La Economía Bogotana sufre una fuerte desaceleración
A pesar de que la economía bogotana continúa teniendo crecimientos económicos positivos, al igual que la economía nacional, ha entrado en una fase de fuerte desaceleración. En el tercer trimestre del 2022 (comparado con el tercero del 2021), el PIB de la capital aumentó en 9,3%, sin embargo, este es 3,6% menor al de un año atrás. Y si se compara con el segundo trimestre de este año la reducción del crecimiento es de 6,83%. Lo anterior se puede ilustrar usando la analogía de un corredor que aumenta la velocidad, pero cada vez la aceleración es menor mostrando agotamiento y la entrada a la fase de rendimientos negativos, previa a la reducción de la velocidad. Además, el aumento del gasto público en obras de infraestructura de parte de la Alcaldía de Bogotá está perdiendo la capacidad para contrarrestar los efectos negativos del ciclo económico nacional y de la política macroeconómica del gobierno Petro y el Banco de la República. Solo las actividades mineras, las artísticas y de entretenimiento, y la construcción crecen más rápido que en el tercer trimestre del 2021 y el segundo del 2022. Estas tres agrupaciones de actividades pesan el 0,12%, el 6% y el 3,61% del PIB, respectivamente. Todas las demás actividades (90,27% del PIB) tienen una fuerte caída del crecimiento reflejada en el ritmo de creación de empleo, que también ha entrado en una fase de desaceleración. Entre todas las actividades económicas la industria manufacturera es la de mayor freno y de las que componen este sector las confecciones, el calzado y los textiles (17% del PIB industrial y 1,5% del PIB total de la ciudad) están a la cabeza como las de mayor caída en el crecimiento. En el caso de la construcción, con un crecimiento extraordinario acumulado hasta el tercer trimestre del 2022 (51,83%), de cara al cierre del año y el 2023 no lograría mantener el crecimiento por las limitaciones fiscales de la Alcaldía, y porque el impacto del sector en la demanda agregada de la economía distrital está disminuyendo en razón a la caída de la construcción de vivienda (los metros cuadrados de obras nuevas iniciadas en el tercer trimestre cayeron en -3,1%) y su menor capacidad para demandar empleo. Los hogares bogotanos están sufriendo por los vientos de crisis derivados de un modelo económico que convirtió a Bogotá en el gran mercado de las importaciones impulsadas por los TLC y la apertura económica, modelo que el presidente Petro no va a modificar. Aunque la capital es la cuarta parte de la economía colombiana aquí llegan la mitad de las importaciones del país. Situación reflejada en el acelerado proceso de desindustrialización y la reducción de la capacidad de compra de los y las capitalinas, grandes víctimas de la devaluación del peso frente al dólar. Entre 2013 y 2021, el ingreso por habitante bogotano bajó en -16,31% −proceso iniciado antes de la Pandemia− y desde junio de este año los hogares que comen menos de tres comidas al día aumenta aceleradamente, del 26% al 31,37% (DANE).
La nueva Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la U. Distrital debe tener un presupuesto digno para funcionar
El presente año inició formalmente la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales (ciencias básicas) en la Universidad Distrital. Las principales universidades públicas de América Latina tienen estas facultades[1] dada su importancia para el desarrollo social y económico. No es posible concebir el desarrollo, la soberanía y el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad sin el concurso de la ciencia. En Colombia, la educación científica tiene un estrecho vínculo con las instituciones públicas: un 80 % de los programas de matemáticas, biología, química y física recaen en las universidades públicas[2] y un 100 % de los programas de física están en instituciones oficiales. En este contexto, la Universidad Distrital decide crear una nueva facultad con programas de ciencias básicas, una excelente noticia si no hubiera nacido raquítica y desfinanciada. Desde el nacimiento de la facultad los problemas han sido la constante. La Facultad se ubicó en una sede que no es propia, por lo que estudiantes, profesores y trabajadores se vieron obligados a hacinarse en la Sede Macarena en la que, en una especie de guerra del centavo, han tenido que competir por los docentes, las aulas, los laboratorios y la dotación. La situación llevó a la comunidad estudiantil a protestar ante estas indignas condiciones. Lo peor es que la institución expresó con descaro en el documento de creación que «la actual planta física de la Universidad … cuenta con las condiciones necesarias para asegurar el normal desempeño [académico]» de la facultad. Por lo anterior, sin saber con certeza a dónde iban a arrimarles, proyectaron de forma superficial unos rubros para adecuar su llegada ¿Se apropiaron estos dineros y se están ejecutando? Recientemente, a los y las estudiantes de matemáticas los trasladaron de forma abrupta a la sede de la Av. Ciudad de Quito con 64 que antes estaba destinada para posgrados. Denunciaron que al momento de su llegada no había servicios de salud, no se veían lo tableros por el reflejo de luz externa, entre otras. Todo a las patadas. ¡Pero lo más grave es que esta Facultad nació sin recursos públicos adicionales! Se proyectó que para 2022 debía alcanzar 1113 estudiantes nuevos, sin embargo, su creación no contempló recursos públicos adicionales. Un absurdo. En línea con la nefasta política de privatización de la educación, se proyectaron solo ingresos por concepto de matrículas y derechos académicos -cual institución privada- y dividieron los escasos recursos públicos disponibles entre las seis facultades de la Universidad[3]. Adicionalmente, la Universidad expresó que con el equipo docente disponible sería suficiente porque podían redistribuir los ya existentes[4], precisamente cuando la propia UD reportó déficits de 208 y 91 docentes en el primer y segundo semestre de 2021 [5]. La institución expresó en el documento de creación de la Facultad la necesidad de incrementar en 48 personas el equipo docente a 2024, pero no estableció de dónde saldrían esos recursos[6]. Similarmente, dicho documento informó un costo de 123.000 millones[7] para construir y dotar la nueva sede, pero, nuevamente, no se sabía de dónde o cuándo ingresaría la plata. Se requiere urgente una adición presupuestal. Los maltratos a la comunidad académica deben cesar. Respaldo la movilización pacífica y creativa y las exigencias de la comunidad universitaria ante la política de incrementar programas sin recursos públicos adicionales. Tal y como le dije al Rector en el debate de control político en el Concejo este año, debe existir claramente una política para reducir los déficits de infraestructura para que la comunidad tenga condiciones dignas y, además, deben parar los maltratos al equipo profesoral. El Gobierno Nacional se ha desentendido de la financiación de las universidades regionales (al punto que para la matrícula cero -de la cual hizo gala Duque- la UD de sus recursos propios puso el doble que el Gobierno Nacional). La exigencia al presidente Petro continúa siendo adicionar a la base presupuestal los 20.000 millones[8] que cuesta el funcionamiento de esta Facultad, así como los de la Facultad de Ciencias de Salud que prometió como alcalde de Bogotá, pero que hoy no cuenta ni si quiera con un edificio propio. La educación pública requiere más que palabras. [1]Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Marco para la creación, organización, estructuración e implementación de la facultad de ciencias naturales y matemáticas (ciencias básicas) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Junio de 2021, pág. 10. [2] Ibid., pág. 14 [3] Ibid., pp 128 – 160 [4] Ibid., pp 137 – 142 [5] Respuesta a un derecho de petición con radicado 2022EE11235. Estimaciones con base en el estándar de 35 estudiantes por docente. [6] Óp. Cit., pág.147 [7] Ibid., pág.158 [8] Ibid., pág. 147
¡Ojo al Síndrome del profesor quemado en los colegios bogotanos!
No hay que olvidar que la carga emocional de las inmensas y complejas problemáticas de los estudiantes y de sus familias pueden causar -de acuerdo con evidencia científica- el burnout. Hay historias de vida que le quitarían el sueño a más de uno. Manuel Sarmiento Muchas voces han llamado la atención sobre la forma cómo la pandemia agravó las afectaciones en la salud mental. Sin embargo, poco se habla de la situación del magisterio. Debido a que su trabajo implica labores de cuidado y por cuenta de las precarias condiciones de buena parte de las escuelas, los maestros y maestras tienen un alto riesgo de padecer condiciones de salud mental. En particular, de la cronificación de la frustración y del estrés laboral más conocida como el «síndrome del trabajador quemado» o burnout [1, 4], técnicamente conocida como Síndrome de Agotamiento Profesional -SAP- [VER Artículo Agotamiento Profesional]. En general, se utilizan tres indicadores para detectar este síndrome. A saber: agotamiento emocional, baja percepción de realización personal y «despersonalización» (apatía, cinismo o «hipocresía») [2, 3, 4]. Que las y los docentes padezcan este síndrome tiene importantes consecuencias físicas, psicológicas o emocionales, pero también afectan a la escuela porque implican bajo rendimiento laboral, ausentismo, mayor reactividad, comportamientos más punitivos hacia las y los estudiantes y hasta la renuncia del docente [2 y 3]. Diversos estudios han señalado que el magisterio tiene mayor riesgo de padecer el burnout por la tensión y el estrés derivado de la atención y el cuidado de grupos de niños y niñas [1, 4]. Revisiones sistemáticas de la literatura internacional reportan que un 30% de los docentes de distintas partes del mundo tienen mayores niveles de estrés incapacitantes [3], niveles superiores a un 50% de baja realización personal y que entre un 20% y un 70% padecen agotamiento emocional y despersonalización. El único estudio que existe para tres colegios en la ciudad de Bogotá indica que «el SAP tiene una prevalencia de 15,4% para los docentes y que podría aumentar a 29,7% si se tiene en cuenta que dos de los tres dominios del SAP están por encima del percentil 30». El profesor y dirigente sindical Jhon Granados -que está visitando varios de los colegios distritales- revela que lo que describen los datos es cierto. Toda esta evidencia debería preocuparnos. La pandemia también tuvo impactos delicados en el equipo docente, tal y como ha expresado el grupo de Tribuna Magisterial en Bogotá. Durante un largo periodo, los docentes tuvieron que dar clases a una pantalla y lidiar con la frustración que generaba no tener la certeza de que los estudiantes estuvieran prestando atención. Pero no solo eso, tuvieron que lidiar con la tensión de aprender rápidamente a utilizar herramientas virtuales para dar clases e ingeniárselas para mantener la atención de los estudiantes ¡y todo de un momento a otro! Si bien ya estamos nuevamente en la presencialidad, los impactos de la crisis económica, social y sanitaria aún se sienten en las escuelas. Un 67% de educadores colombianos consideran que el reto más grande que hoy enfrentan es la salud mental y emocional [5]. A corte de mayo de este año, la Secretaría de Educación reportó que se duplicaron las alertas en convivencia y violencia escolar. Las violencias y la conflictividad son una de las consecuencias de las crisis sociales y, tal y como lo ha sintetizado la profesora María Antonieta Cano promoviendo la etiqueta #SoyProfesora, son las y los docentes quienes tienen que lidiar con esta realidad todos los días en salones hacinados, con estudiantes sin una alimentación balanceada y en escuelas en condiciones de funcionamiento precarias. Además, no hay que olvidar que la carga emocional de las inmensas y complejas problemáticas de los estudiantes y de sus familias pueden causar -de acuerdo con evidencia científica- el burnout, entre otras afecciones en la salud mental [6]. Hay historias de vida que le quitarían el sueño a más de uno. Hay que prestar atención a la salud mental del magisterio. Sus labores de cuidado y las precarias condiciones para atender una población estudiantil inmersa en todo tipo de problemáticas y carencias sociales generan tensión, estrés y frustración crónicos que deben prevenirse y atenderse. Gracias a históricas movilizaciones, el magisterio no debe padecer el terrible esquema de las EPS y cuenta con un régimen especial en salud. Es nuestro deber desde el Concejo hacer seguimiento a la correcta ejecución de los contratos para la atención integral de la salud mental, y en las calles, seguir acompañando sus luchas. Invito a los y las docentes interesados en este objetivo a escribirnos a nuestro correo mjsarmiento@concejobogota.gov.co para estudiar, organizarse y actuar junto a otros docentes frente a la atención en salud y la salud mental. Referencias 1. http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/estres-y-sobrecarga-laboral-exponen-a-docentes-de-bogota-al-sindrome-de-burnout#:~:text=Estr%C3%A9s%20y%20sobrecarga%20laboral%20exponen%20a%20docentes%20de%20Bogot%C3%A1%20al%20s%C3%ADndrome%20de%20burnout,-Bogot%C3%A1%2029%20de&text=Esta%20enfermedad%2C%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,di%C3%A1logo%20en%20las%20instituciones%20educ 2. https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-018-9471-9 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pits.22279 4. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502009000100005#:~:text=Se%20hall%C3%B3%20que%20el%20SAP,docentes%20presentaron%20cansancio%20emocional%20alto 5. https://www.larepublica.co/empresas/retos-en-salud-mental-mayor-preocupacion-de-67-de-educadores-segun-coschool-3408419 6. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3102/0002831219848690 y https://www.discovermagazine.com/mind/the-lasting-anguish-of-moral-injury
EL BOLSILLO DE LA CIUDADANÍA BOGOTANA NO AGUANTA MÁS ALZAS EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Los reclamos de usuarios residenciales y empresariales por altas tarifas y deterioro en el servicio están aumentando, son justos y merecen la solidaridad de todas las fuerzas políticas y gremiales Manuel Sarmiento Las familias bogotanas y en general las colombianas están siendo gravemente afectadas por las alzas en las tarifas de los servicios públicos. El mayor valor de las facturas se debe a la política nacional de tarifas que genera beneficios a los prestadores, muchos de ellos empresas multinacionales, a costa del acceso de los usuarios a estos servicios. Según las fórmulas definidas por las comisiones de regulación ˗organismos adscritos al gobierno nacional˗, las tarifas se ajustan con el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual, en razón a que Colombia es un gran importador de mercancías agropecuarias e industriales, es dependiente del valor que se paga por un dólar. Esto significa que las tarifas de los servicios públicos están atadas al dólar en medio de la creciente devaluación y a pesar de que los insumos necesarios para la prestación de los servicios públicos, como el gas, el agua (para consumo humano y para la electricidad), el diésel y el carbón, no son importados, sino que se producen dentro de Colombia. En Bogotá, por ejemplo, el cargo fijo del servicio de acueducto y el cargo por metro cúbico consumido entre enero y julio aumentaron más del 6% para todos los estratos. En electricidad el valor de kilovatio hora, entre noviembre de 2021 y julio de 2022, subió en más del 15%. Mientras en noviembre pasado un hogar de estrato 4 con un salario mínimo podía comprar 1.487 kilovatios hora al mes, a julio la capacidad de compra se le redujo a 1.419. Los injustos incrementos en las tarifas de los servicios públicos tampoco están exentos de procesos especulativos, como el sucedido entre diciembre y enero pasados cuando, según la Superservicios (Boletín de Mercados Mayoristas de Energía y Gas, pp. 43-73), EMGESA (propiedad de Enel y el Grupo de Energía de Bogotá, GEB) fue el principal actor en el abrupto aumento del precio en la bolsa, a pesar de que los informes del IDEAM anunciaban la creciente probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña. Además, las decisiones de la CREG ˗Comisión de Regulación de Energía y Gas˗ les están reconociendo a las empresas las inversiones para reducir las pérdidas no técnicas, es decir, que un riesgo propio del negocio se lo cargan a los usuarios a pesar de que este es un frente de trabajo rentable en sí mismo porque si las empresas reducen estas pérdidas, ganan ingresos. En medio de la compleja situación socioeconómica, con las familias alimentándose menos, pagando créditos más caros y enfrentando al hoyo negro de las tarifas de los servicios públicos, las quejas y movilizaciones de los usuarios residenciales y empresariales por altas tarifas y deterioro en el servicio están aumentando, justos reclamos que merecen la solidaridad de todas las fuerzas políticas y gremiales. La solución a la situación pasa por generar alivios en Bogotá y en todo el país en contención del aumento de las tarifas y revisión de las fórmulas, para evitar mayor sufrimiento entre la gente y establecer unas tarifas acordes con las realidades nacionales.
Bogotá avanza hacia un nuevo modelo de ciudad
Manuel Sarmiento Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo Es fundamental un análisis con cierto nivel de detalle para evaluar con objetividad la esencia del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) del gobierno de Claudia López. Al definir las políticas y prioridades de un gobierno, el plan refleja la naturaleza política de su administración y, en el caso de Bogotá, evidencia si le apuesta a un cambio en el modelo de ciudad que se ha impuesto durante los últimos 30 años, acentuado en el segundo mandato de Enrique Peñalosa. El Polo Democrático Alternativo respaldó la candidatura de Claudia López luego de llegar a un Acuerdo Programático con el Partido Alianza Verde y el Movimiento Activistas, coalición que derrotó el continuismo de Peñalosa. El Plan Distrital de Desarrollo corrobora que la decisión del Polo fue acertada. Plantea cambios sustanciales frente al nefasto modelo peñalosista, corrige políticas equivocadas de los gobiernos alternativos y recoge reivindicaciones históricas del Polo y de las organizaciones sociales de la ciudad. Aunque se trata de un documento complejo, a continuación se resaltan los aspectos más relevantes que soportan la tesis de que este Plan representa un avance hacia un nuevo modelo de ciudad: Diagnóstico y distribución de los recursos de inversión El Plan Distrital de Desarrollo centra su diagnóstico en la espantosa desigualdad que lesiona a las familias pobres y de ingresos medios de la ciudad. Después de tres décadas de neoliberalismo, el 10% de la población más adinerada de Bogotá concentra el 43% de todos los ingresos (https://bit.ly/3hH3K5K), convirtiéndola en una de las capitales más inequitativas de América Latina y en el conglomerado urbano más desigual entre las grandes ciudades de Colombia. A esta pavorosa concentración de los ingresos debe sumarse la muy repudiable desigualdad entre hombres y mujeres y la histórica discriminación contra poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. Es un acierto que el diagnóstico del Plan de Desarrollo parta de la necesidad de “lograr una redistribución más equitativa de los costos y beneficios de vivir en Bogotá”, preocupación que se ve reflejada en la distribución de los recursos de inversión. De los 109 billones de pesos de inversión, el Plan destina el 47% a financiar los programas sociales y de recuperación económica que hacen parte del propósito denominado “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”. Que casi la mitad de los recursos se inviertan en políticas sociales y de recuperación económica desmienten la acusación de Gustavo Petro según la cual “el plan de desarrollo de Claudia invierte la mayor parte de los recursos en más Transmilenio” (https://bit.ly/3gwxB0h). En realidad, el Plan destina solo el 8% de los recursos de inversión a ampliar la infraestructura de Transmilenio; en cambio sí reduce en un 28% la inversión en movilidad y aumenta el presupuesto para educación (33,4%), ambiente (115%), integración social (3,6%), mujeres (147,5%) y vivienda (10,8%), en comparación con lo asignado por Peñalosa. Política social y crecimiento económico Una de las novedades del PDD en materia de política social es el conjunto de metas de reducción de pobreza. Petro y Peñalosa se lavaron las manos frente al aumento de la pobreza monetaria señalando que los gobiernos distritales solo pueden responder por la pobreza multidimensional, pues la monetaria es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. El PDD de Claudia López enfrenta esta realidad y se propone reducir la pobreza monetaria al 11,4%, meta ambiciosa teniendo en cuenta que los cálculos más conservadores señalan que superará el 18% en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19. Petro afirma que el Plan no plantea reducir la pobreza multidimensional porque la meta es dejarla en el 4,4%, cifra igual a la que se registró en el año 2018, pero esta crítica pasa por alto que en 2019 este indicador se ubicó en el 7,1% y que este año la pobreza multidimensional también se disparará debido a la pandemia. Es importante resaltar que el Plan hace énfasis en sectores de la población que han sido golpeados con mayor dureza por el neoliberalismo, como las mujeres y los jóvenes, plantea de manera expresa metas como reducir la feminización de la pobreza y el número de NiNis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, objetivos que no quedaron incluidos en los planes ni de Petro ni de Peñalosa. El PDD incluye un ramillete de políticas sociales que tienen la impronta polista de la Secretaria de Integración Social, contrarias a la lógica asistencialista que ha caracterizado al neoliberalismo. La generación de empleo es un aspecto central de la nueva política social del PDD, su meta es la de crear 200.000 nuevos empleos, 70.000 para mujeres y 50.000 para jóvenes, para lo cual se incluyen programas de empleo público y medidas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo. Uno de los cambios importantes del PDD, distinto de las concepciones tradicionales del neoliberalismo, es su política de crecimiento económico. La propuesta hace énfasis en la obligación del Distrito de respaldar a las Mipymes, que representan el 99% del total de las empresas de la ciudad y que generan el 80% del empleo, mediante programas de financiación y asistencia técnica (Art. 29), además de darles prioridad en los procesos de contratación que realicen las entidades distritales (Art. 42), y promueve un sistema tributario diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas, una propuesta de ACOPI Bogotá-Cundinamarca que el gobierno de Duque no ha querido implementar (Art. 70). Otro avance del PDD, que rompe con las políticas de los gobiernos neoliberales, es la inclusión de la industria manufacturera y la agricultura como sectores económicos que el Distrito deberá respaldar para la generación de riqueza y empleo. El Plan dispone la puesta en marcha de un “programa de agricultura urbana, periurbana y rural” (Art. 34), la implementación de un “modelo de compras institucionales de la Alcaldía a la agricultura campesina, familiar y la pequeña producción rural” (Art. 46) y plantea la necesidad de materializar el principio de la “soberanía alimentaria” (Art. 33),
Hospital San Juan de Dios: entre APP y renovación urbana
Manuel Sarmiento Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo En las últimas semanas el Hospital San Juan de Dios ha estado en el centro del debate político debido a la firma de un contrato de APP para construir el nuevo Hospital Santa Clara. En medio de una clara estrategia electoral, el senador Gustavo Petro ha acusado al gobierno de Claudia López de promover la privatización del Hospital San Juan de Dios, afirmación que evidencia su desconocimiento de las normas de contratación pública y la incoherencia que tanto lo ha caracterizado, pues su gobierno también planteó la posibilidad de entregar edificios del complejo hospitalario en APP. Para entender cómo se llegó a este contrato es necesario conocer la historia reciente del Hospital. En el Plan Centro adoptado por el gobierno de Luis Eduardo Garzón, el San Juan de Dios quedó incluido como pieza central de un clúster de servicios de salud denominado Ciudad Salud[1], proyecto de renovación urbana que en el gobierno de Samuel Moreno fue catalogado como una Zona de Interés Turístico en servicios de salud. Bajo este enfoque, el emblemático hospital no quedó concebido como una institución al servicio del derecho a la salud, sino como un activo para promover el negocio inmobiliario y atraer ciudadanos extranjeros a la Capital para someterse a tratamientos médicos. El gobierno del exalcalde Gustavo Petro no se apartó de este enfoque. En el año 2014 realizó un estudio sobre turismo en Bogotá[2] que ratificó la propuesta de promover un clúster que aglutinara hospitales y hoteles para atraer la demanda extranjera de servicios de salud, clúster que en el Plan Maestro de Turismo se ubicada en el San Juan de Dios y su zona de influencia. Bajo esta concepción, la administración de Petro presentó el Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá (t.ly/0BHN) que incluyó la propuesta de Ciudad Salud como un proyecto de relevancia nacional e internacional por su rol de clúster de servicios de salud de alta complejidad. Es en el gobierno del senador de Colombia Humana cuando por primera vez se plantea la posibilidad de contratar una APP para entregar a privados la operación de los edificios del San Juan de Dios. El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del HSJD del que tanto se ufana Petro incluye “la posibilidad de que los bienes que conforman el el CHSJD sean operados total o parcialmente por agentes privados”[3]. Es bastante incoherente entonces la agresividad con la que Petro cuestiona a Claudia López por un contrato de APP que hizo parte de sus propuestas para el Hospital. Peñalosa concretó la propuesta del PEMP de Petro y estructuró una Alianza Público Privada para reemplazar la Torre Central del complejo hospitalario por un edificio nuevo para el funcionamiento del Hospital Santa Clara, iniciativa que fue rechazada por la bancada del Polo Democrático Alternativo (ver). En su afán por dejar amarrado el negocio, el 11 de octubre de 2019 el exalcalde abrió la licitación y el 27 de diciembre del 2019 las firmas interesadas con quedarse con el contrato presentaron las ofertas. El 6 de febrero de 2020 el contrato fue adjudicado por el gobierno de Claudia López. Algunos sectores políticos han querido señalar que la responsabilidad de esta contratación es principalmente de la administración de Claudia López. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado solo es posible revocar unilateralmente una licitación “hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección (…)”[4], por lo que una actuación contraria a este criterio conllevaría a responsabilidades fiscales, disciplinarias y hasta penales. La única alternativa para evitar la adjudicación del contrato era llegar a un acuerdo con los inversionistas que participaron en el proceso, quienes podían exigir una indemnización para desistir de sus ofertas. Es importante precisar los alcances de la APP contratada, pues no se trata de una alianza público privada ordinaria. El contrato señala que el consorcio privado deberá hacer los diseños de detalle, construir el nuevo hospital, dotarlo de equipos médicos y prestar servicios anexos como los de aseo y vigilancia. Sin embargo, la prestación de los servicios de salud queda a cargo del Distrito a través de la Subred de Centro-Oriente, por lo que no se trata de una privatización ordinaria. Se trata de una APP bajo la modalidad de bata gris en la que el negocio del privado no está en la explotación económica de los servicios de salud. Las propuestas de los últimos gobiernos para el San Juan de Dios se han enfocado en privilegiar la especulación inmobiliaria, el turismo en salud y las concesiones del servicio. Es necesario que la actual administración sustituya este enfoque por uno en el que prime el derecho a la salud, lo que implica poner en marcha una política que recupere su infraestructura sin acudir a alianzas público privadas o contratos de concesión, además de desistir del proyecto de renovación urbana que desde hace cerca de una década se pretende realizar en la zona de influencia del complejo hospitalario. [1] Decreto 492 de 2007 Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. [2] Investigación determinantes de la demanda de turismo en Bogotá. (t.ly/E7Jf) [3] Plan Especial de Manejo y Protección CHSJD – Propuesta, Tomo III. [4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (26 de noviembre de 2014). Rad. No. 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Comisión accidental del concejo para evitar sobre costos en el metro de Bogotá
“El Concejo de Bogotá debe constituir una comisión accidental que vigile el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá” declaro el concejal Manuel Sarmiento ante el informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre fallas de planeación y riesgos de sobrecostos en la ejecución del contrato. La comisión propuesta por Sarmiento tendrá como propósito efectuar la vigilancia y control de la obra más importante de infraestructura de la ciudad para el resguardo del patrimonio de los bogotanos. Para el concejal del Polo “La Contraloría confirma que Peñalosa dio apertura a la licitación con fallas de estructuración que hacen que el proyecto avance sin todos sus componentes financiados o con financiamientos que contrarían la Ley. La incertidumbre en los costos del traslado de redes o la falta de un plan de aportes al Fondo de Contingencias, podrían paralizar la obra y multiplicar los costos para la ciudad.” De los seis hallazgos de la Contraloría uno tiene incidencia disciplinaria y se trasladará para indagación preliminar por los entes de control, pues la Empresa Metro habría pagado dos veces el mismo estudio ambiental y social del proyecto, así mismo, contrató un estudio de cimentación de pilotes que se entregó después de abierta la licitación del contrato de concesión. “Las respuestas de la Empresa Metro a la Contraloría no lograron desvirtuar los hallazgos, por lo que Andrés Escobar como gerente de la empresa, deben rendir cuentas ante un eventual detrimento a las finanzas públicas de la ciudad y a la viabilidad del proyecto”, señalo el cabildante. “El informe de la Contraloría se suma a lo denunciado por el Polo ante el Consejo de Estado, y quiero llamar la atención, lo que se devela es que la Empresa Metro consideraba que los recursos públicos se convertían en privados al ser transferidos al contrato, esto no se puede convertir en otro SaludCoop, no ante nuestra mirada”, concluyó Sarmiento.
Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.
Manuel Sarmiento, riguroso investigador, valiente en el control político y entrañable para quienes ha acompañado en la lucha contra los atropellos de Peñalosa. En su primer periodo Manuel lideró la batalla para evitar que Peñalosa vendiera la ETB, desenmascaró al Alcalde, sus negocios como vendedor de buses y denunció sus corruptelas en beneficio de quienes lo financiaron. Presentó un proyecto de acuerdo para que Transmilenio tenga una operación pública, una propuesta que mejoraría el servicio y reduciría el precio del pasaje. Propuso la implementación de una política de generación empleo mediante el fortalecimiento de la industria bogotana, propuestas rechazadas por los partidos afines a Peñalosa. Ha acompañado la defensa de trabajadores y usuarios de la Red Pública Hospitalaria ante los cierres de servicios y la corrupción del sistema. Respaldó la exigencia del derecho a un trabajo digno y estable para todos los trabajadores del Distrito, así como las garantías y respeto hacia los vendedores informales. Hoy encabeza el rechazo al Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa que atropella y desplaza a habitan- tes de los barrios tradicionales y destruye los ecosistemas en favor de los grandes negocios de construcción y la especulación financiera. La candidatura de Manuel Sarmiento es un proyecto colectivo del que hacen parte voluntarios y electores.
¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!
Bogotá está a pocos días de terminar la catastrófica Alcaldía de Enrique Peñalosa y la historia le reservará el lugar del peor alcalde de la ciudad y del país en el cuatrenio. Bogotá se ha convertido en la ciudad más costosa de Colombia y casi la mitad de quienes la habitan piensan que es mejor irse a un municipio aledaño, huyendo del alto costo de vida. Uno de cada tres hogares sienten que su situación económica ha empeorado y todos los días se enfrentan a impuestos caros, malos salarios, robos callejeros y a la negación de sus derechos. El empobrecimiento de los estratos populares y de la clase media se debe al atraso económico de Bogotá y a la decisión de múltiples alcaldes de entregarle la ciudad a un grupo minoritario de magnates criollos y extranjeros que han convertido los derechos básicos de la población en sus lucrativos negocios, una de las peores manifestaciones de la corrupción. Seis de cada diez personas que quieren trabajar están desempleadas o viven del rebusque y a merced de la persecución del Alcalde; más de un millón de hombres y mujeres cuentan con solo 9.000 pesos al día para alimentarse, transportarse y pagar un techo; y lo que les queda deben usarlo para pagar los costosos servicios públicos, educación y salud. Más de 2.000 personas mueren por la contaminación del aire cada año y la educación de alta calidad sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho universal. El sistema de transporte y los desesperantes trancones son la máxima muestra del desprecio del Alcalde por el tiempo de los capitalinos, quienes gastan más de una hora transportándose a sus trabajos u hogares, privándose de compartir con sus familias y amigos, recrearse o educarse. El servicio de Transmilenio y del SITP es tan malo que si fuera gratuito sería costoso, pero es tan caro que uno de cada ocho bogotanos no tienen como pagarlos. En contraste, una minoría de magnates criollos y extranjeros se han enriquecido con el sufrimiento de la gente. Bogotá es la más desigual entre las 13 ciudades más grandes del país. Importadores y multinacionales hacen fiesta con la destrucción de las empresas bogotanas y de los empleos formales y estables. Los fabricantes y operadores de buses de Transmilenio se llenan sus bolsillos con un servicio malo y caro. Servicios públicos como la energía eléctrica, el alumbrado público y el aseo, están en manos de banqueros y compañías extranjeras que se lucran con tarifas escandalosas. Mientras la inmensísima mayoría de los capitalinos no tiene una calidad de vida decente, unos pocos se han enriquecido gracias a los abusos de poder y los negocios corruptos de Peñalosa. A dos inversionistas que financiaron su campaña les valorizó un negocio inmobiliario en Chapinero en más de $600 mil millones de pesos y a los consuegros de Juan Manuel Santos, que también le dieron plata para la campaña, les quiere entregar jugosos contratos en el espacio público. Volvo hizo su mejor negocio en diez años vendiéndole a Bogotá 700 buses que ya no puede vender en Europa por sus altos niveles de contaminación. Para seguir mejorando el negocio de Transmilenio, Peñalosa pretende imponerle a Bogotá un metro caro, malo y privatizado. Este gobierno ha promovido las talas indiscriminadas de árboles e impone canchas sintéticas en parques en contra de la voluntad de la gente, aun cuando distintas alertas llevaron a que científicos y autoridades de Estados Unidos pidieran corroborar sus impactos negativos en la salud. Su desprecio por el medio ambiente y su deseo de amarrar 48 billones de pesos en meganegocios podrían llevar a las proximas administraciones a limitarse a administrar los contratos del alcalde vendedor de buses. Siguiendo los lineamientos de Duque, Peñalosa la promovido la llamada “economía naranja” que reduce el arte y la cultura a un negocio de las multinacionales del entretenimiento y se ha destacado por intentar feriar y marchitar empresas públicas como la ETB. En sus últimos meses, Peñalosa pretende imponer un POT hecho a la medida de los especuladores inmobiliarios a costa de arrasar la vivienda de los barrios tradicionales de la capital y de la Reserva Van der Hammen, los Cerros Orientales, los Humedales y el Río Bogotá. Bogotá necesita un cambio de rumbo, no será fácil o rápido lograrlo, pero la dignidad de esta ciudad emergerá con la razón, sin engañar y votando bien para ponerle fin a la pesadilla peñalosista.
El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento
En respuesta a la tutela que el Secretario de Salud interpuso contra el concejal Manuel Sarmiento, el cabildante reafirmó sus denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud y las mentiras descaradas de Luis Gonzalo Morales. El pasado viernes, el concejal amplió la denuncia disciplinaria ante Procuraduría y Personería. «Siguiendo el mal ejemplo de Peñalosa, el Secretario de Salud interpuso una tutela en mi contra por mis denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud para intentar silenciarme. He publicado todas las pruebas que demuestran que Luis Gonzalo Morales ha mentido y engañado a la opinión pública, mostrando utilidades de la EPS que no corresponden con la realidad. Así como pude probar ante los estrados judiciales que no violé el derecho al buen nombre del Alcalde cuando lo llamé vendedor de buses, demostraré que el Secretario de Salud ha mentido con base en unos estados financieros que están maquillados», afirmó el concejal Manuel Sarmiento. Aunque los funcionarios han afirmado que Capital Salud obtuvo utilidades por $41.000 millones en 2017 (https://bit.ly/2EKQuMy, https://bit.ly/2HJxxLW) y $107.000 millones en 2018 (https://bit.ly/2VYwwnl, https://bit.ly/2YXvcTA), los informes de la revisoría fiscal señalan que los estados financieros de la EPS no cumplen con las normas contables vigentes y que se han inflado los ingresos no operacionales en los que se soportan las utilidades con las que Peñalosa y Luis Gonzalo Morales sacan pecho. Además, un memorando firmado por la exgerente de Capital Salud reconoce que en el año 2017 la entidad no tuvo utilidades sino pérdidas por $1.300 millones de pesos, lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a asegurar, en respuesta al concejal del Polo, que se están sobreestimando las utilidades de la EPS para el año en mención. Con fundamento en los hechos que están plenamente demostrados, Sarmiento recordó que como Concejal de Bogotá, elegido democráticamente y declarado en oposición, le asiste la obligación de adelantar control político a la gestión de la administración distrital y el derecho a cuestionar sus políticas, lo que incluye advertir a los ciudadanos de las mentiras a las que recurren los gobernantes para presentar falsos éxitos. Ampliación de la queja disciplinaria El pasado viernes el concejal Manuel Sarmiento amplió la queja disciplinaria que interpuso en contra del alcalde Peñalosa y su secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. “Es inaudito que el Alcalde y el Secretario de Salud, conociendo que los estados financieros de la EPS están maquillados, insistan en engañar a la opinión pública mostrando utilidades que, de acuerdo con la Revisoría Fiscal y la Superintendencia de Salud, no corresponden con la realidad económica de la EPS. Por más desesperados que estén por el descrédito de esta administración, no pueden mentir de esta manera tan descarada», afirmó Sarmiento. Las nuevas pruebas aportadas por el concejal Sarmiento confirman la denuncia y las falsedades. La Superintendencia de Salud le respondió un derecho de petición al cabildante señalando que «la suma de $94.579 millones no corresponden a hechos económicos reales de la EPS a 31 de diciembre de 2017, lo cual implica que estarían sobreestimando las ‘Utilidades’ de la EPS para el año 2017». El cabildante también aportó el informe de la revisoría fiscal sobre los estados financieros de 2018, el cual señala: «(…) los Estados Financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. a 31 de Diciembre de 2018». Estas pruebas son contundentes y demuestran que Peñalosa y Morales han engañado a la opinión pública.
