Además de la represión, Peñalosa continúa con la fracasada política contra los vendedores informales
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, junio de 2019. Concejo de Bogotá Causa estructural de la enorme informalidad es el modelo económico imperante. No es posible combatir la informalidad a punta de Tratados Libre Comercio. No han servido las políticas para enfrentar la informalidad. Las ventas informales no son un problema criminal. Peñalosa continúa con la política de entregar el espacio público a las grandes multinacionales. Censo, políticas de empleo público, verdadera reubicación y transformar profundamente el país, las propuestas del Polo para enfrentar la informalidad. A los políticos y a los gobernantes nos toca actuar como los médicos, o sea, ir a la causa definitiva de un problema o de una enfermedad y, en este caso, la causa estructural del enorme problema de informalidad en Colombia y en Bogotá radica en las muy malas políticas que estos gobiernos neoliberales vienen aplicando, especialmente desde hace veinticinco años. No es posible combatir la informalidad a punta de Tratados Libre Comercio, no es posible. La realidad ya nos ha dado la razón a quienes venimos denunciando que la política de libre comercio destruye el aparato productivo nacional. Hace poco estaba revisando el balance del TLC con Estados Unidos. Cuando se inició ese debate, yo estaba en la universidad y recuerdo que quienes defendían el TLC del gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos —porque en eso sí se parecen mucho— nos decían que era como una especie de llave al paraíso terrenal y que iban a correr ríos de leche y miel. La realidad nos ha probado lo contrario. En lo comercial, pasamos de tener superávit a padecer un déficit colosal. Hoy estamos importando de Estados Unidos mucho más de lo que antes exportábamos. La pandilla neoliberal debería pedirle perdón al país y reconocer que su pésima política ha destruido nuestras empresas causando desempleo e informalidad. No me hago ilusiones, no creo que vayan a rectificar, porque con estas políticas tan dañinas gana esa élite criolla que le sirve de intermediaria al gran capital extranjero. ¿Cómo se va a combatir en serio la informalidad si se cierran las empresas? En las afueras de Bogotá se cerraron la fábrica Michelin y la fábrica de Protabaco y se destruyó toda una cadena productiva. Quiero enfatizar: no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca, y aquí hay un problema estructural cuya raíz tiene que ver con la pésima política del Gobierno nacional. Santos empuja a los bogotanos a la informalidad y Peñalosa los recibe con bolillo La Administración distrital de Peñalosa está empeorando la situación. Los vendedores informales son ciudadanos humildes, sencillos, que se ven obligados a trabajar muy duro y a la intemperie, sin prestaciones sociales, sin jornada laboral, sin ingresos estables. Y encima, se ven a diario atropellados por la fuerza pública como si fueran delincuentes. En el debate se demostró que en los últimos años no han servido las políticas frente a los vendedores informales. No ha funcionado la medida de reubicarlos en zonas por donde no pasa un alma, donde no pueden vender ni un chicle, y por eso es que la mayor parte de los quioscos y módulos están desocupados. Los vendedores no lo ven como una buena política de reubicación. Tampoco funcionan los créditos de dos millones ni esos programas de capacitación donde les enseñan inglés, un absurdo. Lo peor es que el gobierno de Enrique Peñalosa no solo está continuando estas políticas fracasadas, sino que además les agrega una alta dosis de represión, cosa aún más inaceptable. Peñalosa continúa con la mala política de reubicación. ¿Qué alternativas les dieron a los vendedores informales ubicados en la calle 72? Las mismas zonas de reubicación. Como ya lo explicó el concejal Celio Nieves, la gente no va a esos módulos, sino que vuelve a los andenes, y entonces Peñalosa ordena desalojarla a punta de bolillo. Peñalosa continúa con la misma política de su primera administración. ¿Qué decía? Que él prefería ver ladrones en las esquinas que vendedores informales, otro exabrupto de esos a los que nos tiene acostumbrados. También le va a dar continuidad a la política de entregarle el espacio público al gran capital. El Decreto 456 de 2013 puso en marcha la privatización del espacio público a favor del gran capital, un decreto absurdo, que le permite el aprovechamiento económico solo a las empresas que ganen una subasta y, como todos sabemos, las subastas las gana siempre el gran capital. La directora del DADEP nos trajo a este recinto la ideota de hacer Alianzas Público-Privadas en el espacio público. Para ellos es muy malo que una persona humilde y sin trabajo se siente en una esquina a vender chicles, pero cuando se trata de una multinacional, ahí sí les abren todas las puertas. La propuesta del POLO Primero, hacer un censo. Ustedes como Administración distrital no pueden implementar una política si no saben cuántos vendedores informales existen en la ciudad y cuáles son sus condiciones. Segundo, combatir la informalidad con políticas de empleo público. Los países desarrollados aplican políticas de empleo público, porque los privados no alcanzan a cubrir la demanda ni a poner en práctica una política de pleno empleo. La política de empleo en la actual Administración distrital brilla por su ausencia. Tercero, puede haber reubicación, pero reubicación en zonas adecuadas, en corredores comerciales donde los vendedores sí vean atractivo instalarse. Pero además hay que tener en cuenta que es imposible reubicar a todos los vendedores informales, es imposible, es más, es imposible erradicar las ventas informales. En los países más desarrollados existen ventas informales ubicadas en el espacio público. Las ventas informales sí se pueden hacer de manera ordenada si el Estado interviene. Es un despropósito que la política de ustedes como administración sea sacar a todos los vendedores informales de las calles de la ciudad. En Europa hay corredores culturales, aquí en la Plazoleta de Usaquén se podría hacer un corredor cultural con algunos artesanos en vez de perseguirlos con la policía. Uno de los perros calientes más famosos del mundo es el que
Política laboral de Peñalosa es contra los trabajadores
Intervención en el Concejo de Bogotá, el 26 de septiembre de 2016. Abaratar la mano de obra es de la esencia del modelo neoliberal. Solo se puede generar empleo formal si hay desarrollo empresarial, y en Colombia no lo hay porque los TLC acaban con el agro, la industria y el empleo formal. Una de las herramientas preferidas para abaratar la mano de obra es la tercerización. En la Alcaldía de Enrique Peñalosa, como en las anteriores, se contrata a trabajadores para que realicen funciones misionales y permanentes por contratos de prestación de servicios, una conducta abiertamente ilegal. Invito a los trabajadores a seguir luchando contra las malas políticas de Santos y Peñalosa. La política laboral del alcalde Peñalosa consiste en violar descaradamente los derechos laborales de los trabajadores del Distrito para abaratar la mano de obra y, con los recursos que se ahorran, favorecer a los grandes negociantes de la ciudad, especialmente los extranjeros. Es la misma política del presidente Juan Manuel Santos, incluido su Ministerio del Trabajo, y ha sido la de las últimas administraciones de la ciudad. Yo he sido crítico de las últimas administraciones distritales en distintos temas y esas administraciones también se rajan en lo que tiene que ver con las violaciones de derechos laborales. Abaratar la mano de obra es de la esencia del modelo neoliberal. Desde que se impuso el neoliberalismo a comienzos de la década de los 90, se ha tomado una serie de decisiones para recortar derechos laborales. Por solo mencionar algunos ejemplos, la Ley 50 de 1990 generalizó los contratos a término fijo inferiores a un año y ahondó la inestabilidad laboral. Y la Ley 789 de 2002, bien conocida por los amigos del Centro Democrático, redujo la indemnización por despidos sin justa causa, rebajó el pago de dominicales y festivos y alargó el día, señalando que la jornada nocturna no arranca a la seis de la tarde sino a las diez de la noche, y todo calculado para escatimar el pago del trabajo nocturno. Nos metieron estas reformas neoliberales que llamaron de flexibilización laboral con el argumento de que así se generaba empleo formal, ¡hágame el favor! Había que recortar derechos laborales y pagar más barato a los asalariados porque solo de esa manera se generaba empleo. Resultado nefasto después de 25 años Bueno, llevamos veinticinco años padeciendo la política neoliberal y hoy Colombia sufre la tasa de desempleo más alta de América Latina y una tasa de informalidad del 63%, o sea que hoy, casi siete de cada diez trabajadores están en el desempleo o en el rebusque. Es evidente el fracaso de la política neoliberal de abaratar la mano de obra dizque para generar empleo. Como lo muestra la historia de los países desarrrollados, solo se puede generar empleo formal si hay desarrollo empresarial, y en Colombia no lo hay porque los Tratados de Libre Comercio del doctor Santos y del ex presidente Uribe acabaron con el agro y con la industria nacionales y destruyeron los empleos formales. Abaratando la mano de obra se buscan básicamente dos propósitos: uno, aumentar las ganancias, especialmente del capital extranjero, protegido por la Confianza Inversionista, y dos, acumular unos ahorros para promover los grandes negocios, como lo hace el alcalde Peñalosa, y para pagar la deuda pública. Ojo con eso. Aquí el sistema es muy perverso, porque al quebrar la economía, el Estado se queda sin ingresos y tiene que endeudarse con la banca internacional. ¿Cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se garantizan buena parte del pago de la deuda? Imponiéndole a Colombia la obligación de mantener a sus trabajadores en condiciones indignantes para no pagarles el salario al que tienen derecho. Y una de las herramientas preferidas es la tercerización. Hay distintos tipos de tercerización, que yo clasifico en dos grandes categorías: La tercerización en sentido estricto, cuando una empresa o una entidad no contratan directamente a los trabajadores, sino a través de un tercero. El caso típico es el de la multinacional Claro, de don Carlos Slim. Claro dispersa a los operarios que hacen las instalaciones en pequeños grupos de empresas diferentes, violándoles derechos básicos como el de asociación sindical, el pago de horas extras y otro tipo de derechos que se les desconocen sistemáticamente. Hay otro tipo de tercerización en la que el trabajador es vinculado directamente, pero no mediante un contrato laboral con todas las garantías, sino mediante contratos civiles, por lo común de prestación de servicios. Los mismos trabajadores deben pagarse su salud y su pensión y ni siquiera tienen derecho a las cesantías y demás prestaciones sociales. Están además sometidos a una plena inestabilidad laboral, porque son enganchados a un mes, a tres meses, máximo a seis meses, y no pueden afiliarse a un sindicato y todavía menos fundarlo, porque se condenan ellos mismos a que no les renueven el contrato. Esta política la está promoviendo el mal gobierno de Juan Manuel Santos desde el Ministerio de Trabajo con el Decreto 583 del año 2015, que la ministra de Trabajo no ha querido derogar pese a que las centrales obreras le han demostrado que es totalmente perjudicial. Y es la misma que está aplicando Peñalosa en Bogotá. Aprovecho para explicar que en el proceso de paz, uribismo y santismo se presentan como dos bandos muy contradictorios, pero en el resto de materias de importancia para la vida nacional representan los mismos intereses, promueven las mismas políticas. El uribismo, el santismo, el vargasllerismo, el alcalde Peñalosa, todos, hacen parte de la pandilla neoliberal que tanto daño le ha hecho al país. La política laboral del alcalde Peñalosa Voy a dividir mi intervención sobre la política laboral del alcalde Peñalosa en cuatro sectores: el sector central, el sector de salud con los hospitales públicos, las empresas distritales y el magisterio. En el sector central, la forma que asume la política de tercerización son los contratos de prestación de servicios. Tengo los datos de cada una de las entidades, pero los voy a dar
En el debate sobre la salud quedó demostrado que Peñalosa ha empeorado la crisis
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, 19 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá La creación de las cuatro redes o subredes empezó en la pasada administración y Peñalosa institucionaliza esa política. Con el criterio de la rentabilidad van cerrando servicios en un hospital para trasladárselo a otro. Lo que está haciendo la administración de Peñalosa pone en riesgo la vida de los usuarios porque aumenta las barreras geográficas. La reforma a la salud de Peñalosa se monta sobre la base de seguir violando los derechos laborales a los trabajadores. El hacinamiento en urgencias aumentó, al contrario a lo que dice Peñalosa. Caos administrativo está llegando a proporciones astronómicas. Voy a poner al descubierto el fracaso evidente de la reforma de la salud que está adelantando el alcalde Enrique Peñalosa. Como ya la señaló el concejal del Polo, Celio Nieves, la principal causa de la crisis, no solo en Bogotá, sino en todo el país, es el perverso modelo de salud que promueven personajes como Juan Manuel Santos, de la mano de Álvaro Uribe Vélez, el perverso modelo de la Ley 100, que privilegia el negocio de las EPS por encima de los derechos fundamentales de los usuarios, pacientes y trabajadores. Sin embargo, en lugar de mitigar en algo esa crisis, lo que está haciendo el alcalde Peñalosa en Bogotá es agravarla, empeorando la situación de los usuarios y de los trabajadores. ¿Qué está pasando con la salud en Bogotá? Cuando se planteó crear las cuatro redes, doctor Luis Morales, ustedes, todavía recién posesionados, lo presentaron como una idea novedosa, diciéndole a la ciudadanía que iban a implementar algo nuevo para mejorar el sistema de salud. Y resulta que no era nada nuevo, como después usted debió reconocerlo. Esa política comenzó en el 2013 bajo la anterior administración distrital y ustedes buscan institucionalizarla, porque pretenden fusionar los 22 hospitales públicos en solo cuatro. Antes no era fusión. O sea que llevamos ya tres años aplicándola. Ya sabemos en qué consiste y ya podemos observar si sus resultados son buenos o son malos. Esta política tiene sustento en una visión perversa del sector salud y de lo que debe ser el derecho a la salud. Señala absurdamente que los hospitales que hacen parte de una misma red no pueden competir entre sí con los mismos servicios. Aducen que eso es una bobada y hace que no sean rentables algunos servicios en algunos hospitales. Y entonces, con el criterio de la rentabilidad, van cerrando servicios en un hospital para trasladárselos a otro. Un buen ejemplo de lo que se quiere hacer lo vemos en el Hospital de Fontibón. Su plan de saneamiento fiscal plantea cerrar el servicio de hospitalización pediátrica para trasladarlo al Hospital de Bosa. Ojo con eso. Lo anterior es el meollo del asunto. Como aseguran que ambos hospitales prestan en la red el mismo servicio, entonces cerrémoslo en el Hospital de Fontibón y trasladémoslo para el Hospital de Bosa. La medida trae una consecuencia muy grave y es que aumentan las principales barreras de acceso al servicio de salud, las barreras geográficas. La gente que vive en Fontibón y que antes podía ser atendida mucho más fácil allí cerca, se tendrá ahora que desplazar hasta el Hospital de Bosa. Yo personalmente le he hecho esta crítica al secretario de Salud en varias oportunidades y él me contesta caricaturizando el argumento. Ahora vamos a ver que quien queda como ignorante en estos temas es el secretario de Salud. ¿Qué ha sucedido en estos últimos dos años? En Bogotá se instauró la política del cierre de servicios con la excusa de las redes, y, entre el año 2013 y 2014 se cerraron 1.500 servicios de salud en toda la ciudad. Concejal Losada, usted que ha sido tan crítico en las políticas de salud, pues bien, mire cómo yo le estoy dando la razón. ¡Entre el año 2013 y 2014 se cerraron 1.500 servicios de salud! Esta política tan perjudicial es la que están institucionalizando el alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Salud, Luis Morales. Le he insistido al secretario de Salud que se van a cerrar servicios, pero él siempre me asegura que no, solo trasladarlos de un lado para otro, el mismo argumento que esgrimía la anterior administración distrital. Pero el pez muere por la boca. Hace poco, el 29 de agosto de 2016, en El Espectador, el secretario de Salud acabó por admitirlo. A la pregunta de si por la reorganización se cerrarán servicios de salud, usted respondió: Es que no tiene sentido tener servicios regados en varios hospitales cuando pueden funcionar en uno, no solo por calidad, sino por eficiencia de los recursos, en vez de cuatro cardiólogos tendré uno por turno y atendiendo la misma cantidad de pacientes. Eso respondió el secretario de Salud de Bogotá, basado en el tema del factor de la rentabilidad. Queda entonces clarísimo que la política del secretario de Salud y del alcalde Peñalosa es cerrar servicios de salud para reducir costos, trasladándoles a los usuarios la crisis que causa la millonaria deuda de las EPS. Usted puede sacar a 4 cardiólogos para que un solo deba atender a la misma cantidad de personas, pero eso no va a garantizar la misma calidad en la atención. Usted me arguye que los servicios que van a cerrar son únicamenteb los de alta complejidad y caricaturiza mis críticas diciendo que nadie llega caminando a una UCI. Ya me lo ha dicho varias veces. Al respecto le quiero responder lo siguiente: en los últimos años, con la política que ustedes están institucionalizando, se cerraron 1.500 servicios de salud, y lo invito doctor Morales a que revise cuáles fueron los servicios que se cerraron. La mayor parte, relacionados con la atención y prevención y los servicios de salud primaria. Algunos ejemplos: En el CAMI de Altamira se cerraron el servicio de control neonatal y la sala de enfermedades respiratorias. En la UPA de Bello Horizonte se cerró el servicio de vacunación. En el Hospital de
Lo feo de TransMilenio, más negocios a costa del bolsillo de los ciudadanos
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, julio de 2016. Concejo de Bogotá TransMilenio es un servicio malo y caro y un excelente negocio para diez grupos empresariales que se están apoderando del transporte público. Contratos de TransMilenio con operadores privados se puede renegociar o modificar unilateralmente. Asesor de cabecera de Peñalosa, Oscar Díaz, ha tenido negocios con los grandes propietarios del SITP. En el transporte público, Peñalosa es duro con los débiles y blandito con los superpoderosos. Gracias Señor Presidente, de nuevo con mis saludos a los colegas de las distintas bancadas y a los funcionarios de la Administración Distrital. Ya llevamos varias sesiones de este debate y quiero hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, un recuento de las principales conclusiones. Pienso además añadir algunas cosas en una segunda parte de la intervención. ¿Por qué TransMilenio es caro y malo? La primera conclusión a la que hemos llegado es que el servicio de TransMilenio, y en general el Servicio del Sistema Integrado de Transporte en Bogotá, es supremamente malo. En este recinto mostré los diferentes indicadores y hasta el doctor Bocarejo, secretario de Movilidad, debió admitir en alguna de sus intervenciones su preocupación por la mala calidad del servicio, el hacinamiento, la demora de los buses, el tiempo de los viajes, la inseguridad. Pero además de ser muy malo, es supremamente caro, incluso de los más caros de América Latina. El concejal Celio Nieves acabó de mostrar cómo la mayor parte de los ingresos que perciben los sectores pobres de la población terminan en los bolsillos de los operadores privados de TransMilenio y el SITP. Hay cifras que resultan escandalosas. Entre el año 2000 y el 2014, la tarifa de TransMilenio aumentó 30% por encima de la inflación. Son dos conclusiones con las cuales, a mi juicio, hemos estado todos de acuerdo en los debates hecho en este recinto. Lo otro que está demostrado hasta la saciedad es que TransMilenio es un excelente negocio para los diez grupos empresariales que ya se apoderaron del transporte público de Bogotá. He señalado cómo la rentabilidad promedio de estos diez grupos empresariales, compuestos por nueve familias y una multinacional francesa, ha sido casi el doble de la rentabilidad media de las 200 empresas más grandes del país. En 15 años las empresas operadoras de las troncales de TransMilenio han percibido utilidades netas por 470 mil millones de pesos, o sea, casi medio billón de pesos en utilidades netas. Son a todas luces los grandes ganadores con el sistema TransMilenio. Y lo tercero que quiero resaltar, a manera de introducción es: ¿por qué el servicio es tan malo y por qué es tan caro? En primer lugar, porque en su primera Administración, el alcalde Enrique Peñalosa salió con la idea absurda de que TransMilenio hace lo mismo que un Metro, pero es más barato. Con ese despropósito nos montó troncales de buses rápidos, de BRT, en troncales de altísima demanda por donde debería ir un Metro. Y la segunda razón, porque en esa primera Alcaldía se diseñaron unos contratos con unas gabelas exorbitantes para los negociantes de TransMilenio, línea que las siguientes administraciones distritales se limitaron a seguir. En este recinto se han hecho denuncias supremamente graves, gerente de TransMilenio y doctor Bocarejo, sobre los sobrecostos del sistema. El concejal Jairo Cardozo mostró, comparando la canasta de costos, los enormes sobrecostos que nos están cobrando los operadores privados y que hacen que sea supremamente alto el déficit de TransMilenio y el SITP. En un debate anterior demostré cómo la anterior administración distrital, al prorrogar los contratos, les sostuvo a los operadores privados el reconocimiento de la inversión en los buses. Señora gerente de TransMilenio, usted en algún debate aseguró que ese reconocimiento no se mantuvo, lo que es totalmente falso. En un derecho de petición que usted me respondió, me confirma usted misma que la prórroga mantuvo ese tipo de gabelas, lo que hace que los usuarios del Sistema TransMilenio estemos pagando sobrecostos que, de acuerdo con los cálculos que he hecho, oscilan al año entre 140 mil millones de pesos y 240 mil millones. ¿Por qué? Porque les estamos volviendo a pagar a los privados por unos buses que ya les pagamos: les pagamos otra vez por la inversión, que ya está totalmente cancelada, y por una rentabilidad que no se les debería reconocer. Contratos de TransMilenio se deben y pueden renegociar Quiero resaltar, doctora Alexandra Rojas, que he hecho una serie de propuestas, una de ellas la modificación unilateral de los contratos. Dije que si esos contratos son leoninos para la ciudad, se pueden renegociar con los operadores privados, y si ellos no están de acuerdo porque con las actuales condiciones les va muy bien, se pueden modificar unilateralmente. La gerente de TransMilenio me respondió en una de las últimas sesiones que “eso no se puede hacer” y la concejal Lucía Bastidas la apoyó afirmando que “eso era populismo”. Voy entonces a demostrar con las normas en la mano que no es populismo y que sí se puede hacer. Otra cosa es que el alcalde Peñalosa y la doctora Alexandra Rojas no lo quieran hacer. Y ya vamos a ver por qué no quieren. La realidad es que la cláusula 123 de los contratos de TransMilenio, la Ley 80 de 1993, los conceptos de la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado y las sentencias de la Corte Constitucional son explícitas en afirmar que sí se puede hacer lo que yo estoy planteando. Después de la sesión del Concejo en la que la doctora Alexandra Rojas dijo que no se podía, le envíe un derecho de petición pidiéndole que me explicara a fondo sus razones y ella me respondió con un concepto larguísimo, citando sentencias que yo también había citado en el debate. ¿Cuál es la conclusión de la respuesta a ese derecho de petición, doctora Alexandra Rojas? Que sí se puede hacer, pero cumpliendo un requisito previo, y es que haya una afectación grave del servicio. Me
Contra los conceptos científicos y técnicos, alcalde Peñalosa pretende urbanizar la Reserva Van Der Hammen
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, julio de 2016, Recinto del Concejo de Bogotá. Propuesta de Peñalosa de urbanizar la Reserva ya fue derrotada por la ciencia en 1998. Zona donde se ubica la reserva es importantísima para hacer una conexión ecológica. Es importante la Reserva por la riqueza en fauna y en flora, y por sus aguas subterráneas. En la Reserva hay gran parte de predios que son de restauración. Detrás de urbanizar la Reserva hay poderosísimos intereses de los grandes constructores muy cercanos al alcalde Peñalosa. Secretario de Planeación está impedido en todos los temas relacionados con la Reserva. Un saludo de nuevo a todos los colegas, a los funcionarios, a mis colegas del POLO por este buen debate. Como tenemos otra proposición sobre la Reserva Van der Hammen, solo voy a plantear unos elementos generales, recordando que sigue pendiente el debate en la plenaria, doctor Cruz, sobre las graves omisiones en su perfil al momento de posesionarse. Usted no le comunicó a la ciudadanía que había sido gerente de Aerocafe, uno de los grandes monumentos a la corrupción en la historia en este país ni le informó tampoco sobre las investigaciones que hay en su contra en la Contraloría y la Fiscalía. Por tan grave conducta, el concejal Jorge Torres le pidió incluso formalmente a usted la renuncia en una carta que leyó en este recinto. El debate sigue pendiente y aprovecho para solicitarle a la Mesa Directiva de la Plenaria agendarlo lo más pronto posible. El caso de la Reserva Van der Hammen y la propuesta del alcalde Peñalosa de urbanizarla reflejan la esencia del actual gobierno distrital, lo que yo siempre he llamado el Modelo Transmilenio. Urbanizar la Reserva Van der Hammen en contra de todos los conceptos científicos y técnicos solo para favorecer el negocio inmobiliario de poderosas constructoras, muy cercanas al alcalde Peñalosa y a su círculo íntimo, es el típico ejemplo de cómo se atropellan los derechos de los ciudadanos tomando decisiones absurdas para beneficiar a unos cuantos magnates y cacaos. El debate no es nuevo. En 1998, el entonces alcalde Enrique Peñalosa propuso también urbanizar lo que hoy en día se conoce como Reserva Van der Hammen y desató una polémica igual a la de hoy. Algunos decían que sí se debía urbanizar, otros que no. El Ministerio de Ambiente intervino entonces nombrando un Panel de Expertos de la más alta categoría. El panel concluyó que no se debía urbanizar y que se debía declarar como zona de reserva. Quiero enfatizarlo, porque ya la ciencia los derrotó a ustedes, doctor Cruz. ¿Por qué se debe proteger la Reserva Van der Hammen? ¿Por qué? Es la pregunta del millón, ¿por qué se debe proteger? ¿Será que estaban locos los del Panel de Expertos? ¿El doctor Manuel Rodríguez es otro loco fundamentalista del medio ambiente? ¿Será esa la verdadera explicación? ¿O será que las razones científicas y técnicas llevan a la conclusión de que esa zona sí debe protegerse como reserva? La zona, en primer lugar, es importantísima para hacer una conexión ecológica. Y quiero resaltarlo en especial, porque la conexión ecológica de la Reserva Van der Hammen no solo es entre los cerros orientales y el río Bogotá, como se repite, sino entre otras que hay allí. El doctor Cruz adujo en el foro que hicimos sobre este tema que los humedales, la Conejera, Torca y Guaymaral no quedaban dentro de la Reserva y que la Van Der Hammen no tenía entonces nada que ver con los humedales. Si ustedes examinan en detalle los mapas, encuentran que los humedales no están dentro de la Reserva, pero sí contiguos. Y de acuerdo con la CAR y con los Estudios Técnicos, la Reserva es importante porque permite una conexión ecológica entre los cerros, el río Bogotá, los bosques nativos y los humedales, tanto La Conejera, como el Torca y Guaymaral. Y como aquí el gobierno distrital se ha dedicado a confundir, me permití traer el documento de la CAR, que voy a leer. Asevera la CAR: “Para posibilitar la interconexión de la protección de áreas protegidas adyacentes de importancia para la Sabana de Bogotá, tales como la Reserva Forestal protectora del Bosque Oriental, la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá, así como el Sistema de Áreas Protegidas de orden distrital, el Parque Ecológico Distrital, Cerro Conejera y humedales de la Conejera, Guaymaral y Torca.” Más claro no canta un gallo. Queda muy mal usted entonces, doctor Cruz, cuando arguye que la Reserva no tiene nada que ver con los humedales, porque la misma CAR y los estudios en los que se basa están señalando de manera palmaria que la Reserva en ese punto de la ciudad es importante para generar conexión entre los Cerros Orientales, los humedales, el río Bogotá y las demás estructuras y ecosistemas existentes en la zona. Es también importante la Reserva por su riqueza en fauna y en flora y por sus aguas subterráneas. Dijo usted, doctor Cruz, que había visto unos mapas y que en ellos no encontró las tales aguas subterráneas. Le pasó lo de Santos con eso de que el tal paro no existe. Le quiero recordar lo que afirma la CAR sobre ese punto: “Adicionalmente se resalta la importancia de los acuíferos, tanto libres como confinados de la zona que constituyen un recurso indispensable para la vida” Por si no lo sabía, doctor Cruz, los acuíferos son aguas subterráneas, y la CAR está ratificando en su estudio no solo que sí existen, sino que son también supremamente importantes. A pesar de la evidencia técnica y científica, el alcalde Peñalosa está obcecado en urbanizar a toda costa y por encima de quien sea, un despropósito por el que ya fue derrotado en 1998. Unos meses después de su posesión, dijo ¡Vamos por la Reserva! Y comenzó a plantear su propuesta. Bueno, ahí tienen un trino, que dice: “Que nuestra propuesta de la Ciudad Norte tiene más hectáreas y más verde” y ahí aparece la
Los CAPS de Peñalosa no atienden urgencias de alta complejidad y no son 24 horas
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, Concejo de Bogotá, 26 de agosto de 2016. Mienten el alcalde Peñalosa y el secretario Morales. El hacinamiento, en vez de disminuir, ha aumentado. Se va a reemplazar infraestructura de salud que atiende urgencias de alta complejidad las 24 horas del día por infraestructura en salud que solo atiende urgencias de baja complejidad y solo de siete de la mañana a nueve de la noche. Que la salud en Bogotá está en crisis desde hace varios años es un hecho de todos conocido, pero lo que están haciendo el alcalde Peñalosa y el secretario Morales es algo que yo pensé que era imposible: la están empeorando. Y la están empeorando con decisiones sobre las que advertimos en su momento. Denunciamos que fusionar hospitales era una reforma sin estudios técnicos que apuntaba a continuar con la política de la pasada administración de cerrar servicios de salud. Quiero entonces mencionar rápidamente dos o tres temas. En primer lugar, usted está diciendo mentiras, secretario Morales, en su desespero por tratar de justificar sus medidas, y eso es muy grave. Usted afirmó que en los primeros seis meses del año se había reducido en 30% el hacinamiento en algunos hospitales públicos y yo mostré aquí con cifras que no era cierto. Envié un derecho de petición del que hace poco llegó respuesta con su firma, secretario Morales, y en ella admite que en enero el hacinamiento en urgencias en los hospitales públicos era del 132% y que en julio aumentó al 163%. ¡Cómo es posible entonces que salga el alcalde Peñalosa por todos los medios de comunicación a cacarear una reducción mentirosa del hacinamiento de las salas de urgencias de los hospitales públicos! Los debates deben ser sobre certezas, pero ya se volvió costumbre de esta Administración mentir para justificar sus despropósitos y engañar a la ciudadanía. Como ya lo dijeron otros concejales, continúa el caos de esta reforma improvisada. Fui al Hospital la Victoria la semana pasada y el sistema ni siquiera funcionaba. Se ufanaba usted, secretario de Salud, de que la fusión iba a ser muy buena porque los hospitales de una misma subred iban a manejar el mismo sistema. Y resulta que el día que fui, no funcionaba y los médicos ni siquiera podían formular los medicamentos. Y lo último, los Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS. Hace unas dos semanas, un boletín anunció que a partir del 1 de septiembre se iban a abrir diez nuevos CAPS, presentándolo como si fuera infraestructura nueva de salud. Resulta que tampoco es cierto. En el derecho de petición que me respondió usted, secretario Morales, queda clarísimamente demostrado que la mayor parte de esos nuevos CAPS van a reemplazar las UBAS, UPAS y CAMIS. Entonces no los muestren como infraestructura nueva, porque lo que realmente van a hacer es remplazar infraestructura ya existente, y con un agravante, el recorte en los servicios de urgencias de alta complejidad. Los CAPS que, según ustedes, van a reemplazar 11 Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), no funcionan las 24 horas, como sí lo hacen los CAMIS. En los servicios de urgencias de los CAPS solo se atienden urgencias de triaje 4 y 5, y los CAMIS por norma deben atender triaje 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que ustedes entonces están planteando es en realidad reemplazar infraestructura de salud que atiende urgencias de alta complejidad las 24 horas del día por infraestructura en salud que solo atiende urgencias de baja complejidad y solo de siete de la mañana a nueve de la noche. Un paso atrás y un pésimo cambio. Se confirma lo que ya advertí. La reforma apunta a cerrar y recortar servicios de salud. El 1 de septiembre se arranca con 3 CAMIS que van a ser sustituidos por CAPS, y esto es inaceptable. Por ejemplo, a las personas que son atendidas en el CAMI del barrio Trinidad Galán les va tocar irse al Hospital de Kennedy, lo que aumentará las barreras de acceso. Concluyo diciéndoles, no engañen a la ciudadanía, no muestren cifras falsas de hacinamiento y no presenten estos CAPS como si fuera nueva infraestructura. Digan la verdad, aunque les dé urticaria. Van a reemplazar infraestructura ya existente, recortando servicios de urgencias de alta complejidad. Muy grave e inaceptable que la política del alcalde Peñalosa sea para empeorar la grave crisis que enfrenta el Sistema de Salud en Bogotá desde hace varios años.
Se mantiene la esencia en la reforma tributaria de Peñalosa, golpear a las capas medias
Intervención del concejal Manuel Sarmiento en el debate sobre el proyecto de simplificación tributaria, 23 de agosto de 2016, Concejo de Bogotá. Quedó demostrado como el proyecto de Peñalosa es una reforma tributaria y no una simplificación tributaria. Nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos. Nuevos remiendos no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. La base gravable se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago. Que aumenten los valores del suelo en determinada zona de la ciuda, no significa que aumente capacidad de pago de los residentes. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. El predial para los pensionados debería aumentar solo en el mismo porcentaje en que les aumenta la pensión. Lo primero, reiterar lo que ya dije cuando la plenaria decidió devolver este proyecto de acuerdo a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público. Teníamos la razón cuando en el primer debate demostramos con cifras cómo esta era una reforma tributaria y no una simplificación tributaria, una reforma tributaria que iba a golpear con mucha dureza a las capas medias. Los hechos nos terminaron dando la razón. La prueba reina es que devolvieron el proyecto de acuerdo. Ahora los ponentes están planteando unas modificaciones, reconociendo que la anterior tabla golpeaba con mucha dureza a los contribuyentes. La reversa es importante, porque en política no es lo mismo tener la razón que no tenerla, y, repito, en el primer debate quedó demostrado que teníamos la razón. Pero la nueva propuesta solo modifica la tabla y las tarifas de los distintos rangos con nuevos remiendos que no atacan el fondo y el problema estructural del impuesto predial. Tasn grave es el problema, que contribuyentes de distintas zonas de la ciudad, y especialmente de barrios de capas medias como Normandía, han venido adelantando protestas por los cobros abusivos, con aumentos que desbordan su capacidad de pago. ¿Cuál es el problema estructural y de fondo que no se está resolviendo? Tiene que ver sobre todo con la base gravable del impuesto. La base gravable, el avalúo catastral, se está calculando de una forma que incrementa el predial sin tener en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Lo que se ha venido haciendo, y lo hicieron también las dos anteriores administraciones, la de Samuel Moreno y la de Gustavo Petro, y lo va a continuar la Administración de Enrique Peñalosa, es aumentar el avalúo catastral con la lógica de la especulación inmobiliaria, aprovechándose del boom inmobiliario que hay en la ciudad, y especialmente en algunas zonas, y el predial se dispara entoces por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes. Quiero ser muy claro, y creo que hay un consenso respecto de lo que voy a decir: el avalúo catastral no refleja la capacidad de pago de los contribuyentes. Es muy común el caso de personas con casa en Normandía, cuyos ingresos no aumentan en la misma proporción en que lo hace el avalúo, presionado por la especulación inmobiliaria que allí se viene presentando. Repito la consigna del Comité en Defensa del Contribuyente: “Mi casa es para vivir, no para vender”. La gran mayoría de los residentes no están en el negocio de la especulación inmobiliaria y que aumenten los valores del suelo no significa que se incremente su capacidad de pago. Así lo muestran las cifras: entre el año 2008 y el año 2016, el avalúo catastral en Bogotá aumentó en 288%, lo que hizo que el recaudo del impuesto predial en el mismo periodo se elevara en 320%. Pero el ingreso promedio por habitante en la capital, en el mismo periodo, apenas aumentó 42%. Lo anterior demuestra que se está violando la capacidad de pago de los contribuyentes, elemento esencial del principio de progresividad. Aquí todo el mundo ha hablado de que tenemos que reformar el predial para que esté acorde con el principio de la progresividad y resulta que no es así, porque la progresividad depende de la capacidad de pago del contribuyente. A mayor capacidad de pago, mayor impuesto. Se plantea aquí como premisa que hay progresividad cuando se les aplican las mismas tarifas a los mismos avalúos. No es cierto, como ya lo expliqué, señora secretaria distrital de Hacienda. Puede que haya una vivienda o un predio grande en Normandía cuyo avalúo ascienda a 400 millones de pesos, el mismo de un apartamento mucho más pequeño en Los Rosales, pero resulta que los dos propietarios tienen muy distinta capacidad de pago. Se hace evidente que se viola el principio de la progresividad. Ya entrando en detalle sobre las propuestas, se está planteando reducir el impuesto, no la tarifa sino el impuesto, a 1.3 millones de predios, por un total de 32 mil millones de pesos, según les oí a los ponentes del proyecto de acuerdo. En promedio, la modificación que están planteando es apenas de 24 mil pesos por contribuyente, prácticamente nada, y ya he planteado cómo el impuesto presenta graves problemas y que hay grandes incomodidades entre la gente. Las proyecciones que se presentaron en este recinto no son ciertas, concejal Andrés Forero. No es cierto que a 1.3 millones de predios se les vaya a reducir el impuesto. La secretaria de Hacienda, en respuesta a la pregunta que le hice, me reconoció con toda claridad que en esas proyecciones no están teniendo en cuenta el aumento del avalúo catastral. No pueden entonces aducir los ponentes que se les va a reducir el impuesto a 1.3 millones de predios, cuando dejan de lado ese aumento, que hace que el impuesto suba en vez de disminuir. Por lo tanto, las cifras que nos están presentando para darle un mejor maquillaje a esta reforma tributaria no se corresponden con la realidad. Duro golpe a las capas medias Se sigue golpeando a las capas medias. Por ejemplo, las tarifas les van a aumentar a los
Los colegios en concesión , una política privatizadora para reducir el gasto público en educación
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, en la presentación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza a la Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el periodo 2017-2016”, Concejo de Bogotá, recinto Los Comuneros, 16 de agosto de 2016. Vigencias futuras para colegios en concesión parten de la premisa falsa de que los colegios en concesión son excelentes. Comparar colegios en concesión con colegios oficiales es un absurdo. En 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. En los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar. Los docentes y directivos docentes de los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales. Proyecto no está acorde con el principio de reducir las instituciones privadas en la administración. Alcaldía debe dar a conocer todos los estudios sobre la materia. El proyecto de acuerdo nace de una premisa a mi juicio falsa: que los colegios en concesión han tenido resultados excelentes durante estos 16 años y cito textualmente. No es cierto, señora Secretaria. Excelentes significa que los colegios en concesión estén entre los primeros puestos en calidad en la ciudad y eso no sucede. Los resultados han sido bastante mediocres de acuerdo con lo que prometió Enrique Peñalosa en su primer gobierno. Quiero insistir en una idea que planteé en el debate del Plan de Desarrollo y en otras ocasiones. Resulta un absurdo mostrar que los colegios en concesión son excelentes, cotejándolos con los colegios oficiales, porque, insisto, es comparar peras con manzanas. No se pueden comparar ambos tipos de instituciones por una sencilla razón, y es que, según lo señala el estudio de la Universidad Nacional que nos presentó la Secretaria de Educación y que se cita en la Exposición de Motivos, las jornadas en los colegios en concesión tienen una mayor duración que en los colegios oficiales. Allí donde hace la comparación entre colegios oficiales en condiciones similares y colegios en concesión, el estudio de la Universidad Nacional aclara que esos colegios públicos de similares condiciones no tienen la misma jornada que los colegios en concesión y eso ya marca una diferencia abismal. También es cierto que los colegios en concesión tienen mejor dotación que los colegios oficiales y eso no porque los privados sean grandes administradores, sino porque el Distrito Capital decidió dársela. Cuando la comparación se hace entre los colegios en concesión y colegios que tienen jornadas de similar duración, como son algunos de los colegios privados, pues es evidente que los primeros no obtienen un resultado tan excelente como ustedes los afirman en la Exposición de Motivos. Comienzo haciendo una aclaración sobre las Pruebas Saber. A mí no me gusta tomar las Pruebas Saber como un indicador, porque las Pruebas Saber y las del ICFES, e incluso las del ECAES en Educación Superior, se basan en la formación por competencias, una visión propia de esta lógica neoliberal de dejar a un lado la formación en conocimientos para enfatizar prioritariamente la formación en habilidades técnicas o prácticas, un tipo de educación que no garantiza calidad. Pero bueno, son las únicas formas para hacer esta comparación. Cuando uno hace la comparación entre los colegios privados de mejor calidad y los de concesión, los resultados de los colegios de concesión son totalmente malos. No es cierto entonces que tengan excelentes resultados. En el año 2014, por ejemplo, 62% de los colegios privados estuvieron en los niveles superior y muy superior, mientras que apenas el 28% de los colegios en concesión logró estos niveles. No es cierto que hayan tenido entonces excelentes resultados. En 2015, los colegios privados que estuvieron en la categoría de superior y muy superior fueron el 75 %, y los colegios de concesión un 55%. Miremos otro indicador: la tasa de repetición. En el año 2015, los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que en los colegios en concesión fue del 3.7%. A que me refiero con esto, concejal Cubides. Todos los estudios que ustedes citan comparan los colegios oficiales con los colegios en concesión y, reitero, es comparar manzanas con peras. Pero cuando uno compara los colegios en concesión con los colegios privados de mejor calidad, concluye que se sigue con la misma política, que ofrece educación pobre y mediocre para los pobres y educación de altísima calidad, el objetivo que se debería perseguir para todos los sectores, como un privilegio solamente para quienes tienen capacidad de pago, para quienes pueden pagar matrículas supremamente costosas. Hay unos estudios que ustedes no citan y a mí parece una grave omisión. Bueno, el de la Universidad Nacional se lo pedí completo a la señora secretaria de Educación, porque ustedes pasan únicamente el informe ejecutivo y me parece importante revisarlo en todos sus capítulos para ver bien la metodología. Pero hay otros estudios que ustedes no mencionan. El año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelona publicó uno sobre los colegios en concesión en Colombia y las conclusiones a las que llega son totalmente distintas. Lo voy a detallar en el primer debate, pero señalo ahora lo siguiente: en los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar, dice, y los resultados académicos no son tan superiores como los quiere mostrar la Administración. Ese tipo de estudios también deberían mostrárnoslos a los concejales. Hay otro que ya estoy empezando a revisar, mencionado por el concejal Juan Carlos Flórez en el debate que hicimos sobre el Cupo de Endeudamiento. Me llamó la atención, porque de acuerdo con lo explicado por el concejal Flórez, el estudio señala que no hay la cantidad suficiente de proveedores para garantizar una educación de buena calidad. Ahora, en el listado del ranking que usted nos mostró y que también figura en la exposición de motivos, se ve cómo los colegios que maneja la Asociación de la Calidad Académica, los que maneja el Colegio San Carlos y los que
Cupo de endeudamiento de Peñalosa pretende utilizar dineros públicos para apalancar grandes negocios
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, Concejo de Bogotá, Recinto Los Comuneros, 3 de agosto de 2016. El Plan de Desarrollo pone en marcha el Modelo Transmilenio, al servicio de los grandes negocios. Se le sigue apostando a TransMilenio como el Eje Central del Sistema Público de Transporte. Gravísimas denuncias sobre conflictos de intereses y de puertas giratorias en la Administración Distrital. En el POLO estamos planteando que se le debe dar prioridad a la jornada única. El modelo de ciudad que le gusta a Peñalosa nos llevó a ser la ciudad capital más desigual de Colombia. Ya mis colegas del POLO han planteado los cuestionamientos y las razones principales por los cuales no vamos a votar este cupo de endeudamiento, pero quiero concretar algunas de las cosas que se han dicho. En primer lugar, con este cupo de endeudamiento, y ya incluso los concejales de la coalición mayoritaria lo han dicho, se concretan los propósitos principales establecidos en el Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, al que yo he llamado Modelo TransMilenio, pues los recursos públicos se utilizan para apalancar los grandes negocios, las Alianzas Público-Privadas, las concesiones, las privatizaciones, los negocios inmobiliarios y hasta algunos de ciertas entidades privadas que simulan no tener ánimo de lucro. Y los recursos públicos van salir de nuevos tributos, como los que se descargan sobre los propietarios de vehículos, a quienes el señor alcalde señala como poderosos, contrariando cualquier realidad y las cifras que todos conocemos. También van a provenir de aumentos en impuestos existentes, como el predial, de privatizaciones y de deuda pública, el Proyecto de Acuerdo que estamos discutiendo en este momento. El cupo de endeudamiento son 5 billones de pesos y la mayor tajada se la lleva TransMilenio. Le van a dar 2.1 billones de pesos, el 42 % del total, 1.2 billones para nuevas troncales, 682.000 millones para nueva infraestructura de troncales y 228.000 millones para infraestructura de la operación zonal. Aquí viene entonces el mismo debate que planteé en la sesión que tuvimos sobre la jornada única, y es el de la priorización de los recursos. Con este cupo de endeudamiento, la Administración de Enrique Peñalosa está priorizando las inversiones en TransMilenio. Es a lo que me refiero cuando hablo del Modelo TransMilenio, priorizando inversiones con recursos públicos para apalancar el enorme negocio que es TransMilenio, porque TransMilenio, más que un Sistema Masivo de Transporte, es un enorme negocio. ¿Cómo funciona? Como una especie de Alianza Público-Privada. La infraestructura la pone el Estado, infraestructura pública que se les entrega en concesión a operadores privados para que la exploten económicamente y obtengan multimillonarias ganancias. TransMilenio es un excelente negocio, tanto para los operadores privados, personas muy cercanas a Enrique Peñalosa, como el doctor Oscar Díaz, su asesor principal y quien también fue asesor de unas de las empresas operadoras, como para los fabricantes de los buses, particularmente Volvo, cuya cercanía al doctor Enrique Peñalosa, a través del famoso ITDP, conocemos todos aquí. Alguien podría replicar que no es cierto lo que estoy diciendo, porque son inversiones para mejorar la movilidad y elevar el nivel de vida de los ciudadanos, menos trancones y demás, y quiero entonces mencionar algunos asuntos para mí medulares en esta discusión. Con el cupo de endeudamiento y toda la propuesta general del Plan de Desarrollo, esta Administración le sigue apostando a TransMilenio como el Eje Central del Sistema Público de Transporte. Sin estudios, se están planteando 170 km adicionales de troncales para TransMilenio. No nos han mostrado estudios ni de los proyectos ni de las nuevas troncales, porque todo está en diseño, si es que ya los contrataron, ni tampoco estudios de demanda. A mí me llamó la atención, doctor Bocarejo, que en su presentación usted nos mostró unos estudios de las nuevas vías para los vehículos, de cómo se iba a aumentar el tiempo y demás, pero cuando se refirió a las troncales de TransMilenio, usted no nos dio estudios de demanda ni nos mostró las gráficas, y tampoco lo hizo la gerente de TransMilenio. Insisto, todavía no tienen ustedes los estudios de demanda que demuestren la necesidad de construir rápidamente las nuevas troncales que se van a tender en los principales corredores viales. Llamo especialmente la atención sobre la de la Carrera Séptima, una troncal que no cabe en esa avenida, como ya lo demostró un estudio de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, y que va a ser supremamente cara por la cantidad de predios que hay que comprar y por los deprimidos que hay que hacer. Y hago aquí una pregunta clave del debate: ¿en los principales corredores viales se está planteando hacer troncales de TransMilenio, justo ahí dónde queda la Red del Metro? Porque el problema no es la primera línea del Metro. Bueno, la primera línea del metro ya está más o menos envolatada, porque no es un Metro sino un metrico. Quiero entonces centrar el debate preguntando dónde queda la Red de Metros que necesita Bogotá, porque no solamente es una línea, es una Red. Y resulta que el estudio de SENER, del año 2009, señala que por las avenidas por donde ustedes están planteando hacer TransMilenio, como la Boyacá y la Ciudad de Cali, debe haber Metro. Nos tienen ustedes que demostrar técnicamente, y ceñidos al principio de la planificación a largo plazo, por qué donde se habían diseñado líneas del Metro, el alcalde Peñalosa está ahora proponiendo TransMilenio. Es un debate de fondo, el mismo del año 2000, cuando el alcalde Peñalosa, en el peor error técnico de la historia del Distrito, nos cambió el Metro en la Avenida Caracas por un sistema de buses pegados. Miren ustedes cómo el Alcalde Peñalosa se la sigue jugando con TransMilenio por encima del Metro. En total, el Distrito invertirá en este cuatrienio cuatro billones de pesos en el Metro, y en las nuevas troncales otros siete billones, tres millones más de lo que le va a destinar al
Castellanos y Peñalosa le mienten a la ciudadanía y denigran a la ETB para justificar su privatización
Intervención del concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, en el debate sobre el Plan de Desarrollo, Concejo de Bogotá, recinto Los Comuneros, 18 de mayo de 2016. Contra lo que afirma Castellanos, el internet de ETB, más veloz que el de Carlos Slim. No es cierto que ETB se haya quedado rezagada: la empresa distrital ya está hoy en el negocio de datos, el futuro de las telecomunicaciones. En los últimos cinco años, ETB le ha entregado a la ciudad más de $500.000 millones, traídos a valor presente. La red de fibra óptica de ETB es más moderna que la de Slim, que la de Telefónica y que la de Millicom. ETB ofrece más Megas de internet y más canales de TV que Slim y a menos precio. Las pérdidas que alega Castellanos son contables y no reales. Al denigrar a ETB en público, lo que se está propiciando es una privatización a menos precio, y yo lo considero un verdadero acto de corrupción. Castellanos debe ser investigado por la Contraloría por marchitar desde adentro la empresa como una especie de quintacolumnista. La primera mentira es que ETB solo presta servicios de telefonía básica y de larga distancia. ¡Falso! Presta servicio de internet de altísima velocidad, más veloz que el de Telefónica y el de Claro. Claro, la multinacional de Carlos Slim, solo presta hasta 100 megas. ¿Saben ustedes a cuánto alcanza el internet de ETB? 150 megas, 50 megas más que Claro. ¡Y nos dicen que ETB está rezagada! Además, ETB presta servicios de Televisión Digital Interactiva, servicios de Telefonía Móvil 4G, y, algo muy importante, servicios de almacenamiento masivo en la nube a través de su datacenter, el más moderno de Colombia. El negocio de los datos es el futuro de las telecomunicaciones. De la manera más enfática repudio entonces que el doctor Castellanos salga por los medios a decir que “ETB es como unos zapatos viejos”. ¡Háganme el favor los términos en que se refiere a la empresa que él mismo preside! Si usted hubiera llegado a decir eso en JP Morgan, o en cualquier otra de las empresas donde ha trabajado, doctor Castellanos, al otro día le habría tocado renunciar, como le tocó a la doctora Beatriz Arbeláez cuando afirmó, cuando era Secretaria de Hacienda, que era mejor tener la plata de ETB en un CDT. Por lo visto, esta Administración va de exabrupto en exabrupto. La segunda mentira es que ETB no es rentable. Usted mismo, doctor Castellanos, nos dijo aquí que no eran ciertas las cifras que habíamos dado sobre los dividendos que ETB le entregaba a la ciudad. Mediante un derecho de petición le hice la misma pregunta a la Secretaria de Hacienda, ahí sentada al lado suyo, y ella me dio año por año los dividendos de ETB —ahora le paso copia—. Pues bien, si usted trae todos esos dividendos a valor presente entre 1998 y el año 2015, encuentra que ETB le ha entregado a la ciudad 2.5 billones de pesos, y repito, ahora le paso la prueba escrita para que deje usted de decir mentiras en este recinto. En los últimos cinco años, ETB le ha entregado a la ciudad más de $500.000 millones, traídos a valor presente. Sí es entonces una empresa rentable para el Distrito, pues le ha entregado recursos valiosos para financiar todo lo que se debe financiar. A la Universidad Distrital, entre el año 2003 y el 2015, le ha entregado $90.000 millones de pesos, y esos recursos probablemente van a aumentar, como lo voy a explicar más adelante, por el enorme potencial con que cuenta la ETB. La tercera mentira es que ETB está rezagada. Miren, concejales, como todo el mundo repite como loros que la ETB no se ha modernizado, me permití traer aquí las redes de cobre que ustedes pueden ver, esas grandes, y las redes de fibra, cada una con 18 hilitos, que también entrego al doctor Castellanos para que por fin las conozca. Un hilito de estos reemplaza diez paquetes de estos otros (redes de cobre). Y por estas redes de fibra óptica viajan las telecomunicaciones a la velocidad de la luz. ¡Y nos dicen que la ETB está rezagada! La red de fibra óptica de la ETB es más moderna que la red de fibra óptica de Claro, que la de Telefónica, que la de Millicom, pero el doctor Castellanos se para aquí a decirnos que esas otras son mejores, y qué miedo con ellas, cómo les vamos a poder competir, nosotros, tan poquita cosa. Pues sépalo de una vez, doctor Castellanos, las redes de la ETB son más modernas que las que tienen ellos. Y de paso le hago una pregunta, a usted que viene del mundo del capital financiero internacional: ¿Si el señor Carlos Slim es tan eficiente, por qué no ha invertido en fibra óptica, por qué no le ha dado al país la fibra óptica que necesita para desarrollarse, por qué nos quiere seguir hundiendo en el atraso? La cuarta mentira: que ETB no es competitiva. Comparemos tarifas y veamos. En estrato tres, el paquete Triple Play de Carlos Slim ofrece 10 Megas de internet, 97 canales de televisión y telefonía ilimitada por una suma de $119.900. ETB ofrece más del doble, 25 Megas, 103 canales y telefonía ilimitada, por un valor de $118.300, mil pesos más barato. Cojan ustedes el paquete más caro para estrato seis y atérrense: Claro, del señor Slim, 100 Megas, 145 canales y telefonía ilimitada por $777.000. ETB, 150 Megas, 50 más de las que ofrece Slim, 178 canales y telefonía ilimitada por $307.000, la mitad de lo que ofrece el señor Carlos Slim. Y los medios nos machacan los oídos repitiéndonos que la ETB no es competitiva, que no puede ganar en el mercado contra Carlos Slim y los demás. No, que no se digan más mentiras para poder privatizar a la ETB. Se me acercó ahora el asesor de un concejal, una persona ilustrada, que conoce del
