Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, riguroso investigador, valiente en el control político y entrañable para quienes ha acompañado en la lucha contra los atropellos de Peñalosa.

En su primer periodo Manuel lideró la batalla para evitar que Peñalosa vendiera la ETB, desenmascaró al Alcalde, sus negocios como vendedor de buses y denunció sus corruptelas en beneficio de quienes lo financiaron. Presentó un proyecto de acuerdo para que Transmilenio tenga una operación pública, una propuesta que mejoraría el servicio y reduciría el precio del pasaje. Propuso la implementación de una política de generación empleo mediante el fortalecimiento de la industria bogotana, propuestas rechazadas por los partidos afines a Peñalosa.

Ha acompañado la defensa de trabajadores y usuarios de la Red Pública Hospitalaria ante los cierres de servicios y
la corrupción del sistema. Respaldó la exigencia del derecho a un trabajo digno y estable para todos los trabajadores del Distrito, así como las garantías y respeto hacia los vendedores informales. Hoy encabeza el rechazo al Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa que atropella y desplaza a habitan- tes de los barrios tradicionales y destruye los ecosistemas en favor de los grandes negocios de construcción y la especulación financiera.

La candidatura de Manuel Sarmiento es un proyecto colectivo del que hacen parte voluntarios y electores.

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

Bogotá está a pocos días de terminar la catastrófica Alcaldía de Enrique Peñalosa y la historia le reservará el lugar del peor alcalde de la ciudad y del país en el cuatrenio.

Bogotá se ha convertido en la ciudad más costosa de Colombia y casi la mitad de quienes la habitan piensan que es mejor irse a un municipio aledaño, huyendo del alto costo de vida. Uno de cada tres hogares sienten que su situación económica ha empeorado y todos los días se en­frentan a impuestos caros, malos salarios, robos callejeros y a la negación de sus derechos. El empobrecimiento de los estratos populares y de la clase media se debe al atraso económico de Bogotá y a la decisión de múltiples alcaldes de entregarle la ciudad a un grupo minoritario de magna­tes criollos y extranjeros que han convertido los derechos básicos de la población en sus lucrativos negocios, una de las peores manifestaciones de la corrupción.

Seis de cada diez personas que quieren trabajar es­tán desempleadas o viven del rebusque y a merced de la persecución del Alcalde; más de un millón de hom­bres y mujeres cuentan con solo 9.000 pesos al día para alimentarse, transportarse y pagar un techo; y lo que les queda deben usarlo para pagar los costosos servicios públicos, educación y salud. Más de 2.000 personas mueren por la contaminación del aire cada año y la educación de alta calidad sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho universal.

El sistema de transporte y los desesperantes tranco­nes son la máxima muestra del desprecio del Alcalde por el tiempo de los capitalinos, quienes gastan más de una hora transportándose a sus trabajos u hogares, privándose de compartir con sus familias y amigos, re­crearse o educarse. El servicio de Transmilenio y del SITP es tan malo que si fuera gratuito sería costoso, pero es tan caro que uno de cada ocho bogota­nos no tienen como pagarlos.

En contraste, una minoría de magnates crio­llos y extranjeros se han enriquecido con el su­frimiento de la gente. Bogotá es la más desigual entre las 13 ciudades más grandes del país. Im­portadores y multinacionales hacen fiesta con la destrucción de las empresas bogotanas y de los empleos formales y estables. Los fabricantes y operadores de buses de Transmilenio se llenan sus bolsillos con un servicio malo y caro. Servi­cios públicos como la energía eléctrica, el alum­brado público y el aseo, están en manos de ban­queros y compañías extranjeras que se lucran con tarifas escandalosas.

Mientras la inmensísima mayoría de los capitalinos no tiene una calidad de vida de­cente, unos pocos se han enriquecido gracias a los abusos de poder y los negocios corruptos de Peñalosa. A dos inversionistas que finan­ciaron su campaña les valorizó un negocio inmobiliario en Chapinero en más de $600 mil millones de pesos y a los consuegros de Juan Manuel Santos, que también le dieron plata para la campaña, les quiere entregar jugo­sos contratos en el espacio público. Volvo hizo su mejor negocio en diez años vendiéndole a Bogotá 700 buses que ya no puede vender en Europa por sus altos niveles de contaminación. Para seguir mejorando el negocio de Transmilenio, Peñalo­sa pretende imponerle a Bogotá un metro caro, malo y privatizado.

Este gobierno ha promovido las talas in­discriminadas de árboles e impone canchas sintéticas en parques en contra de la voluntad de la gente, aun cuando distintas alertas lleva­ron a que científicos y autoridades de Estados Unidos pidieran corroborar sus impactos ne­gativos en la salud. Su desprecio por el medio ambiente y su deseo de amarrar 48 billones de pesos en meganegocios podrían llevar a las proximas administraciones a limitarse a ad­ministrar los contratos del alcalde vendedor de buses. Siguiendo los lineamientos de Duque, Peñalosa la promovido la llamada “economía naranja” que reduce el arte y la cultura a un negocio de las multinacionales del entreteni­miento y se ha destacado por intentar feriar y marchitar empresas públicas como la ETB.

En sus últimos meses, Peñalosa pretende im­poner un POT hecho a la medida de los espe­culadores inmobiliarios a costa de arrasar la vi­vienda de los barrios tradicionales de la capital y de la Reserva Van der Hammen, los Cerros Orientales, los Humedales y el Río Bogotá.

Bogotá necesita un cambio de rumbo, no será fácil o rápido lograrlo, pero la digni­dad de esta ciudad emergerá con la razón, sin engañar y votando bien para ponerle fin a la pesadilla peñalosista.

 

El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

En respuesta a la tutela que el Secretario de Salud interpuso contra el concejal Manuel Sarmiento, el cabildante reafirmó sus denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud y las mentiras descaradas de Luis Gonzalo Morales. El pasado viernes, el concejal amplió la denuncia disciplinaria ante Procuraduría y Personería.

“Siguiendo el mal ejemplo de Peñalosa, el Secretario de Salud interpuso una tutela en mi contra por mis denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud para intentar silenciarme. He publicado todas las pruebas que demuestran que Luis Gonzalo Morales ha mentido y engañado a la opinión pública, mostrando utilidades de la EPS que no corresponden con la realidad. Así como pude probar ante los estrados judiciales que no violé el derecho al buen nombre del Alcalde cuando lo llamé vendedor de buses, demostraré que el Secretario de Salud ha mentido con base en unos estados financieros que están maquillados”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

Aunque los funcionarios han afirmado que Capital Salud obtuvo utilidades por $41.000 millones en 2017 (https://bit.ly/2EKQuMyhttps://bit.ly/2HJxxLW)  y $107.000 millones en 2018 (https://bit.ly/2VYwwnlhttps://bit.ly/2YXvcTA), los informes de la revisoría fiscal señalan que los estados financieros de la EPS no cumplen con las normas contables vigentes y que se han inflado los ingresos no operacionales en los que se soportan las utilidades con las que Peñalosa y Luis Gonzalo Morales sacan pecho. Además, un memorando firmado por la exgerente de Capital Salud reconoce que en el año 2017 la entidad no tuvo utilidades sino pérdidas por $1.300 millones de pesos, lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a asegurar, en respuesta al concejal del Polo, que se están sobreestimando las utilidades de la EPS para el año en mención.

Con fundamento en los hechos que están plenamente demostrados, Sarmiento recordó que como Concejal de Bogotá, elegido democráticamente y declarado en oposición,  le asiste la obligación de adelantar control político a la gestión de la administración distrital y el derecho a cuestionar sus políticas, lo que incluye advertir a los ciudadanos de las mentiras a las que recurren los gobernantes para presentar falsos éxitos.

Ampliación de la queja disciplinaria

El pasado viernes el concejal Manuel Sarmiento amplió la queja disciplinaria que interpuso en contra del alcalde Peñalosa y su secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. “Es inaudito que el Alcalde y el Secretario de Salud, conociendo que los estados financieros de la EPS están maquillados, insistan en engañar a la opinión pública mostrando utilidades que, de acuerdo con la Revisoría Fiscal y la Superintendencia de Salud, no corresponden con la realidad económica de la EPS. Por más desesperados que estén por el descrédito de esta administración, no pueden mentir de esta manera tan descarada”, afirmó Sarmiento.

Las nuevas pruebas aportadas por el concejal Sarmiento confirman la denuncia y las falsedades. La Superintendencia de Salud le respondió un derecho de petición al cabildante señalando que “la suma de $94.579 millones no corresponden a hechos económicos reales de la EPS a 31 de diciembre de 2017, lo cual implica que estarían sobreestimando las ‘Utilidades’ de la EPS para el año 2017”. El cabildante también aportó el informe de la revisoría fiscal sobre los estados financieros de 2018, el cual señala: “(…) los Estados Financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. a 31 de Diciembre de 2018”.

Estas pruebas son contundentes y demuestran que Peñalosa y Morales han engañado a la opinión pública.

Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Carta del concejal Manuel Sarmiento al secretario de Salud ante su intentona por eliminar los días compensatorios al que tienen derecho los trabajadores que laboran los domingos y días festivos.

Señor

LUIS GONZALO MORALES

Secretario de Salud Distrital

Carrera 32 # 12 – 81

Ciudad

Ref. Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Atento saludo,

Desde hace un mes, organizaciones sindicales de la Red Pública Hospitalaria se han manifestado en rechazo al intento de la Secretaría de Salud de eliminar el día de descanso compensatorio al que tienen derecho los trabajadores que laboran los domingos y días festivos.

El Decreto 1042 de 1978 en su artículo 30 afirma que: “los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual o permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo”

Con una interpretación amañada del marco jurídico, la Secretaría de Salud pretende que el día compensatorio no se compute dentro de la jornada laboral. Esta actuación acaba con el derecho al descanso que se encuentra íntimamente relacionado con la dignidad de los trabajadores y es indispensable para la recuperación de la fuerza física y la destinación de un tiempo para el campo personal del servidor, tal como lo reconocen diferentes conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con todo esto, se pretende pauperizar aún más las pésimas condiciones laborales que se viven en el sector salud, en donde el 81% de los trabajadores están vinculados mediante contratos ilegales como las órdenes de prestación de servicios.

Por lo anterior, le exijo se respetan las condiciones laborales actuales y atienda las solicitudes de las organizaciones sindicales del sector salud.

Le solicito finalmente, me responda de fondo esta carta y me informe cada una de las actuaciones a desarrollar, todo lo anterior en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

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MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Las pruebas de las mentiras, la ilegalidad y los sobrecostos del metro

Las pruebas de las mentiras, la ilegalidad y los sobrecostos del metro

Investigación de la oficina del concejal Manuel Sarmiento

27 de septiembre de 2018

¿En la estructuración de la primera línea del metro de Bogotá, el gobierno de Peñalosa ha respetado los mandatos legales que exigen estudios específicos para evitar catástrofes financieras como la de Reficar? Este ha sido uno de los aspectos centrales en la discusión sobre el proyecto de infraestructura más importante en la historia de la Capital, debate en la que la administración se ha caracterizado por mentir para justificar sus actuaciones ilegales e irresponsables.

1. Primera mentira: la ley, el estudio de factibilidad y el Conpes 3900

El gerente del metro reconoció que para el 25 de septiembre de 2017, fecha en la que el gobierno nacional aprobó el Conpes 3900 que le dio viabilidad al metro elevado, los estudios de factibilidad del proyecto no se habían terminado. Y afirmó que el hecho de tener estudios a medias no era ningún problema porque “ninguna ley decía que tenían que estar terminados los estudios para ese momento” (https://bit.ly/2NFrKuD).

La FDN respaldó la tesis del gerente por medio de un comunicado del pasado 12 de septiembre en el que afirmó: “nunca ha habido un requisito legal de contar con estudios de factibilidad para la aprobación de vigencias futuras por parte de la Nación para un convenio de cofinanciación” (https://bit.ly/2I5fP3Z).

¡Falso! La Ley 310 de 1996 dispone que el gobierno nacional deberá cofinanciar los sistemas de transporte masivo siempre y cuando “el proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un estudio de factibilidad”. Cuando la ley exige contar con un “estudio de factibilidad” se refiere a un estudio completo y terminado, no a medias, como lo afirmó el funcionario.

El propósito de este requisito es evitar sobrecostos como los de Reficar. Una obra como el metro debe planearse con una estimación precisa de sus costos para definir cómo se va a financiar y reducir el riesgo de una catástrofe financiera. Así como una familia tiene que calcular los costos de un viaje antes de emprenderlo (pasajes, estadía, alimentación, etc.), el gobierno debe estimar los gastos en los que debe incurrir para construir un proyecto como el metro, y esta estimación la da el estudio de factibilidad.

¿Por qué habría de mentir el gerente del metro? Sencillo, porque cuando se aprobó el Conpes que le dio viabilidad al metro elevado, no existían los estudios de factiblidad, apenas tenían una versión preliminar como lo demuestran las pruebas que se expondrám a continuación.

2. La explicación del alcalde Peñalosa, el gerente del metro y la FDN

El 20 enero de 2017 el gobierno distrital, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, contrató con el consorcio MetroBog (conformado por las firmas Systra e Ingetec) la elaboración del estudio de factibilidad del metro elevado. De acuerdo con la FDN el consultor debía “entregar los resultados de los diseños de ingeniería básica en un plazo de 8 meses” (https://bit.ly/2QRQTRN).

En julio, el gobierno nacional advirtió la demora en la terminación de los estudios y regañó a Peñalosa, advirtiéndole que el convenio de cofinanciación debía firmarse antes del 11 de noviembre por las restricciones de la ley de garantías. Así lo informó el 28 de julio El Espectador en el artículo titulado ‘Acelere el metro, Peñalosa’: ministro de Hacienda (https://bit.ly/2Dj6Q0s).

El 25 de septiembre, el gobierno nacional expidió el Conpes del metro elevado. Sin embargo, para esa fecha el consorcio Metro Bog solo había entregado uno de los 23 estudios a los que estaba obligado, según lo demostró la ponencia de la concejal Xinia Navarro del proyecto de vigencias futuras y lo reconoció el gerente del metro en una entrevista a la Silla Vacía (https://bit.ly/2MzZ8U6). ¿Cómo fue posible aprobar un Conpes sin los estudios completos?

Además de faltar a la verdad al afirmar que ninguna ley los obligaba a contar con el estudio de factibilidad completo para aprobar el Conpes, el gerente del metro y la FDN explicaron que para septiembre de 2017 los estudios del consorcio Metro Bog habían llegado a nivel de factibilidad. Es decir, que a pesar de no estar terminados, el avance de las actividades realizadas hasta ese momento les permitió concluir que los estudios habían alcanzado el nivel de factibilidad, tal y como lo certificó el gerente de la FDN en una comunicación del 15 de septiembre de 2017 en la que afirma ya se habían desarrollado los “estudios y diseños de factibilidad” (https://bit.ly/2PWStQN).

En un comunicado del pasado 12 de septiembre, la FDN reiteró esta explicación: “Al momento de aprobar el CONPES, ya se contaba con estudios a nivel de factibilidad, con base en el avance de las labores de la consultoría técnica. Ese avance era de tal importancia que permitió calcular los costos de inversión del Proyecto para efectos de definir los aportes de la Nación y el Distrito al Convenio de Cofinanciación” (https://bit.ly/2I5fP3Z).

El gerente del metro dio la misma explicación en el Concejo el pasado 12 de septiembre. Dijo que en enero de 2017 se terminó el estudio de prefactibilidad para escoger la mejor alternativa (metro subterráneo o elevado) y después trabajaron “a marcha forzada” en los diseños de factibilidad que, aunque “se terminaron recientemente” porque tuvieron varias demoras, “en un momento dado todo ese avance, los diseños alcanzaron su nivel de factibilidad” (https://bit.ly/2OD9l2P ).

Surge entonces una pregunta elemental: ¿Si en septiembre de 2017 ya se contaba con el estudio de factibilidad para aprobar el CONPES, pero luego de esta fecha el consorcio Metro Bog siguió avanzando en los diseños que finalmente entregó en agosto de 2018, a qué fase de diseños corresponden los estudios que “se terminaron recientemente”? No pueden ser los diseños de factibilidad, porque estos estuvieron listos en septiembre del años pasado, por lo que, según las explicaciones del gobierno, deben hacer parte de otra fase de estudios.

El gerente de la empresa metro acudió a las definciones de la Ley 1682 de 2013 (ley de infraestructura) para dar una respuesta a esta pregunta. Esta ley señala que los proyectos de infraestrctura deben contar con tres estudios de ingeniería: i) prefactibilidad; ii) Factibilidad; y, iii) Estudios y diseños definitivos. De acuerdo con el funcionario, los estudios que el consorcio Metro Bog (Systra e Ingetec) entregó en agosto de 2018, no corresponden a los de factibilidad sino a los de los diseños definitivos, como lo muestra la siguiente diapositiva tomada de la presentación que el gerente Andrés Escobar utilizó en su intervención del pasado 12 de septiembre en el Concejo:

 

Como lo muestra la imagen, la explicación del gobierno de Peñalosa para afirmar que el Conpes fue aprobado con estudios de factibilidad, es que los diseños que no estaban listos en septiembre de 2017 y que se terminaron solo hasta el mes de agosto de este año corresponden a los estudios y diseños definitivos del proyecto, es decir, no son los estudios y diseños de factibilidad, son otros.

3. Las pruebas que los desmienten y demuestran la violación de la ley

No es cierto que los diseños que entregaron en agosto de este año correspondan a los estudios definitivos. En realidad son los estudios de factibilidad que debían estar listos antes de aprobar el Conpes, según lo señalan las pruebas que se explican a continuación:

Respuesta de la FDN a derecho de petición con radicado 20187130036722:

El 6 de septiembre el Vicepresidente de Estructuración de la FDN le envió al concejal Manuel Sarmiento una respuesta a un derecho de petición en la que afirma: “Mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, la FDN hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente revisión, de la versión final de los productos de la Etapa 1 de los estudios y diseños de factibilidad” (anexo 1).

Según esta respuesta, los estudios que se entregaron en agosto son la versión final de los estudios y diseños de factibilidad, lo que quiere decir que no estaban listos antes de que se aprobara el Conpes en septiembre del año pasado y que no es cierto que estos últimos diseños correspondan a la fase 3 de diseños definitivos.

Respuesta de la Empresa Metro a la proposición 540 de 2018 (anexo 2)

En respuesta al cuestionario de la proposición del debate de control político que se realizará el próximo jueves 27 de septiembre, el gerente del metro afirmó: “La FDN, mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente revisión y aceptación, de los productos de la Subfase 2 del Convenio interadministrativo 1880, que contienen la versión final de los estudios de ingeniería en etapa de factibilidad, desarrollados en el marco de la consultoría con el Consorcio MetroBog (Systra – Ingetec) y vigilados, revisados y aprobados por la interventoría a cargo del Consorcio Metro (Sener – Integral)” (anexo 2 – Pág. 20).

El gerente del metro confiesa su mentira. Los estudios que le entregaron en agosto y que el mostró en el debate del pasado 12 de septiembre no son los diseños definitivos, son la versión final de los estudios de factibilidad, que debían estar listos antes de aprobarse el Conpes, es decir, en septiembre de 2017.

Oficio de la FDN dirigido al gerente de la Empresa Metro (anexo 3)

Las dos respuestas anteriores se refieren al oficio No. 20183100016771 que la FDN le envió al gerente del metro el pasado 10 de agosto cuyo contenido se explica a continuación (anexo 3):

Señala que la FDN le está entregando a la Empresa Metro de “los productos finales (…) desarrollados en el marco de la consultoría con el Consorcio Metro Bog (Systra – Ingetec)”. Explica que el proceso de elaboración de estos estudios inició en el año 2017 con los trabajos de campo y la realización de una serie de talleres de trabajo con los consultores y las autoridades del Distrito. Y agrega que “estas dos macroactividades fueron la base para realizar los diseños que se entregaron en versiones preliminares durante el segundo semestre de 2017 y que sirvieron de base para dar un concepto sobre la factibilidad del proyecto”.

Luego dice que “la versión final de los diseños elaborados por el Consorcio Metro Bog, se entregó a la FDN el pasado 18 de diciembre de 2017, y a partir de ese momento se han realizado una serie de ciclos de revisiones y ajustes a todos los componentes del sistema Metro, que han permitido lograr una concertación de todos los aspectos técnicos del proyecto y que hoy nos permite entregar a usted una versión definitiva de los productos con los ajustes y últimas observaciones incorporadas. Esta fase de revisiones, ajustes y aceptación final de un diseño a nivel de factibilidad o ingeniería básica avanzada, es un proceso natural en este tipo de macroproyectos de infraestrctura”.

En este documento la FDN reconoce que hasta agosto de 2018 se terminaron los estudios de factibilidad y que la aprobación del Conpes en septiembre de 2017 se basó en una “versión preliminar” de estos diseños. No es cierto entonces que en septiembre del año pasado estuvieran listos los estudios de factibilidad y que los que entregaron en agosto de este año correspondan a los diseños definitivos. Con esto se cae toda la teoría con la que la administración estaba defendiendo la legalidad del proyecto, pues la Ley 310 de 1996 señala con claridad que el Conpes para la cofinanciación del metro solo se podrá expedir cuando se cuente con un estudio de factibilidad, como ya se explicó.

Otra prueba de las falsedades del gerente del metro la trae la definición de los diseños y estudios definitivos de la Ley 1682 de 2013. Según esta norma, estos el objetivo de estos estudios “diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”, lo que quiere decir que una vez estén listos ya se puede iniciar la construcción.

De acuerdo con lo anterior, si los diseños que el gerente del metro mostró en el debate del 12 de septiembre son los definitivos, la construcción del proyecto iniciará con la adjudicación del contrato que se piensa hacer en agosto del próximo año. Sin embargo, la empresa que se quede con la licitación primero debe “realizar a su cuenta y riesgo los diseños detallados de las obras, sistemas metro-ferroviarios, material rodante y demás componentes del Proyecto que así lo requieran, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño que se establezcan en el Contrato de Concesión” (https://bit.ly/2xJY59x). Precisamente, el contrato que se va a adjudicar el próximo año no solo es para construir y operar el metro, también es para la elaboración de los “los estudios y diseños definitivos”.

Consecuencias de la violación de la ley: sobrecostos

El haber aprobado el Conpes sin los estudios de factibilidad no solo es un problema legal, o formal como podría responder la administración. La Ley 310 de 1996 exige contar con este estudio con el fin de que al momento de darle el aval a un proyecto como el metro, se cuente con el estimativo más preciso de sus costos y así evitar catástrofes como la de Reficar. Al haberse aprobado el metro sin contar con este estudio, la ciudad queda expuesta a un enorme riesgo de sobrecostos.

Esta advertencia no es una mera especulación. En el debate del 12 de septiembre el gerente del metro reconoció que los costos (CAPEX) calculados en 12,9 billones de pesos cuando se aprobó el Conpes el año pasado ya han cambiado, pero que él no sabe en cuánto van:

“Repito e insisto, el costo oficial hoy del proyecto es lo que ustedes ven en la pantalla, 12,9 billones de pesos, expresados en pesos de 2017, colombianos. De ese número salieron las vigencias futuras, la de la Nación y la de la ciudad. Tenemos información, que entre otras no es pública, no la conocemos, yo incluso no la conozco toda, de componentes de los diseños que han arrojado unos valores diferentes a los que originalmente se pensó cuando se hizo un presupuesto con índices y no con el BIM. Sí, en efecto, dan resultados distintos, pero unos dan hacia arriba y unos dan abajo. Entonces con la Nación convenimos que no vamos a publicar un presupuesto distinto, con nuestra junta directiva que ustedes saben que la Nación la controla, tiene cinco miembros de los nueve, no vamos a dar este presupuesto distinto para no generar problemas jurídicos, qué pasa con el 70%, qué pasa con el 30, entonces la Nación va a dar demás, o la ciudad va a dar de menos” (https://bit.ly/2yuwudN).

Esta es una confesión de Andrés Escobar. Reconoce que los costos han cambiado respecto al cálculo de 12,9 billones con los que se aprobó el Conpes, y explica que esto se debe a que ya se cuenta con el BIM, una tecnología que permite unificar todos los diseños en un solo programa. El funcionario está insinuando que el BIM permite tener unos diseños más detallados que aquellos que arrojaron los estudios de factibilidad con los que se aprobó el Conpes, por lo que es normal que los costos cambien. Sin embargo, el famoso BIM hizo parte del paquete de estudios que la FDN le entregó a la Empresa Metro el pasado 10 de agosto, que corresponden a los estudios de factibilidad. Como el CONPES se aprobó antes de que se terminaran los estudios, el costo que se calculó en 12,9 billones ya está cambiando con la versión definitiva de los diseños de factibilidad.

El gerente dijo que este cambio en los costos no es un problema porque algunos componentes están subiendo y otros están bajando. Sin embargo, a renglón seguido dice que no van a informar en cuánto han cambiado “para no generar problemas jurídicos, qué pasa con el 70%, qué pasa con el 30, entonces la Nación va a dar demás”, lo que quiere decir que sí han subido.

No es cierto que exista un debate jurídico sobre qué entidad debe asumir los sobrecostos, si el Distrito o la Nación. El convenio de cofinanciación que firmó Peñalosa con Santos señala de manera clara que cualquier sobrecosto a los 12,9 billones fijados en el Conpes los asume Bogotá (https://bit.ly/2LFMiOD). La cláusula 2.2 del convenio señala:

“La Nación no asumirá ninguna obligación de pago que implique: (i) desembolsos superiores a los pactados para la Nación en la presente cláusula”.

A su vez, la cláusula 3 dispone: “Los aportes de la Nación no superarán el monto estipulado en la CLÁUSULA 2.2 del presente Convenio”.

Por último, es inaceptable que los gobiernos nacional y distrital se hayan puesto de acuerdo para no publicar los costos del proyecto con los cambios que han detectado, decisión que es abiertamente ilegal. Y es inaudito que el gerente del proyecto no sepa cuáles son sus costos cuando ya inició el proceso de selección del contratista.

4. Conclusiones

Las pruebas que se adjuntan a este documento demuestran que el gobierno de Enrique Peñalosa ha mentido sobre la estructuración del metro. No es cierto que hayan aprobado el Conpes con un estudio de factibilidad, pues solo tenían una versión preliminar, con lo que violaron la Ley 310 de 1996. Con el estudio terminado ya hay cambios en los costos del proyecto, sobrecostos que deberá asumir el Distrito, lo que lo puede conducir a una catástrofe financiera como la de Reficar.

La empresa Metro de Santiago hizo un acompañamiento al proceso de estructuración y en junio de 2017 entregó un informe en el que se advierte sobrecostos por no hacer bien los estudios. Señala que “las proyecciones de demanda de la PLMB surgen, en buena medida, del desarrollo y funcionamiento prácticamente independiente del sistema Transmilenio, dejando la necesaria complementariedad que deberá existir con el sistema metro, cuando este comience a operar, lo que puede llevar a elevados e injustificados costos de operación y de inversión” (anexo 4).

Bogotá pierde $ 77 mil millones de pesos en la compra de los nuevos buses de Transmilenio

Bogotá pierde $ 77 mil millones de pesos en la compra de los nuevos buses de Transmilenio

Resultó falso que se requirieran dos contratos para la compra y operación de los 1.441 buses de las fases I y II de Transmilenio. La supuesta dificultad de los actuales operadores para conseguir cierre financiero fue la excusa que usó la administración para estructurar dos licitaciones, una para la provisión de los buses y otra para su operación, lo que le cuesta $ 77 mil millones de pesos más a la ciudad.

Prueba de ello fueron las ofertas que se presentaron el pasado martes para la provisión de flota, donde 6 de 7 oferentes provienen de la actual operación y anuncian presentarse a la segunda licitación para operar sus propios buses, un yo con yo que terminaremos pagando todos los bogotanos. Tan evidente es el hecho que los nombres de las empresas oferentes son iguales, cambian en una palabra o el beneficiario de las dos es el mismo:

Otro punto de alerta es que tres de los oferentes más fuertes presentan flotas compuestas en su mayoría por buses diésel Euro V, tecnología prohibida en Europa desde 2014. La alarma está dada por la forma de evaluación de la licitación que privilegia el precio sobre la tecnología limpia. Los factores de escogencia son tres: (1) Oferta económica – 700 puntos, (2) Oferta técnica – 200 puntos, (3) Apoyo a la industria nacional – 100, para un total de 1.000 puntos. El hecho es que los buses de propulsión diésel son más económicos que las tecnologías limpias, lo que de entrada les podría dar hasta 700 puntos, mientras los motores a gas y eléctricos recibirían máximo de 200 puntos, una diferencia que puede llevar a que la mayoría de los lotes terminen adjudicados a la tecnología más contaminante para la ciudad.

 

Metro de Bogotá: ¿Un nuevo REFICAR?

Metro de Bogotá: ¿Un nuevo REFICAR?

Después de haber incumplido por lo menos en siete ocasiones las fechas anunciadas para abrir el proceso de selección del constructor, el pasado 24 de julio Peñalosa anunció que el 6 de agosto se abriría por fin la licitación (https://bit.ly/2wyhbPA). Sin embargo, después de que se denunciara que el proyecto no contaba con los estudios suficientes, ese mismo día el alcalde afirmó que “a más tardar en diciembre debe[á] abrirse la licitación” (https://bit.ly/2C1Zii9). Andrés Escobar, gerente del proyecto, no se quedó atrás y en una misma entrevista fue capaz de decir que la licitación sí se había abierto, para enseguida confesar que “no la hemos abierto” (https://bit.ly/2okq5ws).

Esto no es todo. En la Silla Vacía (https://bit.ly/2okq5ws) al “aclarar” por qué había anunciado la apertura de licitación sin los estudios que exige la ley, el gerente Escobar pretextó que “los estudios de factibilidad quedaron concluidos en septiembre del año pasado”, pero que “los 23 entregables apenas van a estar listos en estos días” (https://bit.ly/2wuGLG1). Sus confusas  declaraciones incluyeron reconocer que tanto él como el alcalde Peñalosa no sabían que antes de acudir a la banca internacional debían contar con el respaldo del gobierno nacional.

La verdad verdadera es que los estudios de factibilidad no se han terminado ni tampoco  se ha entregado ni aprobado la estructuración financiera del proyecto, un elemento fundamental para definir su viabilidad. No obstante, Santos y Peñalosa, pasando por encima de la legislación colombiana, decidieron que el proceso de selección del contratista se regiría por las normas “más flexibles” del BID que, absurdamente y en la lógica del gran capital internacional, franquean el proceso sin contar con todos los estudios, disparate que en Reficar llevó a sobrecostos por $4.000 millones de dólares, y que les cae como anillo al dedo no solo por su reconocida adicción al capital extranjero sino porque les sirve de engaño frente al documentado retraso del Metro mediocre y costoso en que ambos se embarcaron.

Los lineamientos licitatorios del BID –los mismos que se usaron para implementar el fallido SITP– abren las puertas a la corrupción al autorizar el ocultamiento de la información utilizada para escoger al contratista e impiden conocer las evaluaciones de las ofertas que presenten las compañías interesadas en quedarse con el megacontrato de $4.300 millones de dólares, violando principios fundamentales como la transparencia y la publicidad. Como si  fuera poco, Peñalosa, aplicando el mismo patrón que empotró en Bogotá desde 1998 –el Modelo Transmilenio–,  al consorcio que resulte beneficiario con la construcción también se le dará la operación y explotación durante 20 años.

Ese “Pos ya sabes, yo como digo una cosa digo otra”, que en esta comedia chapulinesca han representado Peñalosa y Escobar concluyó por dejar en manos de instituciones extranjeras las decisiones estratégicas del pésimo Metro que Santos, Peñalosa y Duque legarán a Bogotá, un infortunio que sus ocho millones de habitantes no se merecen. ¿Quién podrá defenderlos?

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo

3 de septiembre de 2018

Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para los vendedores informales del barrio El Restrepo.

Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para los vendedores informales del barrio El Restrepo.

El concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento dirigió una carta al Secretario de Gobierno, el alcalde local de Antonio Nariño, la directora del IPES y la directora del DADEP, para exigir que se presenten las alternativas reales que la actual administración le ofrecerá a los 196 vendedores informales desalojados en el barrio El Restrepo, de forma antidemocrática. A continuación el texto de la carta:

 

Doctor
MIGUEL URIBE TURBAY
Secretario
Secretaria de Gobierno Distrital
Cll. 11 #8-17

Doctor
EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local
Alcaldía Local de Antonio Nariño
Cll. 17 Sur #18 – 49

Doctora
MARIA GLADYS VALERO VIVAS
Directora General
Instituto para la Economía Social
Cll. 73 #11 – 66

Doctora
NADYME AMPARO YAVER
Directora General
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
Cra. 30 #24-90

Ref.: Administración de Enrique Peñalosa debe aclarar cuáles fueron las alternativas ofrecidas y la reubicación para vendedores informales el barrio El Restrepo.

Cordial saludo.

Desde el operativo de desalojo del que fueron objeto alrededor de 196 vendedores informales ubicados en inmediaciones del barrio El Restrepo, realizado en la madrugada del 29 de junio, estos vendedores han sido objeto de persecución, incautación reiterada de sus mercancías y amenaza de nuevas sanciones, esta vez económicas para los ciudadanos que se atrevan a socorrer a estos vendedores en el amparo de sus mercancías en locales cercanos.

Reitero mi rechazo a la agresión contra personas humildes que han tenido que dedicarse al rebusque por la crisis económica y el desempleo que generan las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas. Así mismo, rechazo los señalamientos a todas las personas que allí trabajaban, como miembros de organizaciones criminales y tráfico de estupefacientes. El deber del gobierno es individualizar a quienes estén incurriendo en algún delito, sin estigmatizar a toda la población. Es inaudito que el gobierno distrital persiga a miles de vendedores informales en toda Bogotá como si fueran criminales, mientras tramita contratos de privatización del espacio público a particulares como los consuegros del presidente Juan Manuel Santos.

Según informa en sus cuentas oficiales las distintas entidades del distrito que adelantaron el operativo de desalojo de los vendedores informales, 29 de ellos presentaron condición de vulnerabilidad alta, por lo cual recibieron atención especial. Así mismo, según informa el distrito, se presentó un portafolio de alternativas a dichos trabajadores previamente al desalojo realizado.

Por lo anterior, en mi calidad de Concejal de Bogotá y amparado en el Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, solicito comedidamente se me informe:

1. Anexar copia del censo previamente adelantado por el Instituto para la Economía Social a los 196 vendedores informales, que fueron objeto del desalojo.

2. Explicar cada una de las alternativas de trabajo ofrecidas a los vendedores objeto de desalojo en el barrio El Restrepo. Así mismo, informar cuántos vendedores aceptaron las alternativas de trabajo ofrecido, explicando los ingresos que percibirán dichos vendedores por la nueva labor a realizar y el tiempo que el IPES asegura estarán estos vendedores en la nueva labor aceptada.

3. Informar qué procedimiento de acompañamiento especial se realiza con los 29 vendedores informales que fueron reconocidos bajo condición de vulnerabilidad alta. Explicar qué características tienen estos vendedores que fueron identificados con este grado de vulnerabilidad.

4. Informar cual es la oferta de reubicación para la gran mayoría de vendedores informales que fueron desalojados y explicar si este espacio fue concertado con los vendedores.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
C.C. 80.873.444
CONCEJAL DE BOGOTÁ

Prohibición del parrillero fracasó como estrategia para reducir la inseguridad en Bogotá

Prohibición del parrillero fracasó como estrategia para reducir la inseguridad en Bogotá

Con fundamento en cifras publicadas por la DIJIN – Policía Nacional, el concejal Manuel Sarmiento calificó como un fracaso la medida impuesta por el alcalde Peñalosa para prohibir el pasajero en moto en un polígono que afecta amplias zonas de ocho localidades de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, durante los 5 meses meses que lleva la medida, en comparación con los cinco meses anteriores, los hurtos a personas aumentaron en todas las localidades afectadas: Candelaria (24%), Santa Fe (24%), Puente Aranda (20%), Barrios Unidos (17%), Chapinero (13%), San Cristóbal (13%), Teusaquillo (8%) y Mártires (4%).

“Ante el fracaso de la medida, el alcalde Peñalosa debería derogarla. Sin embargo, ya está acomodando las cifras para presentarla como un éxito”, afirmó Sarmiento. Puso como ejemplo las declaraciones del Secretario de Gobierno en las que afirma que en la zona de la restricción los hurtos cometidos por conductores y pasajeros de motos se redujeron en 30%. “Es obvio que si se prohíbe el parrillero, los delitos cometidos bajo esta modalidad van a disminuir. El análisis debe hacerse sobre la totalidad de los hurtos, que según las cifras oficiales han aumentado desde que se implementó la restricción”, explicó el concejal del Polo.

En su momento, el concejal Sarmiento rechazó la medida al advertir que la prohibición no reduciría de manera sustancial los hurtos, pues pretendía enfrentar una modalidad de delito que  apenas representó el 4.4% de la totalidad de hurtos en 2016 y el 4,9% en 2017. Además, se tomó de forma improvisada sin ningún estudio serio que sustentara la medida, afectando a cientos de miles de motociclistas.

Director Financiero de Capital Salud también advirtió sobre las falsas utilidades de la EPS

Director Financiero de Capital Salud también advirtió sobre las falsas utilidades de la EPS

El concejal Manuel Sarmiento reveló nueva prueba sobre las falsas utilidades de Capital Salud. A pesar de las evidencias, el secretario Morales se empeña en mentir. Respuesta del Secretario es peor que las mentiras que ha dicho.
El concejal Manuel Sarmiento reveló un informe del Director Administrativo y Financiero de la EPS Capital Salud que le dan la razón en las denuncias que ha hecho sobre las falsas utilidades de las que tanto se han ufanado el alcalde Peñalosa y su Secretario de Salud. El documento señala que en el cálculo de las utilidades por $41.000 millones de pesos se cometieron errores en el proceso contable” al inflar los ingresos no operacionalespor lo que se “deben realizar ajustes en los estados financieros”.  reiterando los cuestionamientos del dictamen de la revisoría fiscal. Considera que el error es “bastante delicado”, que “se reporta información financiera no confiable” y que “la situación presentada genera incertidumbre en los resultados financieros”.“(…) las inconsistencias en la información reportada a las Entidades de Vigilancia y Control son delicada y pone en alto riesgo la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera y la del Representante legal de la EPS” concluyó el informe.
Pese a este informe y las demás pruebas publicadas por el concejal Manuel Sarmiento, el secretario Luis Gonzalo Morales no ha rectificado la información falsa que difundió en los últimos meses sobre las utilidades “históricas” de Capital Salud. “El secretario de salud Luis Gonzalo Morales insiste en el engaño y la mentira como táctica para mostrar logros que no corresponden con la realidad” resaltó el Concejal del POLO, a la vez que refutó cada una de las mentiras expuestas por el funcionario en su respuesta. “Luis Gonzalo Morales insinúa que el dictamen en el que sustento mi denuncia se refiere a los estados financieros de 2016. No es cierto, es un dictamen a los estados financieros de 2017, como lo demuestran todos los documentos que he presentado”, afirmó.
En su respuesta, el Secretario de Salud hace una burda tergiversación del memorando interno  al afirmar que en este documento la gerente no está reconociendo las pérdidas de la EPS. Sin embargo, el documento es claro en señalar que, como consecuencia del dictamen de la revisoría fiscal, se deben hacer unos ajustes a los estados financieros según los cuales “la EPS-S pasó de generar utilidad de $41.817.7 millones a una pérdida de $1.362.1 millones”. “Tan tosca es la tergiversación de Luis Gonzalo Morales, que según el memorando firmado por la gerente de la EPS,  las falsedades de los estados financieros indujeron al error al alcalde Enrique Peñalosa y a él. Solo que, en lugar de corregir, insistieron en la mentira” manifestó Sarmiento.
“Es inaudito que Morales se empeñe en faltar a la verdad cuando es evidente que está cogido en la mentira. La denuncia la hice pública, y presentaré denuncia formal ante las entidades de control. En una sociedad civilizada los altos funcionarios que son sorprendidos en este tipo de actuaciones deben renunciar por engañar a la población.”, concluyó el concejal.