Desistir del proyecto de renovación urbana Alameda Entreparques es un gran acierto

Desistir del proyecto de renovación urbana Alameda Entreparques es un gran acierto

La lucha de la comunidad de Barrios Unidos en defensa de sus barrios da frutos

Es una excelente noticia que la alcaldesa Claudia López y la Secretaría de Planeación avancen en el desistimiento del proyecto de renovación urbana Alameda Entreparques que afectaba el patrimonio y desplazaba a miles de habitantes y comerciantes de la localidad Barrios Unidos.

Queda demostrado que la lucha ciudadana trae sus frutos”, señaló el concejal Sarmiento, quien calificó como ejemplar la lucha que adelantó la comunidad de Barrios Unidos al organizarse, crear alianzas con concejales y hacer las denuncias pertinentes para demostrar la inconveniencia para la ciudad de este proyecto.

El cabildante del Polo puntualizó que se materializa el criterio aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo de proteger a los habitantes tradicionales y optar por la revitalización urbana de los barrios, una clara diferencia con el modelo de la administración de Enrique Peñalosa que beneficiaba los intereses de los especuladores inmobiliarios y las grandes constructoras.

Se debe instalar la mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector salud.

Se debe instalar la mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector salud.

Doctor
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
Secretario de Despacho
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Doctora
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria de Despacho
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Asunto: Se debe instalar la mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector salud.

Atento saludo,

Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud ha manifestado su negativa a instalar una mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector, nos permitimos precisar algunos aspectos y manifestar nuestro desacuerdo con esta decisión que es contraria a los principios y normas que protegen el derecho a la negociación colectiva.

De acuerdo con el artículo 7º del Decreto 160 de 2014, uno de los ámbitos de negociación a los que tienen derecho las organizaciones sindicales de empleados públicos es el que la norma denomina “singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio.” (subrayado fuera del texto). Por lo tanto, los sindicatos del sector pueden presentar solicitudes “de contenido particular” a cada una de las subredes, pero también al Distrito representado por la Secretaría de Salud, que es precisamente el propósito de la mesa sectorial. No se debe pasar por alto que esta mesa se instaló y funcionó en las negociaciones de los años 2016, 2017 y 2018.

De igual manera, se deben tener en cuenta los pactos suscritos por la alcaldesa Claudia López con organizaciones de empleados y trabajadores, acuerdos en los que la mandataria se comprometió a garantizar “los derechos democráticos de los trabajadores consignados en la Constitución Política, la Ley, Convenios de la OIT suscritos por Colombia y los acuerdos laborales”, lo que incluye el derecho fundamental a la negociación colectiva.

Independientemente de la denominación de la mesa de negociación, a las organizaciones sindicales les cabe la razón en la exigencia de ser atendidos por la Secretaría Distrital de Salud en una mesa específica. Por lo anterior, les solicitamos tomar todas las medidas necesarias para adelantar este procedimiento y garantizar los derechos de las organizaciones sindicales.

Por lo expuesto, les manifestamos que esta decisión es contraria a los principios y normas que protegen el derecho a la negociación colectiva, teniendo en cuenta que estas es considerada como un derecho fundamental, derecho que se recoge explícitamente en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reafirmado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T.248 de 2014 que dispone “(…) En principio, el derecho a la negociación colectiva no es considerado un derecho fundamental y por ende no es amparable a través de la acción de tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que podrá adquirir este carácter, “cuando su vulneración implica la amenaza del derecho al trabajo o el de asociación sindical”. La negociación colectiva representa el mecanismo idóneo para llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador para optimizar las condiciones laborales a las que se encuentran sometidos, evitando recurrir a un escenario judicial requiriendo a un tercero para que dirima el conflicto. Resulta ser una garantía indispensable para las organizaciones sindicales, dado que de no tener la posibilidad de llegar a acuerdos con su empleador los fines de la agrupación resultarían frustrados”.

También es importante que se instale una mesa permanente con las organizaciones sindicales desde la que se haga un seguimiento constante a la situación del personal de la salud en medio de la pandemia por el Covid-19. Es fundamental que la primera línea de atención cuente con absolutamente todas las medidas de bioseguridad, que se tenga en cuenta la situación a la que se enfrentan en esta pandemia 8 de cada 10 trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios y que la administración conozca y dé respuesta a los interrogantes y observaciones de sus organizaciones.

En ese sentido, manifestamos nuestra voluntad por acompañar el desarrollo de este proceso de diálogo, ser garantes de su vocación constructiva y avanzar con ello la profundización de la democracia en la ciudad.

Le solicitamos finalmente nos responda de fondo esta carta, en virtud del artículo 58 del Acuerdo 741 de 2019 que dispone “Sin perjuicio de los informes periódicos establecidos en el presente Reglamento, el Concejo de Bogotá, D.C., o cualquiera de sus miembros podrá solicitar los informes que estime convenientes a la Administración Distrital, al Personero, al Veedor, al Contralor, al Auditor Fiscal ante la Contraloría y Alcaldes Locales del Distrito. Dichos informes estarán ajustados a las disposiciones del Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993 y a las demás normas vigentes para el Distrito Capital.”

Atentamente,

MANUEL SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

ALVARO ARGOTE MUÑOZ
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

CELIO NIEVES HERRERA
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

CARLOS CARRILLO
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

DIEGO LASERNA
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

MARTÍN RIVERA ALZATE
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

LUIS CARLOS LEAL
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

El concejal Manuel Sarmiento hará seguimiento a la política de formalización laboral en el Distrito

El concejal Manuel Sarmiento hará seguimiento a la política de formalización laboral en el Distrito

El concejal del Polo solicitó al Concejo, junto a otros cabildantes, la creación de dos comisiones accidentales para hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Distrital de Desarrollo en materia laboral.

En el Plan Distrital de Desarrollo aprobado por el Concejo de Bogotá y sancionado recientemente por la alcaldesa Claudia López, quedaron consignados dos compromisos importantes en materia laboral que representan un verdadero avance para la ciudad. Por un lado, el diseño e implementación de una política de trabajo decente y digno que, entre otros aspectos, debe contar con una estrategia para la formalización laboral en el sector público. “El Distrito debe estructurar un plan que progresivamente reduzca progresivamente el número de trabajadores y trabajadoras vinculados a través de contratos de prestación de servicio, contratos basura que, además de afectar la gestión pública, vulnera los derechos loborales”, señaló Sarmiento Esta estrategia incluye crear por los menos 1.500 empleos permanentes nuevos y cubrir 1.850 vacantes en el sector público.

Adicionalmente, para el sector salud el PDD señala que se debe garantizar la provisión progresiva de 2.700 vacantes que existen en la red pública hospitalaria y la vinculación de contratistas por una vigencia de 2 años como medida transitoria. En ambos casos, el Distrito se compromete a desarrollar estudios de cargas y la revisión institucional para la ampliación de plantas y la formalización definitiva. “Estos avances representan una clara diferencia con las anteriores administraciones que poco hicieron para resolver la situación de 17.000 trabajadores y trabajadoras de salud vinculadas mediante ordenes de prestación de servicios sin ningún tipo de garantías”, afirmó el concejal del Polo.

Además del seguimiento al proceso de formalización, se hará acompañamiento desde el Concejo de Bogotá a la actualización de la “Política Pública de Trabajo Decente y Digno”, tal como está dispuesto en el PDD. En el proceso, se contará con la presencia de las organizaciones sindicales del Distrito y la Centrales Obreras.

El concejal Manuel Sarmiento concluyó: “Desde el Concejo de Bogotá estaremos prestos y atentos para sacar adelante este compromiso, por ello se han creado dos comisiones accidentales para trabajar en conjunto con la Administración Distrital y avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos laborales de miles de trabajadores y trabajadoras

Consejo de Estado niega recurso del ICETEX y ordena darle continuidad a la demanda del Concejal Sarmiento contra la capitalización de intereses

Consejo de Estado niega recurso del ICETEX y ordena darle continuidad a la demanda del Concejal Sarmiento contra la capitalización de intereses

El ICETEX no debe funcionar con la lógica de un banco privado.

El pasado 11 de junio la Sala Plena de la Sección Primera del Consejo de Estado negó el recurso con el que el ICETEX intentó frenar la demanda del concejal Manuel Sarmiento contra la práctica de esta entidad de cobrarles a los estudiantes intereses sobre intereses, más conocida como capitalización de intereses.

El Consejo de Estado rechazó los argumentos del ICETEX y señaló que la demanda del concejal Sarmiento cumple con los requisitos legales dado que explica cuáles son las normas constitucionales que la entidad está violando y las razones de esta violación, pues la demanda aduce que la capitalización de intereses establecida para los créditos educativos de fomento acrecienta de forma desproporcionada la deuda de los estudiantes, violando las disposiciones constitucionales y el derecho fundamental a la educación superior.

Es una buena noticia que no le haya prosperado el recurso de súplica al ICETEX, con lo cual se demuestra una vez más que sí señale las normas que consideraba vulneradas y el concepto de la violación. Espero que el Consejo de Estado continúe con el trámite del presente medio de control de nulidad por inconstitucionalidad con celeridad.” Concluyó Sarmiento.

Con esta decisión se deberá reanudar la audiencia que está suspendida desde enero de 2019 para continuar con la etapa final del proceso judicial.

22 de julio de 2020

Concejal Sarmiento solicita la suspensión del proyecto de renovación urbana en el barrio El Rosario

Concejal Sarmiento solicita la suspensión del proyecto de renovación urbana en el barrio El Rosario

En razón a la nula socialización que ha tenido este proyecto y ante la incertidumbre que tiene la comunidad afectada sobre sus implicaciones, el concejal Sarmiento solicito a la ERU la suspensión inmediata de su ejecución.

A través de una carta dirigida a la gerente de la Empresa de Renovación Urbana, el concejal Manuel Sarmiento manifestó su inconformidad con la realización de este proyecto de Renovación Urbana, del que no se conoce absolutamente ningún detalle y que no fue presentado ni discutido con la comunidad que eventualmente será víctima de los procesos de expropiación que se adelantarán para su ejecución.

Nos encontramos ante uno de esos proyectos inmobiliarios que dejó aprobado el ex alcalde Enrique Peñalosa, que implican el desplazamiento forzado de los residentes originarios de barrios residenciales y sobre cuya viabilidad técnica y jurídica hay total incertidumbre. Es increíble que en el Proyecto de Renovación Urbana del Barrio El Rosario la comunidad se enteré por una llamada telefónica de que será objeto de un censo que servirá para adelantar futuros procesos de expropiación por vía administrativa”, señalo el cabildante.

A través de dicha comunicación, se solicitó que de manera inmediata se suspendiera la ejecución de este proyecto inmobiliario y del censo que está programado para el fin de semana, hasta tanto no se constituya una mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, la ERU, el promotor privado del proyecto y la comunidad.

Aquí puede consultar el texto de la carta

 

Petro y Peñalosa tienen una responsabilidad política por la corrupción en la Universidad Distrital

Petro y Peñalosa tienen una responsabilidad política por la corrupción en la Universidad Distrital

Con fundamento en las actuaciones y omisiones de los exalcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, el concejal Manuel Sarmiento los acusó de tener una gran responsabilidad política en la corrupción de la Universidad Distrital.

Con las actas del Consejo Superior Universitario, el Concejal demostró la muy negligente actitud del senador Gustavo Petro, quien como Alcalde Mayor presidía el CSU pero solo asistió a 9 de las 101 sesiones. “Quien posa de gran defensor de la UD no quiso ejercer sus funciones como Presidente del máximo órgano de decisión de la universidad”, cuestionó Sarmiento.

En el año 2012 Wilman Muñoz, condenado por la corrupción en la Universidad Distrital, fue nombrado como Director del Instituto de Extensión. En agosto de 2013, el CSU aprobó una reforma que reestructuró el Instituto y que le dio superpoderes y un cheque en blanco al corrupto de Wilman Muñoz y que le permitió robarse más de $12.000 millones. En ese momento, Petro era el Presidente del Consejo Superior, pero no quiso ir a la reunión y delegó en su Secretario de Educación, Oscar Sánchez. Sin embargo, Sánchez llegó tarde a la reunión y no estuvo presente en la discusión de la reforma.

“¿Por qué Petro, que posa de ser un gran defensor de la Universidad Distrital, no asistió a una reunión en la que se discutiría una reforma de estas dimensiones?”, cuestionó el concejal Sarmiento, quien resaltó que los integrantes del CSU no solo sabían el alcance de la propuesta, sino que en las anteriores reuniones habían conocidos denuncias sobre irregularidades en el Instituto. “Petro fue negligente y por eso le cabe una responsabilidad política por lo sucedido”, señaló el cabildante.

Al también exalcalde Enrique Peñalosa y a María Victoria Angulo, secretaria de educación del momento y actual Ministra de Educación de Duque, también les cabe una responsabilidad política. Con las actas del CSU, Sarmiento demostró que Peñalosa se desentendió de la Universidad y no asistió ni a una sesión y, durante esa administración, hubo solicitudes de varios miembros del Consejo Superior para aclarar la situación de los recursos del Instituto, sin que Peñalosa y su delegado tomaran acciones efectivas para investigar las denuncias.

El actual rector Ricardo García tampoco se salva. Tuvo a William Muñoz más de un año en el cargo sin que se investigaran las graves denuncias que ya existían. Además, no son satisfactorias sus explicaciones de la reunión que sostuvo con Muñoz en un prostíbulo”.

A la grave corrupción en la Universidad Distrital, se suma una política educativa aplicada desde hace cerca de 30 años que ha desfinanciado a las universidades públicas. De acuerdo con el concejal Manuel Sarmiento, la Universidad tiene un déficit de infraestructura que equivale por lo menos a 6 estadios El Campín y antes de construir más facultades toca reducir el hacinamiento que padecen los estudiantes. Además, hay un docente de planta por cada 43 estudiantes, superando el parámetro que consiste en 1 docente de planta por cada 25 estudiantes, y el déficit financiero para el 2020 es mayor a los $88 mil millones.

Sarmiento explicó que este es el resultado de la política neoliberal de descargar sobre las entidades territoriales la financiación a las Instituciones de Educación Superior y que se manifiesta en la ampliación de la brecha entre las transferencias de la nación y del distrito a la Universidad. En los últimos años, las transferencias del Distrito han sido nueve veces mayor que lo destinado por la Nación, mientras que el Gobierno Nacional tiene el mayor poder económico. Esta desfinanciación ha hecho que la universidad dependa cada vez más de sus propios ingresos, lo que se agrava por la decisión del peñalosismo de reducir la estampilla en la pasada administración.

Ante la gravedad de los hechos denunciados en el debate de control político, Sarmiento manifestó “los ex alcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa deben responder políticamente por los hechos de corrupción presentados en la Universidad durante sus administraciones y deben explicar por qué fueron negligentes ante las alertas”.

Debe atenderse el llamado de los internistas de aumentar la planta de personal médica en el Hospital San Blas

Debe atenderse el llamado de los internistas de aumentar la planta de personal médica en el Hospital San Blas

Bogotá, 15 de julio  de 2020

 

Señora
Claudia Ardila
GERENTE SUBRED CENTRO – ORIENTE
SUBRED CENTRO – ORIENTE
BOGOTÁ

 

Ref.: Debe atenderse el llamado de los internistas de aumentar la planta de personal médica en el Hospital San Blas

 

El Hospital San Blas fue seleccionado por la Administración Distrital como un centro hospitalario exclusivo para la atención de pacientes con sospecha o positivos para COVID-19. La SubRed Sur – Oriente se comprometió con los trabajadores de la institución a la ampliación de la capacidad hospitalaria y del personal de salud. Sin embargo, los médicos internistas han denunciado la falta de personal y la sobrecarga laboral a la que se ven expuestos. La institución, adicionalmente, carece de los elementos de protección para todo el personal, y de los insumos necesarios para garantizar una buena atención a los pacientes.

En una carta enviada por un grupo de médicos internistas del hospital San Blas a la directora de la Subred Centro – Oriente expresaron, de manera enfática, que una forma correcta de resolver estas problemáticas es reducir el déficit de la atención, es decir, contratar una mayor cantidad de especialistas que garanticen una atención segura, oportuna y de alta calidad.

Los problemas de falta de personal médico en la institución no son nuevos. Durante la administración de Enrique Peñalosa visité el hospital en reiteradas oportunidades y constanté los problemas de falta de personal, insumos y hacinamiento. Situaciones que denuncié en distintas intervenciones en el Cabildo Distrital. Esta situación no debe repetirse en la actual administración. Por lo tanto, le solicito atender la petición de los médicos internistas de la institución y se establezca un plan de acción claro para garantiza unas condiciones laborales y de bioseguridad adecuadas.

Finalmente, le solicito remitir copia del Plan de Expansión de la institución, así como, su cronograma de implementación.

 

 

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá

 

Concejales solicitan la suspensión de las obras en el Humedal Juan Amarillo

Concejales solicitan la suspensión de las obras en el Humedal Juan Amarillo

Luego de conocerse la decisión de la Secretaría de Ambiente de iniciar un proceso sancionatorio contra las obras que se adelantan dentro del humedal, concejales del Polo y el Parito Verde solicitaron acompañar esa medida con la suspensión provisional de las obras.

Los concejales Manuel Sarmiento, Celio Nieves, Carlos Carrillo y María Fernanda Rojas le enviaron solicitud formal a la Secretaria de Ambiente con el propósito de que se suspendan las obras en el humedal Juan Amarillo.

Dichas obras fueron contratadas por la administración de Enrique Peñalosa y son abiertamente ilegales dado que violan el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y desconocen la sentencia expedida recientemente por el Juez 4 Administrativo a través de la cual se declaró la nulidad del decreto 565 de 2017 con el que la pasada administración modificó la Política Distrital de Humedales permitiendo el endurecimiento de estos ecosistemas estratégicos para la ciudad.

En el caso particular del humedal Juan Amarillo, las obras que se construyen buscan desarrollar un proyecto de movilidad con puentes y ciclorrutas por los que se proyecta el tránsito de cerca de 21 mil personas diarias, causando así perjuicios irremediables para este componente de la Estructura Ecológica Principal.

Por esta razón, y de acuerdo con contemplado la Ley 1333 de 2009, los concejales solicitaron que se decrete la suspensión inmediata de las obras como medida preventiva para evitar daños irreparables.

Aquí puede consultar el texto de la carta:

Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos.

Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento.

A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”.

Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente.

Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde.

Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.

En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores

En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores

Señora

ANA MARÍA RUIZ

Gerente

CANAL CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 – 63, piso 5

gerencia@canalcapital.gov.co

Ciudad

 

Asunto: En medio de la pandemia, la gerencia de Canal Capital debe respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores.

 

Atento saludo,

El pasado 15 de mayo le envié una comunicación solicitándole medidas para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores de Canal Capital vinculados desde hace varios años a través de contratos de prestación de servicios, una de las formas más precarias de vinculación laboral. Aunque comparto la necesidad de retomar la vocación cultural y pedagógica de la televisión pública, mi cuestionamiento se dirige hacia la falta de información precisa sobre el estado de la contratación de las personas que durante años han cumplido satisfactoriamente labores relacionadas con la producción de contenidos audiovisuales en el canal público de Bogotá.

En su respuesta, usted no aclara qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos se vencen en julio ni lo que sucedió con aquellas personas cuyos contratos terminaron en mayo y junio. Por lo anterior, debo insistirle en las siguientes preguntas:

  1. ¿Cuántos trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios tenía Canal Capital con corte a las siguientes fechas: i) 31 de diciembre de 2019; ii) 31 de enero de 2020; iii) 29 de febrero de 2020; iii) 31 de marzo de 2020; iv) 30 de abril de 2020; v) 31 de mayo de 2020; y, vi) 25 de junio de 2020?
  2. Si el número de trabajadores vinculados a través de contratos de prestación de servicios ha disminuido en cada uno de los meses de este año, favor explicar en detalle las razones de esta disminución.
  3. Favor informar cuántos contratos de prestación de servicios se han vencido este año y cuántos se han prorrogado o extendido.
  4. ¿Qué va a suceder con los trabajadores cuyos contratos de prestación de servicio se vencen en el mes de julio?
  5. ¿Cuántos y qué objeto tienen los contratos vigentes hasta los meses de junio, julio y agosto de 2020?

Por otro lado, el Canal ha hecho públicas dos convocatorias: BOGOTA GLOCAL Y PANDEMIA, para las que se destinan 3.674 millones de pesos a 8 proyectos para “contratar el diseño, producción y circulación de proyectos temáticos para la vigencia 2020”. Según las fichas técnicas, el equipo humano de cada proyecto debe contar con entre 10 y 20 cargos que estén relacionados con la producción de contenido audiovisual. En mi carta también señalo que a más de 100 personas se les vencería el contrato en el mes de julio, así como sucesivamente se les habría vencido a más de 11 personas en los meses de mayo y lo que lleva de junio. Por lo anterior, le pregunto:

¿Cuáles son las razones por las que los contratistas históricos del canal, algunos con más de 15 años de trayectoria en la entidad, no son los llamados a producir estos contenidos, y por qué se acude a productoras externas para la elaboración de contenidos que podrían producirse como propios, circunstancia esta última, con la que el Canal correspondería a la necesidad vital de ser una entidad que, en medio de esta coyuntura, podría continuar siendo demandante de empleos de tiempo completo y de calidad?

La creación de contenidos informativos, educativos, culturales y de formación ciudadana, es y debe seguir siendo la misionalidad de la televisión pública. Sin embargo, insistir en tercerizar su producción, va en contravía de garantizar las condiciones laborales mínimas de las personas que trabajan en la industria audiovisual y es por ello que reitero y amplío mi preocupación.

Canal Capital debe acudir a las medidas necesarias para asegurar que sus trabajadores tengan derecho a la estabilidad laboral, y por ello espero se resuelvan de manera oportuna estos cuestionamientos.

Atentamente,

 

MANUEL SARMIENTO 

Concejal de Bogotá

Polo Democrático Alternativo