Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos.

Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento.

A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”.

Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente.

Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde.

Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.

En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores

En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores

Señora

ANA MARÍA RUIZ

Gerente

CANAL CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 – 63, piso 5

gerencia@canalcapital.gov.co

Ciudad

 

Asunto: En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores.

 

Atento saludo,

El pasado 15 de mayo le envié una comunicación solicitándole medidas para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores de Canal Capital vinculados desde hace varios años a través de contratos de prestación de servicios, una de las formas más precarias de vinculación laboral. Aunque comparto la necesidad de retomar la vocación cultural y pedagógica de la televisión pública, mi cuestionamiento se dirige hacia la falta de información precisa sobre el estado de la contratación de las personas que durante años han cumplido satisfactoriamente labores relacionadas con la producción de contenidos audiovisuales en el canal público de Bogotá.

En su respuesta, usted no aclara qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos se vencen en julio ni lo que sucedió con aquellas personas cuyos contratos terminaron en mayo y junio. Por lo anterior, debo insistirle en las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuántos trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios tenía Canal Capital con corte a las siguientes fechas: i) 31 de diciembre de 2019; ii) 31 de enero de 2020; iii) 29 de febrero de 2020; iii) 31 de marzo de 2020; iv) 30 de abril de 2020; v) 31 de mayo de 2020; y, vi) 25 de junio de 2020?
  2. Si el número de trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios ha disminuido en cada uno de los meses de este año, favor explicar en detalle las razones de esta disminución.
  3. Favor informar cuántos contratos de prestación de servicios se han vencido este año y cuántos se han prorrogado o extendido.
  4. ¿Qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos de prestación de servicio se vencen en el mes de julio?
  5. ¿Cuántos y qué objeto tienen los contratos vigentes hasta los meses de junio, julio y agosto de 2020?

Por otro lado, el Canal ha hecho públicas dos convocatorias: BOGOTA GLOCAL Y PANDEMIA, para las que se destinan 3.674 millones de pesos a 8 proyectos para “contratar el diseño, producción y circulación de proyectos temáticos para la vigencia 2020”. Según las fichas técnicas, el equipo humano de cada proyecto debe contar con entre 10 y 20 cargos que estén relacionados con la producción de contenido audiovisual. En mi carta también señalo que a más de 100 personas se les vencería el contrato en el mes de julio, así como sucesivamente se les habría vencido a más de 11 personas en los meses de mayo y lo que lleva de junio. Por lo anterior, le pregunto:

¿Cuáles son las razones por las que los contratistas históricos del canal, algunos con más de 15 años de trayectoria en la entidad, no son los llamados a producir estos contenidos, y por qué se acude a productoras externas para la elaboración de contenidos que podrían producirse como propios, circunstancia esta última, con la que el Canal correspondería a la necesidad vital de ser una entidad que, en medio de esta coyuntura, podría continuar siendo demandante de empleos de tiempo completo y de calidad?

La creación de contenidos informativos, educativos, culturales y de formación ciudadana, es y debe seguir siendo la misionalidad de la televisión pública. Sin embargo, insistir en tercerizar su producción, va en contravía de garantizar las condiciones laborales mínimas de las personas que trabajan en la industria audiovisual y es por ello que reitero y amplío mi preocupación.

Canal Capital debe acudir a las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores tengan derecho a la estabilidad laboral, y por ello espero se resuelvan de manera oportuna estos cuestionamientos.

Atentamente,

 

MANUEL SARMIENTO 

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo

Después de 20 años, el Plan de Desarrollo de Bogotá plantea otro modelo de transporte.  

Después de 20 años, el Plan de Desarrollo de Bogotá plantea otro modelo de transporte.  

El modelo de transporte privatizado y de “buses por todo lado y por los próximos cien años” se reemplazará por un sistema basado en modos férreos y tendrá un operador público en Transmilenio.

A pesar de los perversos intentos de Enrique Peñalosa de dejar amarrado el sistema de movilidad de Bogotá al oligopolio de operadores y de empresas internacionales de buses, el Plan de Desarrollo de Bogotá, presentado al Concejo por la alcaldesa Claudia López, plantea dos cambios sustanciales: montar, como ninguna alcaldía se había atrevido, un operador público al sistema Transmilenio, y cimentar como nuevo eje de la movilidad los modos férreos.

Al respecto, el concejal del Polo Manuel Sarmiento, durante la sesión del Concejo en el que se analizó el Plan Distrital de Desarrollo en materia de movilidad, argumentó que “en su contenido desiste del proyecto del Conpes 3900 de construir 12 nuevas troncales de Transmilenio y 140kms adicionales para buses rojos, que destruía hasta los corredores férreos, y es evidente que hay un cambio profundo en la forma en la que se contempla la movilidad en la ciudad. Se ve como un derecho que hay que garantizar y no como un negocio”.

Agregó que ello “pese a que la red de metros empezó mal por el pésimo proyecto legado de Peñalosa que lo gestó como un alimentador de los buses”;  recordó que “el Polo lo tiene demandado y urge la pronta expedición del respectivo fallo”  e instó a emprender, a partir del Plan de Desarrollo, “un estudio conceptual que defina cómo debe estar configurada una genuina red de metros de Bogotá”.  Así mismo, manifestó su desacuerdo con el cobro de peajes urbanos.

El cabildante también destacó la inserción de un operador público para Transmilenio en beneficio de un mejor servicio. Esta propuesta significa un cambio de fondo frente al modelo de privatización del transporte público: “Además de disminuir los costos del sistema debido al ahorro en la tasa de rentabilidad que exigen los operadores privados, un operador público permitirá identificar los costos reales de la operación y así evitar abusos por parte de los actuales concesionarios”, explicó.

Cerró su intervención diciendo que –por razones de transparencia y claridad- debe quedar “un parágrafo que especifique que no se construirá ningún sistema BRT por la carrera Séptima” y  también que, en consonancia con el nuevo modelo, “se deben ajustar los proyectos de renovación urbana para que la captura de valor no recaiga en los residentes y comerciantes zonales sino en los ávidos promotores inmobiliarios”.

Se deben atender los justos reclamos de los pequeños transportadores

Se deben atender los justos reclamos de los pequeños transportadores

El Distrito debe establecer medidas de mitigación que impidan su quiebra.

Los pequeños propietarios de buses y busetas se movilizaron esta mañana para reclamar por la falta de atención a las difíciles condiciones que enfrentan producto de la pandemia. Además de que representa el 6% de los viajes de la ciudad, la continuidad del servicio que prestan les permite, principalmente, a los estratos 1, 2 y 3 transportarse. La medida necesaria de operar al 30% y de prolongar algunas de sus rutas debe estar acompañada de compensaciones del Distrito que impidan que caigan en la quiebra, razón por la cual, el pasado 27 de abril envié una comunicación oficial a la Secretaría de Movilidad solicitando una mesa de trabajo con representantes de los pequeños propietarios para analizar la situación y tomar las medidas para amortiguar el impacto económico, comunicación de la que no he recibido respuesta.

El gremio comprende la necesidad de modificar las condiciones en las que se presta el servicio público, pero ante las circunstancias, no pueden ser ellos quienes, solitariamente, asuman la carga de las medidas. Es un pésimo mensaje para la ciudad que se subsidie a los poderosos operadores de Transmilenio mientras conductores y propietarios de buses y busetas de la ciudad comienzan a quedarse sin el sustento mínimo.

Para ajustarse a la situación provocada por la pandemia, los pequeños transportadores de Bogotá han propuesto: (i) Un Plan de bioseguridad que incluya: capacitaciones virtuales a conductores, elementos básicos de protección y desinfección, canales de consulta sobre situaciones de exposición de conductores y pasajeros. (ii) Revisión de los costos operativos del servicio que garanticen que no se preste a pérdida o compensaciones en caso de que se requiera. Es prioritario garantizar los salarios, combustible y elementos de desinfección para la prestación del servicio en condiciones de sanidad. (iii) Exoneración de pagos a fondos compensatorios y liberación de los mismos para solventar la merma de ingresos producto de la crisis.

Por lo anterior, y ante las difíciles condiciones que los llevan a protestar en el marco de las medidas de aislamiento, reitero mi llamado a establecer medidas para mitigar su crisis y garantizar el servicio a la ciudad.

Medidas para garantizar el mínimo vital de las personas que trabajan en el sector artístico y cultural

Medidas para garantizar el mínimo vital de las personas que trabajan en el sector artístico y cultural

Señor

NICOLÁS MONTERO

Secretario

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Carrera 8 No. 9-83

Ciudad

 

    Asunto: Medidas para garantizar el mínimo vital de las personas que trabajan en el sector artístico y cultural.

Atento saludo,

Desde la declaración de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, las personas vinculadas a la creación y producción artística, cultural y creativa, detuvieron por completo las labores de las que dependen sus ingresos.

Sin público, ni producciones escénicas, audiovisuales, plásticas o musicales, y con las puertas cerradas de toda la infraestructura ligada al sector, el teletrabajo y el trabajo en casa no han sido una opción para trabajadores y gestores culturales. De igual modo, la mayor parte de quienes viven del arte, la cultura y el patrimonio engrosan las líneas del empleo informal del país y sus ingresos dependen de contratos de prestación de servicios, por obra o labor, o a destajo, que en medio de la coyuntura fueron congelados o cancelados. A contramano, los gastos para suplir las necesidades básicas siguen corriendo y a pequeñas y medianas empresas y organizaciones culturales se les exige cumplir con pagos de arrendamientos y servicios públicos.

Es por esto que el sector se ha declarado en emergencia y a través de distintas organizaciones han elevado solicitudes y propuestas a las autoridades nacionales y distritales, comenzando por la conformación de una mesa técnica en la que se discutan distintas iniciativas para asegurar un mínimo vital. Las propuestas incluyen, entre otras, alivios tributarios para personas naturales y jurídicas, reorientar los presupuestos públicos para atender las necesidades básicas de artistas y demás trabajadores del sector, y el diseño de una estrategia para promover la creación de contenidos digitales que, además, contribuyan a aliviar los efectos de la cuarentena.

Atender este tipo de peticiones debe ser una prioridad para el gobierno distrital, por lo que es fundamental que se cree una mesa distrital en la que se discutan cada una de estas iniciativas. Es cierto que por la capacidad de gasto y las competencias normativas, varias de estas propuestas son de responsabilidad del gobierno nacional, lo que no excluye la posibilidad de que la Secretaría de Cultura acompañe y respalde las iniciativas que deban ser atendidas por el Ministerio de Cultura.

Por lo anterior, le solicito conformar una mesa técnica que tenga como base el Sistema de Participación de Arte, Cultura y Patrimonio desde la cual se diseñe un plan de contigencia con medidas de corto, mediano y largo plazo que permita la mejor atención de la presente crisis.

Le solicito finalmente me responda de fondo esta carta, en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

Atentamente,

MANUEL SARMIENTO 

Concejal de Bogotá

No se pueden recortar los derechos laborales con fundamento en análisis superficiales sobre la situación financiera de la EAAB

No se pueden recortar los derechos laborales con fundamento en análisis superficiales sobre la situación financiera de la EAAB

Bogotá D.C., 9 de marzo de 2020

Doctora
CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
Ciudad

Ref.: No se pueden recortar los derechos laborales con fundamento en análisis superficiales sobre la situación financiera de la EAAB.

Atento saludo,

Es inaudito que se haga un análisis superficial de la situación financiera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para negarse a retirar el contrapliego presentado por la administración de Enrique Peñalosa contra la convención colectiva de Sintramesdes. En la comunicación que recibí el pasado 6 de marzo, usted se limita a afirmar que “esta denuncia está encaminada a buscar un mejoramiento de la Entidad en cuanto su sostenibilidad financiera y eficiencia económica”. Sin embargo, no aporta ni una sola cifra que justifique la muy antidemocrática pretensión de recortar los derechos convencionales de los trabajadores y trabajadoras, tal y como sucedió con el fallido intento de la administración del exalcalde Petro cuando también presentó un contrapliego.

De acuerdo con los indicadores financieros, los costos laborales no son un problema para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. A pesar de que los ingresos de la entidad se han estancado en los últimos años, la rentabilidad de la empresa ha aumentado. Entre 2014 y 2018 el margen EBITDA de la EAB pasó de 41% a 57,7%, el margen neto también creció de 10% a 34% y el margen bruto subió del 46,15% al 58,64%. El aumento de la rentabilidad en medio de un estancamiento de los ingresos evidencia una reducción de los costos de la empresa, lo que demuestra que la convención colectiva de Sintraemsdes no pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa.

Un análisis más detallado muestra las contribuciones del sindicato y su convención para mejorar la situación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. La retoma de las funciones comerciales que estaban en manos de gestores privados pactada en la convención de 2012, y el acuerdo alcanzado en la negociación de 2015 para recuperar la operación de la Planta de Tibitoc, antes en manos de un consorcio integrado por Fanalca, Sarmiento Angulo y la multinacional Compagnie Générale des Eaux, han contribuido a la reducción de los costos y al correspondiente mejoramiento de la rentabilidad de la entidad.

Los indicadores financieros de la empresa demuestran que el esfuerzo de la nueva administración debe centrarse en mejorar sus ingresos, no en recortar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Para ello se debe diseñar un plan que incluya el desarrollo de soluciones tecnológicas que, por ejemplo, reduzcan el índice de agua no contabilizada y costos comerciales como la facturación in situ.

Por lo anterior, le insisto en la solicitud de retirar el contrapliego presentado por la anterior administración y atender el pliego de Sintraemsdes con criterios democráticos, en coherencia con los planteamientos hechos por la alcaldesa Claudia López durante la campaña electoral. Le hago una cordial invitación a analizar con mayor profundidad y rigor la situación de la empresa y así evitar que los concejales seamos inducidos al error con información imprecisa.

Cordialmente,

Manuel José Sarmiento Argüello
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

C.C. Claudia López

Duque no ha respetado la protesta en el Paro Nacional

Duque no ha respetado la protesta en el Paro Nacional

El asesinato de Dilan Cruz fue un crimen de Estado. El Polo respalda la protesta pública y pacífica. Los gobiernos de Iván Duque y Enrique Peñalosa violaron sistemáticamente este derecho. El ESMAD debe ser desmontado. Nuevo protocolo de la alcaldesa Claudia López es un acierto.

En el Concejo de Bogotá se desarrolló el debate de control político citado por el concejal Manuel Sarmiento y la bancada del Polo Democrático. Con videos, declaraciones y documentos oficiales, se demostró la constante violación del derecho fundamental a la protesta pública y pacífica durante las movilizaciones de finales del año pasado. “El gobierno de Duque y el partido de gobierno adelantaron primero una estrategia de estigmatización desconociendo las razones del Paro Nacional y ligando a los manifestantes con grupos violento, y luego adelantaron una política de represión”, señaló el concejal Sarmiento, quien además recordó que estas prácticas son condenadas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Al detallar lo sucedido el 23 de noviembre, el concejal del Polo responsabilizó al presidente Iván Duque y al entonces alcalde, Enrique Peñalosa, por ordenar la represión de la protesta pacífica en la que se encontraba el joven Dilan Cruz. “Es un crimen de Estado, la gente se estaba movilizando de manera pacífica como lo demuestran los llamados de la Personería y la Comisión de Verificación. Sin embargo, la orden fue no permitir el bloqueo de vías ni la llegada de los manifestantes a la Plaza de Bolívar ni al ICETEX, basados en riesgos pasados. Esta visión alarmista, peligrosa y antidemocrática le terminó costando la vida a Dilan Cruz”, señaló Sarmiento. Con pruebas documentales quedó en evidencia el uso alevoso de la escopeta calibre 12 por parte del ESMAD. “Estas armas se deben prohibir, hay estudios internacionales que demuestran sus efectos mortales. En el mundo han fallecido 53 personas víctimas de estas armas, que son un negocio multimillonario, 1.921 resultaron heridas y 294 sufrieron incapacidades permanentes”

 Por último, Manuel Sarmiento resaltó la necesidad de desmontar el ESMAD, una fuerza que se ha convertido en un verdadero ejército para reprimir la protesta pública. Adicionalmente, destacó el nuevo protocolo de atención a las movilizaciones realizado por la alcaldesa Claudia López: “Contrario a lo realizado por los anteriores gobiernos, esta administración reconoce que la protesta no es un problema de orden público ni la estigmatiza. Al contrario, considera que es un derecho que debe ser protegido y sus reivindicaciones destacadas”, concluyó el concejal del Polo.

El concejal Manuel Sarmiento anunció la presentación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá para honrar la vida y memoria de Dilan Cruz.

Duque y la Directora del ICBF deben resolver la problemática en los Centro Zonales del ICBF en Bogotá

Duque y la Directora del ICBF deben resolver la problemática en los Centro Zonales del ICBF en Bogotá

Desde la semana pasada, las trabajadoras del Centro Zonal Kennedy del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF se encuentran en paro con el propósito de rechazar las pésimas condiciones en las que laboran y el incumplimiento de acuerdos por parte de la Administración. “El sindicato Sintrabienestar denuncia que hay sobrecarga laboral por la gran demanda de la localidad, la infraestructura con la que cuentan es deficiente y ni siquiera cuenta con material de trabajo”, advirtió el concejal Manuel Sarmiento.

“La situación es bastante complicada, porque la sobrecarga laboral afecta la adecuada prestación de servicios de protección y restablecimiento de derechos de la niñez. El sindicato también denuncia que en el Acuerdo Laboral se había pactado la creación de un Centro Zonal adicional para la localidad y no se ha cumplido” afirmó el cabildante del Polo.

Lamentablemente, según denuncia de la organización sindical, esta situación se presenta en diferentes centros zonales de la ciudad. El año pasado hubo paro en San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. El concejal Sarmiento finalizó señalando que “son fundadas las razones de las protestas de las trabajadoras del ICBF y cuentan con mi acompañamiento para continuar denunciando la falta de atención del Gobierno Nacional con el sector y la violación de los derechos laborales.”

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera solicitaron la conformación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá

Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad de cada uno de los lotes de obra en los que se dividió el proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control. “Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento.

De igual manera, el concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.”

Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera.

Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicarían en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Desde el Polo vamos a seguir luchando en defensa de los derechos de las miles de familias afectadas por un proyecto inconveniente para la ciudad”, concluyó el concejal del Polo.

“Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá”: concejal Manuel Sarmiento

“Hay que cambiar el enfoque de la política social en Bogotá”: concejal Manuel Sarmiento

Indicadores sociales de pobreza y desigualdad empeoraron durante el gobierno de Peñalosa. Focalización y asistencialismo no reducen desigualdad. 

En el debate de control político citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo, el concejal Manuel Sarmiento planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social en la ciudad. “Los debates teóricos y la evidencia muestran que la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad requieren pasar de un enfoque asistencialista basado en la focalización, hacia una política que se fundamente en la generación de empleo y la universalidad de los derechos”, afirmó el cabildante del Polo.

Cifras oficiales señalan que en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peñalosa hubo un aumento de la pobreza monetaria (10,4% en 2015 al 12,4% en 2018), la pobreza extrema (2% en 2015 a 2,5% en 2018), la desigualdad (GINI 0,498 en 2015 a 0,504 en 2018) y el desempleo, afectando con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En 2017 Bogotá tenía 110 mujeres en pobreza monetaria por cada 100 hombres en la misma situación, mientras que, de acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico, los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis) pasaron de 350.000 en 2015 a 400.000 en 2018. Sarmiento también recordó que algunos de estos indicadores como la desigualdad y la pobreza extrema comenzaron a desmejorar desde el gobierno de Gustavo Petro.

“Las cifras ponen en evidencia la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. En el mundo se ha cuestionado el asistencialismo y la focalización como criterio principal para el diseño de políticas. La evidencia señala que hay que superar este enfoque. Por ejemplo, un estudio del DNP concluyó que los programas de subsidios monetarios del gobierno nacional no han servido para reducir de manera sustancial la desigualdad. La universalidad y una política dirigida a la generación de empleo debe ser el nuevo enfoque de la política social”, afirmó Sarmiento.

El concejal del Polo resaltó algunas propuestas para lograr este cambio: 1) Aumentar la cobertura de programas sociales como los de comedores comunitarios, pues Peñalosa sacó a cerca de 30.000 personas de este tipo de proyectos; 2) Introducir el enfoque de la universalización y avanzar en derechos como la educación pública y gratuita; 3) Diseñar e implementar una política de desarrollo económico basada en el apoyo del Distrito a la industria; y, 4) Diseñar una política de empleo público en la que el Estado, como último empleador, genere empleos para poblaciones en extremas condiciones de vulnerabilidad como jóvenes que no culminaron sus estudios, adultos mayores, madres cabeza de familia en pobreza extrema y personas con discapacidad. “Todo esto se debe hacer con un enfoque de género y con medidas específicas para los jóvenes, especialmente los NiNis. El Sistema Distrital de Cuidado propuesto por la alcaldesa Claudia López se enmarca en este nuevo enfoque, concluyó Sarmiento.