos muy concretos.

En ese barrio, por ejemplo, hay viviendas cuyo avalúo comercial supera los $100 millones. Uno está en la cuadra donde se ubica la vivienda, se pasa a la siguiente y ya el valor inmobiliario supera fácilmente los $100 millones. Pero cuando Catastro hace el avalúo comercial para calcular el precio de la expropiación, advierte uno con sorpresa que ahora el avalúo queda por debajo de los $80 millones. Yo sí me atrevería entonces a plantear serios cuestionamientos a esa afirmación suya sobre un ejercicio puramente técnico que está haciendo Catastro con este tipo de avalúos.

Me llamó también mucho la atención el tema de los avalúos cuando se trata de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. Aquí hay un problema de fondo, claro, y usted misma lo reconoció. Un suelo de alto riesgo no mitigable no vale nada en el mercado inmobiliario. Los precios de esos predios son bastante insignificantes, así sus casas sean grandes, por encima incluso de los cien metros cuadrados en muchos casos, y, como usted lo explicó, es el problema del mercado inmobiliario. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre la forma como se hace el avalúo, porque pone en riesgo la vida de las personas. Si ustedes le valoran la vivienda a la familia en 40, 50 ó 60 millones, la obligan a quedarse en la zona de alto riesgo no mitigable, porque lo primero que dicen esas personas, como también sucede en barrios como la Fiscala Alta, es que con esa suma no van a poder comprar otra casa igual en ninguna parte. ¿Usted por $60 millones qué consigue hoy en Bogotá? Además, en esas casas habitan cuatro o cinco familias, que no van a poder reubicarse. La gente dice entonces, yo prefiero arriesgar mi vida a aceptar esas ofertas irrisorias que me está haciendo la Administración distrital.

Si usted mantiene esa política de calcular ciñéndose al mercado inmobiliario, muchas de esas personas se quedarán allí y van a tener que ser sacadas por el Esmad, el método preferido del alcalde Peñalosa. Ya sobre ellas pesan hoy graves amenazas. Me parece inaceptable. La Administración distrital debería reformular seriamente esa política, porque la ciudadanía no va a aceptar esas ofertas que ustedes les están haciendo. Ustedes no pueden someter el reasentamiento a lo que esté exigiendo el mercado inmobiliario.

En este debate ya señalaron mis colegas que cuando se trata del impuesto predial, ahí sí los avalúos se disparan, y dieron las cifras en ocho años. Entre los años 2008 y 2016, el avalúo inmobiliario, el censo inmobiliario en toda Bogotá, aumentó en 288% y eso hizo que se disparara el impuesto predial, que creció en ese mismo intervalo en 300%. Mientras tanto, el ingreso promedio por habitante solo se incrementó en promedio anual un 42%. Fue lo que enfureció a la ciudadanía, porque el impuesto predial ha crecido por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes.

Peñalosa se llena de excusas para no cobrar plusvalía a grandes constructoras

La Directora de Catastro hizo al final una referencia al tema de la plusvalía. Quiero señalar de paso que me parecen muy graves las denuncias planteadas por el concejal Rubén Torrado sobre el Plan Parcial el Pedregal. Y me propongo hacer referencia al tema, porque usted señaló que liquidar la plusvalía es un proceso sumamente complejo, que por lo visto solo genios como Einstein alcanzan a entender, y planteó entonces que se deben buscar otras alternativas.

Primero, la plusvalía es la forma como el Estado puede participar en la renta del suelo. Es una de las más importantes fuentes de enriquecimiento para la ciudad, y el doctor Ortiz conoce muy bien el tema de la renta del suelo y la especulación inmobiliaria por haber estado mucho tiempo en el negocio de la construcción. La plusvalía es un instrumento que le permite al Estado participar de esa importante fuente de ganancia.

Pero la señora directora de Catastro nos asusta metiéndonos el coco de que liquidar la plusvalía es para cerebros privilegiados. Bueno, también la actualización catastral de más de dos millones de predios cada año es un proceso bastante complejo, pero ahí sí son ustedes extremadamente diligentes, contratando los funcionarios que se necesiten y haciendo los diecinueve modelos econométricos con que usted nos descrestó aquí. Entonces mi pregunta es muy sencilla: ¿por qué ese proceso complejo de calcular el monto del impuesto predial, que recae sobre los pobres y las capas medias, sí lo pueden hacer, pero cuando se trata de liquidar y cobrar la plusvalía a los grandes constructores, ahí sí nos llenamos de excusas? No son válidos los sofismas con que aquí nos ha salido la señora directora de Catastro. Yo le hago una propuesta cordial. Con la misma diligencia con que realiza usted cada año la actualización catastral, haga el proceso para liquidar y cobrar la plusvalía. Atrévase a cobrar las contribuciones y los impuestos a quienes tienen mayor capacidad de pago, que en una ciudad como Bogotá son los constructores.

¿Por qué ustedes no lo hacen? La razón salta a la vista. Como el doctor Peñalosa mantiene tantas relaciones con los negociantes urbanos de la especulación inmobiliaria, no le interesa actuar con la misma diligencia a la hora de cobrarles los impuestos, como sí lo hace con los pobres y las capas medias. En resumen, una Administración dura con los débiles y benevolente, generosa con los poderosos.

Intervención del concejal Manuel Sarmiento. 7 de noviembre de 2016.

Todo proyecto de Acuerdo que reduzca los ingresos del Distrito debe definir las fuentes sustitutas. Incertidumbre sobre las obras que se van a hacer con los recursos producto de la venta del 20% de la EEB. Administración Peñalosa miente para justificar la privatización. Recaudo adicional del ICA por construcción está inflado. Dividendos que se dejan de recibir por venta de 20% de EEB no serán reemplazados en su totalidad.

Aunque hay muchos argumentos para rechazar la privatización del 20% de la EEB, voy a centrar mi intervención en una de las causales de ilegalidad, y reitero que son varias. La intervención de la concejal María Victoria Vargas fue muy precisa al demostrar las distintas irregularidades en el trámite de este proyecto, pero yo solo me voy a centrar en una, que también explicó desde el punto de vista jurídico el concejal Emel Rojas en la primera sesión. Mi propósito, contribuir con ustedes, colegas, para que con las mismas cifras que nos está suministrando la Administración Distrital vean ustedes de manera directa cómo los quieren hacer incurrir en error para que al final adopten una decisión contraria a derecho.

Entonces resumamos rápidamente lo que ya dije en la anterior sesión, que fue suspendida, porque como lo certificaron los técnicos, se bajó un taco que afectó el sistema de sonido y grabación. La Ley 819 de 2003 establece que si un proyecto de acuerdo reduce los ingresos del Distrito, tiene que dejar antes definidas dos cosas: una, plantear la fuente sustitutiva de esos ingresos, o también decir vamos a reducir el gasto, por ejemplo, que ya no va a haber un déficit en TransMilenio de 700.000 millones porque lo vamos a bajar a 300.000 millones. La plata que ahorramos va a compensar entonces lo que perdamos, en este caso, por los dividendos. Ahora, lo que está diciendo la Administración Distrital, según consta en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto para 2017, y lo que ha dicho durante todo el trámite la Secretaría Distrital de Hacienda, es que este proyecto no tiene impacto fiscal, porque los ingresos que se van a perder por dividendos tras la venta del 20% de las acciones de la EEB serán reemplazados por un mayor recaudo del ICA de hasta 3.4 billones de pesos. Sostiene la Secretaría que el ICA va aumentar el recaudo porque va a haber un mayor crecimiento económico. Es la Gráfica que les estoy mostrando ahí:

¿Qué significa esta Gráfica de la Secretaría Distrital de Hacienda? La línea anaranjada sería el mayor crecimiento económico que va a experimentar la ciudad gracias a las obras de las alianzas público-privadas, apalancadas con la venta de ese 20% de las acciones.

Aquí me detengo en algo que planteó el concejal Losada: la incertidumbre. La administración está planteando que la capital tendrá este crecimiento económico proyectado si se hacen las obras, pero ojo, aquí en este recinto el secretario de Movilidad anunció cuáles eran, pero ninguna cuenta con estudio de prefactibilidad y ni siquiera están en la etapa de prefactibilidad. Puede suceder entonces que la plata de la venta de las acciones de la EEB no alcance para dar el cierre financiero a todas estas obras y, por lo tanto, emerge un enorme grado de incertidumbre. ¿Qué sería lo responsable por parte de la Administración Distrital, doctor Losada? Que por lo menos nos traigan los estudios de prefactibilidad. Que nos digan, para la ALO falta tal cosa, para pavimentar los corredores férreos falta esto otro y nos va alcanzar hasta aquí, todo con cifras muy precisas. Pero como en la actualidad no estamos ni siquiera en la etapa de prefactibilidad, hay una incertidumbre total. No se sabe si los recursos alcancen para hacer el cierre financiero. Y si no alcanzan, no se podrán hacer las obras y ni siquiera se cumplirían las proyecciones de crecimiento económico que nos ha venido mostrando la Secretaría Distrital de Hacienda.

Les decía que esas proyecciones son demasiado altas. Mencioné en la sesión pasada que están muy por encima del promedio histórico que ha tenido el crecimiento económico de Bogotá e incluso de sectores como el de infraestructura. Aducen los funcionarios que en el año 2020 la infraestructura va a crecer en 257% y la economía en 8%, dato que genera muchas dudas.

La señora secretaria de Hacienda me replicó en este recinto arguyendo que no son proyecciones locas ni exageradas. Mostró como prueba que, en años anteriores, el PIB de la ciudad ha crecido gracias a las diferentes obras de infraestructura. Y puso como ejemplo los años 2006 y 2007.

Veamos muy rápidamente lo que dijo la señora secretaria de Hacienda:

“Aquí está entonces en términos técnicos que ha pasado con la evolución del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá y lo que vemos es que, incluso antes del año 2000, se han presentado incrementos del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá del 10%, y si vemos aquí, por ejemplo en los años 2005, 2006 y 2007 cuando se estaba construyendo TransMilenio, este impacto tan fuerte que nos da más del 6% de promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB de la ciudad de Bogotá, se da esencialmente por la inversión en la construcción de TransMilenio.”

Explicó en su intervención la señora secretaria que hay un crecimiento muy importante en los años 2006 y 2007, en promedio por encima del 6%, y nos mostró la siguiente Gráfica:

Como se aprecia, los crecimientos más importantes en la última década se dieron en el 2006, con 6.4%, y en el 2007, con 6.1%. Cuando ella nos presentó las cifras, yo estaba sentado en mi curul y me dije, oiga, de pronto hasta sí tiene razón, porque me impactó bastante ver ese crecimiento de más del 6% en esos años. Les dije entonces a los de mi oficina que revisáramos cómo se comportó la economía en esos dos años, justo en los que se hizo la construcción de TransMilenio, para ver si ahí había de verdad un antecedente histórico.

Miremos qué precisa el DANE sobre esos dos años que la señora secretaria de Hacienda, de manera mentirosa, nos puso como ejemplo. Mentirosa, porque vemos que el crecimiento obedece a otras actividades económicas:

Son datos oficiales tomados del DANE. El PIB total creció 6.6% y 6.3% en esos dos años, cierto, pero miren la rama de la construcción, que es donde están las obras de TransMilenio. En el 2006, el año puesto como ejemplo por la señora secretaria de Hacienda, la rama de la construcción decreció 1.5%, como se muestra en la Gráfica, y en el 2007 decreció 3.2%. Es decir, la economía bogotana sí creció en ambos años, pero no por los motivos que aduce la señora secretaria de Hacienda. La economía bogotana creció por la industria y por otros sectores económicos distintos al de la construcción.

La rama de la construcción se subdivide en dos ramas: 1. Edificaciones, o sea, viviendas y oficinas de los centros comerciales, y 2, obras civiles, como TransMilenio, las vías, los puentes, los túneles.

Evaluemos cómo se comportó la subrama de obras civiles: en el 2006 cayó 6.2%, y en el 2007 apenas creció 0.8%.

Llegamos de esta forma a la conclusión de que la señora secretaria de Hacienda nos mintió en este atril cuando aseguró que los mayores crecimientos económicos de la economía bogotana en la década pasada se dieron gracias a las obras de TransMilenio y de infraestructura. Miente, porque cuando más creció la economía en su conjunto fueron años en que el sector de obras civiles cayó o creció muy poco. Vean ustedes, concejales, cómo algunos funcionarios les mienten burdamente para hacerlos incurrir en el error.

Trampas técnicas de la administración Peñalosa para inflar las proyecciones de crecimiento del PIB

Miremos ahora las trampas técnicas que está urdiendo la Secretaría de Hacienda para inflar las proyecciones del crecimiento del PIB.

Estas son cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda. Según ellas, es gracias a la ejecución de obras de infraestructura como se va a ver un crecimiento adicional por encima del crecimiento normal proyectado. Los siguientes son los porcentajes:

Se señala además que gracias a este crecimiento adicional, va a aumentar el recaudo del impuesto del ICA. Pero examinemos en detalle las trampas técnicas. Aquí está otra vez la Gráfica de crecimiento del PIB según las proyecciones de la Administración Distrital y noten el superlativo altísimas.

Entonces, si ustedes le suman a la línea azul los puntos adicionales que nos ha mostrado la señora secretaria de Hacienda, vamos a tener un total de crecimiento del PIB tal como lo muestra la Gráfica. Miremos sí ahora en concreto las trampas técnicas. ¿Cómo hizo el ejercicio la Secretaría de Hacienda? Todos nosotros conocemos el anexo técnico del proyecto de Presupuesto. En él, la Administración Distrital nos muestra cómo se hicieron las proyecciones de crecimiento de los puntos adicionales. Nos pone incluso como ejemplo el año 2020.

No son cálculos míos. Esta es una foto sacada del anexo técnico y muestra la Tabla del ejercicio hecho por ellos. Son los mismos soportes de la Administración Distrital. Vemos abajo la producción inicial, $292 billones en números redondos. Esa es la producción inicial del año 2012, no el PIB, porque es la matriz insumo-producto con cifras del año 2012. ¿Entonces qué hacen ellos? La siguiente columna sería de cómo aumentaría en el año 2020 la producción según la inversión. ¿Pero cómo la calculan? Cogen lo que en el 2020 invertiría el Distrito en infraestructura, 8.4 billones de pesos, y los  comparan con la producción del año 2012, los llevan a precios del año 2012 y los meten en la Tabla. Ustedes pueden ver cómo los trabajos de construcción de obras crecen $7.2 billones, lo que les da el 257%. Cuando se suma todo y se incorpora en la matriz insumo-producto, les da un total que indica que con la nueva producción se incrementaría de $292 billones a $303 billones, que da como resultado un crecimiento en el año 2020 de 3.6%.

¿Dónde están las trampas técnicas que estoy denunciando?

En primer lugar, el crecimiento se hace con base en el año 2012. O sea, el crecimiento del 3.6% correspondiente al año 2020 no se da entre al año 2019 y 2020, sino entre el año 2012 y el 2020. Lo anterior es una trampa, porque la producción total del año 2012 es inferior a la producción total de los siguientes años. Por ejemplo, el PIB del año 2012 fue de 166 billones de pesos, mientras que el PIB del año 2016, a precios del año 2012, fue de 188 billones de pesos.

Voy a explicarlo con un ejemplo sencillo. Si yo tengo $100 millones y le sumo $50 millones,  me quedan $150 millones y estoy creciendo en un cincuenta por ciento. Pero si yo tengo $200 millones y le agrego $50 millones, me suman $250 millones y el crecimiento será apenas de 25%. Entonces, si la producción total del año 2012 es inferior a la producción total del año 2016 y se le mete la suma de los $7 billones al año 2012, el crecimiento que me produce con respecto al año 2012 no es el mismo que me presenta frente al año 2016. El de 2016 va a ser inferior; esa es la primera trampa técnica.

¿Cuál es la segunda trampa técnica? En la Gráfica, la Administración Distrital nos presenta ese crecimiento como si fuera interanual. O sea, en el 2020 crecería la economía en 3.6% con respecto al año 2019, el año inmediatamente anterior. Pero eso no es así. Los crecimientos adicionales que está presentando la Administración Distrital son todos con respecto al año 2012. Si el crecimiento fuera interanual, si lo proyectaran interanual, sería muy inferior a las proyecciones oficiales que ellos nos están dando.

En resumen, los crecimientos adicionales del PIB están inflados. Y si están inflados, no les da el recaudo del impuesto del ICA. Es la incertidumbre a la que se refirió el concejal Lozada al objetar que el mayor recaudo del ICA pueda sustituir los ingresos del 20% por los dividendos de las acciones de la EEB.

Aquí comienza un debate mucho más de fondo y con mucha más claridad. Aun suponiendo que las proyecciones oficiales sí van a ser las que se pregonan y aun suponiendo que el crecimiento económico no esté inflado, tampoco dan las cuentas cuando uno hace los cálculos sobre el mayor recaudo del impuesto del ICA. Por concepto del ICA recibiremos mucha menos plata de la que recibiríamos por dividendos. Miremos rápidamente algo que extraje de la Exposición de Motivos que todos ustedes han leído. Calcula la Administración Distrital que por cada punto adicional de crecimiento del PIB, vamos a obtener un recaudo del impuesto del ICA por $35 mil millones.

Miremos aquí entonces los crecimientos de cada punto adicional para cada uno de los años, de acuerdo con las cifras de la Administración Distrital.

Si uno hace entonces una regla de tres y convierte esos puntos adicionales en la misma proporción de los 35 mil millones de pesos por cada punto adicional, miremos qué nos da.

Examinemos esta tabla:

Tenemos en la primera columna el crecimiento adicional de la economía de acuerdo con las cifras oficiales. En la segunda, vemos cuánto crecería el recaudo del impuesto del ICA de acuerdo con cada punto adicional del PIB. Miren esto, concejales: ahí ustedes ven que el ICA por punto adicional del PIB pasa de  $35.900 a $37.000 y después a $38.000. No lo mantengo en $35.000  millones cada año, porque yo le concedo a la Administración Distrital que cada año el crecimiento del ICA por cada punto adicional del PIB va a incrementarse de acuerdo con el índice con que crezca la economía. Entonces el próximo año no crecería solamente $35 mil millones, sino $35.900, el siguiente año no crecería $35.000 mil sino $37.200. Si sumamos todo lo que recaudaríamos por concepto del impuesto del ICA, nos da $362 mil millones.

Entonces miren ustedes. Los dividendos que dejan de recibirse, primera columna, se calculan de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. ¿Cuántos dividendos nos dejaría a futuro el 20% de las acciones de la EEB? $612 mil millones. Sumamos esos $612 mil millones versus el recaudo del impuesto del ICA que, calculado de acuerdo con las cifras oficiales, equivale a $362 mil millones. En consecuencia, tenemos un déficit, un faltante de $250 mil millones.

Esta es la diapositiva clave en el presente debate. Calculamos los dividendos que dejan de percibirse de acuerdo con las cifras oficiales, los cotejamos con lo proyectado del recaudo del ICA también de acuerdo con las cifras oficiales, y nos da un faltante de $250 mil millones. Conclusión irrefutable: este proyecto sí presenta un impacto fiscal.

La Administración Distrital, y en especial la Secretaría de Hacienda, seguramente van a pararse ahora en este atril a aducir que mis cálculos no son buenos porque resulta que el impuesto del ICA hace base de un año al año siguiente. Pero devolvámonos un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el primer año, el mayor recaudo del impuesto del ICA fue de $3.591 millones, y en el año 2018 el mayor recaudo del impuesto del ICA fue de $33.482 millones, quiere decir que a esos $33.482 mil millones del año 2018 se le tienen que sumar los $3.500 millones de 2017, porque, según la Secretaría, el impuesto del ICA del año 2017 que se recogió por concepto de obras de infraestructura automáticamente pasa al año 2018, hace base y se suman. Es el argumento central que ahora les van ellos a explicar, un grave error en el que no incurre ni un estudiante de primer semestre de economía. El impuesto del ICA no hace base, y a continuación les muestro la prueba de por qué no.

Ellos aducen que al hacer una troncal en el año 2017, supongamos, se recogen $35.000 mil millones, porque esa troncal hizo que se produjera más en infraestructura. Y también movió la industria, porque compramos de la industria metalmecánica el material para las estaciones. En el año 2017 esa troncal nos generó $35.000 millones. Lo que está arguyendo la Administración Distrital es que esos $35.000 mil millones automáticamente hacen base para el siguiente año. Pero eso no es así, porque en el siguiente año, al ya estar construida la troncal, no se va a generar más impuesto del ICA por ese concepto. ¿Por qué se iría a generar impuesto del ICA por una troncal ya construida? Que la troncal esté construida no significa que genere los mismos ingresos por concepto de impuesto de ICA. Algunos dirán que el mismo crecimiento económico generará otro tipo de ingresos, porque se montará TransMilenio, y entonces se generará el impuesto del ICA por concepto de transporte. Otros podrán aducir que va a haber mucha más competitividad para la economía. Sin embargo, lo que nos está asegurando la Administración Distrital es que los $3.5 billones del ICA son por efectos directos de la construcción de las obras civiles, no porque la industria va a crecer mucho más gracias a la competitividad, ni porque el transporte crezca más.

Entonces no es cierto, señora secretaria de Hacienda, que el impuesto del ICA haga base. El ICA no hace base. Con los cálculos que hemos hecho no les dan a ustedes las cifras para sustituir los ingresos por concepto de dividendos del 20% de las acciones de la EEB. Ahora, lo que yo estoy argumentando se apoya en un sólido sustento teórico. Este es un estudio del alemán Andreas Lösches sobre el proyecto de construcción de una hidroeléctrica en la India. Miren lo que afirma:

El efecto de la inversión, o sea de la construcción, es one-time, o sea, una sola vez aplicada al año en el que se hace la inversión en infraestructura, no después. Y por eso es que el impuesto del ICA no puede hacer base, señora secretaria de Hacienda. Le pido cordialmente que no siga haciendo incurrir en un error a los concejales.

Pensaba desarrollar muchos más detalles, pero creo que lo expuesto es lo fundamental. En conclusión, están infladas las proyecciones del PIB, porque se hacen con base en el año 2012 y las cuentas del impuesto del ICA, incluso aceptando esas proyecciones infladas, no les dan, como tampoco sustituyen los ingresos por concepto de dividendos del 20% de las acciones de la EEB.

Y esto es, y lo muestro en esta última diapositiva, Fraude Procesal, penalizado en el Código Penal.

Señora Secretaria de Hacienda, usted está incurriendo en ese delito y yo lo siento mucho, pero la importancia de este proyecto me lleva a que si usted insiste en inducirnos a error, salgo de este recinto para dirigirme a la Fiscalía General de la Nación a presentar mi respectiva denuncia penal.

Intervención del concejal Manuel Sarmiento, noviembre 20 de 2016.

Peñalosa utiliza los recursos públicos para promover los grandes meganegocios. Peñalosa no promueve los buenos negocios en la industria, el pequeño y mediano comercio y el agro, y en cambio se va contra ellos. Poco o nada en materia de formalización laboral en el Sector de Desarrollo Económico. Baja ejecución y metas muy bajas en varios programas del Distrito. Distrito debe responder si va a entregar el sendero peatonal de Monserrate a un gran negociante.

Me propongo hacer varias preguntas a los funcionarios aquí presentes. Como ustedes saben, he venido criticando a esta Administración, porque a Peñalosa le encanta utilizar los recursos públicos para promover grandes mega negocios con mega contratistas, grandes negocios que le hacen mucho daño a Bogotá. Un ejemplo, las Alianzas Público-Privadas, que son negocios de privatización. Otro, las concesiones de TransMilenio, mega negocios que no desarrollan la ciudad y que además empobrecen mucho más a la gente para enriquecer a unos cuantos monopolios y oligopolios.

Peñalosa, contra los buenos negocios que benefician a la ciudad

En contraste, como lo planteé en las discusiones del Plan de Desarrollo, el alcalde no promueve los buenos negocios para la ciudad, los que generan mucho más valor agregado, mucho más empleo, más desarrollo, no solamente económico, sino también del conocimiento y de la ciencia, negocios como la industria, la producción agrícola, el pequeño y mediano comercio. Por el contrario, se va en contra de ellos.

Tal situación está reflejada en el Presupuesto para el 2017. En el Sector de Desarrollo Económico sucede algo inaudito. En términos reales, teniendo en cuenta la inflación, habría un decrecimiento del presupuesto del 0.74% para todo el sector. Y aprovecho de paso para solicitar a todos los secretarios que en las presentaciones del presupuesto incluyan las variaciones año a año, no solo en términos nominales sino también en términos reales. De esa forma podemos los concejales hacer análisis mucho más detallados y precisos de cómo va evolucionado el presupuesto de Bogotá en cada uno de los diferentes sectores.

En cerca de medio punto porcentual cae también el presupuesto de inversión en todo el Sector de Desarrollo Económico, y esto en medio de la crisis económica que está viviendo el país y que cada día se agudiza más, y que por supuesto impacta a la capital de la República. Algo inaceptable. Lo que estamos viendo en distintas cifras e índices, como lo menciónó el concejal Róger Carrillo, es un aumento del desempleo en Bogotá. Eso debería llamar la atención del alcalde Peñalosa, pero él está dedicado a gerenciar los grandes negocios y poco le importa este tipo de situaciones.

Poco o nada en materia de formalización

En lo relacionado con el funcionamiento del Sector de Desarrollo Económico, tengo varias preguntas: ¿qué se va a hacer para formalizar las plantas de personal? Porque en las entidades que hacen parte del Sector de Desarrollo Económico hay un grado alarmante de tercerización. En la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, hay 55 funcionarios de planta y 80 contratistas, vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Pero resulta que la inmensa mayoría realiza funciones misionales y permanentes y debería estar incluida en la planta de personal.

En el Instituto Distrital de Turismo hay 30 trabajadores en la planta permanente y 125 contratistas, según cifras del pasado mes de agosto. Puede que hayan variado un poco. Vuelvo y pregunto, ¿qué se va a hacer para formalizar y ampliar esas plantas? Porque también están aumentando, como muchos concejales ya lo han planteado, los gastos de funcionamiento en lo que tiene que ver con gastos de personal.

En el IPES, hay 94 trabajadores de planta y 199 contratistas. ¿Por qué aumentan los gastos de funcionamiento y en especial el de servicios personales indirectos, que crece la medio bobadita del 3.717%? ¿Son contratos de prestación de servicios que van a aumentar en esa proporción? Lo pregunto a los señores y señoras funcionarias aquí presentes.

Gerencian contra la industria, los pequeños y medianos comerciantes, los mercados campesinos y  los vendedores informales

En lo relacionado con la inversión, ¿cuántos recursos se les van a destinar a los mercados campesinos? Pido que se me dé una cifra exacta, porque eso está englobado ahí en otra partida general y no se especifica. Pero también me gustaría que me aclararan cuáles van a ser las metas concretas en mercados campesinos, porque en la actualidad poco a poco los han venido desmontando. Aquí vino el alcalde Peñalosa a echarse un discurso diciendo que quería mucho a los campesinos, que él adoraba a los campesinos, y después su Plan de Desarrollo derogó el Acuerdo que institucionalizaba los mercados campesinos en Bogotá. Las organizaciones de los mercados campesinos lucharon, protestaron y lograron eliminar el artículo que derogaba dicho Acuerdo.

Pero este año la política de Mercados Campesinos fue un rotundo fracaso. No solo se violó la fecha en la cual se debía hacer el mercado campesino en la Plaza de Bolívar, sino que resultó un fiasco comparado con lo que se venía haciendo antes. Antes participaban alrededor de mil personas, y en este año, de acuerdo con las cifras, solo 250. ¿Cuánta plata y exactamente qué es lo que va a pasar entonces con el programa? De acuerdo con los estudios hechos por organizaciones como Oxfam, los mercados campesinos han sido fundamentales para mejorar el ingreso económico de los campesinos no solo de Bogotá, sino también de las regiones aledañas, y además para que los bogotanos, como consumidores, accedamos a alimentos de bajos precios y de excelente calidad.

Frente a las plazas de mercado me llama mucho la atención que en el IPES haya una partida para un programa llamado “Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado, Administración y Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado”. El programa tenía un presupuesto de $14.329 millones de pesos, pero en 2017 bajará a $12.752 millones de pesos, o sea, una disminución en términos reales de 16%. Quisiera preguntarles por qué disminuye el presupuesto para este tipo de programas, y llamo de paso la atención sobre cómo se están ejecutando esos recursos. Hay fijada una meta, que es el número de espacios comerciales formalizados en las plazas de mercado. Para el año 2016 la meta era de 378 espacios y la ejecución, de acuerdo con lo que nos dicen en el Proyecto de Presupuesto, va apenas en 14. De 378 proyectados, apenas van 14, y para el año 2017, la meta también es de 378 espacios formalizados en las plazas de mercado. A este ritmo no van a cumplir ustedes la meta de 1.890 espacios comerciales formalizados que tienen fijado para este cuatrienio. Así es como cumple el Gran Gerente con mayúsculas las promesas hechas en la campaña electoral. La Gran Gerencia de que tanto se cacarea no aparece por ningún lado. Lo que muestran las cifras es una mediocridad absoluta.

En lo que tiene que ver con los vendedores informales, que han recibido bastante garrote este año por parte del alcalde Peñalosa, también se aprecia una disminución considerable en el programa “Generación de Alternativas Comerciales Transitorias para Vendedores Informales”. El año pasado ese programa tenía $15.452 millones y este año baja a $12.776 millones, una disminución en términos reales del 22%. Entonces, mientras Peñalosa les da garrote a las gentes humildes desalojándolas de toda la ciudad y violando las sentencias de la Corte Constitucional, disminuye los recursos para darles diferentes alternativas de ingresos a miles de personas que han tenido que acudir a estas prácticas del rebusque por el modelo económico imperante, el neoliberal, empecinado en destruir el empleo formal. Hay otra meta que me llama la atención. Se refiere al número de Alternativas Comerciales Transitorias para Vendedores Informales, relacionada directamente con esta partida que se va a reducir. Para el año 2016, la meta era de 378 alternativas, pero hasta el momento van ejecutadas tan solo 123. Para el año 2017 tengo una pregunta, porque aparece una enorme inconsistencia: la señora encargada de la Secretaría Distrital de Hacienda anunció que la meta para el año 2017 eran 775 alternativas. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto aparece como meta 378. Hay una diferencia, no sé si fue que se equivocaron en la presentación o en el escrito del proyecto de presupuesto.

Otra pregunta, ¿qué políticas hay para la industria bogotana? La industria es un sector fundamental que genera una gran cantidad de empleos. Además, la industria bogotana representa el 20% del PIB industrial de todo el país, o sea, una quinta parte, cifra nada despreciable. Pero también la industria bogotana ha caído en una crisis terrible por el modelo económico. En los últimos cuatro años, Bogotá ha sufrido un decrecimiento en la producción industrial. Este año ha presentado una leve recuperación, bastante mediocre, apenas de 1% en el primer semestre de este 2016. Aun así, el nivel de producción de este año ni siquiera ha alcanzado los registrados en el 2006.

La bancada del Polo Democrático Alternativo planteó en las discusiones del Plan de Desarrollo que se tomaran desde el gobierno distrital medidas de promoción y protección de la industria bogotana, en especial, al calzado del Barrio El Restrepo, a la industria farmacéutica, a la industria de los textiles y de las confecciones, desarrollando políticas como las de promover las compras públicas, como ocurre en muchos países. De eso no quedó nada aquí en el proyecto de presupuesto.

Aparece por ahí una meta llamada Capacitación de Empresas Exportadoras, y de nuevo los invito a mirar las cifras. La meta en el año 2016 era de 15 empresas y llevan cero. Una meta de 15 entre no sé cuántas unidades productivas existentes en Bogotá, miles, y “la gran meta” de capacitación a empresas exportadoras establecida por el Gran Gerente para el año 2017 ¿saben cuál es? 20 empresas. ¡No, señores de la Gran Gerencia, mejor ni la pongan, porque la gente se va a burlar de ustedes! 20 empresas para exportar entre la inmensa cantidad de empresas que hay en Bogotá.

¿Y qué políticas hay para proteger a los pequeños y medianos comerciantes de la competencia desleal con que los vienen arrinconando grandes compañías y transnacionales como D1, o Justo y Bueno, o los Éxitos Exprés? Todas estas exprés están llegando a los barrios con precios bastante bajos, porque manejan una economía de escala, e irrumpen a quebrar a los pequeños tenderos, a los pequeños comerciantes. Frente a este flagelo, ¿la Administración Distrital tiene alguna política? Aquí en el proyecto de presupuesto no veo ningún programa dirigido a los pequeños comercios, que para colmo van a salir muy golpeados con la Reforma Tributaria del presidente Santos y de la ministra Clara López, pues promueve un nuevo impuesto para los pequeños comerciantes, el monotributo, una monstruosidad peor incluso que el ICA en estas condiciones.

Hay otro programa, lo mencionó el concejal Forero, Tenderos y Comerciantes Capacitados, que busca capacitarlos en contabilidad, y la meta para el año 2016 era de 180 pequeños tenderos y pequeños comerciantes capacitados. ¿En qué va el Gran Gerente, sí lo adivinan? Otra vez en cero de ejecución. De 180 va en cero, o sea, está en nada, y para el próximo año contempla una meta de 2.000, una gota en medio del mar frente a la enorme cantidad de comerciantes y pequeños comercios existentes en Bogotá.

Para la Directora del Instituto Distrital de Turismo, dos preguntas sencillas: primero, ¿qué va a pasar con los comerciantes de Monserrate? Ahí hay unos restaurantes que uno podría decir que son de lujo, pero también hay una gran cantidad de pequeños comerciantes, artesanos, pequeños restaurantes de comida típica y fritanga. Esos compatriotas llevan ejerciendo esa actividad por más de cuarenta años. Su Asociación logró llevar incluso el agua potable a la cima del Cerro de Monserrate. Ellos hicieron por su cuenta un acueducto comunal que ha venido funcionado supremamente bien. Hoy están prácticamente quebrados, porque la autoridad les cerró el camino peatonal y no ha ejecutado bien y a tiempo las obras. La Gran Gerencia con mayúsculas del alcalde Peñalosa no ha sido capaz siquiera de solucionar el problema de un pequeño sendero peatonal y está perjudicando en proporciones gigantescas las ventas de esos comerciantes.

¿Qué va a pasar con el sendero peatonal? Así como lo denunció el concejal Nelson Castro, hay rumores sobre su posible privatización. También se habla de una posible Alianza Público-Privada para que un privado lo maneje. Quisiera una respuesta muy precisa sobre este tema: ¿el sendero se lo van a entregar a un particular para que sea administrado por alguno de estos negociantes de las privatizaciones?

Estos pequeños comerciantes están amenazados ahora por una nueva arbitrariedad, anunciada en los medios de comunicación, y es que el Gran Gerente va a acabar con todos los locales comerciales en el Cerro de Monserrate. Esos locales comerciales son atractivos para el turismo, señora secretaria.

Otra pregunta para el Instituto Distrital de Turismo. El proyecto de presupuesto 2017 que nos presentaron dice que los recursos para sueldos de personal van a disminuir en 15%, para los trabajadores de planta, se entiende, porque para los contratistas son honorarios, un rubro distinto. Me gustaría saber, ¿por qué? ¿Será que se avecina un despido colectivo o una reestructuración de la planta de personal del Instituto Distrital de Turismo, es decir, una masacre laboral? Porque aparece en el proyecto de presupuesto una disminución del 15% en ese rubro y quisiéramos saber entonces si ya hay que ir preparando las luchas para evitar esa reestructuración y esos despidos masivos.

Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el Concejo de Bogotá, 3 de octubre de 2016.

Rechazo que el gerente de Corabastos le huya al debate llamándome a la cordura, como si yo estuviera loco. El libre comercio y los TLC, amenazas a la seguridad y la soberanía alimentaria. Depender de la comida extranjera hace que estemos sujetos a los movimientos especulativos. Si se acaba Corabastos, toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies. 85.000 hogares dependen directamente de la Central. Corabastos, en peligro por la política distrital, que busca marchitarla, y por los malos manejos administrativos. Enrique Vargas Lleras, ¿un contratista a dedo? Lo peor, la propuesta de Peñalosa de sacar a Corabastos de Bogotá para montar ahí un negocio inmobiliario.

Abro mi intervención rechazando la actitud del gerente de Corabastos. Inaceptable que el señor gerente le huya a este debate, sabiendo que Corabastos es sujeto de control político por parte del Concejo de Bogotá de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional. Y para colmo, hace unos días le envió una carta al presidente del Concejo pidiéndole que me llamara a la cordura y negándome el derecho de ir a Corabastos a plantear mis puntos de vista a comerciantes y trabajadores. Les solicito formalmente a los órganos de control iniciar una investigación disciplinaria contra este funcionario.

Este debate aspira a destacar la vital importancia de Corabastos para la seguridad alimentaria, no solo de Bogotá, sino de todo el país.

Pretende también demostrar cómo las distintas Administraciones distritales, incluida la de Enrique Peñalosa, vienen marchitando a Corabastos con políticas calculadas para que la empresa no sea viable y se justifique cerrarla, favoreciendo el monopolio en el comercio de alimentos y amenazando gravemente la seguridad alimentaria de toda Colombia.

El libre comercio acabó con la soberanía y seguridad alimentarias

¿Qué es la seguridad alimentaria? Los promotores del libre comercio han planteado que los TLC garantizan la seguridad alimentaria. ¿Con qué argumentos? ¿Qué arguyen Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa y todos los que promueven este modelo económico? Dos cosas. Lo primero: que el libre comercio garantiza la seguridad alimentaria porque les permite a los consumidores acceder a comida barata. Para sustentar esta afirmación aducen que la competencia internacional va a hacer que los productores nacionales sean mucho más eficientes y, al serlo, van a reducir sus costos de producción y a garantizar alimentos baratos. Plantean además que importar almentos extranjeros subsidiados y baratos va a permitir que los consumidores colombianos accedan más fácilmente a ellos.

Los del Polo Democrático Alternativo nos oponemos a un modelo económico tan perverso. Sostenemos que el Libre Comercio lesiona severamente la seguridad alimentaria, primero, porque no es cierto que la competencia lleve a que los productores nacionales sean más eficientes. Antes por el contrario, los arruina, y no porque, nuestros campesinos y empresarios del campo sean ineficientes, sino porque compiten en condiciones totalmente desiguales. El Congreso norteamericano aprobó hace poco The Farm Bill, la ley que defiende los subsidios estatales para sus agricultores y que garantiza subsidios por US$90.000 millones por los próximos 5 años. En Colombia, mientras tanto, a campesinos, indígenas y empresariado del campo, no les ofrece el gobierno absolutamente nada. No hay casi asistencia técnica ni subsidios ni créditos barato y sí vías en muy mal estado. Son precisamente estos factores y el modelo económico lo que hace que los agricultores nacionales no puedan ser competitivos y que la producción nacional esté en bancarrota.

La seguridad alimentaria depende de la soberanía alimentaria. Es la gran diferencia que tenemos respecto de quienes promueven el libre comercio. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tiene una nación para producir en forma autónoma los alimentos que necesita su población. Por eso nosotros hemos insistido desde siempre que el Estado debe apoyar y promover la producción nacional en el campo, en lugar de quebrarla con los TLC.

Así como fracasó la tercerización laboral, también ha fracasado teoría neoliberal del libre comercio. Los hechos nos han dado la razón. Señor secretario de Desarrollo Económico, los productores nacionales sí se quebraron. Basta ver la ruina del campo después de 25 años de neoliberalismo y TLC.

Miremos unas cifras que ilustran lo que estoy diciendo. En Colombia hay 28 millones de hectáreas aptas para la agricultura, y de esas solo sembramos 7, o sea, solo se está aprovechando una cuarta parte de lo que tiene Colombia para cultivar los alimentos que necesita su población.

La importación de alimentos está disparada. En 1990, cuando César Gaviria inició el neoliberalismo, importábamos al año 700.000 toneladas de alimentos. En el año 2015, la importación alcanzó la cifra de 12 millones de toneladas. Mientras que las importaciones crecieron en 1.500%, la producción de alimentos nacionales solo creció en un 67%, con la gravedad de que fue solo en productos tropicales, en tanto que la producción de cereales ha venido descendiendo.

El maíz, entre 1990 y 2015, ha perdido 245.000 hectáreas. Recordemos que el maíz es clave, no solo por ser un alimento para los seres humanos, sino porque es un insumo, una materia prima para el alimento del ganado, los cerdos y los pollos. En la cadena de las proteínas, el maíz pesa mucho.

Lo anterior ha generado problemas en la dotación de la comida para los ciudadanos, poniéndonos a depender de la producción extranjera, de la importación de alimentos. Y eso a muchos aquí les parece muy bueno.

En medio de los debates sobre el TLC con Estados Unidos, algunos aducían que el Tratado nos iba a permitir acceder a los alimentos subsidiados que producen los gringos, ¡Qué falsedad! Voy a poner dos ejemplos de la historia reciente del país y del mundo, que demuestran lo grave que es para un país depender de la comida extranjera. El primer es ejemplo es la crisis alimentaria del año 2008.

En 2008 hubo una crisis alimentaria en todo el mundo, porque los precios de los alimentos en el mercado internacional crecieron de manera exorbitante. Según datos de la FAO, entre 2005 y 2008, los precios de los alimentos aumentaron en un 83% en el mercado internacional y, por ende, se incrementaron también los que importamos. ¿Por qué se dispararon los precios de los alimentos en los mercados internacionales? Porque la comida se volvió un commodity, una mercancía susceptible de ser transada como el petróleo en las bolsas de valores, especialmente en las de Chicago y Londres. Hay poderosos especuladores, cacaos internacionales, que especulan con la comida, y en medio de esa especulación se presentan burbujas económicas como la de 2008. Lo ha confirmado el director de la FAO en ese entonces, así como diversos estudios que señalan con toda precisión que el aumento del precio de los alimentos se debió a la especulación en las bolsas de valores.

Depender de la comida extranjera hace que quedemos sujetos a los movimientos especulativos, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de Colombia.

Miremos otro caso reciente: la devaluación del peso. El modelo neoliberal especializó a Colombia en petróleo, quebró la industria y el agro. Pero nos decían que no había nada de qué preocuparnos, porque los dólares que necesita Colombia para adquirir la comida en el extranjero nos van a entrar a manos llenas como producto de la explotación petrolera. Y resulta que el precio del petróleo se cayó, porque también es un commodity, objeto de especulación en las bolsas de valores. Al venirse por tierra los precios del petróleo, el peso se devaluó, y por eso padecemos una devaluación tan fuerte y una inflación no menos preocupante, causada principalmente por el alza en los alimentos, que debemos comprar fuera del país porque nos pusieron a depender de las importaciones. La devaluación del peso hace que la comida se encarezca y que se lesione nuestra seguridad alimentaria.

Miremos otros resultados muy elocuentes. La población desnutrida es de 8%, cifra muy superior al promedio en Suramérica, que es del 5%. El promedio en Suramérica es de 83 gramos de proteína por habitante, mientras que en Colombia solo tenemos 69 gramos.

La seguridad alimentaria no es solo un problema social y económico, también es un problema político, pues guarda estrecha relación con la soberanía del país. Que nuestra alimentación dependa de la producción extranjera nos pone a depender de las imposiciones de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos. Por ello resulta vital defender la soberanía económica, no como un prurito de la izquierda, no, señor. El presidente republicano George Bush padre, una de las personas más representativas de la reacción estadounidense, afirma sobre la soberanía alimentaria:

“Es importante para nuestra nación cultivar alimentos, (o sea producir alimentos) alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a las presiones internacionales, sería una nación vulnerable y por eso cuando hablamos de la agricultura norteamericana en realidad hablamos de una cuestión de Seguridad Nacional”.  

Repito, una cuestión de seguridad nacional. Pero aquí en Colombia no se ve así. A Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos y a todos los que hacen parte del neoliberalismo les importa un comino que la alimentación dependa de las importaciones.

Aprovecho para señalar que en este momento varias organizaciones muy representativas están promoviendo un Referendo por el Agro, que tiene como propósito modificar la Constitución Política para cambiar el mal modelo económico que se nos ha impuesto desde afuera. Invito a los concejales de todos los partidos a que nos metamos a promover ese referendo. En este momento se están recogiendo las firmas e invito a los concejales a apoyar el proceso de recolección para que el Estado, por mandato de la Constitución misma, quede obligado a proteger y a estimular la producción nacional, la pequeña y mediana producción, pero también la producción de los empresarios del campo.

Corabastos, fundamental para la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria depende en buena parte de la producción nacional de alimentos, pero también de la cadena de abastecimiento en los centros urbanos, o sea, de la cadena de la comercialización.

Lo que tenemos es una política de abastecimiento que cada vez empuja más hacia el monopolio. Las grandes superficies como Almacenes Éxito o Jumbo están acaparando el mercado, lo que amenaza también la seguridad alimentaria, porque someterse a las imposiciones de un oligopolio privado es aceptar que se especule con el precio de los alimentos. Que un oligopolio arme un cartel para fijar a su amaño precios supremamente altos vulnera gravemente los derechos de los consumidores.

Corabastos es determinante para la ciudad si se quiere impedir el monopolio en la comercialización de alimentos. Corabastos garantiza que haya una competencia en la cadena de abastecimiento y que el comercio no quede en manos de un pequeño grupo de especuladores.

En Corabastos hay una pequeña y mediana clase empresarial que adelanta una actividad supremamente importante para la sociedad y que está seriamente amenazada. No solo aquí sino en todos los ámbitos se pretende acabar con la pequeña y mediana clase empresarial, con las capas medias, como está sucediendo con los camioneros. El paro camionero fue una respuesta erguida a un gobierno que hace toda clase de maniobras para sacarlos del mercado.

Corabastos es una sociedad de economía mixta y cuyo grupo de accionistas tiene tres entidades estatales, la Gobernación de Cundinamarca, con 23% de las acciones, el Ministerio de Agricultura con 20% y el Distrito Capital con 4%, una participación muy pequeña, pero ojo, el Distrito, en cabeza del alcalde y el secretario de Desarrollo Económico tienen asiento en la Junta Directiva y, en consecuencia, la Administración distrital debe responder por las pésimas decisiones administrativas que se toman allí. En Corabastos también hay accionistas privados, que detentan la mayoría de las acciones, un poco más de la mitad, el 52%.

Cada día, la Central de Abastos moviliza 12.400 toneladas de comida, equivalentes al 25% de todos los alimentos que se comercializan en Colombia. Bogotá mueve el 25% de la comida del país, una de cada 4 toneladas del total.

El 85% por ciento de los alimentos que se mueven en Corabastos terminan en la red de minoristas. De ahí la gran importancia de esta central de abastos para garantizar la seguridad alimentaria de la capital.

Según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 40% de los gastos en alimentos de los hogares bogotanos provienen de Corabastos. Si se acaba o se la llevan a otro municipio de la Sabana, se perjudicaría gravemente el abastecimiento de alimentos baratos. Además, Corabastos compite con mejores precios que los ofrecidos por las grandes superficies. En Corabastos la comida es mucho más barata, como tuvimos oportunidad de comprobarlo. Con miembros de mi equipo hicimos un ejercicio de campo el 27 de agosto. Fuimos a comparar los precios de Corabastos con los del Éxito. Algunos resultados: el kilogramo de papa pastusa en Corabastos se comercializaba ese día a $1.100, mientras que en el Éxito, a $4.020, ojo, 265% más caro. El kilogramo de papa sabanera estaba a $1.800  en Corabastos y a $4.120 en el Éxito. El kilogramo de cebolla cabezona se vendía a $900 en Corabastos y a $2.900 en el Éxito. Si se acaba Corabastos, toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies y los consumidores de Bogotá quedaríamos sometidos a ellas.

Pero además de la importancia que tiene Corabastos para la seguridad alimentaria, es una fuente de empleo importante. Están los comerciantes, alrededor de 6.500, los trabajadores de los comerciantes y los trabajadores informales, como por ejemplo los coteros, los transportadores, los tenderos de barrio, cuya actividad principal también depende del abastecimiento de Corabastos. En total, estamos hablando de 85.000 hogares cuyos ingresos dependen directamente de la Central de Abastos.

Marchitamiento y malos manejos

La política ha sido la de acabarla poco a poco, para ir entregando el monopolio a las multinacionales del comercio.

Comencemos examinando las graves irregularidades en los procesos de contratación. Voy a centrarme en uno solo, el peor, el contrato de concesión de la malla vial con el consorcio Covial. ¿Cómo es la historia? El contrato se firmó el 10 de noviembre de 2005 y seguirá vigente casi que hasta la eternidad. ¿En qué consiste la concesión? Al igual que en las concesiones viales, el contratista, es decir, Covial, se obligó a reparar la malla vial y a mantenerla en buenas condiciones. A cambio, se queda con los ingresos cobrados por los peajes. En Corabastos hay un peaje, igual al de la Autopista Norte, solo que muchísimo más caro. Lo que se paga al salir de la central no es el parqueadero, es un peaje que se cobra por el uso de las vías internas de la central. Del total de los ingresos por ese peaje, el 80% va para el contratista privado Covial y tan solo el 20% para Corabastos.

Hay gravísimas irregularidades en el contrato de Covial. Lo primero, van 18 modificaciones. Se trata de un contrato firmado en 2005 y que ya lleva 18 otrosíes, como se las conoce técnicamente en el mundo del derecho. La Junta Directiva acaba de aprobar el otrosí 19. Con razón la Contraloría General de la República conceptuó que era un contrato totalmente distinto del que se pactó originalmente, desnaturalizado por completo, y que en la actualidad no se sabe cuál es el valor real del contrato ni cuál es el plazo.

La Contraloría General emitió un Informe de Auditoría en 2011, cuando iban 14 modificaciones, en el que señalaba:

“Corabastos a suscrito en el marco del Contrato de Concesión 070 de 2005, 14 otrosíes, lo que ha creado que a la fecha tenga plazo, término y valor indeterminado”.

No se sabe cuánto vale, hecho supremamente grave.

Lo segundo, ¿para qué tantas modificaciones? Para ampliar el objeto, contratar nuevas obras y evadir las normas de contratación pública y el proceso de selección. El contrato se firmó cuando Corabastos era mayoritariamente pública y se regía por la Ley 80 de 1993, especialmente por los criterios de la licitación pública. Ahora está mayoritariamente en manos privadas y no se sujeta a la Ley 80 de 1993 ni a las disposiciones de la licitación pública. Pero ocurre que Corabastos tiene un Manual de Contratación que aún recoge los principios de la Ley 80 de 1993, es decir, de la contratación pública. El Manual señala:

“Cuando se vaya a suscribir un contrato superior a 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, superior a $193.000.000, el procedimiento para seleccionar al contratista es la convocatoria pública.”

La convocatoria pública se parece mucho a una licitación pública: se hace una oferta pública, se definen unos requisitos y se escoge la mejor oferta para cumplir con los criterios de imparcialidad y con los criterios de objetividad. Como para contratar nuevas obras tiene la Central que someterse a ese proceso objetivo de contratación, entonces los socios privados, mayoritarios, echan mano de un truco: en lugar de someterse al proceso para seleccionar de manera objetiva al contratista, amplían el objeto del contrato con Covial para saltarse las normas. Señor secretario de Desarrollo Económico, en las respuestas al cuestionario de la proposición en que lo cito a este Debate, me dice que sí puede haber algunos problemas, pero que no hay mala administración de Corabastos. ¡No, señor secretario, sí la hay y son supremamente graves las irregularidades!

Recordemos que el objeto original del contrato era solo para mantenimiento y reconstrucción de la malla vial. Veamos entonces dónde está la trampa.

En el año 2008 se suscribió un otrosí, el número 10, que le incluye al contrato la construcción de unas obras para mitigar los vertimientos sobre el humedal Chucua de la Vaca. ¿Qué tienen que ver los vertimientos al Humedal la Vaca con la malla vial? Nada, absolutamente nada. Le ampliaron el objeto al contrato para desarrollar una obra que nada tiene que ver con el contrato original, y esa es una forma de saltarse las normas sobre contratación.

Otro ejemplo, el otrosí 14 suscrito en 2014. Le incluyeron al objeto del contrato la ejecución de los estudios, diseños y cimentación de las vigas y contrapisos de cimentación de 44 locales modulares en la vía 39. ¿Qué tiene que ver la construcción de estos 44 locales modulares de ventas con la recuperación y mantenimientos de la malla vial? Nada, absolutamente nada. Lo que hacen es ampliar el objeto del contrato para volver a contratar a dedo a Covial, violando todas las normas sobre contratación estatal.

Miren lo que asevera la Contraloría, máximo ente de control fiscal, en un Informe del año 2011:

“Corabastos ha utilizado el contrato de concesión para no celebrar nuevos procesos de contratación respecto a obras que deben adelantarse al interior de la misma, pero que no guardan relación con el objeto del contrato de concesión.”

La Contraloría repite lo que yo acabé de explicar. Burlan las normas de contratación ampliando el objeto contractual e incluyendo obras no incluidas en el contrato original.

Uno pensaría que después que la Contraloría hizo este pronunciamiento tan duro, los directivos iban a respetar la ley y a parar ese tipo de prácticas irregulares. Era lo obvio. Pero me encuentro que después del 2011 se han celebrado 4 otrosíes más, y la Junta Directiva ya aprobó una quinta modificación, para un total de 19 modificaciones con las mismas prácticas. Lo anterior vulnera expresamente el Manual de Contratación de Corabastos, según el  cual “los eventos deben tener una clara relación con el objeto del contrato y tratarse de obras, bienes y servicios que sirven para lograr el fin esencial propuesto con la celebración del contrato adicionado.”  Se siguen violando impunemente las normas de contratación.

Vamos a denunciar otros casos no menos graves.

La suscripción del otrosí 18 se hizo para hacerle un reforzamiento a la bodega 35, que presentaba problemas de cimentación. Pero resulta que el reforzamiento tampoco tiene nada que ver con la malla vial. ¿Solución? Volver a ampliar el objeto del contrato. La Junta Directiva de Corabastos alega que esta obra tenía que incluirse en el contrato de Covial para poder arreglar la vía, que está al frente. Y miren la sorpresa. Hicieron el otrosí e incluyeron la obra, pero primero arreglaron la vía y después comenzaron a arreglar la bodega. Si la justificación para modificar el contrato era que primero tenían que arreglar la bodega a fin de arreglar después la vía, ¿por qué lo terminaron haciendo al revés? Una prueba de que no tenía justificación el otrosí suscrito a finales del año pasado.

Los costos de la obra llaman bastante la atención. Resulta que en el 2013 se inició un proceso para seleccionar al contratista encargado del reforzamiento estructural en la bodega 35. Se iba a hacer mediante una convocatoria pública y el presupuesto estimado fue de $498 millones. Pero en el otrosí 18, ¡ojo!, el costo se disparó a $9.400 millones. Una obra que en el 2013 costaba $498 millones, con Covial quedó costando 9.400 millones ¡Alguien nos tiene que explicar este truco de ilusionismo y espero que sea usted, señor secretario de Desarrollo Económico, porque en las respuestas que me dio pasó por alto estas gravísimas irregularidades. ¿Por qué vale $9.400 millones y por qué no se escogió otra oferta más barata, cuando existía una de muchísimo menor valor?

El otrosí 19, el último, se aprobó en reunión de Junta Directiva el 19 de diciembre de 2015. Según reza el acta, se autorizó al gerente para adicionar un otrosí a fin de adecuar y sistematizar las puertas peatonales y modernizar el centro de control. Le pregunto al Secretario de Desarrollo Económico, ¿qué tienen que ver con el objeto original del contrato? Porque si no guardan relación, se están violando en forma flagrante las normas sobre contratación.

Y lo peor, ¿qué tiene que ver la modernización del centro de control de Corabastos con el mantenimiento y la construcción de las vías internas?  Nada y, por lo tanto, no se puede contratar esa obra, porque se violan las normas de contratación sobre la selección objetiva del contratista. Surge entonces una duda: ¿cuánto nos van a cobrar? ¿Por qué no se permite que haya bastantes oferentes para que Corabastos pueda elegir la mejor oferta?

Lo más grave es que el contrato de marras se volvió indefinido en el tiempo. Originalmente, se pactó un plazo de 20 años, o sea, tenía que terminar en el 2026, pero el problema es que en el contrato se definió que la terminación del contrato dependía de que Covial recibiera un ingreso esperado, que a pesos del año 2004 era de $342.000 millones, y que con la actualización a valor presente asciende $512.000 millones. Solo cuando Covial acopie esa suma, se termina el contrato. En principio eran 20 años, pero como se ha venido ampliando el objeto del contrato y se incluyen más costos, el contrato prácticamente terminó siendo hasta la eternidad.

Hay un acta de la Junta Directiva de Corabastos, de la reunión del día 9 de diciembre del 2015, que dice:

“Que con una TIR del 14%, o sea con una Tasa Interna de Retorno del 14%, el contrato se ejecutaría hasta el año 2150”.

¡No pasa sino en administraciones como la del doctor Peñalosa! ¡La magia de los otrosíes logró que un contrato a veinte años dure 150, un siglo y medio! Después revisaron la TIR, la Tasa Interna de Retorno, y la bajaron del 14% al 7.6% y nos prometen que con esa modificación el contrato irá apenas hasta el año 2035. Eso dicen, pero quién sabe si es verdad que ese contrato va a llegar hasta el año 2035. Si se termina en el año 2035, significa que un contrato originalmente pactado a 20 años pasó a ser de 29 años, un aumento de un 50%, aproximadamente.

El contrato de Covial pone en riesgo la seguridad alimentaria. En primer lugar, porque, como lo afirma la Contraloría, amenaza seriamente las finanzas de Corabastos e impide que tenga más ingresos por concepto de peajes para poder modernizarse y poder realizar las inversiones que necesita la Central. Pero además, con este negocio, muy parecido al de TransMilenio, los consumidores y los bogotanos estamos pagando uno de los peajes más caros de Colombia.

Para vehículos tipo campero, de menos de una tonelada, como son una buena parte de los carros que ingresan a Corabastos, el peaje de Covial es de $7.800, y el promedio de los peajes de Invías en el país es de $7.300, o sea $500 más caro.

El peaje de Covial para camiones de dos ejes es de $22.800, ¿y saben ustedes que el promedio de los peajes de Invías para ese mismo camión es de $7.900 en el país? El peaje más caro del país para camiones de dos ejes cuesta $16.100 pesos.

Para camiones de más de dos ejes, el peaje de Covial cuesta $40.000, mientras que el promedio del país es de $24.500. ¡Absurdo! Y obvio, el precio de esos peajes tan caros se traslada a los alimentos, vulnerando la seguridad alimentaria de los ciudadanos.

Hay un caso que me llama bastante la atención y lo denuncio a manera de pregunta. Se trata del arbitramento con Corapar, un edificio de parqueaderos en Corabastos entregado a un particular. El privado demandó a Corabastos ante el Tribunal de Arbitramento y me encuentro que el día 8 de junio el 2016, o sea, en la actual administración Peñalosa, la Junta Directiva de Corabastos aprobó contraer un crédito en el sistema financiero hasta por $6.000 millones para contratar al abogado que va a defender a la Central.

¿Saben ustedes a quién? Se contrató a una firma, Vargas Abogados y Compañía Limitada. ¿Saben ustedes quién es el presidente y representante legal de esa firma? Enrique Vargas Lleras, nada menos que el hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Le tengo unas preguntas, secretario de Desarrollo Económico, y espero que me las conteste:  primero, ¿hubo ofertas de otras firmas de abogados, además de la propuesta del doctor Enrique Vargas Lleras, para que se pudiera escoger de manera objetiva? Segundo, ¿por cuánto lo contrataron y cuál es el objeto del contrato? Corabastos se negó a responder. Bien, espero que lo haga usted, ya que la Administración de Enrique Peñalosa hizo parte de la Junta Directiva que tomó la decisión de contratar a la firma del hermano del Vicepresidente de la República.

Se benefician los grandes oligopolios

El Distrito Capital solo tiene el 4% de las acciones en Corabastos y alguien dirá que como es una participación muy menor, el Distrito Capital no tiene nada que ver ahí. Yo planteo otra cosa muy distinta: tiene puesto en la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos, y como tal, incide en las decisiones que se tomen. Le pedí al secretario de Desarrollo Económico su opinión sobre estas irregularidades y me contestó que sí hay fallas de planificación, pero que la cosa no anda tan mal y que tampoco hay mala administración, solo que podría ser que no planifiquen bien. Fue lo único que usted se dignó informarme. Pero yo le había pedido, en uso de mis atribuciones como concejal, un informe completo de la Administración Distrital de Enrique Peñalosa frente a estas irregularidades tan graves, aquí denunciadas hoy en este debate. Parece, por la respuesta tan indolente, que al alcalde Peñalosa no le interesara lo que pase con la Central, como si no entrañara un problema de seguridad alimentaria para los bogotanos. Insisto en denunciar que la Administración distrital está permitiendo el marchitamiento de la Central en favor de los grandes oligopolios de comercialización de alimentos.

Y lo peor es la propuesta hecha por el alcalde Peñalosa de sacar a Corabastos de la ciudad, para montar en los más de 400.000 metros un gran negocio inmobiliario, un negocio de los que tanto le gustan a él, las típicas Alianzas Público-Privadas, como el Contrato de Covial, como el Modelo Transmilenio. En el anteproyecto del Plan de Desarrollo se introdujo esa APP, y el propio gerente de la Empresa de Renovación Urbana, ERU, reconoció que quieren sacar a Corabastos de la ciudad para montar un negocio inmobiliario. Solo cuando estalló el escándalo, la Administración Distrital de Peñalosa dijo no, eso ya no va.

Hace poco, ustedes deben recordar, tuvimos la discusión del Cupo de Endeudamiento, y una parte de ese cupo va para la estructuración de APP. Al Concejo vino el doctor Jean Philippe Pening, alto consejero de Peñalosa, y expresó que hay una manifestación de interés por montar en Corabastos una Alianza Público-Privada. ¿Entonces qué? ¿No habían dicho que desistían de ese proyecto? ¿O es que aún se mantiene, como una manifestación de interés en los proyectos de APP que tiene contemplados la Alcaldía de Enrique Peñalosa?

En aquel moment, le solicité al Doctor Pening que me explicara el proyecto en cuestión. Él sostuvo que hay una manifestación de interés, pero que no podía decir mayor cosa, porque todo es confidencial, secreto. En esta ocasión le pido al secretario de Desarrollo Economico le aclare a la ciudadanía si van o no con el proyecto, porque sería muy grave sacar a Corabastos de la ciudad, dada la importancia que ya he resaltado.

Concluyamos. Lo primero, reiterar que Corabastos es fundamental para la seguridad alimentaria de Bogotá y Colombia. Allí se comercializa el 25% de los alimentos de todo el país. Segundo, esta Central de Abastos está amenazada por la mala administración y las grandes irregularidades en la contratación, pero también por el desinterés del alcalde Peñalosa en fortalecerla. Y está amenazada por los intereses de los comerciantes inmobiliarios, que quieren hacer negocios en el inmenso lote donde se halla ubicada la Central.

La Administración distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, debe tomar cartas en el asunto y promover que la Junta Directiva de Corabastos demande el contrato de concesión de Covial. Si ustedes no lo hacen, desde ya anuncio que vamos a demandar, mediante una acción popular, las graves irregularidades que se están cometiendo en este contrato de la concesión.

Lo segundo que debe hacer la Administración Distrital es desistir de la idea de desterrar a Corabastos y espero que usted se pare hoy en este atril y les confirme a los comerciantes aquí presentes, a los concejales y a la ciudadanía que van a desistir de esa pésima idea. Y lo tercero, es poner en práctica una política pública para fortalecer a Corabastos, por su importancia para la seguridad alimentaria de toda la ciudad.

Por último, yo diría que todos nos tenemos que unir para salvar a Corabastos, unirnos los trabajadores, los comerciantes, los consumidores. Debe seguir la vigilancia ciudadana. Quiero destacar en especial la valerosa defensa que han hecho los comerciantes, la clase media empresarial de Corabastos, para luchar en contra de estas malas prácticas que ponen en grave peligro a la principal central de abastos de Colombia.

Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el foro “Unidos por los Humedales”, junio de 2016.

Principal uso de los humedales es el de conservación, no el de recreación, como pretende Peñalosa. Peñalosa ve los humedales y el río Bogotá como piscinas o peceras. Busquemos la unidad en defensa de la estructura ecológica de Bogotá.

El evento que se está realizando hoy es de suma importancia porque permite, primero, elevar el nivel de conocimiento que debemos tener los bogotanos sobre unos ecosistemas tan estratégicos como son los humedales, compartiendo la experiencia de organizaciones y activistas, tanto los que son reconocidos oficialmente como los que no.

Y en segundo lugar, permite elevar el nivel de organización, aspecto fundamental para que la lucha en defensa de estos ecosistemas estratégicos sea mucho más efectiva. Esto de mejorar el nivel de unidad es fundamental frente a la arremetida que se viene con las propuestas y las medidas anunciadas por la administración de Enrique Peñalosa.

Qué pretende Peñalosa en materia ambiental

En el trámite del Plan de Desarrollo, se hicieron varios cuestionamientos en relación con los humedales y por esa razón se incluyó un artículo sobre su recuperación y habilitación. Allí se habla del ciento por ciento de los humedales, aunque en realidad el texto se refiere solo a 15 humedales reconocidos oficialmente, no a todos, porque hay unos no reconocidos.

Quiero llamar la atención sobre una anomalía. Frente a los humedales, la administración distrital está planteando hacer una serie de zonas recreacionales con parques lineales que bordeen los humedales, como quedó planteado en el artículo respectivo del Plan de Desarrollo. Es caer en una visión bastante equivocada de lo que ha de hacerse con los humedales, porque el principal uso que se debe contemplar en ellos es el de la conservación. En resumen, la política debe ser de conservación, pero la visión que adopta la Administración de Enrique Peñalosa es la de privilegiar la recreación.

Son dos cosas totalmente distintas. Cuando se privilegia la recreación, las intervenciones corren el riesgo de lesionar gravemente los humedales, porque si se hacen alamedas o grandes ciclo rutas, se puede afectar el ecosistema. La visión del alcalde es un poco absurda. Ve los humedales y el río Bogotá como una especie de piscina o de pecera que debe estar siempre saturada de concreto.

Dentro del proyecto de Ciudad Paz, se plantea hacer Ciudad Río y el gran malecón del río Bogotá. Canalizar el río Bogotá es también algo absurdo, por varias razones. Para la descontaminación del río Bogotá faltan muchísimos años porque está supremamente atrasada, pero además la canalización genera varios impactos, en primer lugar, porque toda la ribera es inundable. Dice Peñalosa que va a canalizar todo el río Bogotá como sucede en Europa y es de esa manera como piensa mitigar la inundación. Bueno, en Europa sí se canalizaron los ríos, pero vienen ahora en un proceso de descanalización supremamente costoso. Como habrán sido los impactos de la canalización que ya los están descanalizando, porque es obvio que en épocas de lluvias, si el río está canalizado en la ciudad, aguas abajo va a llegar con mucha fuerza y puede generar grandes problemas en los municipios aledaños.

Frente a los cerros orientales, dos cosas: Peñalosa privilegia simplemente el valor paisajístico que tienen los ecosistemas sobre la importancia de conservarlos. Frente a la propuesta del sendero en los cerros orientales todavía no hay un estudio claro que señale los impactos y que garantice que no va a causar allí más problemas ambientales de los que ya existen.

Muchos de ustedes habrán oído que la Alcaldía de Enrique Peñalosa está coadyuvando el desacato presentado por el exministro de Vivienda, doctor Henao. Al doctor Henao no le gustó que se le haya definido un límite a la ruralidad y a la zona urbana en la ciudad para impedir que se concretaran unas licencias de construcción en los cerros orientales y presentó un desacato. El desacato, de acuerdo con las audiencias hechas, está siendo respaldado por la Administración Peñalosa a través de Andrés Ortiz, secretario de Planeación.

Un último comentario sobre la Reserva Van Der Hammen. Nosotros denunciamos que en el Plan de Desarrollo estaba incluido el proyecto de urbanización de la Reserva Van der Hammen. El alcalde Peñalosa replicó afirmando que nosotros estábamos mintiendo. Pues le recuerdo que en el Plan está el tema de Ciudad Norte que, como todos ustedes saben, incluye la Reserva Van der Hammen. Que para urbanizar la reserva se tengan que modificar el POT y que la CAR deba hacer la exclusión de varias hectáreas, no significa que en el Plan de Desarrollo, la hoja de ruta para la Administración distrital, no esté contemplada la urbanización de la Reserva Van der Hammen.

Sobre la Reserva Van der Hammen hay miles de estudios que demuestran su importancia, pero el argumento principal, que tiene que ver con los humedales de la Alcaldía de Peñalosa, es que más hacia el norte de la Reserva Van der Hammen la distancia entre el río Bogotá y los cerros orientales es menor. Allí la distancia entre el río Bogotá y los cerros orientales es de 5 kilómetros, mientras que en la Reserva Van der Hammen es alrededor de 14 kilómetros. Entonces ellos, en la simpleza y mediocridad de sus argumentos, proponen conectar los cerros orientales y el río Bogotá por donde hay menos distancia, pero lo que ellos están omitiendo de manera calculada es que la Reserva Van der Hammen es importante no solo por la conectividad ecológica entre el río Bogotá y los cerros orientales, sino también porque permite la conectividad ecológica entre los Humedales Torca y Guaymaral y los Bosques Nativos que hay en esa zona. Más hacia el norte de la ciudad no están los humedales. La administración arguye que los humedales no están dentro de la Reserva Van der Hammen, y puede que no, pero sí sobre el borde. Y esa Reserva, tal como está definida y diseñada, permite mantener la conectividad entre los cerros orientales, el río Bogotá, los humedales y los bosques nativos existentes allí.

Termino felicitándoles y deseándoles muchos éxitos. Quiero señalar que vamos por buen camino, invitándolos a cimentar una gran unidad entre organizaciones y entre distintos sectores políticos. Yo soy del Polo, pero tenemos que buscar una gran unidad sin ningún tipo de sectarismo, con total amplitud, para que elevando el nivel de educación, de organización y movilización impidamos que el alcalde Enrique Peñalosa termine de acabar con la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá.

Intervención del concejal Manuel Sarmiento, junio de 2019. Concejo de Bogotá

Causa estructural de la enorme informalidad es el modelo económico imperante. No es posible combatir la informalidad a punta de Tratados Libre Comercio. No han servido las políticas para enfrentar la informalidad. Las ventas informales no son un problema criminal. Peñalosa continúa con la política de entregar el espacio público a las grandes multinacionales. Censo, políticas de empleo público, verdadera reubicación y transformar profundamente el país, las propuestas del Polo para enfrentar la informalidad.

A los políticos y a los gobernantes nos toca actuar como los médicos, o sea, ir a la causa definitiva de un problema o de una enfermedad y, en este caso, la causa estructural del enorme problema de informalidad en Colombia y en Bogotá radica en las muy malas políticas que estos gobiernos neoliberales vienen aplicando, especialmente desde hace veinticinco años.

No es posible combatir la informalidad a punta de Tratados Libre Comercio, no es posible. La realidad ya nos ha dado la razón a quienes venimos denunciando que la política de libre comercio destruye el aparato productivo nacional.

Hace poco estaba revisando el balance del TLC con Estados Unidos. Cuando se inició ese debate, yo estaba en la universidad y  recuerdo que quienes defendían el TLC del gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos —porque en eso sí se parecen mucho—  nos decían que era como una especie de llave al paraíso terrenal y que iban a correr ríos de leche y miel. La realidad nos ha probado lo contrario.

En lo comercial, pasamos de tener superávit a padecer un déficit colosal. Hoy estamos importando de Estados Unidos mucho más de lo que antes exportábamos. La pandilla neoliberal debería pedirle perdón al país y reconocer que su pésima política ha destruido nuestras empresas causando desempleo e informalidad. No me hago ilusiones, no creo que vayan a rectificar, porque con estas políticas tan dañinas gana esa élite criolla que le sirve de intermediaria al gran capital extranjero.

¿Cómo se va a combatir en serio la informalidad si se cierran las empresas? En las afueras de Bogotá se cerraron la fábrica Michelin y la fábrica de Protabaco y se destruyó toda una cadena productiva. Quiero enfatizar: no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca, y aquí hay un problema estructural cuya raíz tiene que ver con la pésima política del Gobierno nacional.

Santos empuja a los bogotanos a la informalidad y Peñalosa los recibe con bolillo

La Administración distrital de Peñalosa está empeorando la situación. Los vendedores informales son ciudadanos humildes, sencillos, que se ven obligados a trabajar muy duro y a la intemperie, sin prestaciones sociales, sin jornada laboral, sin ingresos estables. Y encima, se ven a diario atropellados por la fuerza pública como si fueran delincuentes.

En el debate se demostró que en los últimos años no han servido las políticas frente a los vendedores informales. No ha funcionado la medida de reubicarlos en zonas por donde no pasa un alma, donde no pueden vender ni un chicle, y por eso es que la mayor parte de los quioscos y módulos están desocupados. Los vendedores no lo ven como una buena política de reubicación.

Tampoco funcionan los créditos de dos millones ni esos programas de capacitación donde les enseñan inglés, un absurdo. Lo peor es que el gobierno de Enrique Peñalosa no solo está continuando estas políticas fracasadas, sino que además les agrega una alta dosis de represión, cosa aún más inaceptable.

Peñalosa continúa con la mala política de reubicación. ¿Qué alternativas les dieron a los vendedores informales ubicados en la calle 72? Las mismas zonas de reubicación. Como ya lo explicó el concejal Celio Nieves, la gente no va a esos módulos, sino que vuelve a los andenes, y entonces Peñalosa ordena desalojarla a punta de bolillo.

Peñalosa continúa con la misma política de su primera administración. ¿Qué decía? Que él prefería ver ladrones en las esquinas que vendedores informales, otro exabrupto de esos a los que nos tiene acostumbrados. También le va a dar continuidad a la política de entregarle el espacio público al gran capital. El Decreto 456 de 2013 puso en marcha la privatización del espacio público a favor del gran capital, un decreto absurdo, que le permite el aprovechamiento económico solo a las empresas que ganen una subasta y, como todos sabemos, las subastas las gana siempre el gran capital.

La directora del DADEP nos trajo a este recinto la ideota de hacer Alianzas Público-Privadas en el espacio público. Para ellos es muy malo que una persona humilde y sin trabajo se siente en una esquina a vender chicles, pero cuando se trata de una multinacional, ahí sí les abren todas las puertas.

La propuesta del POLO

Primero, hacer un censo. Ustedes como Administración distrital no pueden implementar una política si no saben cuántos vendedores informales existen en la ciudad y cuáles son sus condiciones.

Segundo, combatir la informalidad con políticas de empleo público. Los países desarrollados aplican políticas de empleo público, porque los privados no alcanzan a cubrir la demanda ni a poner en práctica una política de pleno empleo. La política de empleo en la actual Administración distrital brilla por su ausencia.

Tercero, puede haber reubicación, pero reubicación en zonas adecuadas, en corredores comerciales donde los vendedores sí vean atractivo instalarse. Pero además hay que tener en cuenta que es imposible reubicar a todos los vendedores informales, es imposible, es más, es imposible erradicar las ventas informales. En los países más desarrollados existen ventas informales ubicadas en el espacio público. Las ventas informales sí se pueden hacer de manera ordenada si el Estado interviene. Es un despropósito que la política de ustedes como administración sea sacar a todos los vendedores informales de las calles de la ciudad. En Europa hay corredores culturales, aquí en la Plazoleta de Usaquén se podría hacer un corredor cultural con algunos artesanos en vez de perseguirlos con la policía. Uno de los perros calientes más famosos del mundo es el que uno consigue en los puestos callejeros de Nueva York. Que el Estado intervenga con inteligencia y permita que los vendedores informales estén en el espacio público de manera ordenada. Es una forma de combatir a quienes se aprovechan de esa situación y a quienes la Administración distrital llaman “las mafias”. Siempre que el Estado impone a la brava una política prohibicionista se arma un mercado negro sobre el espacio público. Por ello resulta inaplazable que el Estado intervenga con políticas sanas para ordenar esa ocupación.

Cuarto, hay que derogar el Decreto 456 de 2013 y echar para atrás las políticas de privatización del espacio público.

Cuando inicié mi intervención señalé que la política de la actual administración no soluciona ni resuelve el problema social de la informalidad. Las ventas informales no son un problema criminal. Rechazo el enfoque que se les está dando. Este problema social solo se cambia cuando haya una profunda transformación política del país y se eche para atrás la pésima política económica que hoy tiene a Colombia sumido en el subdesarrollo. Mientras tanto, la informalidad va a seguir siendo un fenómeno social imposible de eliminar.