Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera

Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos.

Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento.

A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”.

Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente.

Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde.

Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.

El IDU debe suspender el proceso de adquisición de predios para la construcción de la troncal de la AV. 68: concejal Manuel Sarmiento

El IDU debe suspender el proceso de adquisición de predios para la construcción de la troncal de la AV. 68: concejal Manuel Sarmiento

No se puede exigir a las personas entregar sus inmuebles y hacer los trámites para adquirir un nuevo predio en medio del pico más alto de contagio

Durante la sesión de la Comisión Accidental creada por Concejo de Bogotá para hacerle seguimiento a la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, el concejal Manuel Sarmiento manifestó serios cuestionamientos a los precios ofertados por el IDU para adquirir los predios que se requieren para el proyecto. De acuerdo con el cabildante, la entidad está utilizando un método de avalúo contrario a las normas que regulan la materia y que reduciría en importantes proporciones el valor de los predios.

La Resolución 620 de 2008 del Instituto Agustín Codazzi establece que en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación las entidades públicas deben pagar el valor comercial de los predios aplicando el método comparativo o de mercado, que consiste en identificar el precio del metro cuadrado al que se venden predios similares en zona parecidas al del inmueble.

Para el caso de la 68, el IDU está aplicando el método comparativo sólo para avaluar el precio del lote, pero para el área construida está usando el método de costo de reposición, el cual fija precios inferiores a los del mercado inmobiliario. “El IDU no pudo dar explicaciones satisfactorias frente a la aplicación de un método de reposición que sólo reconoce los costos de los materiales y la obra, y que según la resolución 620 de 2008 del Instituto Agustín Codazzi opera únicamente cuando los bienes valuados no son comparables en el mercado, como son los casos de estadios o clínicas. No existen soportes legales y técnicos de esa determinación, que hace que los propietarios estén recibiendo un menor valor por sus predios”, comentó el concejal Sarmiento.

Sumado a lo anterior, en la reunión de la Comisión Accidental, los vecinos de las Av. 68 advirtieron que en la actual crisis es casi imposible realizar los trámites para adquirir un inmueble en otra zona de la ciudad, por lo que solicitaron la suspensión del proceso. “Los propietarios tienen toda la razón, es absurdo que el IDU los haga salir de sus viviendas en medio de la grave crisis del Covid-19. Muchos de ellos son adultos mayores que se exponen a altos riesgos de contagio”, puntualizó Sarmiento. Por lo anterior, el concejal Manuel Sarmiento solicitó al IDU suspender el proceso de adquisición predial.

Se deben atender las solicitudes de los pequeños transportadores de Bogotá

Se deben atender las solicitudes de los pequeños transportadores de Bogotá

Señor
NICOLÁS ESTUPIÑÁN
Secretario
Secretaría Distrital de Movilidad
Ciudad

Señor
FELIPE RAMÍREZ
Gerente General
Transmilenio S.A.
Ciudad

 

Asunto:     Se deben atender las solicitudes de los pequeños transportadores de Bogotá.

 

Atento saludo,

 

Los pequeños propietarios de los buses que operan en el SITP provisional han manifestado su preocupación por el incumplimiento de las disposiciones que se han adoptado para mitigar la crisis económica que enfrentan debido a las restricciones impuestas para contener la pandemia.

Para mejorar la situación de liquidez de los pequeños transportadores, es necesario que la Secretaría de Movilidad cumpla con el compromiso que asumió en las mesas de trabajo de expedir una circular que precise la obligación de las empresas del TPC de cumplir con la devolución del 85% de los aportes que los propietarios han hecho al fondo de reposición, tal y como lo dispone el Decreto 575 de 2020.

Por otro lado, la Secretaría debe revisar los cobros que realizan las empresas del SITP provisional y vigilar que no se cometan abusos contra los propietarios de los vehículos. Además, es necesario garantizar que los concesionarios del Subsistema Zonal cumplan con los pagos por concepto de rentas y compras de vehículos, pues continúan las denuncias aún después de la firma del otro sí estructural que les mejoró su remuneración.

Finalmente, en las mesas de trabajo los pequeños propietarios han solicitado un trato igualitario al de los concesionarios de Transmilenio que sí tienen garantizada la remuneración de sus costos de operación. Lamentablemente la respuesta del Ministerio de Transporte es descargar la crisis en los empobrecidos ingresos de los pequeños propietarios y delegar la responsabilidad en el Distrito. Por lo tanto, les solicitó me presenten el diagnóstico financiero del sistema provisional, los montos de auxilio que se requieren y el plan de acción para garantizar la cofinanciación del Gobierno Nacional.

En razón de los expuesto y la importancia del sector hemos solicitado conjuntamente con los concejales María Fernanda Rojas, Gloria Elsy Díaz y Emel Rojas Castillo la constitución de la Comisión Accidental del SITP para la vigilancia y control político del servicio.

Agradezco la atención prestada y quedo en espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

 

MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO
Concejal de Bogotá

 

 

Se deben atender los justos reclamos de los  pequeños transportadores

Se deben atender los justos reclamos de los pequeños transportadores

El Distrito debe establecer medidas de mitigación que impidan su quiebra.

Los pequeños propietarios de buses y busetas se movilizaron esta mañana para reclamar por la falta de atención a las difíciles condiciones que enfrentan producto de la pandemia. Además de que representa el 6% de los viajes de la ciudad, la continuidad del servicio que prestan les permite, principalmente, a los estratos 1, 2 y 3 transportarse. La medida necesaria de operar al 30% y de prolongar algunas de sus rutas debe estar acompañada de compensaciones del Distrito que impidan que caigan en la quiebra, razón por la cual, el pasado 27 de abril envié una comunicación oficial a la Secretaría de Movilidad solicitando una mesa de trabajo con representantes de los pequeños propietarios para analizar la situación y tomar las medidas para amortiguar el impacto económico, comunicación de la que no he recibido respuesta.

El gremio comprende la necesidad de modificar las condiciones en las que se presta el servicio público, pero ante las circunstancias, no pueden ser ellos quienes, solitariamente, asuman la carga de las medidas. Es un pésimo mensaje para la ciudad que se subsidie a los poderosos operadores de Transmilenio mientras conductores y propietarios de buses y busetas de la ciudad comienzan a quedarse sin el sustento mínimo.

Para ajustarse a la situación provocada por la pandemia, los pequeños transportadores de Bogotá han propuesto: (i) Un Plan de bioseguridad que incluya: capacitaciones virtuales a conductores, elementos básicos de protección y desinfección, canales de consulta sobre situaciones de exposición de conductores y pasajeros. (ii) Revisión de los costos operativos del servicio que garanticen que no se preste a pérdida o compensaciones en caso de que se requiera. Es prioritario garantizar los salarios, combustible y elementos de desinfección para la prestación del servicio en condiciones de sanidad. (iii) Exoneración de pagos a fondos compensatorios y liberación de los mismos para solventar la merma de ingresos producto de la crisis.

Por lo anterior, y ante las difíciles condiciones que los llevan a protestar en el marco de las medidas de aislamiento, reitero mi llamado a establecer medidas para mitigar su crisis y garantizar el servicio a la ciudad.

Plan de Desarrollo de Claudia López propone un operador público para TransMilenio

Plan de Desarrollo de Claudia López propone un operador público para TransMilenio

Boletín de prensa – 2 de mayo 2020 – oficina del concejal Manuel Sarmiento

Como un acierto calificó el concejal Manuel Sarmiento la propuesta incluida en el Plan de Dearrollo de Claudia López de implementar un operador público para el sistema de transporte de Bogotá. “Es notorio el fracaso del modelo de privatización del transporte de Peñalosa en su primer gobierno y profundizado por los gobiernos de los ultimos 15 años. Crear un operador público es una propuesta acertada de Claudia López y un primer paso para darle prioridad a los usuarios por encima de la codicia de un oligopolio privado que se apoderó del transporte público de Bogotá”, declaró el concejal del Polo.

Se trata del artículo 88 del proyecto de Plan de Desarrollo que autoriza al gobierno distrital a crear un operador para la prestación del servicio público de transporte masivo en la ciudad, modelo que funciona en ciudades como Nueva York, Ciudad de México y Medellín. “Se trata de un cambio sustancial en el modelo que Peñalosa impuso hace casi 30 años y que privilegia la codicia de conglomerados privados que se lucran con un servicio costoso y de pésima calidad, modelo que fue ampliado por las últimas administraciones, incluida la de Gustavo Petro”, señaló Sarmiento. De acuerdo con el concejal del Polo, esta medida reduciría los costos del sistema en la medida en que no se les tendrían que reconocer altas tasas de ganancia a los operadores privados, además de mejorar la calidad del servicio. A esto se suma que el distrito podrá identificar los verdaderos costos del sistema y confrontarlo con los reportados por los operadores privados a Transmilenio.

Desde la pasada administración la bancada del Polo presentó en dos ocasiones el proyecto de acuerdo para permitir la operación pública de Transmilenio, propuesta que fue rechazada de plano por el peñalosismo en su apego al dogma neoliberal de la privatización. “En el transporte público se consolidó un oligopolio que impuso una política de alza de tarifas y de un servicio de pesima calidad, la operación pública es un paso fundamental para que la ciudad avance en un servicio de mejor calidad y de menores costos”, concluyó Manuel Sarmiento.

En medio de la crisis del Covid-19, los operadores privados de Transmilenio no pueden seguir esquilmando las finanzas del Distrito.

En medio de la crisis del Covid-19, los operadores privados de Transmilenio no pueden seguir esquilmando las finanzas del Distrito.

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2020

Doctora
CLAUDIA LÓPEZ
Alcaldesa Mayor
Bogotá D.C.

 

Ref.:                En medio de la crisis del Covid-19, los operadores privados de Transmilenio no pueden seguir esquilmando las finanzas del Distrito.

 

Cordial saludo,

De acuerdo con el informe presentado por el Secretario de Hacienda al Concejo de Bogotá, debido a la crisis del Covid-19 cada mes que dure el aislamiento social el Distrito tendría que girarles $140.000 millones de pesos adicionales a los operadores privados de Transmilenio y el SITP, suma con la que se podrían financiar 320 mil subsidios para garantizar el derecho a la alimentación de las familias pobres o 1.200 camas en unidades de cuidados intensivos. Aunque el Secretario no dio detalles, todo indica que estos cuantiosos recursos se requieren para cumplir con la remuneración esperada por los operadores del sistema ante la reducción de los ingresos por tarifas debido a la caída de la demanda a la que conlleva una cuarentena general.

Sería inaudito que mientras la inmensa mayoría de personas y empresas sufren una drástica reducción de sus ingresos, y en medio de la imperiosa necesidad de aumentar el gasto público para fortalecer el sistema de salud y la inversión social, una suma importante del presupuesto del Distrito se destine a asegurarles las ganancias a los operadores privados del sistema de transporte. Durante cerca de 20 años los concesionarios de Transmilenio han disfrutado de un negocio extremadamente rentable, con utilidades netas acumuladas que superan los $700 mil millones de pesos, por lo que la ciudad no puede garantizarles tasas de rentabilidad del orden del 9% a costa de mermar los recursos necesarios para la atención de la pandemia.

No se debe pasar por alto las gigantescas ganancias de operadores como la multinacional francesa Veolia, que acaba de declarar utilidades por 872 millones de euros en 2019 o de su socio Fanalca que opera sistemas en varios países y que en 2018 tuvo ingresos cercanos a los 2 billones de pesos en el conjunto conglomerado de todos sus negocios. E igualmente de los consentidos de las últimas administraciones, con prórrogas laxas y generosas licitaciones, como los grupos económicos Transmasivo y SI 99, que además funcionan en varias ciudades y con posición dominante en algunas de ellas. Se trata de exigirles que ahora que Bogotá está en dificultades sacrifiquen en algo sus siempre desmedidas y desbordadas ambiciones.

Por lo anterior, es necesario revisar los contratos de concesión en el marco de la emergencia sanitaria, especialmente los de las fases I y II que dejó amarrados la administración de Enrique Peñalosa, pues es evidente que las condiciones en las que fueron suscritos se han alterado por completo por las medidas necesarias para evitar la acelerada propagación del COVID-19.

Siendo esta epidemia un acontecimiento extraordinario, imprevisto e imprevisible, no imputable al Distrito, se debe hacer uso de las facultades que le otorga la Ley 80 de 1993 a la administración para exigirle a los operadores de Transmilenio que se sienten a renegociar las obligaciones adquiridas para aliviar las cargas económicas del contrato que hoy generan unas cargas desproporcionadas en beneficio de los operadores privados y que perjudican a la ciudad. De no ser posible un acuerdo entre las partes, es posible y necesario modificar los contratos de manera unilateral.

Adicional a lo establecido, es importante reseñar que instituciones de crédito como el banco francés PNB Paribas, que es el principal acreedor de los operadores de las fases I y II, anunció públicamente que ofreció un plan de alivio a sus deudores con “la máxima flexibilidad y soluciones excepcionales durante la crisis”. Por lo tanto, los canales de renegociación están dados si los concesionarios deponen sus ganancias en función de la solidaridad con toda la ciudad.

Agradecemos la atención prestada y esperamos su pronta respuesta,

 

MANUEL SARMIENTO
Concejal

ÁLVARO ARGOTE M.
Concejal

CELIO NIEVES HERRERA
Concejal

CARLOS CARRILLO ARENAS
Concejal

 

 

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68

Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera solicitaron la conformación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá

Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad de cada uno de los lotes de obra en los que se dividió el proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control. “Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento.

De igual manera, el concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.”

Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera.

Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicarían en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Desde el Polo vamos a seguir luchando en defensa de los derechos de las miles de familias afectadas por un proyecto inconveniente para la ciudad”, concluyó el concejal del Polo.

Los cuestionamientos a los contratistas de TM por la 68

Los cuestionamientos a los contratistas de TM por la 68

“Bogotá no ha tenido una buena experiencia con las firmas que se quedaron con la licitación de la troncal de Transmilenio por la 68”. Así lo señaló el concejal Manuel Sarmiento tras revisar los pleitos jurídicos y sobrecostos que el Distrito ha tenido en otros proyectos con los mismos contratistas. Además, los contratistas de la 68 han sido los grandes beneficiarios de otros megacontratos de Peñalosa.

Mario Huertas Cotes fue el gran ganador de la licitación al quedarse con 4 de los 9 contratos adjudicados para la Avenida 68, recursos que suman más de $1 billón de pesos. En el primer gobierno de Peñalosa se le entregó el contrato para la construcción de la troncal de la Calle 80, proyecto que tuvo sobrecostos del 162%[1]. En su segundo mandato, Peñalosa le adjudicó otros 4 contratos, el más importante de ellos la extensión de la troncal de la Caracas por $250 mil millones. (Enlace)

Conconcreto, que se quedó con 2 de los 9 contratos de la 68 por más de $423 mil millones, se encuentra actualmente investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización en la selección del contratista para la construcción del Tercer Carril Bogotá – Girardot y acaba de ser sancionada por más de 21 mil millones de pesos por obstruir esta investigación. (Enlace)

El último caso es el de la Constructora LHS, firma que a la que el IDU le tuvo que pagar un más de 18 mil millones de pesos por sobrecostos y obras adicionales en el intercambiador de la calle 6ta y sus estaciones. (Enlace“A las múltiples observaciones que presentamos se suman los escándalos de los contratistas, que deja a la troncal de la 68 en muy malas manos, desde el Concejo tenemos todas las alarmas prendidas,” indicó el concejal del Polo.

Huertas y Conconcreto se quedaron además con las fases II y III de Transmilenio a Soacha, por más de $ 337 mil millones. Todos están detrás de la troncal de la carrera séptima y Pavimentos de Colombia y Mario Huertas son las originadoras de la APP de la Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur, un negocio de $1 billón de pesos.

“Desde el concejo vamos a constituir una comisión accidental que vigile el proyecto y garantice la incidencia de las veedurías ciudadanas de cada uno de los contratos de los lotes”, concluyo en concejal Sarmiento.

Boletín  de prensa – 28 de enero 2020

Contacto: 3213923325

 

[1] Suarez, A (2017) Bogotá en el limbo. Bogotá, Colombia. Penguin Random House Group.

“Es un error adjudicar el Transmilenio por la 68”: concejal Manuel Sarmiento

“Es un error adjudicar el Transmilenio por la 68”: concejal Manuel Sarmiento

Boletín de Prensa – Oficina concejal Manuel Sarmiento – 18 de enero de 2020

Comisión del Plan aprobó debate de control político. Bancada del Polo Democrático Alternativo acompañará marcha del lunes contra el proyecto. La suspensión de la licitación es la alternativa más apropiada por el bienestar de la ciudad y de los residentes del sector. 

La Comisión del Plan del Concejo de Bogotá aprobó el debate de control político propuesto por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la licitación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68.

Con fundamento en el Conpes 3900, el cabildante cuestionó el concepto de la Financiera de Desarrollo Nacional que avaló el proyecto. De acuerdo con el documento, con 33.067 pasajeros hora sentido, la troncal de la 68 movilizará menos pasajeros que las de la Boyacá (44.500 PHS) y la Ciudad de Cali (33.255 PHS); es la de mayor longitud, 16,97 km. versus 9,27 de la Boyacá y 7,29 de la Ciudad de Cali; y es la más costosa de las tres, $2 billones de pesos, en comparación con los 1,1 billones de la Boyacá y los 700 mil millones de la Ciudad de Cali. ¿Cómo es posible que se priorice la troncal con menor carga y mayor costo por kilómetro?, cuestionó el cabildante.

Sarmiento recordó algunos de los argumentos expuestos en la acción popular que interpuso junto a su bancada y los concejales María Fernanda Rojas y Diego Cancino del Partido Alianza Verde contra este proyecto. De acuerdo con un memorando interno del Director Técnico de Procesos Selectivos del IDU firmado el 30 de octubre del año pasado, un día antes de la apertura de la licitación, el proyecto tiene “una deficiente estructuración de los requisitos técnicos, financieros y legales para la selección y adjudicación del contratista”.

También son notorias las inconsistencias técnicas del proyecto. El primer estudio de factibilidad estimó los costos de la troncal en 4 billones de pesos, presupuesto que se redujo a 2,5 billones debido a que el gobierno nacional no contaba con los recursos suficientes para la cofinanciación. Para reducir sus costos, de manera irresponsable el exalcalde Peñalosa eliminó las intersecciones operacionales con troncales como las de la 80 y la Autopista Norte, decisión con la que se afecta de manera muy negativa el nivel de servicio de la troncal. Además, ya no se construirá el puente adicional que debía hacerse en la Calle 100 con Cra. 15, por lo que se eliminarán dos de los actuales carriles para tráfico mixto, empeorando el caos de la movilidad.

El concejal Manuel Sarmiento, quien lidera la proposición, calificó como un error el anuncio de la alcaldesa Claudia López de continuar con la licitación. “Se está desconociendo uno de los compromisos de campaña al adjudicar un proyecto lleno de irregularidades e inconsistencias técnicas”, afirmó Sarmiento.

“Lo prudente es suspender la licitación para evaluar todas estas inconsistencias y cuestionamientos”, afirmó el concejal Sarmiento, quien anunció que la bancada del Polo acompañará la marcha convocada por el Comité No Transmilenio por la 68 para el próximo lunes.

18 de enero de 2020

 

Concejales le reiteran al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la necesidad de suspender la licitación de Transmilenio por la 68

Concejales le reiteran al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la necesidad de suspender la licitación de Transmilenio por la 68

Respuesta del IDU confirma que el proyecto se estructuró de manera ilegal

Los seis concejales que interpusieron una acción popular contra la licitación de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 le solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolver las medidas cautelares con las que piden suspender el proceso de contratación. En el memorial radicado el 15 de enero, los cabildantes señalan que la adjudicación del 23 de enero configuraría un perjuicio para la ciudad que debe ser evitado por los estrados judiciales.

La solicitud se sustentó en una respuesta del IDU que confirma las irregularidades del proyecto. En primer lugar, la entidad no entregó los conceptos de no objeción de los estudios y diseños de la troncal, es decir, el visto bueno final con el que deben contar los estudios para abrir la licitación. De esta manera se confirmaría la advertencia hecha por el Director Técnico de Procesos Selectivos el pasado 30 de octubre cuando afirmó que el proyecto tiene “una deficiente estructuración de los requisitos técnicos, financieros y legales para la selección y adjudicación del contratista”.

El IDU tampoco pudo justificar la decisión de eliminar las intersecciones operacionales contempladas en el primer estudio de factibilidad y que permitían la implementación de rutas que pudiesen pasar de la 68 a otras troncales con las de la Calle 80 y la Autopista Norte. Este proyecto era el ideal según los estudios de consultoría, pero fue desestimado por el gobierno del exalcalde Peñalosa porque su valor se estimó en 4 billones. Por esta razón la pasada administración decidió eliminar las intersecciones operacionales y otras obras esenciales, con lo que redujeron el presupuesto a 2,5 billones de pesos.

“Se trata de la peor troncal posible para la Avenida 68”, afirmó el concejal Manuel Sarmiento. “No tendrá intersecciones operacionales, ni obras necesarias como la construcción de un puente exclusivo para Transmilenio en la Calle 100 con Cra. 15, lo que obligará a que los buses utilicen un carril del tráfico mixto generando un mayor caos en la movilidad del sector”.

“Las inconsistencias técnicas de este proyecto se pagarán con prolongados tiempos de viaje para los pasajeros, empeorando la crisis de movilidad del norte de la ciudad y con riesgos de sobrecostos por no contar con un presupuesto base aprobado”, concluyó el concejal del Polo.

El memorial fue firmado por los concejales Álvaro Argote, Celio Nieves, Carlos Carrillo, María Fernanda Rojas, Diego Cancino y Manuel Sarmiento, aquí puede consultarlo.