Por inconsistencias del Decreto de Peñalosa, Secretaría de Planeación desiste de la liquidación de la plusvalía en Proscenio

Por inconsistencias del Decreto de Peñalosa, Secretaría de Planeación desiste de la liquidación de la plusvalía en Proscenio

Sigue embolatado el negocio inmobiliario que algunas constructoras que financiaron la campaña del alcalde Peñalosa quieren hacer en la localidad de Chapinero a través del plan parcial Proscenio. Así lo reveló el concejal Manuel Sarmiento tras revelar un oficio de la Secretaría de Planeación (Enlace) en el que le informa a la Unidad de Catastro su decisión de desistir del trámite de la liquidación de la plusvalía, que es el tributo que deben pagar los inversionistas del proyecto.

El desistimiento se conoce luego de que el concejal del Polo hiciera públicas las inconsistencias del decreto (https://bit.ly/2kbCynx) con el que Peñalosa modificó el plan parcial y valorizó el negocio en cerca de $200 millones de dólares en beneficio de los inversionistas que le financiaron la campaña, como lo sustentan las documentadas investigaciones de Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf). “El desistimiento de este trámite comprueba las irregularidades del decreto que Peñalosa expidió para incrementar las ganancias de los gestores de este proyecto de renovación urbana, que además financiaron su campaña a la alcaldía. Es evidente que la imposibilidad de liquidar la plusvalía del plan parcial hace inviable la ejecución del proyecto urbanístico”, señalo Sarmiento.

El concejal reiteró que el alcalde Peñalosa debe revocar el Decreto 674 de 2018 por haberlo expedido estando incurso en un claro conflicto de intereses y por las inconsistencias técnicas que contiene, relacionadas principalmente con la incertidumbre sobre el área útil del proyecto.

Peñalosa beneficia a sus financiadores en plan parcial Proscenio

Peñalosa beneficia a sus financiadores en plan parcial Proscenio

El concejal Manuel Sarmiento le envió esta carta pública al alcalde Enrique Peñalosa, con copia a la Procuraduría, Fiscalía, Personería y Contraloría, a próposito de las graves denuncias de conflicto de intereses y violación de la ley en los proyectos urbanísticos estructurados por el grupo Neme. A continuación, el texto de la carta:

 

Señor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Carrera 8 No. 10-65

Ciudad.

 

 

Asunto: Su grave conflicto de intereses y violación de la ley en los proyectos urbanísticos estructurados por el grupo Neme

 

Señor Alcalde:  

Quedé completamente atónito cuando conocí el Decreto 674 de 2018 con el que su administración modificó el Plan Parcial Proscenio en beneficio de los inversionistas de este proyecto urbanístico. Mi sorpresa no pudo ser mayor cuando es sabido que este negocio inmobiliario fue estructurado por el Grupo Neme, contribuyente consuetudinario de sus campañas políticas y señalado como el dueño del sitio ubicado en la Cra. 15 No. 87-44 donde funcionó su sede de campaña, el que, además, es un inmueble inscrito en el mismo Plan Parcial.

A manera de recuerdo le hago el siguiente recuento de los donantes de su campaña con altos intereses económicos en dicho Plan: Según el portal Cuentas Claras Arpro Arquitectos, firma que hace parte del Grupo <a> -antes conocido como Grupo Chaid Neme Hermanos-, fue la empresa encargada de estructurar el proyecto y le donó $20 millones de pesos.  Amarilo, la empresa que en la actualidad está desarrollando este negocio inmobiliario a través su filial Cimento aparece como otro de sus contribuyentes con una suma de $40 millones. Además, varios de los predios en los que se desarrollará el proyecto hacen parte del Fideicomiso CNH administrado por Fidubogotá que, de acuerdo con la información expuesta por una de las personas que ha objetado el proyecto, tiene como beneficiario al grupo económico Neme, que aportó $47 millones. El fideicomiso es el propietario de cerca de 40 predios que se encuentran dentro del Plan Parcial.

No sobra agregar que el Grupo Neme fue representante por décadas, incluido su primer periodo como Alcalde, de Volvo, precisamente la firma que más buses ha vendido al Sistema Transmilenio y por cuyo favorecimiento –aquí y por todo el mundo- los jueces validaron que en mi debate político lo catalogara como “vendedor de buses”, lo que, por lo narrado, parece estarse quedando corto.

El pasado 18 de enero la Defensoría del Pueblo le solicitó revocar el nombrado Decreto 674 de 2018 ya que viola numerosas disposiciones del POT vigente y se fundamenta en “inconsistencias técnicas que pueden generar importantes traumatismos a la población habitante de la zona. Las ilegalidades denunciadas por el Defensor del Pueblo atañen con la normatividad urbana modificada mediante los decretos 080 de 2016 y 132 de 2017, expedidos apenas meses después de su posesión como alcalde por la Secretaría Distrital de Planeación y facilitadores de la estructuración del Plan Parcial Proscenio, todo lo cual califica como una “una violación del principio constitucional de buena fe, en sus componentes de confianza legítima y respeto de los actos propios”.

En síntesis, Usted no solo pasó por encima del conflicto de intereses existente con sus aportantes políticos y amigos íntimos sino que además, sin escrúpulo ni recato alguno, violó la Ley para favorecerlos como lo sustenta la Defensoría.

Allá Usted si insiste en seguir desde su Administración favoreciendo a sus amigos. Por mi parte daré trámite de esta queja ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería de Bogotá y la Contraloría, pues lo mínimo que podría configurarse aquí es una falta disciplinaria gravísima.

Cordialmente,


MANUEL SARMIENTO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Copia: Procuraduría, Fiscalía, Personería, Contraloría, medios de comunicación

Defensoría del Pueblo pide DETENER plan parcial Proscenio

Defensoría del Pueblo pide DETENER plan parcial Proscenio

El Defensor del Pueblo le solicitó a Peñalosa revocar el decreto que modificó el proyecto de la constructora Amarilo, empresa que financió la campaña del alcalde.

Tras las reiteradas omisiones e irregularidades en el trámite que surtió el controvertido proyecto a realizarse en la localidad de Chapinero, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, le solicitó al alcalde Enrique Peñalosa revocar el decreto que modificó el plan parcial Proscenio para el desarrollo de un proyecto urbanístico a cargo de Amarilo, empresa constructorá que le donó $40 millones al mandatario (Ver el oficio de la Defensoría).

La Defensoría señala que la modificación no fue concertada con la autoridad ambiental competente, omisión que desconoce el Decreto 1077 de 2015 según el cual este trámite debe surtirse cuando los planes parciales que colinden con áreas de interés ambiental como el Parque El Virrey. La entidad también cuestiona que el nuevo decreto desconoce el régimen de usos del suelo y de los índices de ocupación “aplicable a la UPZ en la que se pretende desarrollar el Plan Parcial Proscenio”. Por último, el oficio advierte “la existencia de inconsistencias técnicas que pueden generar importantes traumatismos a la población habitante de la zona” debido al caos vehicular que generaría el proyecto.

Al respecto el concejal Sarmiento reiteró que “los amigos y financiadores de Peñalosa que hoy promueven Proscenio intentan pasarse por la faja el Plan de Ordenamiento Territorial vigente con anuencia de la Secretaría de Planeación. De ejecutarse el plan, la afectación que generará sobre este sector de la ciudad sería gravísimo y por ello es urgente que el gobierno de Enrique Peñalosa acate inmediatamente la solicitud del defensor Negret”.

Es deplorable la represión de Peñalosa contra defensores del parque Japón.

Es deplorable la represión de Peñalosa contra defensores del parque Japón.

Señor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Carrera 8 No. 10-65

Ciudad.

Asunto: Es deplorable la represión contra defensores del parque Japón.

Atento saludo,

Conocidos los hechos del pasado 17 de enero en los que la administración distrital recurrió a cientos de agentes de policía y del ESMAD para reprimir a las personas que se oponen a la tala de árboles en el parque Japón para la construcción de una cancha sintética, debo deplorar por vil y antidemocrática la actuación de su gobierno.

Ordenar a la fuerza disponible y al escuadrón antidisurbios (ESMAD) reprimir ferozmente a los manifestantes del parque Japón, entre quienes había personas mayores, resulta simplemente inaceptable y es muestra del grado de desprecio frente a los reclamos de los ciudadanos, sus necesidades y sus demandas.

Exijo como concejal de Bogotá y como ciudadano de la capital que cesen inmediatamente las talas indiscriminadas y que cada intervención en espacio público, especialmente en parques y entornos naturales, responda a las necesidades e intereses de quienes los habitan, predominando el criterio de conectividad y funcionalidad ecológica por encima de cualquier otro.

Cordialmente,


MANUEL SARMIENTO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

 

 

Sin estudios completos y con expropiaciones a la brava es como Peñalosa pretende imponer el Transmilenio por la carrera séptima

Sin estudios completos y con expropiaciones a la brava es como Peñalosa pretende imponer el Transmilenio por la carrera séptima

El concejal Manuel Sarmiento realizó debate de control político al proyecto de troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, demostrando que esta propuesta, además de destruir un corredor emblemático de la ciudad y generar daños urbanos irreparables, ha estado plagado de demoras e incumplimientos en los estudios de diseños.

El cabildante del Polo reveló que la firma Ingetec no ha entregado los estudios de la troncal en los tiempos acordados en el contrato ni con la calidad requerida para la obra, lo que ha significado retrasos de 5 meses en la entrega de productos definitivos, agregando que “la consultoría ha incumplido reiteradamente con los tiempos del contrato y 4 prórrogas después la Ciudad no ha visto siquiera la apertura de ningún proceso sancionatorio. Tras cuatro prórrogas de contrato, hoy solamente se encuentran aprobados 4 de los 14 productos de la consultoría.”

Sarmiento denunció que la falta de solidez técnica del proyecto de troncal se traducirá sin duda en sobrecostos para todas y todos los bogotanos, y en irregularidades tan graves como la omisión de las normas urbanísticas sobre el ancho mínimo de las aceras, que debe ser de 3.5 metros. El concejal anunció que de no cumplirse con esta exigencia, el proyecto sería demandado por ilegal.

Finalmente, reiteró sus críticas a esta propuesta y calificó como una irresponsabilidad que Peñalosa y sus mayorías en el Concejo hayan aprobado un cupo de endeudamiento para una troncal cuyos estudios definitivos aún no existen. Además, rechazó que el gobierno distrital presione a los vecinos que van a ser expropiados. “Los estudios de la séptima siguen embolatados y a pesar de ello Peñalosa muestra el proyecto como una realidad. Rechazo que el Distrito gaste millones en publicidad falsa, mostrando diseños que no corresponden con la realidad, mientras bajan los avalúos catastrales para expropiar a la brava y por debajo del valor real de los predios (https://goo.gl/6tPcQ4), todo para imponer un proyecto que destruirá la vía más emblemática de Bogotá, llenándola de estaciones de la longitud de la torre Colpatria, y de buses con emisiones de diésel cancerígeno” manifestó el cabildante del Polo.

Vea la intervención del concejal Sarmiento en el siguiente enlace https://goo.gl/A2dGWL

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

[Carta a Secretaria de Hábitat] La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.

Doctora

MARÍA CAROLINA CASTILLO

Secretaria de Hábitat y Territorio- Bogotá.

Ciudad

 

Ref.:   La continuidad en la política de reasentamientos para poblaciones en zonas de riesgo se está constituyendo en una de desplazamiento forzado y en beneficio de terceros en varios casos.   

 

Cordial saludo,

El pasado 6 de mayo el Director del Idiger me respondió un derecho de petición en el cual afirma que la actual administración va a darle continuidad a la política de reasentamiento de los hogares que se encuentran en zonas de alto riesgo.

Con esa determinación parece que la administración de Enrique Peñalosa desconociera que si bien los orígenes de estos barrios es la informalidad, la mayoría fueron ya legalizados o se encuentran en proceso de legalización por parte de la administración distrital. Además, las medidas que se han aplicado en los gobiernos de Bogotá en los últimos años no les garantizan a las familias afectadas una reubicación en iguales o mejores condiciones habitacionales, pues todo consiste en ofrecerles un arriendo transitorio en tanto les es asignada una vivienda que no se ajusta a sus necesidades.

Actualmente, según el Decreto 255 de 2013, la administración les ofrece a las familias, en primer lugar, el Valor Único de Reconocimiento (VUR) que equivale a 50 salarios mínimos, valor que no es suficiente para que éstas puedan acceder una vivienda digna en Bogotá. En algunos casos, las familias también pueden acceder a al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, sin embargo, las viviendas de interés prioritario a las que pueden acceder por este subsidio no responden a las necesidades de las familias que van a ser reubicadas, las cuales cuentan con un amplio número de miembros y basan su subsistencia en la explotación comercial de su vivienda.

Un buen ejemplo es el del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, donde cuantiosos grupos de ciudadanos han preferido quedar expuestos a los deslizamientos e inundaciones, en lugar de trasladarse a otras zonas de la ciudad. El riesgo aumenta porque, así las cosas, el Distrito insiste en negarse a construir las obras de amortiguamiento aduciendo que no es mitigable.

Vale recordar que la declaratoria de alto riesgo no mitigable depende, entre otros factores, de los costos de las obras de mitigación que solamente se descartan en caso de ser superiores a los de la reubicación. Este criterio legal se viene quebrantando, en la mayoría de los casos, al promoverse reasentamientos a viviendas con peores condiciones habitacionales.

Y mientras bajo esas políticas se está en el proceso de expulsión que puede llegar a cerca de 8 mil hogares bogotanos, en barrios como Nueva Delhi -de la localidad de San Cristóbal- y La Fiscala –en la localidad de Usme- se están entregando licencias de construcción en zonas aledañas a las declaradas en alto riesgo no mitigable, bajo el argumento de que las constructoras sí tienen el músculo financiero para realizar las obras de mitigación que el Distrito se rehúsa a ejecutar. El resultado final es una discriminación contra los ciudadanos de escasos recursos y es una forma abierta de desplazamiento forzoso en beneficio de terceros. El Distrito debe tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya llevó a cabo una Audiencia Pública sobre derechos humanos y procesos reasentamiento en Colombia en el 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual la CIDH expresó su preocupación por la forma cómo se están llevando a cabo los reasentamientos por parte de las administraciones locales en el país.

Es inaudito que la administración de Enrique Peñalosa pretenda continuar con una política que, a la vez que pone en peligro la vida e integridad de los ciudadanos que residen en zonas de alto riesgo, máxime cuando los expertos han advertido que se aproxima una temporada con altas probabilidades de ocurrencia de Fenómeno de La Niña, va abriendo camino alternativo a negociantes de la construcción.

Por las razones anteriores, le solicito me informe qué medidas se van a tomar para proteger los derechos de estas personas y qué cambios van a realizar a la política de reasentamiento, advirtiendo que se está configurando así un estado de cosas inconstitucional y violatorio de un derecho humano fundamental como el de una vivienda digna, frente a lo cual me veré en obligación de recurrir a las acciones judiciales atinentes en estos casos en el orden nacional e internacional de ser necesario.

 

MANUEL SARMIENTO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo