Temas Archives - Manuel Sarmiento | Bogotá sí tiene arreglo

Se debe respetar el proceso meritocrático y realizar los nombramientos en la Secretaría de Hacienda.

Señora
BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaria Distrital de Hacienda
Carrera 30 # 25-90
Ciudad

Ref.: Se debe respetar el proceso meritocrático y realizar los nombramientos en la Secretaría de Hacienda.

Atento saludo,

Uno de los principales problemas de la administración distrital es el incumplimiento de los mandatos legales sobre la obligación de vincular a los trabajadores que realizan funciones permanentes a las plantas de personal mediante procesos meritocráticos. El desconocimiento sistemático de este criterio mediante el abuso de las órdenes de prestación de servicio y los nombramientos provisionales no solo viola los derechos laborales, también sienta las bases del clientelismo y la politiquería.

Por lo anterior, es inaudito que la Secretaría de Hacienda se niegue a cumplir con su obligación de nombrar a las personas que superaron las etapas y requisitos del concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco de la Convocatoria 328 de 2015. Aunque el proceso de selección fue suspendido por el Concejo de Estado, el mismo Tribunal levantó la suspensión provisional y la lista de elegibles fue expedida por la autoridad competente para que la Secretaría de Hacienda procediera a realizar los respectivos nombramientos.

Sin embargo, la entidad que usted dirige, se ha negado a cumplir con la Constitución y la Ley. La actuación ilegal con la que está procediendo la Secretaría de Hacienda es tan evidente que el 23 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda instancia una tutela en favor de uno de los trabajadores, ordenando a la entidad adelantar la siguiente etapa de la Convocatoria 328 de 2015 “por estar en firme la lista de elegibles correspondiente”. Para el Tribunal, “la Resolución no. CNSC 20192130016735 de 18 de marzo de 2019 ya cobró firmeza y no se encuentra supeditada a la resolución de la solicitud de aclaración o corrección de la entidad demandada, más aún cuando tales solicitudes no influyen en ningún modo en la decisión de fondo que revocó la medida cautelar de suspensión provisional de la Convocatoria no. 328 de 2015”.

Es absurdo que, en medio de tanta ilegalidad con las plantas de personal, los pocos procedimientos para nombramientos en cargos de carrera administrativa sean burlados. Por todo lo anterior, es necesario que se culmine con el proceso y se hagan los nombramientos que se encuentran pendientes de la Convocatoria 328 de 2015. La meritocracia es un principio fundamental de la función pública y es muy grave que, a pesar del cumplimiento de los requisitos legales, no se hayan hecho los nombramientos necesarios.

Le solicito finalmente me responda de fondo esta carta, en virtud del artículo 62 del Acuerdo 348 de 2008, en donde el Concejo Distrital o cualquiera de sus miembros, podrá solicitar a las Entidades Distritales, al Personero, al Veedor, al Contralor y al Auditor Fiscal ante la Contraloría, los informes que estime convenientes.

Cordialmente,

Manuel Sarmiento

Concejal de Bogotá

De manera irresponsable, la Empresa Metro redujo el plazo para evaluar las ofertas del metro elevado

Se alargó el plazo para presentar ofertas, pero se mantuvo la fecha para la adjudicación del contrato. ¿Por qué se reduce el plazo para evaluar las propuestas? Otro acto de extrema irresponsabilidad.

La Empresa Metro modificó de nuevo el cronograma de la licitación del metro elevado. Con los cambios realizados, el plazo para evaluar las propuestas de los oferentes se reduce en 6 días.

Inicialmente se tenía previsto que el 24 de septiembre se recibirían las ofertas y el plazo para evaluarlas se cumpliría el 18 de octubre. Con la última modificación, la recepción de ofertas será el 3 de octubre de 2019 y la “fecha máxima para evaluación de ofertas y adjudicación del contrato de concesión” será el 21 de octubre. Ahora sólo tendrán menos de 18 días para la evaluación, cuando previamente contaban con 24.

“No se entiende por qué la Empresa Metro amplió el plazo para la presentación de ofertas pero mantuvo la fecha prevista para la adjudicación del contrato. Esta decisión reduce el número de días para la evaluación de cada una de las propuestas, lo que no tiene lógica, pues este proceso es de un alto nivel de complejidad. ¿Por qué antes consideraban que se necesitaban 24 días para la revisión de las propuestas y ahora dicen que solo necesitan 18?”, preguntó el concejal Manuel Sarmiento.

“Al alargar el plazo de entrega de ofertas y recortar el de su evaluación, Peñalosa y la Empresa Metro aumentan el riesgo de una mala decisión en la licitación”, puntualizó.

El cabildante del Polo recordó además las advertencias formuladas en su momento por la Bancada del Polo en la demanda que fue admitida por el Concejo de Estado, la cual fue coadyudada por Claudia López, así como de los hallazgos expuestos por la Contraloría Distrital. De acuerdo con el órgano de control, la Empresa Metro de Bogotá no tiene la capacidad para manejar un proyecto de la envergadura de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“En su afán por dejar amarrado un proyecto inconveniente y que se ha estructurado de manera ilegal, el alcalde Peñalosa sigue incurriendo en actos de extrema irresponsabilidad al apretar los tiempos para revisar cada una de las propuestas de una licitación en la que los participantes han planteado más de 100 dudas”, concluyó Sarmiento.

En días recientes la Bancada del Polo solicitó al Consejo de Estado que decida con celeridad las medidas cautelares interpuestas con la demanda y esta semana radicará un memorial sobre las modificaciones al cronograma que aumentan los riesgos de una mala decisión en la licitación.

Se deben explicar las causas de la muerte de una menor en el Hospital de Meissen

El concejal Manuel Sarmiento le envió una carta al secretario de Salud solicitando explicaciones alrededor de las causas de la muerte de una menor en el Hospital de Meissen.

Doctor

LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ

Secretario de Salud del Distrito

Cra. 32 #12 – 81

Ciudad.

Ref.: Se deben explicar las causas de la muerte de una menor en el Hospital de Meissen.

Atento saludo.

Hace algunas semanas usted y el Alcalde Peñalosa inauguraron la unidad de servicios neonatales del Hospital de Meissen. La difusión mediática que se le dio a este acto contrasta con el silencio que ha guardado la Secretaría de Salud y la ambigüedad de sus respuestas respecto a las denuncias sobre una falla eléctrica ocurrida el viernes 23 de agosto en la unidad recientemente inaugurada, con posibles daños a los equipos y lesiones a los pacientes.

Sobre esta situación envié un derecho de petición a la Secretaría de Salud solicitando que me informara las causas de la falla eléctrica, los equipos que recibieron algún daño y las personas y menores que fueron afectadas por el hecho. En la respuesta, usted afirma que una vez realizada la revisión del lugar, de la hoja de vida de los equipos biomédicos y las historias clínicas de los pacientes, no encontraron mérito para una investigación. Sin embargo, no me respondió las preguntas sobre los daños a los equipos y las afectaciones a los pacientes.

Adicional a esto, Medicina Legal me informó de la llegada del cuerpo de una menor en la mañana del día 24 de agosto proveniente del Hospital de Meissen y que las causas del deceso son materia de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Respetuoso de la confidencialidad de la Historia Clínica, le solicito me informe sobre la paciente, su edad, servicios de hospitalización, causas o diagnóstico de ingreso y egreso, eventos adversos registrados, si la paciente se encontraba con algún equipo o incubadora afectada por la presunta falla eléctrica y causa de muerte, omitiendo los datos de identificación de la misma.

Además, le solicito un informe detallado sobre las causas de la falla eléctrica y los daños de los equipos e informar si esta unidad cumple con la normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a las condiciones de habilitación de los servicios de salud y si se encuentra habilitada por las autoridades competentes.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Anexos: (00) folios

Acuerdo programático de Claudia López para salvaguardar y fortalecer la ETB

La candidata Claudia López suscribió con la mayoría de directivos de Sintrateléfonos un acuerdo programático para el fortalecimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. “En el programa radicado por Claudia López ya se establecía el fortalecimiento de la ETB y el rechazo a su privatización. El acuerdo suscrito con los directivos del sindicato desarrolla y precisa estos postulados programáticos y agrega importantes elementos que se convierten en un avance histórico para la defensa del patrimonio público”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

El acuerdo reconoce a la ETB como un patrimonio estratégico, primordial para el desarrollo de las tecnologías de la información, señala que la empresa no se va a privatizar y de manera expresa afirma que no se venderán las acciones del Distrito, ni se utilizará la figura del socio estratégico. “Estos puntos son fundamentales para el futuro de la ETB, la lucha que dimos durante estos años y la derrota de la privatización que pretendía llevar acabo Peñalosa, se consolida con este importante acuerdo”, afirmó el concejal del Polo.

El acuerdo también señala que se desarrollará una política a corto, mediano y largo plazo para que la ETB recupere las funciones misionales y permanentes de la empresa y con ello desarrollar un plan para la eliminación progresiva de la tercerización laboral, fenómeno que además de violar los derechos laborales afecta el adecuado funcionamiento de la empresa. Finalmente establece el compromiso de respetar la Convención Colectiva de Trabajo y una actitud democrática para la discusión de nuevo pliego de peticiones. “Para los trabajadores es fundamental que exista este compromiso contra la tercerización laboral que se disparó en las dos últimas administraciones, lo que implica diseñar e implementar una política que lleve a la contratación directa”, señaló Sarmiento.

“Este acuerdo confirma que Claudia López es la candidata con la que Bogotá puede salir de la pesadilla peñalosista. El gobierno de Peñalosa se caracterizó por intentar privatizar y marchitar el patrimonio público, política que quedará en el pasado con los compromisos programáticos de Claudia y la mayoría de directivos de Sintratelefonos”, concluyó el concejal Manuel Sarmiento.

Descargar acuerdo prográmatico.

Gobierno de Duque flexibiliza requerimientos para que Peñalosa dañe los Cerros Orientales

Después de que el presidente Duque le exigiera al Ministro de Ambiente dar vía libre a la construcción del sendero de Peñalosa en los Cerros Orientales, se hizo pública un acta a través de la cual la ANLA flexibiliza notoriamente los requerimientos hechos a la Secretaría Distrital de Ambiente para la aprobación de dicho proyecto.

“En razón a la inaceptable presión ejercida por el alcalde Peñalosa y el presidente Duque para sacar adelante este proyecto a toda costa, la ANLA dejó a discreción de la Secretaría de Ambiente el cumplimiento de varias exigencias que inicialmente le había impuesto y que tenían como finalidad asegurar la protección de los Cerros Orientales que hacen parte de la estructura ecológica principal de la ciudad”, aseguró el concejal Manuel Sarmiento.

Sarmiento resaltó que los requerimientos que debían ser atendidos por la alcaldía dejaban al descubierto las graves implicaciones que traería para Bogotá la ejecución de un proyecto constructivo sobre la columna vertebral de su estructura ecológica principal. Dentro de las exigencias planteadas inicialmente, la ANLA solicitó a la Secretaría de Ambiente: i) caracterizar y delimitar adecuadamente el componente de suelos y uso de la tierra de la zona de influencia del proyecto; ii) complementar la caracterización de los ecosistemas acuáticos ubicados en el área de influencia del proyecto; iii) complementar el proceso de participación y socialización del proyecto con las autoridades locales y con la comunidad del sector; iv) complementar la evaluación de alteración de habitas de las especies de fauna endémica en categoría de amenaza y de alto grado de sensibilidad; v) complementar la evaluación de la fragmentación y pérdida de conectividad de los ecosistemas sensibles; vi) presentar un análisis de la totalidad de las obras y actividades del proyecto constructivo a la luz del PMA de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Sin embargo, a raíz de las presiones ejercidas desde la Casa de Nariño y el Palacio Liévano, la ANLA modificó radicalmente sus planteamientos iniciales, estableciendo que la Secretaría Distrital de Ambiente solo debía acatar dichos requerimientos si lo consideraba necesario. El concejal reiteró que, con esta decisión, la ANLA podría incurrir en prevaricato, pues esta cediendo a presiones políticas y dejando de lado la falta de sustento técnico del proyecto, haciendo caso omiso a los graves impactos ambientales que causará la ejecución del proyecto. Así mismo le solicitó al alcalde Peñalosa y al presidente Duque dejar de intervenir de manera ilegal dentro del proceso de licenciamiento.

La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grave a las residencias médicas.

Secretario

LUIS GONZALO MORALES

Secretaria de Salud

Ciudad

Ref.: La Secretaría de Salud debe desistir de las medidas que lesionarían en materia grava a las residencias médicas.

Cordial Saludo.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) y la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) han expresado su rechazo a las medidas unilaterales que usted pretende imponer al incrementar, de manera desproporcionada, el cobro que hace la Secretaria Distrital de Salud a las Instituciones de Educación Superior por permitir el desarrollo de la residencia médica.

Esta decisión afectaría a más de 7.000 estudiantes de pregrado y posgrado ya que aumentará en un 20% el valor bruto de matricula en pregrado y en 30% en posgrado, al igual que lesionaría la formación médica y la adecuada atención a los usuarios de los hospitales públicos (https://bit.ly/2zeuypS).

Cabe recordar que el artículo 12 de la Ley 1917 de 2018 dispone que “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) no podrán cobrar en dinero a las Instituciones de Educación Superior, por permitir el desarrollo de la residencia.” Es inaudito que desde la Secretaría de Salud se acuda a astucias para desconocer el espíritu de este mandato legal.

En consecuencia, le solicito desistir de este anuncio y le explique a la ciudad a qué se debe su actuar abiertamente ilegal.

Atento saludo,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativ

Contraloría advierte presuntos delitos por contratación a dedo con operadores de aseo

En medio del malestar ciudadano por el encarecimiento de las tarifas de aseo, se conocieron una serie de irregularidades en la contratación de la UAESP con los operadores privados. El concejal Manuel Sarmiento reveló el contenido de un informe de la Contraloría Distrital que advierte la posible de comisión de delitos por contratos adjudicados a dedo para la ejecución de las llamadas obligaciones de hacer.

En la licitación con la que el alcalde Peñalosa privatizó a la brava el servicio de aseo se incluyó la posibilidad que los operadores realizaran una serie de actividades que no se remuneran vía tarifa como la recolección de escombros. De acuerdo con los documentos de la licitación, estas actividades se denominan obligaciones de hacer y se deben contratar mediante procesos en los que puedan participar empresas distintas a los operadores de aseo.

De acuerdo con la Contraloría Distrital, la UAESP no realizó un proceso de selección objetiva para contratar estas actividades y en cambio las contrató a dedo con los actuales operadores de aseo mediante adiciones a los contratos de concesión adjudicados en el año 2017. Las adiciones para la ejecución de este tipo de actividades suman más de $15.000 millones de pesos.

El informe de la Contraloría señala que “en cuanto a las actividades que no se encuentran reguladas, es decir, aquellas que no son reconocidas por la tarifa, como es el caso de la recolección, transporte y disposición final de los residuos de demolición y construcción, entre otros, considera este órgano de control que las adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, amparados en el anexo 14, presuntamente podrían estar vulnerando el principio de selección objetiva, en la medida en que dichas actividades, que no son objeto de exclusividad bajo ningún contrato o norma, deberían haber sido objeto de un proceso contractual independiente” (bit.ly/2FWObIn).

Por lo anterior el órgano de control concluye que “todas aquellas adiciones que se han realizado a los contratos de concesión, que son de actividades no reguladas y que no han sido objeto de un proceso contractual autónomo e independiente, presuntamente podrían estar contrariando el ordenamiento penal y disciplinario”.

“Es inaudito que la Administración de Enrique Peñalosa, a través de maniobras jurídicas, le entregue a dedo nuevas actividades beneficiando a los operadores privados. Todo esto en el marco del malestar por las alzas en las tarifas de aseo que no se reflejan en calidad del servicio” concluyó el concejal Sarmiento.

Distrito no ha podido definir el valor de la plusvalía en Proscenio por inconsistencias en el decreto con el que Peñalosa modificó el proyecto

Comunicaciones cruzadas entre la Secretaría de Planeación y Catastro señalan inconsistencias en el decreto de Peñalosa que valorizó en más de 200 millones de dólares el negocio inmobiliario de los financiadores del Alcalde.

Por inconsistencias técnicas y jurídicas del Decreto 674 de 2018, a través del cual el alcalde Peñalosa modificó el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, Catastro no ha podido definir el monto de la plusvalía que los inversionistas deben pagarle al Distrito. Al ser la plusvalía el tributo que los constructores deben pagar, la controversia es de interés público, sobre todo si se tiene en cuenta que los inversionistas financiaron la campaña del Alcalde y que el mandatario les valorizó el proyecto en más de $200 millones de dólares, tal y como lo denunció el columnista Daniel Coronell (https://bit.ly/2GLUNKf).

El concejal Manuel Sarmiento reveló que, según el contenido de los correos cruzados entre la Secretaría de Planeación y Catastro, el decreto que modificó el proyecto inmobiliario no determina con claridad cuál es el área vendible del proyecto, ni la distribución de las áreas que se deberán destinar para los usos residenciales, dotacionales, comerciales y de servicios.

A través de dicha correspondencia Catastro resaltó que mientras el artículo 26 del plan parcial establece que el área vendible de la Manzana 2 es de 41.405,33 m2, en su artículo 35 plantea que el área vendible de esa misma manzana es de 43.768.00 m2.

“Esto es gravísimo, pues el área vendible del proyecto es la variable con la que se determina el cobro de la plusvalía, y según lo expuesto por Catastro estamos hablando de una inconsistencia de 2.362,67 m2, área no poco despreciable cuando se multiplica por el valor del metro cuadrado en esa zona, que es uno de los más costos de la ciudad. Al final, estos son recursos que le dejarían de entrar al Distrito y que quedarían en los bolsillos de los financiadores de la campaña de Peñalosa”, aseguró el concejal.

Finalmente, el concejal manifestó que tiene el ojo puesto sobre este proyecto y particularmente sobre la forma en la que se determinaron las cargas del mismo, pues tiene indicios de que los costos se pudieron inflar con la finalidad de reducir el cobro por plusvalía que se les cobrará a los gestores. El concejal radicó un derecho de petición a Planeación y a Catastro, con copia a la Personería Distrital, solicitando explicaciones por las nuevas irregularidades encontradas. Acá puede consultar el texto de la solicitud:

Con Peñalosa perdió el derecho a la educación

Por: Miguel Ángel Muñoz – Polo Joven Suba

En el gobierno de Peñalosa no ha existido ningún avance significativo en la garantía del derecho fundamental a la educación de los jóvenes de Suba. El presupuesto ejecutado en la localidad ha disminuido, la matrícula oficial cae, la Jornada Única sigue siendo un sueño y donde se implementa se hace de forma irregular, la alimentación escolar es un privilegio y la alcaldía ignora el estado de la infraestructura educativa de la localidad. A la educación de calidad siguen accediendo sólo unos pocos, a pesar de que a la mayoría de bogotanos se le impone una excesiva carga tributaria, lo que debería corresponder con una mayor garantía de derechos.

En el año 2015 la administración distrital ejecutó en Suba un presupuesto para educación de 287 mil millones de pesos, pero posesionado Peñalosa disminuyó; cayendo a 264 mil millones en el 2016, 276 mil millones en el 2017 y 271 mil millones en el 2018. Así, durante todo el año pasado, el presupuesto ejecutado por cada estudiante fue de tan sólo 3,5 millones de pesos. Y para 2019 se proyecta destinar 298 mil millones para la localidad pero, sabiendo que nunca se ejecuta todo lo que se proyecta, seguramente tampoco este año se supere el monto del 2015. Peñalosa redujo el presupuesto para educación, sin el cual es imposible avanzar en calidad.

Por otro lado, se agudizó la tendencia histórica del reemplazo de la matrícula oficial por la privada. Mientras en el año 2015 la matrícula oficial era de 89.102 estudiantes y la matrícula no oficial ascendía a 128.892 estudiantes, para el año 2017 la oficial caía a tan sólo 78.547 estudiantes, frente a los 134.575 estudiantes en no oficial. Dicho fenómeno afecta a los profesores, quienes gozan de mejores garantías laborales en el sector oficial que en el privado. Además, a sabiendas de que el Estado es el único capaz de garantizar el acceso universal a la educación, Peñalosa emula al presidente Duque en su intento por restarle obligaciones a la Alcaldía en lo que atañe al derecho a la educación, para así reducir su gasto social; empujando a miles de jóvenes a estudiar en instituciones educativas de baja calidad y que cobran por acceder a ellas.

Por medio del Plan de Alimentación Escolar en 2017 y 2018 se invirtieron algo más de 30 mil millones de pesos, lo que para el año pasado significó una inversión anual por estudiante de sólo 386 mil pesos y por cada día escolar de 1.930 pesos por estudiante. Así mismo, La Secretaría de Educación asegura que en la actualidad entrega 17.083 ofertas alimentarias, entre desayunos y almuerzos; de lo que se desprende que para 2018 sólo el 22% de los estudiantes de la localidad, uno de cada cinco, recibía algún tipo de comida caliente. Únicamente la disfrutan 14 sedes educativas de la localidad y sólo 11 de estas cuentan con comedores escolares.

Eso sin considerar que los operadores privados del sistema no siempre cumplen adecuadamente el servicio. Por ejemplo, el colegio Gonzalo Arango, donde el Comedor Escolar, operado por Compensar, pasó más de un mes inhabilitado en el primer semestre de este año. Ni en broma podría hablarse de implementar la necesaria Jornada Única en la localidad, si no es a costa de que los alumnos sufran hambre. La misma física hambre que siguen pasando jóvenes de bajos recursos que van a estudiar “sin un pan encima” o estudiantes con jornadas extendidas a los que lo único que los mantiene en pie es un refrigerio frío.

En 2016 el gobierno de Peñalosa pasó de 3 a 5 colegios con Jornada Única implementada, llegando a cubrir 3.347 estudiantes en 2017, apenas el 4,2% de la matrícula estudiantil. Para 2018 se mantienen los mismos cinco colegios oficiales con Jornada Única implementada. Sumado a que se ha aplicado sin condiciones dignas. Caso ilustrador es el de los estudiantes con Jornada Única del Gustavo Morales Morales, a los que no se les ofrece comida caliente en su totalidad y a quienes les toca comer en el piso. Bien hicieron los estudiantes en hacer respetar sus derechos y protestar contra el fracaso de la política de Jornada Única tan “cacareada” por la ex Secretaria de Educación, que hoy trabaja para Duque.

Alarma aún más el hecho de que la Secretaría de Educación no conoce el estado de la infraestructura de los colegios. Tan sólo cuenta con el diagnóstico de 41 construcciones, de 15 sedes educativas de la localidad, dejando por fuera a la gran mayoría de las edificaciones.

Toda la tarea está pendiente, pues, durante su alcaldía, Peñalosa se dedicó a asegurale negocios a quienes financiaron su campaña antes de garantizar el acceso a los derechos de lo bogotanos. Hacer de la educación un verdadero derecho fundamental exige Jornada Única con adecuadas condiciones, alimentación de calidad para todos los estudiantes, infraestructura en el mejor estado, y, para lograr todo lo anterior, un aumento de la financiación estatal. Esta tarea no la adelantará Miguel Uribe, ex Secretario de Gobierno de Peñalosa, ni Carlos Fernando Galán, quien hasta hace poco hacía equipo con el actual alcalde. Lo que corresponde es la organización y movilización de los estudiantes para que Bogotá se dirija por el mejor camino. Hoy en las urnas, para elegir la mejor Alcaldía, Consejo Distrital y Junta Administradora Local. Mañana, masiva y creativamente, en las calles.

La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos

Doctor

FRANCISCO CRUZ PRADA

Secretario

Secretaria Distrital de Ambiente

Av. Caracas # 54 – 38

Bogotá.

Asunto: La Secretaría de Ambiente debe desistir de la tala de 500 árboles en el Bosque San Carlos.

Atento saludo

Es inaceptable que la administración distrital haya anunciado su intención de talar 506 árboles en el Bosque San Carlos, también conocido como el único pulmón del Suroriente de la ciudad.

De acuerdo con el documento entregado al Comité en Defensa del Bosque San Carlos, la administración pretende talar los árboles que están ubicados en el perímetro exterior, tomando como principal criterio la altura de los eucaliptos y otras especies, sin realizar estudios sobre la situación actual de los más de 5.000 árboles que tiene el parque. Aunque el documento señala que la tala es necesaria para mitigar el riesgo, no presentan estudios técnicos acerca del estado de los árboles, de sus raíces y tampoco de los suelos.

Adicional a esto, el gobierno de Enrique Peñalosa está tomando este tipo de decisiones sin tener en cuenta las comunidades vecinas y sin garantizar la participación ciudadana, algo ya característico de esta Alcaldía. Por lo anterior, solicito la suspensión de estas talas hasta que no se tenga certeza de las acciones que deben realizarse.

Las respuestas a las solicitudes presentadas serán recibidas en la Cl. 36 #28A-41 Of. 201 y en el correo electrónicoconcejalmanuelsarmiento@gmail.com.