Bogotá avanza hacia un nuevo modelo de ciudad

Bogotá avanza hacia un nuevo modelo de ciudad

Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo

Es fundamental un análisis con cierto nivel de detalle para evaluar con objetividad la esencia del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) del gobierno de Claudia López. Al definir las políticas y prioridades de un gobierno, el plan refleja la naturaleza política de su administración y, en el caso de Bogotá, evidencia si le apuesta a un cambio en el modelo de ciudad que se ha impuesto durante los últimos 30 años, acentuado en el segundo mandato de Enrique Peñalosa.

El Polo Democrático Alternativo respaldó la candidatura de Claudia López luego de llegar a un Acuerdo Programático con el Partido Alianza Verde y el Movimiento Activistas, coalición que derrotó el continuismo de Peñalosa. El Plan Distrital de Desarrollo corrobora que la decisión del Polo fue acertada. Plantea cambios sustanciales frente al nefasto modelo peñalosista, corrige políticas equivocadas de los gobiernos alternativos y recoge reivindicaciones históricas del Polo y de las organizaciones sociales de la ciudad.

Aunque se trata de un documento complejo, a continuación se resaltan los aspectos más relevantes que soportan la tesis de que este Plan representa un avance hacia un nuevo modelo de ciudad:

Diagnóstico y distribución de los recursos de inversión

El Plan Distrital de Desarrollo centra su diagnóstico en la espantosa desigualdad que lesiona a las familias pobres y de ingresos medios de la ciudad. Después de tres décadas de neoliberalismo, el 10% de la población más adinerada de Bogotá concentra el 43% de todos los ingresos (https://bit.ly/3hH3K5K), convirtiéndola en una de las capitales más inequitativas de América Latina y en el conglomerado urbano más desigual entre las grandes ciudades de Colombia. A esta pavorosa concentración de los ingresos debe sumarse la muy repudiable desigualdad entre hombres y mujeres y la histórica discriminación contra poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. Es un acierto que el diagnóstico del Plan de Desarrollo parta de la necesidad de “lograr una redistribución más equitativa de los costos y beneficios de vivir en Bogotá”, preocupación que se ve reflejada en la distribución de los recursos de inversión.

De los 109 billones de pesos de inversión, el Plan destina el 47% a financiar los programas sociales y de recuperación económica que hacen parte del propósito denominado “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”. Que casi la mitad de los recursos se inviertan en políticas sociales y de recuperación económica desmienten la acusación de Gustavo Petro según la cual “el plan de desarrollo de Claudia invierte la mayor parte de los recursos en más Transmilenio” (https://bit.ly/3gwxB0h). En realidad, el Plan destina solo el 8% de los recursos de inversión a ampliar la infraestructura de Transmilenio; en cambio sí reduce en un 28% la inversión en movilidad y aumenta el presupuesto para educación (33,4%), ambiente (115%), integración social (3,6%), mujeres (147,5%) y vivienda (10,8%), en comparación con lo asignado por Peñalosa.

Política social y crecimiento económico

Una de las novedades del PDD en materia de política social es el conjunto de metas de reducción de pobreza. Petro y Peñalosa se lavaron las manos frente al aumento de la pobreza monetaria señalando que los gobiernos distritales solo pueden responder por la pobreza multidimensional, pues la monetaria es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. El PDD de Claudia López enfrenta esta realidad y se propone reducir la pobreza monetaria al 11,4%, meta ambiciosa teniendo en cuenta que los cálculos más conservadores señalan que superará el 18% en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Petro afirma que el Plan no plantea reducir la pobreza multidimensional porque la meta es dejarla en el 4,4%, cifra igual a la que se registró en el año 2018, pero esta crítica pasa por alto que en 2019 este indicador se ubicó en el 7,1% y que este año la pobreza multidimensional también se disparará debido a la pandemia. Es importante resaltar que el Plan hace énfasis en sectores de la población que han sido golpeados con mayor dureza por el neoliberalismo, como las mujeres y los jóvenes, plantea de manera expresa metas como reducir la feminización de la pobreza y el número de NiNis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, objetivos que no quedaron incluidos en los planes ni de Petro ni de Peñalosa.

El PDD incluye un ramillete de políticas sociales que tienen la impronta polista de la Secretaria de Integración Social, contrarias a la lógica asistencialista que ha caracterizado al neoliberalismo. La generación de empleo es un aspecto central de la nueva política social del PDD, su meta es la de crear 200.000 nuevos empleos, 70.000 para mujeres y 50.000 para jóvenes, para lo cual se incluyen programas de empleo público y medidas para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Uno de los cambios importantes del PDD, distinto de las concepciones tradicionales del neoliberalismo, es su política de crecimiento económico. La propuesta hace énfasis en la obligación del Distrito de respaldar a las Mipymes, que representan el 99% del total de las empresas de la ciudad y que generan el 80% del empleo, mediante programas de financiación y asistencia técnica (Art. 29), además de darles prioridad en los procesos de contratación que realicen las entidades distritales (Art. 42), y promueve un sistema tributario diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas, una propuesta de ACOPI Bogotá-Cundinamarca que el gobierno de Duque no ha querido implementar (Art. 70).

Otro avance del PDD, que rompe con las políticas de los gobiernos neoliberales, es la inclusión de la industria manufacturera y la agricultura como sectores económicos que el Distrito deberá respaldar para la generación de riqueza y empleo. El Plan dispone la puesta en marcha de un “programa de agricultura urbana, periurbana y rural” (Art. 34), la implementación de un “modelo de compras institucionales de la Alcaldía a la agricultura campesina, familiar y la pequeña producción rural” (Art. 46) y plantea la necesidad de materializar el principio de la “soberanía alimentaria” (Art. 33), concepto despreciado por los neoliberales.

En materia de industria manufacturera, señala que se diseñará una “política de fomento a la industria manufacturera que contenga incentivos para implementar programas de empleabilidad con enfoque diferencial y de género”. El artículo 30 del Plan incluye a la industria manufacturera como un sector estratégico para la recuperación económica de la ciudad.

El PDD también fortalece el sector de Integración Social con un crecimiento del presupuesto de inversión y la ampliación de la cobertura de sus servicios. Contrasta con la política de Peñalosa que sacó a cerca de 60.000 personas de los programas de alimentación y a 85.000 niños y niñas de programas de educación inicial. Se institucionalizó el Sistema Bogotá Solidaria con la meta de apoyar con subsidios a 350.000 familias pobres y vulnerables con una inversión estimada en 9,6 billones de pesos. El Polo logró incluir la pobreza territorial como otro criterio, distinto al del Sisbén, para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.

Mujeres

La ampliación y el fortalecimiento de los servicios de Integración Social es uno de los pilares más importantes del nuevo Sistema Distrital de Cuidado, un triunfo de la lucha de las mujeres y un avance revolucionario. El sistema organiza y articula los servicios de cuidado que presta actualmente el Distrito (atención a niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, comedores comunitarios, etc.), y plantea crear nuevos servicios, como las lavanderías públicas. El PDD destinará 5,2 billones de pesos con el objetivo específico de reconocer el cuidado como un trabajo, redistribuirlo entre hombres y mujeres; y reducir el tiempo que las mujeres, especialmente las de menores ingresos, dedican a estas tareas no remuneradas. Se trata de una política de igualdad de género que se propone descargar a las mujeres del trabajo de cuidado no remunerado, y a la vez, es una política social de segunda generación, dado que fortalece la atención a poblaciones vulnerables e incentiva que las personas en los barrios se organicen para prestar este tipo de servicios y logren obtener nuevos ingresos.

A esto se suma un crecimiento histórico del 147% del presupuesto de inversión de la Secretaría de la Mujer, pasando de 167 mil millones de pesos en la administración de la “Bogotá Mejor Para Todos” a 414.000 millones de pesos en el nuevo PDD de la Bogotá de un “Nuevo Contrato Social”. Con mayores recursos, la Secretaría de la Mujer podrá ampliar los servicios que les presta a las mujeres, se asumirá la rectoría del Sistema Distrital de Cuidado y deberá liderar la transversalización del enfoque de género que quedó incluida en este Plan de Desarrollo.

Sin duda, la política de equidad de género es otro rompimiento con el modelo neoliberal, aspecto que solo las concepciones machistas pueden reducirlo a un asunto de menor importancia.

Jóvenes

A la Secretaría de Integración Social se le asignó un presupuesto de inversión de 61.500 millones de pesos para financiar los programas que buscan mejorar las condiciones de la juventud bogotana, una de las poblaciones más golpeadas por el neoliberalismo. Una de las metas se propone pasar de 11 Casas de la Juventud a 20, una por cada localidad, desde donde la Secretaría de Integración Social prestará servicios dirigidos a los jóvenes como inclusión en rutas para la atención integral en salud y acceso a la educación, acompañamiento para regularizar su situación militar, educación sexual y fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Además, la Secretaría de Integración Social se propuso entregar transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes en alto grado de vulnerabilidad y que hoy están a punto de caer en las garras de la delincuencia. El Plan contempla la implementación de una Justicia Juvenil Restaurativa que se centre en la reparación del daño causado, la atención de la víctima y la inclusión social del adolescente/ofensor a su contexto familiar y comunitario, lo que rompe con el enfoque punitivo.

Educación

El presupuesto de inversión en educación creció 33,4%, pasó de 17,8 billones de pesos en el gobierno de Peñalosa a 23,7 billones de pesos en el actual PDD de Claudia López. Se fortalece la educación pública en la capital. En primer lugar, crea una misión de expertos con la participación de estudiantes y del Magisterio distrital que evaluará la situación del sistema educativo para rediseñarlo.

También se precisaron las metas para implementar el preescolar de tres grados en los colegios públicos, un anhelo histórico de maestras y maestros y de las familias capitalinas. Una reivindicación fundamental para garantizarles a los hogares de bajos ingresos una educación inicial de calidad.

Otro avance innegable de este Plan de Desarrollo es la decisión de no entregar más colegios en concesión ni de extender los vigentes, decisión que responde al acierto en el Acuerdo Programático que el Polo suscribió para impulsar la candidatura de Claudia López, y que marca una diferencia sustancial con el gobierno de Petro que prorrogó los contratos de 22 colegios en concesión, y con el de Peñalosa en donde las prórrogas llegaron a 35. También quedó contemplado el compromiso de formación posgradual de 5.000 profesores del Distrito, un aumento significativo si se compara con las 967 becas posgraduales que se concedieron en la pasada administración.

La inversión en educación superior es de un billón de pesos, 6,3 veces más del presupuesto de Peñalosa y 4,8 veces más que la inversión en el gobierno de Petro (https://bit.ly/2O4vpRa). El PDD 2020-2024 tiene como meta crear 20.000 nuevos cupos, para lo cual autorizó la creación de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología con el propósito de “fortalecer, promover, financiar y propiciar oferta educativa del nivel superior, privilegiando la educación superior pública a través de las Instituciones de Educación Superior Pública”. El PDD de Claudia López se separa de la idea de financiar el acceso a la educación superior a través de créditos del Icetex o de subsidiar la demanda como lo hizo el mal recordado programa “Ser Pilo Paga”.

Se destaca el propósito de fortalecer la Universidad Distrital para aumentar la oferta de cupos, y mejorar las condiciones de calidad del sistema de bibliotecas y la infraestructura de la Sede El Ensueño, así como el respaldo decidido a la construcción de la nueva sede de la Facultad de Artes, ASAB, cumpliendo con el compromiso adquirido con artistas y trabajadores de la cultura.

Salud

El Plan Distrital de Desarrollo aumenta en 500.000 millones de pesos el presupuesto de inversión y rescata la salud pública con acciones de promoción y prevención como eje central de la política de salud. Para ello se crearán 200 equipos multidisciplinarios que “lleguen a los hogares, diagnostiquen e intervengan determinantes protectores y amenazantes con el concurso de los sectores de la administración distrital”, programa que deberá cubrir mínimo el 40% de las UPZ de la ciudad. Esta estrategia de Atención Primaria en Salud no se limita a la intervención de factores que afectan la salud de las personas, también dota de capacidad resolutiva a los equipos territoriales para, de esta forma, reducir barreras de acceso. En salud se empieza a dejar atrás la pesadilla peñalosista.

Para contrarrestar en algo los perversos efectos de la Ley 100, el artículo 103 del Plan de Desarrollo incorpora una serie mecanismos que le permitan a la Secretaría de Salud vigilar y controlar a las EPS, y fortalecer “la gestión centralizada de la atención territorial en salud para el funcionamiento de la atención médica domiciliaria, atención ambulatoria y hospitalaria”. Es de resaltar que el PDD elimina el criterio neoliberal del autofinanciamiento del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud al permitir “aportes del Distrito Capital para la financiación de sus proyectos específicos” (Art. 104).

En el sector salud es fundamental la formalización laboral, en Bogotá de los 21.000 trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos de la ciudad, 17.000 están vinculados mediante órdenes de prestación de servicios sin garantías laborales. El Plan de Desarrollo incluye un artículo especial de trabajo decente en salud con el que se iniciará un proceso de formalización laboral con tres aspectos fundamentales: i) la provisión progresiva de las cerca de 2.700 vacantes que tienen las subredes de salud, ii) la vinculación de contratistas por una vigencia de 2 años, como medida transitoria que aumenta el nivel de estabilidad y, iii) el estudio de cargas junto a estrategias de financiación para avanzar en la formalización definitiva del personal del sector salud.

Cultura

A nivel nacional, y con mayor fuerza en el gobierno de Iván Duque, la política cultural está enmarcada dentro del concepto de Economía Naranja. Se trata de una política de mercantilización de la cultura, en la que prima el criterio de la rentabilidad y el interés lucrativo de las multinacionales del entretenimiento sobre el aporte indispensable del arte y la cultura al desarrollo del país y del patrimonio material e inmaterial, y al enriquecimiento material e intelectual nacional. Bajo el enfoque de la Economía Naranja, la priorización del gasto público se hace sobre la base de criterios como la rentabilidad y la productividad (https://bit.ly/2CVtwo8), aspecto que lesiona las iniciativas culturales, en la medida en que el arte y la cultura nacionales deben competir con industrias creativas como el desarrollo de software, la gastronomía, animación y videojuegos, juegos y juguetería.

Un aspecto positivo del Plan Distrital de Desarrollo es que separa el arte y la cultura de las denominadas industrias creativas, cuyo fomento estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto permite que los presupuestos de la Secretaría de Cultura y sus entidades adscritas se destine al apoyo y promoción de las expresiones culturales, una notable diferencia frente a la política cultural de la pasada administración. Bajo este enfoque, el artículo 35 del PDD señala que el Distrito priorizará, entre otras, las siguientes acciones: activación y reactivación económica y social del sector y sus actores; sostenimiento humanitario y digno de las poblaciones vulnerables que hacen parte o integran el sector cultura; fortalecimiento de las líneas de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales; e intervenciones de bienes de interés cultural en función de la reactivación comunitaria.

Sin embargo, el PDD incluye la promoción de los llamados Distritos Creativos, concepto que hace parte de la política de economía naranja y que consiste en promover proyectos inmobiliarios y de renovación urbana para crear clúster de industrias creativas y culturales con las mismas características que las denominadas Áreas de Desarrollo Naranja. Se trata de negocios inmobiliarios en los que la Administración Distrital les entrega a conglomerados privados una zona específica de la ciudad para que se apoderen de la renta del suelo que generada por las industrias creativas. Por ejemplo, el proyecto Bronx Distrito Creativo del exalcalde Peñalosa consistía básicamente en entregarles a privados la administración de los edificios del antiguo Bronx -comprados por el Distrito-, para que estos los arrendaran a quienes quisieran montar un negocio tipificado como industria creativa.

Así concebidos, los Distritos Creativos son instrumentos contrarios al fomento y desarrollo de la cultura nacionales que se valen de simbolismos prefabricados para impulsar las transformaciones socio – espaciales de barrios y lugares estratégicos de las ciudades. En el fondo, el objetivo principal de este tipo de renovaciones urbanas son la maximización de la renta del suelo.

En respuesta a un derecho de petición enviado desde mi oficina sobre el Distrito Creativo del Bronx, la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño me informó la decisión de la actual administración de reformular el proyecto del exalcalde Peñalosa. La funcionaria reconoce los conflictos que este tipo de iniciativas generan con artistas y organizaciones culturales, resalta la necesidad de concertar el nuevo proyecto con el sector y señala que en los próximos meses se estructurará el nuevo proyecto, por lo que es necesario hacerle un seguimiento detallado y exigir que cualquier decisión que se tome debe tener como prioridad la promoción del arte y la cultura nacional y debe ser concertada con el sector.

El gobierno de Claudia López debe asumir la orientación del Proyecto del Distrito Creativo del Bronx alejándose definitivamente del propósito que se le concede desde el gobierno nacional a las Áreas de Desarrollo Naranja y priorizar las acciones consignadas en el artículo 35 del PDD.

En esta misma vía, la política cultural de Bogotá debe aumentar los recursos presupuestales que le permitan construir un plan de fomento a trabajadores de la cultura, artistas y organizaciones que, en lugar de estar obligados a competir por cada etapa de la producción artística, puedan dedicarse a desarrollar y tengan garantizada la circulación y difusión de su proceso creativo.

El Pacto de Cultura firmado por la actual Administración traza un plan de acción muy positivo, que las entidades del sector deben esforzarse por cumplir a cabalidad. En medio del confinamiento de los hogares por la pandemia se debe proteger y promover la creación artística y cultural, garantizando el bienestar y el trabajo creativo de individuos, grupos y colectivos que contribuyan a impulsar contenidos de todas las expresiones que fomenten en las personas la sensibilidad, la dignidad, la resistencia, la solidaridad, la identidad y la salud mental.

Ambiente

Después de derrotar el plan de Peñalosa de urbanizar la Reserva Van der Hammen, el PDD incorporó distintas medidas para cumplir con el compromiso ambiental que Claudia López firmó como candidata. El presupuesto de inversión aprobado para el sector Ambiente es de 1.34 billones de pesos, un crecimiento del 115% frente al gobierno de Peñalosa.

El Plan de Desarrollo incluye una serie de medidas para proteger y restaurar la Estructura Ecológica Principal, amenazada por la pasada administración en su afán por montar grandes negocios inmobiliarios. El artículo 20 asigna 35.000 millones de pesos para implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los Cerros Orientales; 53.889 millones de pesos para el PMA de la Reserva Van der Hammen, 10.000 millones de pesos para iniciar el proyecto del Parque Ecológico del Río Tunjuelo y la protección de los humedales. El gobierno distrital desistió de varios negocios que intentó dejar amarrados Peñalosa en relación con el endurecimiento de humedales a través de obras de infraestructura y la destrucción de los cerros orientales con el famoso Sendero de las Mariposas.

Otro gran avance de este Plan de Desarrollo es el artículo 128 que establece un nuevo modelo de administración para el Relleno Doña Juana con dos características fundamentales. La primera, señala la posibilidad que Bogotá asuma la operación del Relleno, echando para atrás la privatización que por más de 30 años le ha generado graves daños a la ciudad, especialmente a las familias de Ciudad Bolívar y Usme. La segunda, es “la disminución en el entierro de residuos y la migración del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ hacia otras alternativas tecnológicas para el tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la transformación en energía renovable y/o compostaje”. Recientemente, la UAESP abrió proceso sancionatorio al operador privado por sus reiterados incumplimientos, poniendo fin a un historial de alcahuetería.

Vivienda y ordenamiento territorial

Las políticas de vivienda también marcan diferencias esenciales frente al enfoque neoliberal de dejar en manos del mercado inmobiliario un derecho fundamental. El PDD incorpora un programa nuevo denominado Plan Terrazas con el que se apoyará con distintos tipos de subsidios a los propietarios de viviendas de uno o dos pisos para construir un nuevo nivel y así ampliar la oferta de vivienda en los barrios populares. Para ello se plantean nuevos instrumentos de intervención estatal en el mercado de la vivienda como la creación de una curaduría pública y un banco de materiales.

Bajo este mismo enfoque el artículo 77 les impone a las constructoras la obligación de otorgarle a la Secretaría de Hábitat “la primera opción de separar las unidades habitacionales con destino a los hogares priorizados que cumplan con los requisitos para la asignación de subsidios y que cuenten con el cierre financiero”, lo que representa mayores y mejores herramientas de control frente a los abusos del negocio de la construcción.

En materia de ordenamiento territorial, el artículo 17 señala que la revisión del POT deberá garantizar la “participación ciudadana continua, permanente y decisoria” bajo los criterios de “proteger la estructura ecológica principal” e “implementar un modelo regional de ordenamiento territorial que fomente el desarrollo industrial y agrícola de ciudad región”, criterios que responden a las exigencias hechas por el Polo Democrático Alternativo durante el debate sobre el POT de Peñalosa.

El PDD le da relevancia al concepto de revitalización urbana, una diferencia de fondo con la propuesta de Peñalosa que priorizaba la renovación urbana. De acuerdo con el programa 32 “se considera como un instrumento moderno de planeación, que interviene estratégicamente, vinculando las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales, para proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de los pobladores originales de las zonas de intervención, lo que significa atender los espacios de relación y a la calidad del espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, respetar todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente, tanto natural como construido, y en términos de acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios públicos domiciliarios”.

Uno de los temas de debate es el proyecto denominado Lagos de Torca que adoptó el gobierno de Peñalosa para urbanizar una zona del norte de la ciudad y que quedó incorporado en el Plan de Desarrollo. La discusión no es si se deba o no urbanizar la zona, pues además de que desde el año 2000 es suelo de expansión urbana, todas las administraciones han planteado su urbanización a través de lo que antes se denominaba Unidad de Planeación Zonal del Norte. El debate es cómo se urbaniza esta zona, en especial en dos aspectos: i) la decisión de Peñalosa de urbanizar un polígono que interrumpiría la conexión ecológica entre la Reserva Van der Hammen y los Cerros Orientales, y ii) el nivel de densidad poblacional planteado en el proyecto, crítica que ha sido desarrollada por el urbanista Mario Noriega contra los planteamientos de Petro y Peñalosa (https://bit.ly/32iGd6K).

Bajo este contexto el Plan de Desarrollo señala que se deberán buscar “mecanismos y alternativas, que permitan asegurar la conectividad ecológica entre las reservas forestales de los Cerros Orientales y Thomas van der Hammen”, lo que es positivo. Sin embargo, no menciona la necesidad de cambiar el nivel de densidad poblacional, solo que deberá asegurar las “construcciones de VIS y VIP y la gestión para la construcción de los equipamientos comunitarios y de la infraestructura de servicios públicos necesarios para asegurar la calidad de vida de la población”.

Movilidad

Mientras que en la administración de Peñalosa la inversión en movilidad representó el 48,5% del Plan Plurianual de Inversiones, con Claudia López se redujo al 33%. Aunque el PDD incluye la construcción de las troncales de la 68 y la Av. Ciudad de Cali, proyectos que la bancada del Polo votó de manera negativa, no es cierto que le dé continuidad al plan de Peñalosa de llenar la ciudad de buses rojos.

El Conpes 3900, que Santos le aprobó a Peñalosa, señala que Bogotá debía tener 12 troncales y 144 kilómetros adicionales de Transmilenio, proyecto que incluía las troncales de la Séptima, Boyacá (cuya licitación fue abierta por Petro), Calle 13, Calle 170, Calle 127 y el absurdo de pavimentar los corredores férreos. El PDD deja atrás estos proyectos, y por el contrario el artículo 105 desecha la posibilidad de implementar el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima, tal y como lo diseño el IDU durante 2017 y 2018, para dar paso a un corredor ecológico en el que se privilegien las energías limpias y el espacio peatonal. Avance que se confirma con el reciente anuncio en donde, por mutuo acuerdo entre el Distrito y los proponentes, se pone fin a este proyecto inconveniente para la ciudad. Sin duda una victoria que es resultado de la organización y movilización ciudadana de muchos años y la voluntad política de la alcaldesa Claudia López.

Uno de los objetivos del PDD es avanzar en la implementación de una red férrea con proyectos como la extensión de la Primera Línea de Metro y la estructuración de los Regiotram del Norte y del Sur, denotando un nuevo enfoque que busca recuperar y priorizar los corredores férreos como ejes de la movilidad de la ciudad, y a los que le haré un seguimiento cercano para garantizar que estas soluciones correspondan con las necesidades de la ciudad y de los municipios aledaños.

El Polo continúa al frente de la demanda que cursa en el Consejo de Estado. Pero, afirmar que Claudia es la continuidad de Peñalosa porque no echó para atrás el metro elevado raya con el ridículo, desconoce que deshacer un contrato estatal sin el suficiente sustento jurídico puede acarrear severas consecuencias fiscales, disciplinarias y penales, y por lo tanto, se deben cumplir unos presupuestos que la ley define con precisión y que aún no se han configurado para este proyecto.

Finalmente, una propuesta de genuina ruptura en materia de movilidad de este PDD es el artículo 91 que establece la creación de un operador público de transporte. El modelo Transmilenio de Peñalosa no solo consiste en reemplazar el metro con troncales de buses rojos, su esencia es la privatización a través de leoninos contratos de concesión. El Plan señala que el Distrito podrá prestar directamente el servicio para iniciar un proceso de desprivatización, propuesta que hoy sacamos adelante, que había sido presentada por la bancada del Polo en dos oportunidades, hundida por las mayorías peñalosistas en el Concejo y que es radicalmente distinta a las concepciones neoliberales.

Fortalecimiento de las empresas públicas

A propósito de las empresas públicas, contrario a los intentos de privatización y el marchitamiento vivido durante la administración de Enrique Peñalosa, el Plan de Desarrollo de Claudia López define su fortalecimiento como un objetivo explícito. Incluye importantes obras de infraestructura para mejorar el caudal mínimo de agua para la ciudad y no aparecen los perjudiciales negociados del Sendero de Las Mariposas y del Embalse San Rafael que estaban a cargo de la EAAB.

Gracias a la visión democrática de los servicios públicos que asume la nueva administración y al Acuerdo Programático firmado entre Claudia López y Sintrateléfonos, cuyo contenido fue acompañado por el Polo Democrático, el Plan de Desarrollo contiene un avance sustancial frente a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB. Para la construcción y el desarrollo de una Bogotá Inteligente, el documento incluye transformaciones institucionales para la inserción digital, la definición de importantes proyectos estratégicos en los que ya venía trabajando la ETB como la digitalización en salud, aplicaciones para denunciar violación de derechos humanos y abusos contra las mujeres, la actualización del sistema de información de riesgo y cambio climático, entre otros.

Sin duda, los avances más importantes a resaltar son la presencia permanente de la ETB en la Comisión Distrital de Transformación Digital, que será la instancia de coordinación y articulación para todas las iniciativas de ciudad inteligente, y, por otro lado, la creación de la Agencia Analítica de Datos, una sociedad 100% pública en la que confluyen varias entidades distritales para el almacenamiento y análisis de datos, una herramienta fundamental para realizar políticas públicas más precisas. El acierto de esta política es que ya ameritó una queja por parte de las multinacionales de las Telecomunicaciones.

Derechos laborales

El trabajo decente y digno es otro de los grandes avances del Plan Distrital de Desarrollo. Es una política integral que por un lado apunta a la generación de empleo privado para la reactivación económica, concentrado en las micro, pequeñas y medianas empresas y por el otro, diseña una estrategia para la formalización laboral en el sector público y el avance progresivo en la reducción de la dependencia de la función pública a los contratos basura por OPS que le arrebata a los trabajadores su estabilidad laboral y sus derechos fundamentales, mientras los convierte en un caldo de cultivo para la politiquería. Esta estrategia incluye crear por los menos 1.500 empleos permanentes nuevos y cubrir 1.850 vacantes, adicional al desarrollo de estudios de cargas y la revisión institucional para la formalización definitiva.

Los cuestionamientos del Polo

La bancada del Polo Democrático Alternativo dejó constancias de sus cuestionamientos a algunas de las propuestas del PDD y votó en contra los artículos que consideramos inconvenientes. Nos opusimos y votamos en contra de las propuestas de Alianzas Público Privadas cuya inversión se estima en 6.3 billones de pesos, el 6% de todo el Plan Plurianual de Inversiones, incluida la muy inconveniente propuesta de la APP para construir la sede de la Orquesta Filarmónica. Las APP son una herramienta para entregarles a conglomerados privados la explotación económica de la infraestructura pública, una forma de privatizar el patrimonio público, como lo demuestra el caso del Coliseo El Campín, APP diseñada y contratada por la administración de Gustavo Petro.

El Polo también votó en contra de proyectos de movilidad como la construcción de la troncal de la Avenida 68. Con nuestros votos negativos, se hundió la propuesta de crear un nuevo tributo y la idea de titularizar el predial para subsidiar el transporte público.

La bancada del Polo no ha guardado silencio frente a las actuaciones erróneas de la administración de Claudia López. Entre otras cosas, hemos cuestionado su decisión de adjudicar el Transmilenio de la 68, los enormes subsidios a los operadores privados de Transmilenio en plena crisis, los despidos en Canal Capital y la reciente prohibición de la protesta en época de cuarentena estricta. También presentamos cuestionamientos al uso del Sisbén como única herramienta para identificar familias vulnerables y la propuesta de tramitar el POT este año sin garantizar la participación ciudadana, críticas que fueron escuchadas y corregidas por la administración.

Conclusión

El Plan Distrital de Desarrollo representa un viraje importante frente al modelo de ciudad que se impuso en las últimas tres décadas. El correcto tratamiento de la crisis de la pandemia y la construcción de un plan que mitigue su impacto y fortalezca la administración y la economía para la reactivación no son asuntos menores, es la consolidación de un plan para el futuro de la ciudad. El llamado, en especial a los polistas, es a conocer en detalle el Plan y a participar activamente en su implementación. Con nuestra entusiasta y comprometida participación este Plan llegará a las comunidades y organizaciones sociales con las cuales hemos adelantado luchas en defensa de los derechos básicos de una democracia. Un análisis objetivo y alejado del sectarismo permite concluir que el Polo acertó y debe perseverar en su alianza con el Partido Alianza Verde y el Movimiento Activistas.

Hospital San Juan de Dios: entre APP y renovación urbana

Hospital San Juan de Dios: entre APP y renovación urbana

Manuel Sarmiento
Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo

En las últimas semanas el Hospital San Juan de Dios ha estado en el centro del debate político debido a la firma de un contrato de APP para construir el nuevo Hospital Santa Clara. En medio de una clara estrategia electoral, el senador Gustavo Petro ha acusado al gobierno de Claudia López de promover la privatización del Hospital San Juan de Dios, afirmación que evidencia su desconocimiento de las normas de contratación pública y la incoherencia que tanto lo ha caracterizado, pues su gobierno también planteó la posibilidad de entregar edificios del complejo hospitalario en APP.

Para entender cómo se llegó a este contrato es necesario conocer la historia reciente del Hospital. En el Plan Centro adoptado por el gobierno de Luis Eduardo Garzón, el San Juan de Dios quedó incluido como pieza central de un clúster de servicios de salud denominado Ciudad Salud[1], proyecto de renovación urbana que en el gobierno de Samuel Moreno fue catalogado como una Zona de Interés Turístico en servicios de salud. Bajo este enfoque, el emblemático hospital no quedó concebido como una institución al servicio del derecho a la salud, sino como un activo para promover el negocio inmobiliario y atraer ciudadanos extranjeros a la Capital para someterse a tratamientos médicos.

El gobierno del exalcalde Gustavo Petro no se apartó de este enfoque. En el año 2014 realizó un estudio sobre turismo en Bogotá[2] que ratificó la propuesta de promover un clúster que aglutinara hospitales y hoteles para atraer la demanda extranjera de servicios de salud, clúster que en el Plan Maestro de Turismo se ubicada en el San Juan de Dios y su zona de influencia. Bajo esta concepción, la administración de Petro presentó el Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá (t.ly/0BHN) que incluyó la propuesta de Ciudad Salud como un proyecto de relevancia nacional e internacional por su rol de clúster de servicios de salud de alta complejidad.

Es en el gobierno del senador de Colombia Humana cuando por primera vez se plantea la posibilidad de contratar una APP para entregar a privados la operación de los edificios del San Juan de Dios. El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del HSJD del que tanto se ufana Petro incluye “la posibilidad de que los bienes que conforman el el CHSJD sean operados total o parcialmente por agentes privados”[3]. Es bastante incoherente entonces la agresividad con la que Petro cuestiona a Claudia López por un contrato de APP que hizo parte de sus propuestas para el Hospital.

Peñalosa concretó la propuesta del PEMP de Petro y estructuró una Alianza Público Privada para reemplazar la Torre Central del complejo hospitalario por un edificio nuevo para el funcionamiento del Hospital Santa Clara, iniciativa que fue rechazada por la bancada del Polo Democrático Alternativo (ver). En su afán por dejar amarrado el negocio, el 11 de octubre de 2019 el exalcalde abrió la licitación y el 27 de diciembre del 2019 las firmas interesadas con quedarse con el contrato presentaron las ofertas. El 6 de febrero de 2020 el contrato fue adjudicado por el gobierno de Claudia López.

Algunos sectores políticos han querido señalar que la responsabilidad de esta contratación es principalmente de la administración de Claudia López. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado solo es posible revocar unilateralmente una licitación “hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección (…)”[4], por lo que una actuación contraria a este criterio conllevaría a responsabilidades fiscales, disciplinarias y hasta penales. La única alternativa para evitar la adjudicación del contrato era llegar a un acuerdo con los inversionistas que participaron en el proceso, quienes podían exigir una indemnización para desistir de sus ofertas.

Es importante precisar los alcances de la APP contratada, pues no se trata de una alianza público privada ordinaria. El contrato señala que el consorcio privado deberá hacer los diseños de detalle, construir el nuevo hospital, dotarlo de equipos médicos y prestar servicios anexos como los de aseo y vigilancia. Sin embargo, la prestación de los servicios de salud queda a cargo del Distrito a través de la Subred de Centro-Oriente, por lo que no se trata de una privatización ordinaria. Se trata de una APP bajo la modalidad de bata gris en la que el negocio del privado no está en la explotación económica de los servicios de salud.

Las propuestas de los últimos gobiernos para el San Juan de Dios se han enfocado en privilegiar la especulación inmobiliaria, el turismo en salud y las concesiones del servicio. Es necesario que la actual administración sustituya este enfoque por uno en el que prime el derecho a la salud, lo que implica poner en marcha una política que recupere su infraestructura sin acudir a alianzas público privadas o contratos de concesión, además de desistir del proyecto de renovación urbana que desde hace cerca de una década se pretende realizar en la zona de influencia del complejo hospitalario.

[1] Decreto 492 de 2007 Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.

[2] Investigación determinantes de la demanda de turismo en Bogotá. (t.ly/E7Jf)

[3] Plan Especial de Manejo y Protección CHSJD – Propuesta, Tomo III.

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (26 de noviembre de 2014). Rad. No. 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Comisión accidental del concejo para evitar sobre costos en el metro de Bogotá

“El Concejo de Bogotá debe constituir una comisión accidental que vigile el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá” declaro el concejal Manuel Sarmiento ante el informe de la Contraloría General de la República que alerta sobre fallas de planeación y riesgos de sobrecostos en la ejecución del contrato. La comisión propuesta por Sarmiento tendrá como propósito efectuar la vigilancia y control de la obra más importante de infraestructura de la ciudad para el resguardo del patrimonio de los bogotanos.

Para el concejal del Polo “La Contraloría confirma que Peñalosa dio apertura a la licitación con fallas de estructuración que hacen que el proyecto avance sin todos sus componentes financiados o con financiamientos que contrarían la Ley. La incertidumbre en los costos del traslado de redes o la falta de un plan de aportes al Fondo de Contingencias, podrían paralizar la obra y multiplicar los costos para la ciudad.”

De los seis hallazgos de la Contraloría uno tiene incidencia disciplinaria y se trasladará para indagación preliminar por los entes de control, pues la Empresa Metro habría pagado dos veces el mismo estudio ambiental y social del proyecto, así mismo, contrató un estudio de cimentación de pilotes que se entregó después de abierta la licitación del contrato de concesión. “Las respuestas de la Empresa Metro a la Contraloría no lograron desvirtuar los hallazgos, por lo que Andrés Escobar como gerente de la empresa, deben rendir cuentas ante un eventual detrimento a las finanzas públicas de la ciudad y a la viabilidad del proyecto”, señalo el cabildante.

“El informe de la Contraloría se suma a lo denunciado por el Polo ante el Consejo de Estado, y quiero llamar la atención, lo que se devela es que la Empresa Metro consideraba que los recursos públicos se convertían en privados al ser transferidos al contrato, esto no se puede convertir en otro SaludCoop, no ante nuestra mirada”, concluyó Sarmiento.

Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, el Concejal revelación.

Manuel Sarmiento, riguroso investigador, valiente en el control político y entrañable para quienes ha acompañado en la lucha contra los atropellos de Peñalosa.

En su primer periodo Manuel lideró la batalla para evitar que Peñalosa vendiera la ETB, desenmascaró al Alcalde, sus negocios como vendedor de buses y denunció sus corruptelas en beneficio de quienes lo financiaron. Presentó un proyecto de acuerdo para que Transmilenio tenga una operación pública, una propuesta que mejoraría el servicio y reduciría el precio del pasaje. Propuso la implementación de una política de generación empleo mediante el fortalecimiento de la industria bogotana, propuestas rechazadas por los partidos afines a Peñalosa.

Ha acompañado la defensa de trabajadores y usuarios de la Red Pública Hospitalaria ante los cierres de servicios y
la corrupción del sistema. Respaldó la exigencia del derecho a un trabajo digno y estable para todos los trabajadores del Distrito, así como las garantías y respeto hacia los vendedores informales. Hoy encabeza el rechazo al Plan de Ordenamiento Territorial de Peñalosa que atropella y desplaza a habitan- tes de los barrios tradicionales y destruye los ecosistemas en favor de los grandes negocios de construcción y la especulación financiera.

La candidatura de Manuel Sarmiento es un proyecto colectivo del que hacen parte voluntarios y electores.

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

¡Que no vuelva Peñalosa en cuerpo ajeno!

Bogotá está a pocos días de terminar la catastrófica Alcaldía de Enrique Peñalosa y la historia le reservará el lugar del peor alcalde de la ciudad y del país en el cuatrenio.

Bogotá se ha convertido en la ciudad más costosa de Colombia y casi la mitad de quienes la habitan piensan que es mejor irse a un municipio aledaño, huyendo del alto costo de vida. Uno de cada tres hogares sienten que su situación económica ha empeorado y todos los días se en­frentan a impuestos caros, malos salarios, robos callejeros y a la negación de sus derechos. El empobrecimiento de los estratos populares y de la clase media se debe al atraso económico de Bogotá y a la decisión de múltiples alcaldes de entregarle la ciudad a un grupo minoritario de magna­tes criollos y extranjeros que han convertido los derechos básicos de la población en sus lucrativos negocios, una de las peores manifestaciones de la corrupción.

Seis de cada diez personas que quieren trabajar es­tán desempleadas o viven del rebusque y a merced de la persecución del Alcalde; más de un millón de hom­bres y mujeres cuentan con solo 9.000 pesos al día para alimentarse, transportarse y pagar un techo; y lo que les queda deben usarlo para pagar los costosos servicios públicos, educación y salud. Más de 2.000 personas mueren por la contaminación del aire cada año y la educación de alta calidad sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho universal.

El sistema de transporte y los desesperantes tranco­nes son la máxima muestra del desprecio del Alcalde por el tiempo de los capitalinos, quienes gastan más de una hora transportándose a sus trabajos u hogares, privándose de compartir con sus familias y amigos, re­crearse o educarse. El servicio de Transmilenio y del SITP es tan malo que si fuera gratuito sería costoso, pero es tan caro que uno de cada ocho bogota­nos no tienen como pagarlos.

En contraste, una minoría de magnates crio­llos y extranjeros se han enriquecido con el su­frimiento de la gente. Bogotá es la más desigual entre las 13 ciudades más grandes del país. Im­portadores y multinacionales hacen fiesta con la destrucción de las empresas bogotanas y de los empleos formales y estables. Los fabricantes y operadores de buses de Transmilenio se llenan sus bolsillos con un servicio malo y caro. Servi­cios públicos como la energía eléctrica, el alum­brado público y el aseo, están en manos de ban­queros y compañías extranjeras que se lucran con tarifas escandalosas.

Mientras la inmensísima mayoría de los capitalinos no tiene una calidad de vida de­cente, unos pocos se han enriquecido gracias a los abusos de poder y los negocios corruptos de Peñalosa. A dos inversionistas que finan­ciaron su campaña les valorizó un negocio inmobiliario en Chapinero en más de $600 mil millones de pesos y a los consuegros de Juan Manuel Santos, que también le dieron plata para la campaña, les quiere entregar jugo­sos contratos en el espacio público. Volvo hizo su mejor negocio en diez años vendiéndole a Bogotá 700 buses que ya no puede vender en Europa por sus altos niveles de contaminación. Para seguir mejorando el negocio de Transmilenio, Peñalo­sa pretende imponerle a Bogotá un metro caro, malo y privatizado.

Este gobierno ha promovido las talas in­discriminadas de árboles e impone canchas sintéticas en parques en contra de la voluntad de la gente, aun cuando distintas alertas lleva­ron a que científicos y autoridades de Estados Unidos pidieran corroborar sus impactos ne­gativos en la salud. Su desprecio por el medio ambiente y su deseo de amarrar 48 billones de pesos en meganegocios podrían llevar a las proximas administraciones a limitarse a ad­ministrar los contratos del alcalde vendedor de buses. Siguiendo los lineamientos de Duque, Peñalosa la promovido la llamada “economía naranja” que reduce el arte y la cultura a un negocio de las multinacionales del entreteni­miento y se ha destacado por intentar feriar y marchitar empresas públicas como la ETB.

En sus últimos meses, Peñalosa pretende im­poner un POT hecho a la medida de los espe­culadores inmobiliarios a costa de arrasar la vi­vienda de los barrios tradicionales de la capital y de la Reserva Van der Hammen, los Cerros Orientales, los Humedales y el Río Bogotá.

Bogotá necesita un cambio de rumbo, no será fácil o rápido lograrlo, pero la digni­dad de esta ciudad emergerá con la razón, sin engañar y votando bien para ponerle fin a la pesadilla peñalosista.

 

El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

El Secretario de Salud tampoco me va a silenciar: concejal Manuel Sarmiento

En respuesta a la tutela que el Secretario de Salud interpuso contra el concejal Manuel Sarmiento, el cabildante reafirmó sus denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud y las mentiras descaradas de Luis Gonzalo Morales. El pasado viernes, el concejal amplió la denuncia disciplinaria ante Procuraduría y Personería.

“Siguiendo el mal ejemplo de Peñalosa, el Secretario de Salud interpuso una tutela en mi contra por mis denuncias sobre las falsas utilidades de Capital Salud para intentar silenciarme. He publicado todas las pruebas que demuestran que Luis Gonzalo Morales ha mentido y engañado a la opinión pública, mostrando utilidades de la EPS que no corresponden con la realidad. Así como pude probar ante los estrados judiciales que no violé el derecho al buen nombre del Alcalde cuando lo llamé vendedor de buses, demostraré que el Secretario de Salud ha mentido con base en unos estados financieros que están maquillados”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

Aunque los funcionarios han afirmado que Capital Salud obtuvo utilidades por $41.000 millones en 2017 (https://bit.ly/2EKQuMyhttps://bit.ly/2HJxxLW)  y $107.000 millones en 2018 (https://bit.ly/2VYwwnlhttps://bit.ly/2YXvcTA), los informes de la revisoría fiscal señalan que los estados financieros de la EPS no cumplen con las normas contables vigentes y que se han inflado los ingresos no operacionales en los que se soportan las utilidades con las que Peñalosa y Luis Gonzalo Morales sacan pecho. Además, un memorando firmado por la exgerente de Capital Salud reconoce que en el año 2017 la entidad no tuvo utilidades sino pérdidas por $1.300 millones de pesos, lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a asegurar, en respuesta al concejal del Polo, que se están sobreestimando las utilidades de la EPS para el año en mención.

Con fundamento en los hechos que están plenamente demostrados, Sarmiento recordó que como Concejal de Bogotá, elegido democráticamente y declarado en oposición,  le asiste la obligación de adelantar control político a la gestión de la administración distrital y el derecho a cuestionar sus políticas, lo que incluye advertir a los ciudadanos de las mentiras a las que recurren los gobernantes para presentar falsos éxitos.

Ampliación de la queja disciplinaria

El pasado viernes el concejal Manuel Sarmiento amplió la queja disciplinaria que interpuso en contra del alcalde Peñalosa y su secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. “Es inaudito que el Alcalde y el Secretario de Salud, conociendo que los estados financieros de la EPS están maquillados, insistan en engañar a la opinión pública mostrando utilidades que, de acuerdo con la Revisoría Fiscal y la Superintendencia de Salud, no corresponden con la realidad económica de la EPS. Por más desesperados que estén por el descrédito de esta administración, no pueden mentir de esta manera tan descarada”, afirmó Sarmiento.

Las nuevas pruebas aportadas por el concejal Sarmiento confirman la denuncia y las falsedades. La Superintendencia de Salud le respondió un derecho de petición al cabildante señalando que “la suma de $94.579 millones no corresponden a hechos económicos reales de la EPS a 31 de diciembre de 2017, lo cual implica que estarían sobreestimando las ‘Utilidades’ de la EPS para el año 2017”. El cabildante también aportó el informe de la revisoría fiscal sobre los estados financieros de 2018, el cual señala: “(…) los Estados Financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. a 31 de Diciembre de 2018”.

Estas pruebas son contundentes y demuestran que Peñalosa y Morales han engañado a la opinión pública.

Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Carta del concejal Manuel Sarmiento al secretario de Salud ante su intentona por eliminar los días compensatorios al que tienen derecho los trabajadores que laboran los domingos y días festivos.

Señor

LUIS GONZALO MORALES

Secretario de Salud Distrital

Carrera 32 # 12 – 81

Ciudad

Ref. Se deben respetar los días compensatorios de los trabajadores del sector salud

Atento saludo,

Desde hace un mes, organizaciones sindicales de la Red Pública Hospitalaria se han manifestado en rechazo al intento de la Secretaría de Salud de eliminar el día de descanso compensatorio al que tienen derecho los trabajadores que laboran los domingos y días festivos.

El Decreto 1042 de 1978 en su artículo 30 afirma que: “los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual o permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo”

Con una interpretación amañada del marco jurídico, la Secretaría de Salud pretende que el día compensatorio no se compute dentro de la jornada laboral. Esta actuación acaba con el derecho al descanso que se encuentra íntimamente relacionado con la dignidad de los trabajadores y es indispensable para la recuperación de la fuerza física y la destinación de un tiempo para el campo personal del servidor, tal como lo reconocen diferentes conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Con todo esto, se pretende pauperizar aún más las pésimas condiciones laborales que se viven en el sector salud, en donde el 81% de los trabajadores están vinculados mediante contratos ilegales como las órdenes de prestación de servicios.

Por lo anterior, le exijo se respetan las condiciones laborales actuales y atienda las solicitudes de las organizaciones sindicales del sector salud.

Le solicito finalmente, me responda de fondo esta carta y me informe cada una de las actuaciones a desarrollar, todo lo anterior en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Las pruebas de las mentiras, la ilegalidad y los sobrecostos del metro

Las pruebas de las mentiras, la ilegalidad y los sobrecostos del metro

Investigación de la oficina del concejal Manuel Sarmiento

27 de septiembre de 2018

¿En la estructuración de la primera línea del metro de Bogotá, el gobierno de Peñalosa ha respetado los mandatos legales que exigen estudios específicos para evitar catástrofes financieras como la de Reficar? Este ha sido uno de los aspectos centrales en la discusión sobre el proyecto de infraestructura más importante en la historia de la Capital, debate en la que la administración se ha caracterizado por mentir para justificar sus actuaciones ilegales e irresponsables.

1. Primera mentira: la ley, el estudio de factibilidad y el Conpes 3900

El gerente del metro reconoció que para el 25 de septiembre de 2017, fecha en la que el gobierno nacional aprobó el Conpes 3900 que le dio viabilidad al metro elevado, los estudios de factibilidad del proyecto no se habían terminado. Y afirmó que el hecho de tener estudios a medias no era ningún problema porque “ninguna ley decía que tenían que estar terminados los estudios para ese momento” (https://bit.ly/2NFrKuD).

La FDN respaldó la tesis del gerente por medio de un comunicado del pasado 12 de septiembre en el que afirmó: “nunca ha habido un requisito legal de contar con estudios de factibilidad para la aprobación de vigencias futuras por parte de la Nación para un convenio de cofinanciación” (https://bit.ly/2I5fP3Z).

¡Falso! La Ley 310 de 1996 dispone que el gobierno nacional deberá cofinanciar los sistemas de transporte masivo siempre y cuando “el proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un estudio de factibilidad”. Cuando la ley exige contar con un “estudio de factibilidad” se refiere a un estudio completo y terminado, no a medias, como lo afirmó el funcionario.

El propósito de este requisito es evitar sobrecostos como los de Reficar. Una obra como el metro debe planearse con una estimación precisa de sus costos para definir cómo se va a financiar y reducir el riesgo de una catástrofe financiera. Así como una familia tiene que calcular los costos de un viaje antes de emprenderlo (pasajes, estadía, alimentación, etc.), el gobierno debe estimar los gastos en los que debe incurrir para construir un proyecto como el metro, y esta estimación la da el estudio de factibilidad.

¿Por qué habría de mentir el gerente del metro? Sencillo, porque cuando se aprobó el Conpes que le dio viabilidad al metro elevado, no existían los estudios de factiblidad, apenas tenían una versión preliminar como lo demuestran las pruebas que se expondrám a continuación.

2. La explicación del alcalde Peñalosa, el gerente del metro y la FDN

El 20 enero de 2017 el gobierno distrital, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, contrató con el consorcio MetroBog (conformado por las firmas Systra e Ingetec) la elaboración del estudio de factibilidad del metro elevado. De acuerdo con la FDN el consultor debía “entregar los resultados de los diseños de ingeniería básica en un plazo de 8 meses” (https://bit.ly/2QRQTRN).

En julio, el gobierno nacional advirtió la demora en la terminación de los estudios y regañó a Peñalosa, advirtiéndole que el convenio de cofinanciación debía firmarse antes del 11 de noviembre por las restricciones de la ley de garantías. Así lo informó el 28 de julio El Espectador en el artículo titulado ‘Acelere el metro, Peñalosa’: ministro de Hacienda (https://bit.ly/2Dj6Q0s).

El 25 de septiembre, el gobierno nacional expidió el Conpes del metro elevado. Sin embargo, para esa fecha el consorcio Metro Bog solo había entregado uno de los 23 estudios a los que estaba obligado, según lo demostró la ponencia de la concejal Xinia Navarro del proyecto de vigencias futuras y lo reconoció el gerente del metro en una entrevista a la Silla Vacía (https://bit.ly/2MzZ8U6). ¿Cómo fue posible aprobar un Conpes sin los estudios completos?

Además de faltar a la verdad al afirmar que ninguna ley los obligaba a contar con el estudio de factibilidad completo para aprobar el Conpes, el gerente del metro y la FDN explicaron que para septiembre de 2017 los estudios del consorcio Metro Bog habían llegado a nivel de factibilidad. Es decir, que a pesar de no estar terminados, el avance de las actividades realizadas hasta ese momento les permitió concluir que los estudios habían alcanzado el nivel de factibilidad, tal y como lo certificó el gerente de la FDN en una comunicación del 15 de septiembre de 2017 en la que afirma ya se habían desarrollado los “estudios y diseños de factibilidad” (https://bit.ly/2PWStQN).

En un comunicado del pasado 12 de septiembre, la FDN reiteró esta explicación: “Al momento de aprobar el CONPES, ya se contaba con estudios a nivel de factibilidad, con base en el avance de las labores de la consultoría técnica. Ese avance era de tal importancia que permitió calcular los costos de inversión del Proyecto para efectos de definir los aportes de la Nación y el Distrito al Convenio de Cofinanciación” (https://bit.ly/2I5fP3Z).

El gerente del metro dio la misma explicación en el Concejo el pasado 12 de septiembre. Dijo que en enero de 2017 se terminó el estudio de prefactibilidad para escoger la mejor alternativa (metro subterráneo o elevado) y después trabajaron “a marcha forzada” en los diseños de factibilidad que, aunque “se terminaron recientemente” porque tuvieron varias demoras, “en un momento dado todo ese avance, los diseños alcanzaron su nivel de factibilidad” (https://bit.ly/2OD9l2P ).

Surge entonces una pregunta elemental: ¿Si en septiembre de 2017 ya se contaba con el estudio de factibilidad para aprobar el CONPES, pero luego de esta fecha el consorcio Metro Bog siguió avanzando en los diseños que finalmente entregó en agosto de 2018, a qué fase de diseños corresponden los estudios que “se terminaron recientemente”? No pueden ser los diseños de factibilidad, porque estos estuvieron listos en septiembre del años pasado, por lo que, según las explicaciones del gobierno, deben hacer parte de otra fase de estudios.

El gerente de la empresa metro acudió a las definciones de la Ley 1682 de 2013 (ley de infraestructura) para dar una respuesta a esta pregunta. Esta ley señala que los proyectos de infraestrctura deben contar con tres estudios de ingeniería: i) prefactibilidad; ii) Factibilidad; y, iii) Estudios y diseños definitivos. De acuerdo con el funcionario, los estudios que el consorcio Metro Bog (Systra e Ingetec) entregó en agosto de 2018, no corresponden a los de factibilidad sino a los de los diseños definitivos, como lo muestra la siguiente diapositiva tomada de la presentación que el gerente Andrés Escobar utilizó en su intervención del pasado 12 de septiembre en el Concejo:

 

Como lo muestra la imagen, la explicación del gobierno de Peñalosa para afirmar que el Conpes fue aprobado con estudios de factibilidad, es que los diseños que no estaban listos en septiembre de 2017 y que se terminaron solo hasta el mes de agosto de este año corresponden a los estudios y diseños definitivos del proyecto, es decir, no son los estudios y diseños de factibilidad, son otros.

3. Las pruebas que los desmienten y demuestran la violación de la ley

No es cierto que los diseños que entregaron en agosto de este año correspondan a los estudios definitivos. En realidad son los estudios de factibilidad que debían estar listos antes de aprobar el Conpes, según lo señalan las pruebas que se explican a continuación:

Respuesta de la FDN a derecho de petición con radicado 20187130036722:

El 6 de septiembre el Vicepresidente de Estructuración de la FDN le envió al concejal Manuel Sarmiento una respuesta a un derecho de petición en la que afirma: “Mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, la FDN hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente revisión, de la versión final de los productos de la Etapa 1 de los estudios y diseños de factibilidad” (anexo 1).

Según esta respuesta, los estudios que se entregaron en agosto son la versión final de los estudios y diseños de factibilidad, lo que quiere decir que no estaban listos antes de que se aprobara el Conpes en septiembre del año pasado y que no es cierto que estos últimos diseños correspondan a la fase 3 de diseños definitivos.

Respuesta de la Empresa Metro a la proposición 540 de 2018 (anexo 2)

En respuesta al cuestionario de la proposición del debate de control político que se realizará el próximo jueves 27 de septiembre, el gerente del metro afirmó: “La FDN, mediante el oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente revisión y aceptación, de los productos de la Subfase 2 del Convenio interadministrativo 1880, que contienen la versión final de los estudios de ingeniería en etapa de factibilidad, desarrollados en el marco de la consultoría con el Consorcio MetroBog (Systra – Ingetec) y vigilados, revisados y aprobados por la interventoría a cargo del Consorcio Metro (Sener – Integral)” (anexo 2 – Pág. 20).

El gerente del metro confiesa su mentira. Los estudios que le entregaron en agosto y que el mostró en el debate del pasado 12 de septiembre no son los diseños definitivos, son la versión final de los estudios de factibilidad, que debían estar listos antes de aprobarse el Conpes, es decir, en septiembre de 2017.

Oficio de la FDN dirigido al gerente de la Empresa Metro (anexo 3)

Las dos respuestas anteriores se refieren al oficio No. 20183100016771 que la FDN le envió al gerente del metro el pasado 10 de agosto cuyo contenido se explica a continuación (anexo 3):

Señala que la FDN le está entregando a la Empresa Metro de “los productos finales (…) desarrollados en el marco de la consultoría con el Consorcio Metro Bog (Systra – Ingetec)”. Explica que el proceso de elaboración de estos estudios inició en el año 2017 con los trabajos de campo y la realización de una serie de talleres de trabajo con los consultores y las autoridades del Distrito. Y agrega que “estas dos macroactividades fueron la base para realizar los diseños que se entregaron en versiones preliminares durante el segundo semestre de 2017 y que sirvieron de base para dar un concepto sobre la factibilidad del proyecto”.

Luego dice que “la versión final de los diseños elaborados por el Consorcio Metro Bog, se entregó a la FDN el pasado 18 de diciembre de 2017, y a partir de ese momento se han realizado una serie de ciclos de revisiones y ajustes a todos los componentes del sistema Metro, que han permitido lograr una concertación de todos los aspectos técnicos del proyecto y que hoy nos permite entregar a usted una versión definitiva de los productos con los ajustes y últimas observaciones incorporadas. Esta fase de revisiones, ajustes y aceptación final de un diseño a nivel de factibilidad o ingeniería básica avanzada, es un proceso natural en este tipo de macroproyectos de infraestrctura”.

En este documento la FDN reconoce que hasta agosto de 2018 se terminaron los estudios de factibilidad y que la aprobación del Conpes en septiembre de 2017 se basó en una “versión preliminar” de estos diseños. No es cierto entonces que en septiembre del año pasado estuvieran listos los estudios de factibilidad y que los que entregaron en agosto de este año correspondan a los diseños definitivos. Con esto se cae toda la teoría con la que la administración estaba defendiendo la legalidad del proyecto, pues la Ley 310 de 1996 señala con claridad que el Conpes para la cofinanciación del metro solo se podrá expedir cuando se cuente con un estudio de factibilidad, como ya se explicó.

Otra prueba de las falsedades del gerente del metro la trae la definición de los diseños y estudios definitivos de la Ley 1682 de 2013. Según esta norma, estos el objetivo de estos estudios “diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”, lo que quiere decir que una vez estén listos ya se puede iniciar la construcción.

De acuerdo con lo anterior, si los diseños que el gerente del metro mostró en el debate del 12 de septiembre son los definitivos, la construcción del proyecto iniciará con la adjudicación del contrato que se piensa hacer en agosto del próximo año. Sin embargo, la empresa que se quede con la licitación primero debe “realizar a su cuenta y riesgo los diseños detallados de las obras, sistemas metro-ferroviarios, material rodante y demás componentes del Proyecto que así lo requieran, cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño que se establezcan en el Contrato de Concesión” (https://bit.ly/2xJY59x). Precisamente, el contrato que se va a adjudicar el próximo año no solo es para construir y operar el metro, también es para la elaboración de los “los estudios y diseños definitivos”.

Consecuencias de la violación de la ley: sobrecostos

El haber aprobado el Conpes sin los estudios de factibilidad no solo es un problema legal, o formal como podría responder la administración. La Ley 310 de 1996 exige contar con este estudio con el fin de que al momento de darle el aval a un proyecto como el metro, se cuente con el estimativo más preciso de sus costos y así evitar catástrofes como la de Reficar. Al haberse aprobado el metro sin contar con este estudio, la ciudad queda expuesta a un enorme riesgo de sobrecostos.

Esta advertencia no es una mera especulación. En el debate del 12 de septiembre el gerente del metro reconoció que los costos (CAPEX) calculados en 12,9 billones de pesos cuando se aprobó el Conpes el año pasado ya han cambiado, pero que él no sabe en cuánto van:

“Repito e insisto, el costo oficial hoy del proyecto es lo que ustedes ven en la pantalla, 12,9 billones de pesos, expresados en pesos de 2017, colombianos. De ese número salieron las vigencias futuras, la de la Nación y la de la ciudad. Tenemos información, que entre otras no es pública, no la conocemos, yo incluso no la conozco toda, de componentes de los diseños que han arrojado unos valores diferentes a los que originalmente se pensó cuando se hizo un presupuesto con índices y no con el BIM. Sí, en efecto, dan resultados distintos, pero unos dan hacia arriba y unos dan abajo. Entonces con la Nación convenimos que no vamos a publicar un presupuesto distinto, con nuestra junta directiva que ustedes saben que la Nación la controla, tiene cinco miembros de los nueve, no vamos a dar este presupuesto distinto para no generar problemas jurídicos, qué pasa con el 70%, qué pasa con el 30, entonces la Nación va a dar demás, o la ciudad va a dar de menos” (https://bit.ly/2yuwudN).

Esta es una confesión de Andrés Escobar. Reconoce que los costos han cambiado respecto al cálculo de 12,9 billones con los que se aprobó el Conpes, y explica que esto se debe a que ya se cuenta con el BIM, una tecnología que permite unificar todos los diseños en un solo programa. El funcionario está insinuando que el BIM permite tener unos diseños más detallados que aquellos que arrojaron los estudios de factibilidad con los que se aprobó el Conpes, por lo que es normal que los costos cambien. Sin embargo, el famoso BIM hizo parte del paquete de estudios que la FDN le entregó a la Empresa Metro el pasado 10 de agosto, que corresponden a los estudios de factibilidad. Como el CONPES se aprobó antes de que se terminaran los estudios, el costo que se calculó en 12,9 billones ya está cambiando con la versión definitiva de los diseños de factibilidad.

El gerente dijo que este cambio en los costos no es un problema porque algunos componentes están subiendo y otros están bajando. Sin embargo, a renglón seguido dice que no van a informar en cuánto han cambiado “para no generar problemas jurídicos, qué pasa con el 70%, qué pasa con el 30, entonces la Nación va a dar demás”, lo que quiere decir que sí han subido.

No es cierto que exista un debate jurídico sobre qué entidad debe asumir los sobrecostos, si el Distrito o la Nación. El convenio de cofinanciación que firmó Peñalosa con Santos señala de manera clara que cualquier sobrecosto a los 12,9 billones fijados en el Conpes los asume Bogotá (https://bit.ly/2LFMiOD). La cláusula 2.2 del convenio señala:

“La Nación no asumirá ninguna obligación de pago que implique: (i) desembolsos superiores a los pactados para la Nación en la presente cláusula”.

A su vez, la cláusula 3 dispone: “Los aportes de la Nación no superarán el monto estipulado en la CLÁUSULA 2.2 del presente Convenio”.

Por último, es inaceptable que los gobiernos nacional y distrital se hayan puesto de acuerdo para no publicar los costos del proyecto con los cambios que han detectado, decisión que es abiertamente ilegal. Y es inaudito que el gerente del proyecto no sepa cuáles son sus costos cuando ya inició el proceso de selección del contratista.

4. Conclusiones

Las pruebas que se adjuntan a este documento demuestran que el gobierno de Enrique Peñalosa ha mentido sobre la estructuración del metro. No es cierto que hayan aprobado el Conpes con un estudio de factibilidad, pues solo tenían una versión preliminar, con lo que violaron la Ley 310 de 1996. Con el estudio terminado ya hay cambios en los costos del proyecto, sobrecostos que deberá asumir el Distrito, lo que lo puede conducir a una catástrofe financiera como la de Reficar.

La empresa Metro de Santiago hizo un acompañamiento al proceso de estructuración y en junio de 2017 entregó un informe en el que se advierte sobrecostos por no hacer bien los estudios. Señala que “las proyecciones de demanda de la PLMB surgen, en buena medida, del desarrollo y funcionamiento prácticamente independiente del sistema Transmilenio, dejando la necesaria complementariedad que deberá existir con el sistema metro, cuando este comience a operar, lo que puede llevar a elevados e injustificados costos de operación y de inversión” (anexo 4).

Bogotá pierde $ 77 mil millones de pesos en la compra de los nuevos buses de Transmilenio

Bogotá pierde $ 77 mil millones de pesos en la compra de los nuevos buses de Transmilenio

Resultó falso que se requirieran dos contratos para la compra y operación de los 1.441 buses de las fases I y II de Transmilenio. La supuesta dificultad de los actuales operadores para conseguir cierre financiero fue la excusa que usó la administración para estructurar dos licitaciones, una para la provisión de los buses y otra para su operación, lo que le cuesta $ 77 mil millones de pesos más a la ciudad.

Prueba de ello fueron las ofertas que se presentaron el pasado martes para la provisión de flota, donde 6 de 7 oferentes provienen de la actual operación y anuncian presentarse a la segunda licitación para operar sus propios buses, un yo con yo que terminaremos pagando todos los bogotanos. Tan evidente es el hecho que los nombres de las empresas oferentes son iguales, cambian en una palabra o el beneficiario de las dos es el mismo:

Otro punto de alerta es que tres de los oferentes más fuertes presentan flotas compuestas en su mayoría por buses diésel Euro V, tecnología prohibida en Europa desde 2014. La alarma está dada por la forma de evaluación de la licitación que privilegia el precio sobre la tecnología limpia. Los factores de escogencia son tres: (1) Oferta económica – 700 puntos, (2) Oferta técnica – 200 puntos, (3) Apoyo a la industria nacional – 100, para un total de 1.000 puntos. El hecho es que los buses de propulsión diésel son más económicos que las tecnologías limpias, lo que de entrada les podría dar hasta 700 puntos, mientras los motores a gas y eléctricos recibirían máximo de 200 puntos, una diferencia que puede llevar a que la mayoría de los lotes terminen adjudicados a la tecnología más contaminante para la ciudad.

 

Metro de Bogotá: ¿Un nuevo REFICAR?

Metro de Bogotá: ¿Un nuevo REFICAR?

Después de haber incumplido por lo menos en siete ocasiones las fechas anunciadas para abrir el proceso de selección del constructor, el pasado 24 de julio Peñalosa anunció que el 6 de agosto se abriría por fin la licitación (https://bit.ly/2wyhbPA). Sin embargo, después de que se denunciara que el proyecto no contaba con los estudios suficientes, ese mismo día el alcalde afirmó que “a más tardar en diciembre debe[á] abrirse la licitación” (https://bit.ly/2C1Zii9). Andrés Escobar, gerente del proyecto, no se quedó atrás y en una misma entrevista fue capaz de decir que la licitación sí se había abierto, para enseguida confesar que “no la hemos abierto” (https://bit.ly/2okq5ws).

Esto no es todo. En la Silla Vacía (https://bit.ly/2okq5ws) al “aclarar” por qué había anunciado la apertura de licitación sin los estudios que exige la ley, el gerente Escobar pretextó que “los estudios de factibilidad quedaron concluidos en septiembre del año pasado”, pero que “los 23 entregables apenas van a estar listos en estos días” (https://bit.ly/2wuGLG1). Sus confusas  declaraciones incluyeron reconocer que tanto él como el alcalde Peñalosa no sabían que antes de acudir a la banca internacional debían contar con el respaldo del gobierno nacional.

La verdad verdadera es que los estudios de factibilidad no se han terminado ni tampoco  se ha entregado ni aprobado la estructuración financiera del proyecto, un elemento fundamental para definir su viabilidad. No obstante, Santos y Peñalosa, pasando por encima de la legislación colombiana, decidieron que el proceso de selección del contratista se regiría por las normas “más flexibles” del BID que, absurdamente y en la lógica del gran capital internacional, franquean el proceso sin contar con todos los estudios, disparate que en Reficar llevó a sobrecostos por $4.000 millones de dólares, y que les cae como anillo al dedo no solo por su reconocida adicción al capital extranjero sino porque les sirve de engaño frente al documentado retraso del Metro mediocre y costoso en que ambos se embarcaron.

Los lineamientos licitatorios del BID –los mismos que se usaron para implementar el fallido SITP– abren las puertas a la corrupción al autorizar el ocultamiento de la información utilizada para escoger al contratista e impiden conocer las evaluaciones de las ofertas que presenten las compañías interesadas en quedarse con el megacontrato de $4.300 millones de dólares, violando principios fundamentales como la transparencia y la publicidad. Como si  fuera poco, Peñalosa, aplicando el mismo patrón que empotró en Bogotá desde 1998 –el Modelo Transmilenio–,  al consorcio que resulte beneficiario con la construcción también se le dará la operación y explotación durante 20 años.

Ese “Pos ya sabes, yo como digo una cosa digo otra”, que en esta comedia chapulinesca han representado Peñalosa y Escobar concluyó por dejar en manos de instituciones extranjeras las decisiones estratégicas del pésimo Metro que Santos, Peñalosa y Duque legarán a Bogotá, un infortunio que sus ocho millones de habitantes no se merecen. ¿Quién podrá defenderlos?

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá – Polo Democrático Alternativo

3 de septiembre de 2018