De manera irresponsable, la Empresa Metro redujo el plazo para evaluar las ofertas del metro elevado

De manera irresponsable, la Empresa Metro redujo el plazo para evaluar las ofertas del metro elevado

Se alargó el plazo para presentar ofertas, pero se mantuvo la fecha para la adjudicación del contrato. ¿Por qué se reduce el plazo para evaluar las propuestas? Otro acto de extrema irresponsabilidad.

La Empresa Metro modificó de nuevo el cronograma de la licitación del metro elevado. Con los cambios realizados, el plazo para evaluar las propuestas de los oferentes se reduce en 6 días.

Inicialmente se tenía previsto que el 24 de septiembre se recibirían las ofertas y el plazo para evaluarlas se cumpliría el 18 de octubre. Con la última modificación, la recepción de ofertas será el 3 de octubre de 2019 y la “fecha máxima para evaluación de ofertas y adjudicación del contrato de concesión” será el 21 de octubre. Ahora sólo tendrán menos de 18 días para la evaluación, cuando previamente contaban con 24.

“No se entiende por qué la Empresa Metro amplió el plazo para la presentación de ofertas pero mantuvo la fecha prevista para la adjudicación del contrato. Esta decisión reduce el número de días para la evaluación de cada una de las propuestas, lo que no tiene lógica, pues este proceso es de un alto nivel de complejidad. ¿Por qué antes consideraban que se necesitaban 24 días para la revisión de las propuestas y ahora dicen que solo necesitan 18?”, preguntó el concejal Manuel Sarmiento.

“Al alargar el plazo de entrega de ofertas y recortar el de su evaluación, Peñalosa y la Empresa Metro aumentan el riesgo de una mala decisión en la licitación”, puntualizó.

El cabildante del Polo recordó además las advertencias formuladas en su momento por la Bancada del Polo en la demanda que fue admitida por el Concejo de Estado, la cual fue coadyudada por Claudia López, así como de los hallazgos expuestos por la Contraloría Distrital. De acuerdo con el órgano de control, la Empresa Metro de Bogotá no tiene la capacidad para manejar un proyecto de la envergadura de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“En su afán por dejar amarrado un proyecto inconveniente y que se ha estructurado de manera ilegal, el alcalde Peñalosa sigue incurriendo en actos de extrema irresponsabilidad al apretar los tiempos para revisar cada una de las propuestas de una licitación en la que los participantes han planteado más de 100 dudas”, concluyó Sarmiento.

En días recientes la Bancada del Polo solicitó al Consejo de Estado que decida con celeridad las medidas cautelares interpuestas con la demanda y esta semana radicará un memorial sobre las modificaciones al cronograma que aumentan los riesgos de una mala decisión en la licitación.

Expertos de la Universidad Nacional formulan fuertes críticas al POT de Peñalosa

Expertos de la Universidad Nacional formulan fuertes críticas al POT de Peñalosa

Oficina de prensa del concejal Manuel Sarmiento

1 de agosto de 2019


La Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia presentó a la Secretaría de Planeación, al Concejo de Bogotá y a los medios de comunicación, un documento de observaciones a la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial. El documento plantea que el proyecto desconoce aspectos relevantes de la situación de Bogotá y advierte que “el eje central de las decisiones que toma el POT es la búsqueda obsesiva por encontrar terrenos para el desarrollo de nuevos negocios de construcción”, incentivando el desarrollo de más de 9.000 hectáreas en renovación urbana, lo que excede por mucho la media de la industria de la construcción y los alcances de planeación de un POT con vigencia de 12 años.

El concejal Manuel Sarmiento resaltó la necesidad de que ciudadanía y academia participen de manera efectiva en la discusión del POT, y señaló que el documento denuncia el ánimo de la administración Peñalosa de “disponer de una gran cantidad de suelo para los negocios de construcción y se deja al mercado la decisión abierta de escoger los lugares para intervenir (…) Con esta situación el desarrollo urbano estará destinado solamente a los lugares donde construir sea más rentable y no donde más se necesite. Y con esta flexibilidad y apertura, más que un documento que plantea ideas de planeación urbana, el documento del POT se entiende como un instrumento de manejo de los negocios de inmobiliarios en Bogotá.” Al respecto, Sarmiento declaró que las advertencias hechas por la Universidad son de enorme gravedad y que estas no pueden ser señaladas por la administración ni por nadie de tener sesgo ideológico.

Las personas expertas de la Universidad Nacionaladvierten también en el documento que “muchos [equipamientos] podrán reducir el uso de la parcela (…) suelo que podrá desarrollarse con nuevos negocios de construcción en oñtros usos”, situación que pone en peligro los servicios que prestan áreas vitales de la ciudad como Corabastos o la Unidad Camilo Torres de la propia Universidad Nacional.

El concejal del Polo se sumó al llamado de la institución educativa a un debate profundo de la propuesta de ordenamiento para la ciudad que tome el tiempo suficiente, y añadió que debe ser acompañado por una fuerte movilización ciudadana contra los atropellos que Peñalosa pretende imponer en Bogotá pues, tal como lo indica la maestría en urbanismo, “es imposible para una entidad como el Concejo de la Ciudad o el Consejo Territorial de Planeación entender y discutir el contenido de un trabajo de 4 años plasmado en un Documento Técnico de Soporte de 1.436 páginas y un proyecto de acuerdo de 560 artículos en los 90 días reglamentarios para el Concejo o los 30 para el Consejo Territorial”. Al respecto, el concejal Manuel Sarmiento realizó un llamado a la movilización ciudadana para impedir que el gobierno de Enrique Peñalosa imponga el mayor de los negociados en contra de la ciudad.

Acá puede descargar las observaciones

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal

Bogotá D.C., 31 de julio de 2019

Doctor

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor de Bogotá

Ref.: A los trabajadores de Transmilenio y el SITP se les deben garantizar sus derechos, incluida la sustitución patronal.

Atento saludo,

Peñalosa debe garantizar la sustitución patronal de miles de trabajadores ante los nuevos contratos de las fases I y II de Transmilenio y de la fase V del SITP. Las compañías que ganaron las licitaciones resultaron ser de los mismos dueños de las concesionarias anteriores, pero se presentaron a través de nuevas empresas que les permitirían desvincular a sus actuales trabajadores desconociendo su experiencia, a sus organizaciones sindicales y las prestaciones sociales acumuladas, además de arrojarlos a la calle sin tener en cuenta que muchos adquirieron graves enfermedades laborando para Transmilenio.

Los sindicatos del sistema Transmilenio (SNTT-COLOMBIA, UGENTRANS, SINTRANSMASIVO, ASOEXPRESS, entre otros) han documentado cientos de casos de conductores a quienes les sobrevinieron limitaciones físicas o mentales por causa o con ocasión de su trabajo, o simplemente como resultado de la exposición a factores de riesgos ergonómicos inherentes a la actividad de conducción. Asunto que se agravaró por las malas condiciones de las vías troncales. Con la alcahuetería de la Alcaldía, sus patronos pretenden desconocer la atención de esta responsabilidad.

La Alcaldía de Bogotá está evadiendo su deber de realizar acciones afirmativas en favor de los trabajadores y de personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Este mandato constitucional se ha debido materializar en los mismos pliegos de licitación de los nuevos operadores, como en otrora lo hizo Transmilenio S.A. en los contratos de concesión del SITP, cuando le ordenó a los concesionarios “garantizar que el cincuenta por ciento (50%) del personal de conductores requerido para cada zona, será contratado de los conductores actuales del transporte público colectivo, que a la fecha se encuentren en el Registro de conductores de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este personal también podrá ser contratado para trabajar en otras actividades relacionadas con la operación del SITP.”[1]

Sumada a la anterior violación del derecho de los trabajadores a un ingreso mínimo, en los pre-pliegos de la licitación de la etapa 1 de la FASE V, que reforzará el servicio del componente zonal del SITP, se mantiene la posición de esta Alcaldía de beneficiar exclusivamente a los dueños de las concesiones de Transmilenio, perjudicando a la parte más débil del sistema, sus trabajadores.

Es por eso que le solicitamos, señor alcalde: i) proteger los derechos de los trabajadores de Transmilenio y del SITP, ii) no seguir desconociendo la sustitución patronal que se configura en estos casos, y iii) ajustar las licitaciones y contratos de todo el sistema de transporte a fin de brindar plenas garantías laborales a todos los empleados de este servicio público esencial para Bogotá.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO                                MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Senador Polo Democrático Alternativo            Concejal de Bogotá, Polo Democrático Alternativo



1. CONTRATO No. 009 DE 2010 DE CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL ESQUEMA DEL SITP PARA LA ZONA  1) USAQUEN, CON OPERACIÓN TRONCAL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A. – TRANSMILENIO S.A. Y LA SOCIEDAD CONSORCIO EXPRESS S.A.S.

Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

Con nuevas pruebas bancada del Polo demuestra la ilegalidad del metro elevado de Peñalosa

La bancada del Polo Democrático Alternativo radicó ante el Consejo de Estado los estudios de costos de inversión y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá que comprobarían la ilegalidad de dicho proyecto. El concejal Manuel Sarmiento recordó que esta información le fue entregada por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, órgano que en dos oportunidades aclaró que la información solicitada no era objeto de reserva legal y que podía ser usada por el concejal para el ejercicio de su labor de control político.

El concejal reveló que estos estudios comprueban que el Conpes 3900 se aprobó sin contar con los estudios de factibilidad definitivos, lo que viola la Ley 310 de 1996. “Los documentos demuestran que los estudios de los costos de inversión y de operación se terminaron en julio y diciembre de 2018 un año después de la aprobación del Conpes”, explicó el concejal. 

A esto se suman una serie de inconsistencias entre los estudios en los que se fundamentó la aprobación del Conpes y los estudios finales que fueron entregados al Consejo de Estado. “Encontramos que el Metro que están licitando tiene características distintas al que aprobó el Gobierno Nacional en el Conpes 3900”, denunció el concejal del Polo.

Algunas de las inconsistencias denunciadas por la bancada del Polo fueron las siguientes: i) La solicitud del préstamo al BID señala que el metro movilizará 656.000 pasajeros al día, pero el estudio del OPEX se hizo calculando solo 304.500 pasajeros diarios; ii) Se eliminaron obras incluidas para la aprobación del Conpes y se introdujeron nuevas obras en la licitación; iii) Se redujo a 39 el número de km de vías para el desvío del tráfico, cuando el documento soporte del Conpes establecía 195 km; iv) Se elevaron los parámetros de cimentación de las pilas o pilotes, pero se redujo en un 42% ($655.000 millones) el presupuesto para hacerlo; v) Aumentaron una estación, de 15 a 16, pero el presupuesto para este rubro se incrementó en un 28% ($ 431.625 millones); vi) en los estudios entregados aparecen los costos de los riesgos del proyecto, que no se habían presupuestado en el documento original y que incrementan el rubro en más de $ 817.000 millones de pesos.

 “Andrés Escobar, gerente del proyecto, le dijo a Portafolio que el Conpes se había aprobado para un proyecto específico, pero resulta que estas pruebas demuestran que algunas de las características del proyecto cambiaron luego de que se terminaran los estudios de factibilidad. Por eso el temor de la administración de Peñalosa y su tono amenazante con el que buscaba impedirme ejercer mi derecho al control político”, afirmó Sarmiento.

En los siguientes enlaces se pueden descargar los estudios de los costos de de inversión y operación, así como los memoriales radicados por la bancada del Polo ante el Consejo de Estado:

  1. Opex Conpes 3900
  2. Opex licitacion Julio 2018.
  3. Capex Conpes 3900 y Anexo 2
  4. Capex licitacion diciembre 2018.
  5. Memorial nuevas pruebas a la demanda del Metro
  6. Memorial solicitud de medidas cautelares
Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro

Bancada del POLO revelará nuevas pruebas de la ilegalidad del metro

Este jueves 18 de julio, a las 9:00 AM, la bancada de concejales del Polo Democrático presentará ante el Consejo de Estado (calle 12 con 7) nuevas pruebas que confirman la ilegalidad del metro elevado.

Las pruebas serán entregadas en el marco del proceso de la demanda de nulidad presentada en marzo y frente a la cual se están solicitado medidas cautelares de urgencia.

Los documentos que la bancada polista radicará fueron entregados al concejal Manuel Sarmiento por la Empresa Metro luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalara que dichas pruebas no gozan de reserva legal. Se trata de los estudios definitivos de los costos del proyecto que, según Sarmiento, además de confirmar la ilegalidad del metro elevado, muestran graves inconsistencias que el cabildante explicará mañana en el Consejo de Estado.

Igualmente, los concejales del POLO le preguntarán al presidente Duque y al ministro Carrasquilla si conocían de los cambios en la inversión del proyecto.

La bancada del Polo Democrático enviará copia de estas pruebas a los órganos de control.

Transmilenio debe garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema

Transmilenio debe garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema

El concejal Manuel Sarmiento le dirigió una carta a María Consuelo Araujo, Gerente de Transmilenio, a propósito de la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema de transporte, que está en peligro por el cambio de flota de las Fases I y II.

A continuación, el texto de la carta.

Señora

MARÍA CONSUELO ARAÚJO

Gerente de Transmilenio S.A.

Ciudad

Ref. Transmilenio debe garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema

Atento saludo,

Las organizaciones sindicales SINTRATRANSMASIVO y UGETRANS se dirigieron a la empresa Transmasivo S.A. alertando sobre la masacre laboral que se avecina contra los conductores de esta operadora. La respuesta fue que “no es cierto que TRANSMASIVO S.A. sea empresa matriz de la sociedad CAPITAL BUS S.A.S.”, además afirma que “Tal como ustedes saben la concesión que se otorgó a TRANSMASIVO S.A., finaliza su vigencia el próximo mes de noviembre de 2019, y como quiera que esta no podrá desarrollar más su objeto social, se verá en la necesidad de terminar los contratos de trabajo a sus trabajadores”.

Lamento enormemente que esta empresa operadora registre verdades a medias para abrirle paso a una masacre laboral. Como es de su conocimiento, -porque está al tanto de los propietarios y representantes de cada una de las nuevas operadoras de Transmilenio-, CapitalBus S.A.S, empresa que ganó la operación del Portal Américas tiene como único accionista a Transmasivo S.A. Además, la empresa titular de la provisión de esa zona es Masivo Bogotá S.A.S que, aunque no se diga, es una estructura plural conformada de nuevo por Transmasivo S.A.S e Inverblegs S.A.

Este “incesto” corporativo se hace más evidente por los representantes legales, titulares y suplentes, de las empresas. Helbert Ramiro Rivera y Helber Augusto Lugo, son los representantes legales (titular y suplente) de CapitalBus S.A.S, Inverblegs S.A. y la sociedad futura de Masivo Bogotá S.A.S.

Como lo anuncié en el debate realizado en el Concejo de Bogotá, la renovación de flota debe incluir un proceso que garantice la estabilidad laboral de los conductores, brindando las mismas condiciones laborales con las que contaban, incluidos sus contratos laborales a término indefinido. Le exijo a Transmilenio que, para evitar una masacre laboral como la de Aguas Bogotá, acuerde con los operadores salientes y entrantes la sustitución de trabajadores por cada troncal y más cuando hacen parte del mismo conglomerado corporativo.

Conductores de cerca de 1.400 buses corren el peligro de no ser contratados o, como ya lo han denunciado algunos operadores, que se les modifique un contrato a término indefinido por uno sin estabilidad laboral.

Le solicito finalmente, me responda de fondo esta carta y me informe cada una de las actuaciones a desarrollar, todo lo anterior en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Más enredos para Transmilenio en la troncal de la Avenida 68

Más enredos para Transmilenio en la troncal de la Avenida 68

Peñalosa y Duque quieren imponer la peor troncal para la Avenida 68

Dieciocho meses lleva la administración Peñalosa tratando de terminar los estudios y diseños de la troncal Av. 68, cuando debieron terminarse en diez. Luego de 3 prórrogas y 6 suspensiones, el pasado 30 de abril, el IDU decidió suspenderlo nuevamente para estudiar una cuarta prórroga que lo extendería hasta 20 meses. Otra prueba de la improvisación para lo que resultaría la peor troncal para el occidente de Bogotá.

El concejal Sarmiento manifestó: “Nos alertan muchas cosas de este proyecto, iniciando por la reducción del presupuesto en un 37%, algo más de $1,4 billones de pesos, que acordaron Peñalosa y Duque para la cofinanciación de la avenida 68 como troncal alimentadora del metrico elevado.” La firma encargada de hacer los estudios propuso una obra que costaba 4 billones de pesos, sin embargo, Duque y Peñalosa acordaron que solo se podía invertir 2,5 billones. De acuerdo con el concejal del Polo esto implicaría “no construir puentes adicionales en la calle 100 con autopista y carrera 15, lo que afectaría la movilidad de todo el sector, o no hacer la conexión operacional con la autopista norte haciendo que el transbordo sea peatonal, con altos costos en tiempo de viaje para los pasajeros, entre muchos otros”

Estos hechos se suman a la suspensión de la licitación de la carrera séptima por no encontrarse armonizada con el plan parcial Pedregal, situación que también podría afectar la troncal de la 68. El concejal del Polo hizo un llamado a detener este daño irreversible de imponer buses rojos por los próximos 100 años por toda la ciudad en perjuicio de la calidad de vida de la ciudad.

Decreto para eximir de pico y placa a taxis con tableta es ilegal

Decreto para eximir de pico y placa a taxis con tableta es ilegal

Boletín – 26 de abril

Tras conocerse el proyecto de Decreto que exoneraría del pico y placa a los taxis a gas que utilicen tabletas como taxímetro, el concejal Manuel Sarmiento manifestó que la iniciativa es abiertamente ilegal. Falsamente Peñalosa y Bocarejo sustentan el proyecto en supuestos beneficios ambientales, para esconder el verdadero y único motivo, abrir la puerta a la imposición de las tabletas que no cuentan con sustento legal y son claramente inconvenientes para taxistas y pasajeros. 

“Es una medida a todas luces discriminatoria, pues el beneficio de no tener pico y placa depende de la capacidad financiera para invertir en las tabletas y plataformas, es decir, otro caso de ‘pagar para tener mejores derechos’. Ya un juez administrativo fallo en contra de la medida del mismo Peñalosa de pagar para exonerarse de pico y placa, alegando que violaba el derecho a la igualdad, al establecer un trato discriminatorio entre quienes no tienen los recursos económicos para exonerarse de esta restricción”, señaló el concejal Manuel Sarmiento.

Amparados en la ilegal Resolución 2163 de 2016, la Secretaría de Movilidad insiste en imponer las tabletas y pretende justificarlo con los supuestos beneficios ambientales de reducción en la congestión y siniestralidad. Sin embargo, según el concejal del Polo, la administración presenta una argumentación falsa: “No hay soporte técnico de la reducción del 100% de emisiones de material particulado y pretenden apoyarse en estudios internacionales que no guardan relación con el caso distrital. La administración llega incluso a amañar las cifras para justificar reducciones en congestión y siniestralidad contrariando los mínimos criterios estadísticos”.

El cabildante denunció que las tabletas aumentan los costos por viaje en un 25% y presentan preocupantes fallas: “Realicé la prueba de las plataformas y pude evidenciar las múltiples fallas, la Secretaría hizo sus propias evaluaciones en el mismo taxi y de cuatro pruebas, tres fracasaron”. En conclusión, estamos ante una medida ilegal, discriminatoria, sin sustento técnico y con grandes perjuicios para el gremio y los usuarios, que no ve  avances en la lucha contra la ilegalidad que todos los días gana espacio ante la pasividad de la administración de Peñalosa. 

Para ver el video sobre las fallas de las tabletas ingrese aquí

Transmilenio debe atender exigencias de los trabajadores en huelga de hambre: Manuel Sarmiento

Transmilenio debe atender exigencias de los trabajadores en huelga de hambre: Manuel Sarmiento

Carta del concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, a la gerente María Consuelo Araújo, ante la protesta que adelantan trabajadores del sistema de Transmilenio.

Señora

MARÍA CONSUELO ARAÚJO

Gerente de Transmilenio S.A.

Calle 71 No. 73 A – 44

Ciudad

Ref. Transmilenio debe atender exigencias de los trabajadores en huelga de hambre

Atento saludo,

Un grupo de conductores del operador Somos K (servicio troncal de Transmilenio) han manifestado su rechazo a las pésimas condiciones laborales a través de una huelga de hambre que al día de hoy completa 6 días. Representan a cerca de 100 trabajadores afiliados a una organización sindical, pero hablan por los miles de conductores de buses troncales y zonales que sufren las inclemencias de un sistema de transporte indigno para usuarios y trabajadores.

Los trabajadores denuncian la inclemente jornada de “tabla partida”, diseñada para no remunerar todo el tiempo en el que los conductores están disponibles pero prestan el servicio, lo que se traduce en jornadas extenuantes que superan el topo legal permitido.

Pero lo más grave es la masacre laboral que ya se viene adelantando por cuenta de la provisión de la nueva flota de las Fases I y II de Transmilenio, que como lo he denunciado, mejora y concentra el negocio para los operadores pero descarga la crisis sobre usuarios y trabajadores. Conductores de cerca de 1.400 buses corren el peligro de no ser contratados o, como ya lo han denunciado, que se les modifique un contrato a término indefinido por uno sin estabilidad laboral.

Como lo anuncié en el debate realizado en el Concejo de Bogotá, la renovación de flota debe incluir un proceso de sustitución patronal para los conductores, que garantice las mismas condiciones laborales con las que contaban, incluida la estabilidad. Le exijo a Transmilenio que para evitar una masacre laboral como la que la administración Peñalosa hizo con los trabajadores de Aguas Bogotá, acuerde con los operadores salientes y entrantes la sustitución de trabajadores por cada troncal.

Le solicito finalmente, me responda de fondo esta carta y me informe cada una de las actuaciones a desarrollar, todo lo anterior en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

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MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

C.C. 80.873.444

CONCEJAL DE BOGOTÁ

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Peñalosa y Duque le quieren imponer el peor Transmilenio posible a la avenida 68.

Peñalosa y Duque le quieren imponer el peor Transmilenio posible a la avenida 68.

El concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, le envio una carta pública a la Secretaría de Movilidad exigiendo detenga la declaración de “condiciones de urgencia” para expropiar a los vecinos de la carrera 68. El Transmilenio por la Avenida 68 es un proyecto que aún no cuenta con estudios definitivos y con serios cuestionamientos sobre la factibilidad porque la Nación impuso una reducción presupuestal de $1,4 billones, generando consecuencias tan graves como eliminar la conexión operacional con la Autopista Norte. A continuación el texto de la carta:

 

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Ciudad

 

Atento saludo,

A raíz de la publicación del proyecto de decreto distrital por medio del cual se declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los predios necesarios a través de expropiación por vía administrativa para los proyectos:

  1. Ampliación y extensión de la Avenida Ciudad de Cali al Sistema Transmilenio, entre la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida Calle 170
  2. Adecuación al sistema Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68), desde la Carrera 7 hasta la Autopista Sur;

Me permito rendir el siguiente concepto.

Si bien es cierto que el Alcalde Distrital tiene la facultad de declarar las condiciones de urgencia que faculten a la administración para adelantar procesos de expropiación administrativa en el marco de la ejecución de proyectos de infraestructura destinada a la movilidad, también lo es que dicha declaratoria debe sustentarse en las causales desarrolladas por el artículo 65 de la Ley 388 de 1997. Dicho artículo establece que:

De acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán exclusivamente a:

  1. Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
  1. El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda el instrumento expropiatorio.
  1. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
  1. La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el caso.

Si analizamos dichas causales a la luz del caso que nos ocupa, podemos concluir que la ejecución de los dos proyectos referenciados no se adelanta en ninguna de las circunstancias descritas anteriormente.

Por una parte, ha quedado claro que los propietarios de los predios objeto de expropiación administrativa se verán afectados por la ejecución de los proyectos, entre otras cosas porque los avalúos catastrales de sus inmuebles vienen bajando considerablemente desde el inició de la fase de estudios. Por la otra, es evidente que la ejecución de ambos proyectos, y el uso de la expropiación administrativa como herramienta para su concreción, no solucionará en nada el problema de movilidad de los bogotanos.

La construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 ilustra esta premisa. El desarrollo de la consultoría para la factibilidad, estudios y diseños de dicha troncal, vulnera los mínimos principios de planeación y objetividad que debería atender la administración distrital a la hora de ejercer sus funciones. Este proyecto, que fue contratado originalmente para ser ejecutado en 10 meses, ya cuenta con dos prórrogas y cuatro suspensiones, la última de ellas para estudiar la solicitud de una tercera prórroga y adición. El resultado de las ampliaciones del plazo de ejecución contractual por más de seis meses ha implicado que aún hoy no logren determinar una fecha clara de culminación de los estudios y diseños finales. A eso se suma el hecho inédito de que se modificó el estudio de factibilidad adelantado inicialmente con base en una exigencia injustificada de reducir el presupuesto del proyecto en un 37%, algo más de $1,4 billones de pesos, exigencia del Gobierno Nacional para la aprobación del Conpes de cofinanciación.

Dicha reducción presupuestal generará una grave afectación del tránsito vehicular y peatonal, la afectación de la estructura urbana de la zona y de la operación del sistema respecto del estudio de factibilidad original pues, entre muchas otras medidas, contemplan la eliminación de la conexión operacional con la Autopista Norte, aplazándola hasta una supuesta segunda fase o la reducción del espacio público a andenes de 3,8 metros en varios tramos.

No es técnica ni jurídicamente viable decretar condiciones de urgencia para la ejecución de un proyecto con tales dificultades de estructuración y que no cuenta con un cronograma de entregas claro y preciso.

Por las falencias técnicas y jurídicas que rodean los proyectos referenciados, les solicito no expedir un acto administrativo que declare las condiciones de urgencia para su ejecución en razón a que dicho acto sería abiertamente ilegal por no cumplir con los requisitos que para ello exige la ley 388 de 1997.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá