No se puede exigir a las personas entregar sus inmuebles y hacer los trámites para adquirir un nuevo predio en medio del pico más alto de contagio

Durante la sesión de la Comisión Accidental creada por Concejo de Bogotá para hacerle seguimiento a la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, el concejal Manuel Sarmiento manifestó serios cuestionamientos a los precios ofertados por el IDU para adquirir los predios que se requieren para el proyecto. De acuerdo con el cabildante, la entidad está utilizando un método de avalúo contrario a las normas que regulan la materia y que reduciría en importantes proporciones el valor de los predios.

La Resolución 620 de 2008 del Instituto Agustín Codazzi establece que en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación las entidades públicas deben pagar el valor comercial de los predios aplicando el método comparativo o de mercado, que consiste en identificar el precio del metro cuadrado al que se venden predios similares en zona parecidas al del inmueble.

Para el caso de la 68, el IDU está aplicando el método comparativo sólo para avaluar el precio del lote, pero para el área construida está usando el método de costo de reposición, el cual fija precios inferiores a los del mercado inmobiliario. “El IDU no pudo dar explicaciones satisfactorias frente a la aplicación de un método de reposición que sólo reconoce los costos de los materiales y la obra, y que según la resolución 620 de 2008 del Instituto Agustín Codazzi opera únicamente cuando los bienes valuados no son comparables en el mercado, como son los casos de estadios o clínicas. No existen soportes legales y técnicos de esa determinación, que hace que los propietarios estén recibiendo un menor valor por sus predios”, comentó el concejal Sarmiento.

Sumado a lo anterior, en la reunión de la Comisión Accidental, los vecinos de las Av. 68 advirtieron que en la actual crisis es casi imposible realizar los trámites para adquirir un inmueble en otra zona de la ciudad, por lo que solicitaron la suspensión del proceso. “Los propietarios tienen toda la razón, es absurdo que el IDU los haga salir de sus viviendas en medio de la grave crisis del Covid-19. Muchos de ellos son adultos mayores que se exponen a altos riesgos de contagio”, puntualizó Sarmiento. Por lo anterior, el concejal Manuel Sarmiento solicitó al IDU suspender el proceso de adquisición predial.

Señor
NICOLÁS ESTUPIÑÁN
Secretario
Secretaría Distrital de Movilidad
Ciudad

Señor
FELIPE RAMÍREZ
Gerente General
Transmilenio S.A.
Ciudad

Asunto:     Se deben atender las solicitudes de los pequeños transportadores de Bogotá.

Atento saludo,

Los pequeños propietarios de los buses que operan en el SITP provisional han manifestado su preocupación por el incumplimiento de las disposiciones que se han adoptado para mitigar la crisis económica que enfrentan debido a las restricciones impuestas para contener la pandemia.

Para mejorar la situación de liquidez de los pequeños transportadores, es necesario que la Secretaría de Movilidad cumpla con el compromiso que asumió en las mesas de trabajo de expedir una circular que precise la obligación de las empresas del TPC de cumplir con la devolución del 85% de los aportes que los propietarios han hecho al fondo de reposición, tal y como lo dispone el Decreto 575 de 2020.

Por otro lado, la Secretaría debe revisar los cobros que realizan las empresas del SITP provisional y vigilar que no se cometan abusos contra los propietarios de los vehículos. Además, es necesario garantizar que los concesionarios del Subsistema Zonal cumplan con los pagos por concepto de rentas y compras de vehículos, pues continúan las denuncias aún después de la firma del otro sí estructural que les mejoró su remuneración.

Finalmente, en las mesas de trabajo los pequeños propietarios han solicitado un trato igualitario al de los concesionarios de Transmilenio que sí tienen garantizada la remuneración de sus costos de operación. Lamentablemente la respuesta del Ministerio de Transporte es descargar la crisis en los empobrecidos ingresos de los pequeños propietarios y delegar la responsabilidad en el Distrito. Por lo tanto, les solicitó me presenten el diagnóstico financiero del sistema provisional, los montos de auxilio que se requieren y el plan de acción para garantizar la cofinanciación del Gobierno Nacional.

En razón de los expuesto y la importancia del sector hemos solicitado conjuntamente con los concejales María Fernanda Rojas, Gloria Elsy Díaz y Emel Rojas Castillo la constitución de la Comisión Accidental del SITP para la vigilancia y control político del servicio.

Agradezco la atención prestada y quedo en espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2020

Doctora
CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa Mayor
Bogotá D.C.

Ref.:                En medio de la crisis del Covid-19, los operadores privados de Transmilenio no pueden seguir esquilmando las finanzas del Distrito.

Cordial saludo,

De acuerdo con el informe presentado por el Secretario de Hacienda al Concejo de Bogotá, debido a la crisis del Covid-19 cada mes que dure el aislamiento social el Distrito tendría que girarles $140.000 millones de pesos adicionales a los operadores privados de Transmilenio y el SITP, suma con la que se podrían financiar 320 mil subsidios para garantizar el derecho a la alimentación de las familias pobres o 1.200 camas en unidades de cuidados intensivos. Aunque el Secretario no dio detalles, todo indica que estos cuantiosos recursos se requieren para cumplir con la remuneración esperada por los operadores del sistema ante la reducción de los ingresos por tarifas debido a la caída de la demanda a la que conlleva una cuarentena general.

Sería inaudito que mientras la inmensa mayoría de personas y empresas sufren una drástica reducción de sus ingresos, y en medio de la imperiosa necesidad de aumentar el gasto público para fortalecer el sistema de salud y la inversión social, una suma importante del presupuesto del Distrito se destine a asegurarles las ganancias a los operadores privados del sistema de transporte. Durante cerca de 20 años los concesionarios de Transmilenio han disfrutado de un negocio extremadamente rentable, con utilidades netas acumuladas que superan los $700 mil millones de pesos, por lo que la ciudad no puede garantizarles tasas de rentabilidad del orden del 9% a costa de mermar los recursos necesarios para la atención de la pandemia.

No se debe pasar por alto las gigantescas ganancias de operadores como la multinacional francesa Veolia, que acaba de declarar utilidades por 872 millones de euros en 2019 o de su socio Fanalca que opera sistemas en varios países y que en 2018 tuvo ingresos cercanos a los 2 billones de pesos en el conjunto conglomerado de todos sus negocios. E igualmente de los consentidos de las últimas administraciones, con prórrogas laxas y generosas licitaciones, como los grupos económicos Transmasivo y SI 99, que además funcionan en varias ciudades y con posición dominante en algunas de ellas. Se trata de exigirles que ahora que Bogotá está en dificultades sacrifiquen en algo sus siempre desmedidas y desbordadas ambiciones.

Por lo anterior, es necesario revisar los contratos de concesión en el marco de la emergencia sanitaria, especialmente los de las fases I y II que dejó amarrados la administración de Enrique Peñalosa, pues es evidente que las condiciones en las que fueron suscritos se han alterado por completo por las medidas necesarias para evitar la acelerada propagación del COVID-19.

Siendo esta epidemia un acontecimiento extraordinario, imprevisto e imprevisible, no imputable al Distrito, se debe hacer uso de las facultades que le otorga la Ley 80 de 1993 a la administración para exigirle a los operadores de Transmilenio que se sienten a renegociar las obligaciones adquiridas para aliviar las cargas económicas del contrato que hoy generan unas cargas desproporcionadas en beneficio de los operadores privados y que perjudican a la ciudad. De no ser posible un acuerdo entre las partes, es posible y necesario modificar los contratos de manera unilateral.

Adicional a lo establecido, es importante reseñar que instituciones de crédito como el banco francés PNB Paribas, que es el principal acreedor de los operadores de las fases I y II, anunció públicamente que ofreció un plan de alivio a sus deudores con “la máxima flexibilidad y soluciones excepcionales durante la crisis”. Por lo tanto, los canales de renegociación están dados si los concesionarios deponen sus ganancias en función de la solidaridad con toda la ciudad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos su pronta respuesta,

MANUEL SARMIENTO
Concejal

ÁLVARO ARGOTE M.
Concejal

CELIO NIEVES HERRERA
Concejal

CARLOS CARRILLO ARENAS
Concejal