Doctor
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
Secretario de Despacho
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Doctora
MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria de Despacho
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

Asunto: Se debe instalar la mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector salud.

Atento saludo,

Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud ha manifestado su negativa a instalar una mesa de negociación sectorial con las organizaciones sindicales del sector, nos permitimos precisar algunos aspectos y manifestar nuestro desacuerdo con esta decisión que es contraria a los principios y normas que protegen el derecho a la negociación colectiva.

De acuerdo con el artículo 7º del Decreto 160 de 2014, uno de los ámbitos de negociación a los que tienen derecho las organizaciones sindicales de empleados públicos es el que la norma denomina “singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio.” (subrayado fuera del texto). Por lo tanto, los sindicatos del sector pueden presentar solicitudes “de contenido particular” a cada una de las subredes, pero también al Distrito representado por la Secretaría de Salud, que es precisamente el propósito de la mesa sectorial. No se debe pasar por alto que esta mesa se instaló y funcionó en las negociaciones de los años 2016, 2017 y 2018.

De igual manera, se deben tener en cuenta los pactos suscritos por la alcaldesa Claudia López con organizaciones de empleados y trabajadores, acuerdos en los que la mandataria se comprometió a garantizar “los derechos democráticos de los trabajadores consignados en la Constitución Política, la Ley, Convenios de la OIT suscritos por Colombia y los acuerdos laborales”, lo que incluye el derecho fundamental a la negociación colectiva.

Independientemente de la denominación de la mesa de negociación, a las organizaciones sindicales les cabe la razón en la exigencia de ser atendidos por la Secretaría Distrital de Salud en una mesa específica. Por lo anterior, les solicitamos tomar todas las medidas necesarias para adelantar este procedimiento y garantizar los derechos de las organizaciones sindicales.

Por lo expuesto, les manifestamos que esta decisión es contraria a los principios y normas que protegen el derecho a la negociación colectiva, teniendo en cuenta que estas es considerada como un derecho fundamental, derecho que se recoge explícitamente en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y reafirmado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T.248 de 2014 que dispone “(…) En principio, el derecho a la negociación colectiva no es considerado un derecho fundamental y por ende no es amparable a través de la acción de tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que podrá adquirir este carácter, “cuando su vulneración implica la amenaza del derecho al trabajo o el de asociación sindical”. La negociación colectiva representa el mecanismo idóneo para llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador para optimizar las condiciones laborales a las que se encuentran sometidos, evitando recurrir a un escenario judicial requiriendo a un tercero para que dirima el conflicto. Resulta ser una garantía indispensable para las organizaciones sindicales, dado que de no tener la posibilidad de llegar a acuerdos con su empleador los fines de la agrupación resultarían frustrados”.

También es importante que se instale una mesa permanente con las organizaciones sindicales desde la que se haga un seguimiento constante a la situación del personal de la salud en medio de la pandemia por el Covid-19. Es fundamental que la primera línea de atención cuente con absolutamente todas las medidas de bioseguridad, que se tenga en cuenta la situación a la que se enfrentan en esta pandemia 8 de cada 10 trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios y que la administración conozca y dé respuesta a los interrogantes y observaciones de sus organizaciones.

En ese sentido, manifestamos nuestra voluntad por acompañar el desarrollo de este proceso de diálogo, ser garantes de su vocación constructiva y avanzar con ello la profundización de la democracia en la ciudad.

Le solicitamos finalmente nos responda de fondo esta carta, en virtud del artículo 58 del Acuerdo 741 de 2019 que dispone “Sin perjuicio de los informes periódicos establecidos en el presente Reglamento, el Concejo de Bogotá, D.C., o cualquiera de sus miembros podrá solicitar los informes que estime convenientes a la Administración Distrital, al Personero, al Veedor, al Contralor, al Auditor Fiscal ante la Contraloría y Alcaldes Locales del Distrito. Dichos informes estarán ajustados a las disposiciones del Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993 y a las demás normas vigentes para el Distrito Capital.”

Atentamente,

MANUEL SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

ALVARO ARGOTE MUÑOZ
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

CELIO NIEVES HERRERA
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

CARLOS CARRILLO
Concejal de Bogotá
Polo Democrático Alternativo

DIEGO LASERNA
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

MARTÍN RIVERA ALZATE
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

LUIS CARLOS LEAL
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde

El exalcalde Peñalosa y el exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, intentaron en varias oportunidades que la Superintendencia de Salud levantara la medida de seguimiento especial sobre Capital Salud argumentando, entre otras cosas, que la EPS había logrado históricas utilidades en 2017 ($47.000 millones) y 2018 ($103.000 millones). Sin embargo, la entidad se negó a la levantar la medida con argumentos que confirman las denuncias que ha hecho el concejal Manuel Sarmiento sobre la manipulación de la realidad financiera de Capital Salud.

En diciembre de 2019, la Superintendencia no aceptó los argumentos de la Secretaría de Salud y prorrogar la medida de vigilancia especial impuesta en 2015 por las inconsistencias de los estados financieros de Capital Salud, los cuales no fueron aprobados por la revisoría fiscal en los años 2016, 2017 y 2018. De acuerdo con la Resolución 10309 de 2019, “para esta Superintendencia la reiterada opinión negativa proferida por parte de los revisores fiscales respecto de los estados financieros con corte a diciembre de 2016, 2017 y 2018 se constituye como un factor determinante para concluir que la entidad no ha logrado superar las deficiencias financieras que ha venido presentando en los últimos cuatro (4) años“.

La más reciente decisión de la Superintendencia sobre Capital Salud reitera los problemas identificados en los estados financieros. A pesar de que la Resolución 994 de 2020 levantó la restricción para realizar nuevas afiliaciones, mantuvo la prórroga de la medida especial de vigilancia por tres meses. La Supersalud afirmó que “las pérdidas acumuladas que viene asumiendo Capital Salud EPS-S SAS son un factor determinante en el detrimento de su Patrimonio; afectando de la misma forma los Resultados del Ejercicio, que para los 5 periodos evaluados (octubre de 2015, diciembre de 2016, 2017 y 2018 y noviembre de 2019), 3 periodos han generado PÉRDIDAS”, y agregó que las utilidades de 2018 se deben a ingresos no operacionales originados en la liberación de reservas técnicas bajo una metodología contable que no ha sido verificada.

El debate sobre los estados financieros de Capital Salud se remonta a junio de 2018 cuando el concejal Manuel Sarmiento denunció a Peñalosa y Morales por engañar a la opinión pública mostrando un nivel de utilidades de la EPS que no correspondían con su realidad financiera. A pesar de que el exfuncionario no tuvo éxito en la tutela que interpuso para que el cabildante se retractara, Morales sigue defendiendo los resultados financieros de la EPS. Sin embargo, los recientes pronunciamientos de la Superintendencia de Salud confirman las graves denuncias hechas por el concejal del Polo.

 Al celebrar el levantamiento de la restricción para afiliar nuevos usuarios, la alcaldesa Claudia López resaltó que este paso se pudo dar porque la nueva administración sinceró los estados financieros, afirmación que ratifica los problemas generados por una tergiversación de los resultados contables de la EPS.

“Las recientes decisiones de la Superintendencia de Salud confirman la manipulación de los estados financieros y las mentiras del Peñalosa y Morales. Es bueno que la administración de Claudia López haya mostrado la realidad financiera de la EPS, como ella lo explicó. Ahora el reto es fortalecer la entidad para ponerla al servicio de los usuarios”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento.

Doctor

LUIS GONZALO MORALES

Secretaría Distrital de Salud

Carrera 32 No. 12 – 81

Ciudad

Ref.: Se debe pagar de manera inmediata y completa los salarios correspondientes al mes de noviembre de los trabajadores de los hospitales públicos vinculados a través de órdenes de prestación de servicios.

Atento saludo,

En los últimos días he recibido varias denuncias sobre el incumplimiento en el pago de los salarios de los trabajadores de los hospitales públicos vinculados mediante órdenes de prestación de servicios.

Según las denuncias, a los contratistas les han informado que les pagarán por partes durante el mes de diciembre, lo que se traduce en un deterioro de las condiciones laborales y de la calidad de vida de quienes prestan los servicios de salud en la red pública del Distrito.

Estos incumplimientos reflejan un desprecio de la administración del alcalde Peñalosa frente a la relevancia que se le debe dar a las condiciones laborales dignas de los trabajadores del sector.

Los trabajadores del sector salud de la red pública hospitalaria merecen condiciones de trabajo dignas, las cuales se ven afectadas con el retraso en sus pagos pues, como usted bien lo conoce, la mayoría de estos trabajadores realizan actividades misionales y deberían tener un contrato diferente.

Por las anteriores razones y dada la gravedad de las denuncias, le solicito pagar de manera inmediata y completa los honorarios correspondientes al mes de noviembre de los y las contratistas de la red pública hospitalaria de Bogotá.

Cordialmente,