Política de protección a moradores de Claudia López es un gran engaño
El decreto expedido por Claudia López deja abonado el terreno para que miles de familias sean desplazadas con los proyectos de renovación urbana. Como un engaño calificó el concejal Manuel Sarmiento el Decreto 563 de 2023, mal llamado de “protección a moradores y actividades productivas”. “La alcaldesa Claudia López, de espaldas a la ciudadanía, expidió la semana pasada la norma que fija los lineamientos que deberán cumplir los proyectos de renovación urbana de distinta escala en Bogotá. Sorpresivamente, el decreto se convierte en un escudo protector para los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y en un instrumento de desplazamiento contra comunidades de vecinos y comerciantes afectados en más de 7 mil hectáreas de la ciudad”, señaló el cabildante de Dignidad y Compromiso. Sarmiento advirtió que la administración mintió de manera descarada a la ciudadanía sobre las compensaciones a las que tiene derecho por los proyectos de renovación que se impusieron a la brava en el POT. La primera versión del decreto planteaba dos alternativas para los propietarios de predios en zonas de renovación: podían recibir un inmueble del mismo tamaño en el nuevo proyecto inmobiliario o uno del mismo valor. Sin embargo, no le otorgaba a los moradores el derecho a escoger la mejor alternativa, por lo que los desarrolladores podían finalmente imponer la que más le conviniera a sus intereses. Esta propuesta fue ampliamente rechazada por la ciudadanía en los foros que se desarrollaron en el Concejo de Bogotá para analizar y proponer ajustes al documento. Jugando con la ilusión de cientos de familias, el 19 de septiembre pasado, la Secretaría de Hábitat afirmó que “para que las comunidades tuvieran claros los mecanismos de vinculación (…), nosotros compartimos la necesidad de ajustar el decreto en ese sentido, vamos a hacer aún más explícito que es el morador, el que toma la decisión de qué alternativa elegir, vamos a ajustar la redacción en el artículo 17 para que quede absolutamente claro que es el morador y no el desarrollador el toma la decisión”. (Ver video en min 51:50). Sin embargo, el decreto expedido por Claudia López no solo incumple el compromiso de la Secretaría de Hábitat, también empeora la situación de los propietarios. En primer lugar, desecha el compromiso pactado con las comunidades y no queda explícito que el propietario es quien toma la decisión. Además, el intercambio metro construido por metro nuevo es optativo, favoreciendo los intereses de los desarrolladores y en contravía de la correcta reparación a los moradores afectados. Por el grave riesgo que implica este Decreto para el patrimonio de miles de familias bogotanas, Sarmiento llamó a las comunidades vecinales a organizarse y defender sus barrios. La transformación urbana de Bogotá no debe recaer sobre los esfuerzos de décadas que han hecho las familias en Bogotá para que el uso del suelo y su usufructo lo gocen principal o exclusivamente los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Bogotá debe decirle NO a la Región Metropolitana
Mal hace el Concejo de Bogotá en aprobar el ingreso a la Región Metropolitana, dándole superpoderes a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca. La Región Metropolitana es un grave retroceso democrático y una herramienta para profundizar los negocios de las privatizaciones, así lo señaló el concejal Manuel Sarmiento durante su intervención en la discusión del proyecto propuesto por la alcaldesa Claudia López para que Bogotá ingrese a este nuevo esquema de asociación regional. Sarmiento argumentó la inconveniencia de que el Distrito Capital ingrese a la Región Metropolitana por tres razones: 1) El diseño institucional viola uno de los principios básicos de la democracia como lo es el sistema de pesos y contrapesos, lo que facilitará prácticas corruptas como el volteo de tierras; 2) La propuesta descarga sobre Bogotá, Cundinamarca y los municipios integrantes la financiación que debería asumir la Nación, por lo que los habitantes de la región tendrán que pagar más impuestos; y, 3) Dado que la Región Metropolitana no contará con una adecuada financiación de la Nación, el proyecto está estructurado sobre la base de promover la privatización de distintos servicios bajo la justificación de que los recursos públicos son insuficientes. El cabildante de Dignidad demostró cómo se rompe con el sistema de pesos y contrapesos al darle superpoderes a la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con la Ley 2199, el nuevo Consejo Regional definirá los lineamientos en materia de ordenamiento territorial de toda la región, lo que en la práctica quiere decir que la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación podrán imponer sus criterios en temas tan importantes como establecer qué suelos rurales deben convertirse en zonas de expansión urbana. “Esto facilita el volteo de tierras, pues estas decisiones se tomarán sin la necesidad de que se haga un debate público en un órgano de alta representación democrática que cumpla con la regla del sistema de pesos y contrapesos”, afirmó Sarmiento. El Consejo Regional también podrá imponer tributos como los cobros por congestión y la contribución por valorización, además de definir toda la estructura administrativa de la Región Metropolitana. Sarmiento precisó que en la Región Metropolitana perpetúa el modelo de descentralización sin financiación. La responsabilidad en materia de financiación de la Nación es mínima y su rol no está delimitado, siendo Bogotá, Cundinamarca y sus municipios quienes deben asumir la financiación de los proyectos. “Es inaudito que se siga la receta de los organismos de cooperación como el Banco Mundial y la OCDE, que ante la falta de financiación proponen alternativas como la privatización de servicios públicos, las concesiones viales y nuevos tributos como una valorización regional”. El concejal finalizó su intervención señalando los riesgos de corrupción por la falta de una discusión democrática y alertó sobre el posible el volteo de tierras y las privatizaciones. “Estoy de acuerdo con el analista Aurelio Suárez, con este proyecto Bogotá queda en el limbo, se podrán fortalecer los negocios de los oligopolios en detrimento del interés general de la ciudad y el departamento”, concluyó.
¡Confirmado! Las cifras poblacionales de Peñalosa estaban infladas
El gobierno del exalcalde Peñalosa infló las cifras para justificar negocios del POT como la urbanización de suelos rurales y los proyectos de renovación urbana. Ajustar las cifras poblacionales es un paso correcto en la discusión del POT. En reunión sostenida entre la Comisión Accidental del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, la Administración Distrital presentó las proyecciones de crecimiento poblacional de la ciudad realizadas por el DANE, las cuales presentan una diferencia en un millón de personas menos a las estimaciones presentadas por el exalcalde Enrique Peñalosa en el trámite del POT que presentó en 2019 y que el cabildo distrital hundió. «Las proyecciones oficiales nos dan la razón a quienes manifestamos que era un error catastrófico para el futuro de Bogotá aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial con unas proyecciones poblaciones infladas como las que presentó Peñalosa», señaló el concejal Manuel Sarmiento. El cabildante recordó que reconocidos urbanistas como Mario Noriega y Carlos Roberto Pombo también alertaron sobre el despropósito del exalcalde al usar estas cifras irreales con las que buscaba sustentar la expansión del borde de la ciudad y realizar proyectos inmobiliarios en zonas como la Reserva Van der Hammen. Las proyecciones oficiales del DANE señalan que a 2032 Bogotá tendrá 8.559.942 habitantes, mientras que la propuesta del POT de Peñalosa estimaba 9.362.122 habitantes para el año 2030.
Desistir del proyecto de renovación urbana Alameda Entreparques es un gran acierto
La lucha de la comunidad de Barrios Unidos en defensa de sus barrios da frutos Es una excelente noticia que la alcaldesa Claudia López y la Secretaría de Planeación avancen en el desistimiento del proyecto de renovación urbana Alameda Entreparques que afectaba el patrimonio y desplazaba a miles de habitantes y comerciantes de la localidad Barrios Unidos. “Queda demostrado que la lucha ciudadana trae sus frutos”, señaló el concejal Sarmiento, quien calificó como ejemplar la lucha que adelantó la comunidad de Barrios Unidos al organizarse, crear alianzas con concejales y hacer las denuncias pertinentes para demostrar la inconveniencia para la ciudad de este proyecto. El cabildante del Polo puntualizó que se materializa el criterio aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo de proteger a los habitantes tradicionales y optar por la revitalización urbana de los barrios, una clara diferencia con el modelo de la administración de Enrique Peñalosa que beneficiaba los intereses de los especuladores inmobiliarios y las grandes constructoras.
Concejal Sarmiento solicita la suspensión del proyecto de renovación urbana en el barrio El Rosario
En razón a la nula socialización que ha tenido este proyecto y ante la incertidumbre que tiene la comunidad afectada sobre sus implicaciones, el concejal Sarmiento solicito a la ERU la suspensión inmediata de su ejecución. A través de una carta dirigida a la gerente de la Empresa de Renovación Urbana, el concejal Manuel Sarmiento manifestó su inconformidad con la realización de este proyecto de Renovación Urbana, del que no se conoce absolutamente ningún detalle y que no fue presentado ni discutido con la comunidad que eventualmente será víctima de los procesos de expropiación que se adelantarán para su ejecución. “Nos encontramos ante uno de esos proyectos inmobiliarios que dejó aprobado el ex alcalde Enrique Peñalosa, que implican el desplazamiento forzado de los residentes originarios de barrios residenciales y sobre cuya viabilidad técnica y jurídica hay total incertidumbre. Es increíble que en el Proyecto de Renovación Urbana del Barrio El Rosario la comunidad se enteré por una llamada telefónica de que será objeto de un censo que servirá para adelantar futuros procesos de expropiación por vía administrativa”, señalo el cabildante. A través de dicha comunicación, se solicitó que de manera inmediata se suspendiera la ejecución de este proyecto inmobiliario y del censo que está programado para el fin de semana, hasta tanto no se constituya una mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación, la ERU, el promotor privado del proyecto y la comunidad. Aquí puede consultar el texto de la carta
Nuevas pruebas sobre irregularidades en la adquisición predial de la troncal de la 68. Boletín de prensa de los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera
Concejales insisten en que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) debe suspender el proceso de gestión predial e impugnar los avalúos. Después de las denuncias de los cabildantes sobre la forma en la que el IDU está realizando los avalúos, aparecen nuevas pruebas que confirman que los predios se están avaluando por debajo del valor comercial. “Encontramos una oferta de un inmueble de más de 500 metros sobre la 68 que avalúan en 687 millones de pesos, valor que es inferior al avalúo catastral ($715 millones). Esta es una situación abiertamente ilegal que empobrece a familias que trabajaron durante décadas para construir un patrimonio” señaló Sarmiento. A lo que el concejal Rivera Alzate, del Partido Alianza Verde, agregó: “varios de los predios de los colchoneros del barrio Salazar Gómez se encuentran dentro del área de renovación urbana definida por el Decreto 804 de 2018, y en esos casos la reglamentación del IGAC es explícita en señalar que los predios se deben avaluar únicamente por método de comparación de mercado y de rentas. Nuestra exigencia es que se cumpla la reglamentación que hoy desconocen”. Sumado a lo anterior, los concejales mostraron ofertas de compra en la que los estudios de mercado son ilegibles y las indemnizaciones no están liquidadas correctamente. Los cabildantes insistieron en la necesidad de suspender el proceso de compra en plena pandemia y advirtieron que no existen las condiciones adecuadas para que los afectados puedan comprar un nuevo inmueble. También hicieron un llamado al IDU y a la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten un plan de acompañamiento y reasentamiento colectivo que preserve el tejido industrial y comercial que hoy existe sobre este corredor. “Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá son las mayores empleadoras de la ciudad, debemos hacer todos los esfuerzos por garantizar que ninguna de ellas se quiebre por la reubicación” comentó el concejal de la Alianza Verde. Sarmiento y Rivera Alzate exhortaron al IDU a frenar el proceso e impugnar los avalúos irregulares, e hicieron un llamado a los vecinos y vecinas de la Av. 68 a informarse adecuadamente, organizarse y defender el pago justo por sus inmuebles. “Desde la Comisión del Concejo que hace vigilancia a este proyecto le solicitamos al IDU que rinda informe sobre las irregularidades evidenciadas y de cuenta de sus actuaciones para corregirlas” concluyó Sarmiento.
Concejales de distintas bancadas solicitan a Claudia López ampliar el cronograma para la aprobación del POT
Para garantizar la participación ciudadana se debe modificar el cronograma propuesto por la Secretaría de Planeación Los y las concejales que integran la Comisión Accidental del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le solicitaron a la alcaldesa Claudia López ampliar el cronograma propuesto para la revisión general del POT dadas las limitaciones que existen para garantizar una amplia participación ciudadana. La intención de la Secretaria Distrital de Planeación es adelantar el proceso de revisión y aprobación del nuevo POT durante lo que resta de este año, para lo cual tiene previsto un cronograma compuesto por tres fases: 1) diagnóstico y formulación (abril – julio de 2020); 2) concertación ambiental y consulta democrática (agosto – septiembre de 2020); y, 3) trámite y aprobación por el Concejo (diciembre de 2020). Sin embargo, a través de una comunicación los y las concejales que integran la Comisión Accidental de Ordenamiento Territorial le manifestaron a la Alcaldesa que los plazos propuestos impiden una amplia participación ciudadana, lo que se suma a las restricciones derivadas de las medidas para contener la pandemia. El concejal Manuel Sarmiento señaló que a la fecha ni siquiera se cuenta con el documento técnico de diagnóstico que exige el Decreto 1077 de 2015, por lo que no es posible que se cumpla con el cronograma propuesto por la administración distrital. «Aunque la Secretaría de Planeación ha realizado una serie de eventos virtuales en algunas localidades, estas reuniones no pueden considerarse como parte del proceso de diagnóstico del POT, pues a la fecha la administración no ha publicado el documento que la ley exige para iniciar esta primera etapa del proceso de revisión. De acuerdo con el cronograma inicial, esta fase debió iniciar en abril, plazo que no se cumplió y que hace imperativo ampliar el cronograma propuesto originalmente por la administración», explicó Sarmiento. El Decreto 1077 de 2015 precisa que la administración distrital debe presentar a la ciudad, durante la primera fase, los documentos preliminares y el documento técnico de diagnóstico que serán la hoja de ruta para la formulación y concertación del POT. Este proceso democrático y participativo que debe surtirse en la primera fase, es un requisito fundamental para garantizar que las sugerencias, recomendaciones y comentarios de la ciudadanía sean incluidas en Proyecto de Acuerdo del POT que será presentado en la segunda fase de concertación y consulta. En la carta que se cita a continuación, los concejales Diego Laserna, Carlos Fernando Galán, Susana Muhamad, Andrés Forero, Emel Rojas y Manuel Sarmiento, expresaron su preocupación por la falta de garantías a la participación ciudadana por no contar con un cronograma lo suficientemente amplio para incluir las diversas voces de la ciudad.En este enlace pueden consultar la carta: https://bit.ly/2AmKj2b
El Plan de Desarrollo de Claudia López avanza hacia un modelo de ciudad más democrático
Es un avance la protección de la estructura ecológica principal y que se desista de la intención de urbanizar la reserva Van der Hammen. Planes de renovación urbana de Peñalosa se deben ajustar. Es positivo que el Distrito gestione el relleno doña Juana. ETB debe ser la protagonista en un plan de masificación de internet. El concejal Manuel Sarmiento intervino durante la sesión del Concejo donde las carteras de Ambiente y Hábitat adelantaron sus presentaciones del Plan de Distrital de Desarrollo. “Este Plan acerca a Bogotá a un modelo de ciudad más democrático, donde prime el interés general de todos los bogotanos y bogotanas, y no el interés particular de las grandes constructoras y de los especuladores inmobiliarios”, señaló el cabildante, quien destacó la intención de la Administración Distrital de proteger la estructura ecológica principal y desistir de urbanizar la reserva Van der Hammen, y recordó como pasadas administraciones favorecieron el interés particular de unos pocos. “El POT de Enrique Peñalosa favorecía a unos pocos especuladores del suelo, igual que el famoso decreto de alturas de Gustavo Petro” Durante los años anteriores, el gobierno distrital de Peñalosa impulsó planes de renovación urbana muy agresivos con los habitantes y comerciantes tradicionales, por eso el concejal del Polo exhortó al Distrito a revisarlos y ajustarlos a la luz del nuevo criterio de la ´revitalización´. “Es necesario revisar con detalle estos planes, comenzando por los que están ligados a los corredores de transporte masivo, que motivaron importantes protestas en contra durante el trámite del POT de Peñalosa”, afirmó Sarmiento. Por último, Manuel Sarmiento enumeró una serie de iniciativas que la Administración Distrital puede sacar adelante y que deberían quedar consignadas en este Plan, que será la hoja de ruta de la ciudad en los próximos años: 1) Ajustar la política de reasentamiento bajo criterios democráticos que garanticen la vivienda digna. 2) Actualizar el plan decenal de descontaminación del aire. 3) Liderar un plan de masificación del internet en la ciudad, bajo la dirección de ETB. 4) Avanzar en la gestión pública del relleno doña Juana.
Concejales piden vigilancia especial para la troncal de TM por la Av. 68
Los concejales Manuel Sarmiento y Martín Rivera solicitaron la conformación de una comisión accidental del Concejo de Bogotá Los concejales manifestaron que la vigilancia se realizará a través de una comisión conformada por los representantes de la comunidad de cada uno de los lotes de obra en los que se dividió el proyecto, el IDU, los contratistas y los órganos de control. “Persisten las observaciones que nos llevaron a solicitar la suspensión del proyecto, por lo que nos corresponde vigilar la protección de los derechos y garantías para las comunidades afectadas” manifestó el concejal Manuel Sarmiento. De igual manera, el concejal Martin Rivera Alzate de la Alianza Verde, ha insistido en la necesidad de buscar la mejora y complementacion al proyecto actual, tanto en obras de infraestructura como en su gestion predial y social: “Debemos ser muy riguroso con las obras que de aquí en adelante le entregamos a la ciudad, que en el siglo XXI se merece las mejores condiciones.” Las comisiones accidentales son una herramienta de control político con la que cuenta el Concejo ante las actuaciones del Gobierno Distrital, a ellas se encuentran obligados a asistir las entidades responsables de ejecutar el proyecto, la Personería y Contraloría de Bogotá. “Nuestro interés es construir acuerdos colectivos que beneficien a la comunidades afectadas y alivien los impactos del proyecto” declaró Rivera. Esta comisión hace parte de las acciones que han promovido siete concejales de las bancadas del Polo Democrático Alternativo y el Partido Verde ante los serios cuestionamientos de infraestructura y presupuesto del proyecto. El IDU se encuentra licitando los contratos de interventoría que se adjudicarían en marzo y con los cuales se tiene proyectado iniciar oficialmente los nueve contratos de obra. “Desde el Polo vamos a seguir luchando en defensa de los derechos de las miles de familias afectadas por un proyecto inconveniente para la ciudad”, concluyó el concejal del Polo.
Se debe detener el proceso de renovación urbana en la troncal Suba que amenaza a barrios residenciales.
Señor Andrés Ortiz Gómez Secretario Distrital de Planeación SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Ciudad Ref.: Aclaración sobre el proceso de renovación urbana de la Av. Suba Atento saludo, En un gesto antidemocrático y a dos semanas de terminar su mandato, el alcalde Enrique Peñalosa decidió habilitar la ejecución de proyectos de renovación urbana en los barrios aledaños a las troncales de Transmilenio. Esta era una de las políticas incluidas en el POT que fue negado en el Concejo y que ahora la administración pretende revivir a través de decretos. El 20 de noviembre de 2019, la Secretaria Distrital de Planeación – SDP – publicó los Documentos Técnicos de Soporte del Proyecto de Decreto de Incorporación Tratamiento Renovación Urbana Troncal Av Suba con el que se abre la puerta para que más de 150 hectáreas y 2.725 predios sean afectados por la ejecución de proyectos inmobiliarios en el marco de la renovación urbana. Los habitantes de la localidad de Barrios Unidos han denunciado que estos proyectos de decreto no han sido socializados, por lo que no se conocen los impactos que se ejecución podría generar en sus barrios e inmuebles. Con razón la comunidad afectada le exige a la SDP que abra espacios de participación y socialización efectivos que vayan más allá del proceso virtual que implementa la entidad. La SDP debe convocar a audiencias públicas en los barrios afectados de las localidades: Barrios Unidos y Suba. En razón a ello, le solicito que suspenda la expedición de dicho Decreto hasta tanto no se resuelvan todas las inquietudes planteadas por la comunidad sobre su ejecución e impactos en el marco de escenarios amplios de participación ciudadana; y hasta que no exista la certeza de que las concreciones de dichos proyectos de renovación urbana no implicaran el despeamiento forzoso de los residentes tradicionales de los barrios que se encuentran en su zona de influencia. En ejercicio de mi derecho fundamental de petición, le solicito remitir un informe detallado sobre el proceso de socialización de este proyecto y los documentos que lo sustenten. Atentamente, MANUEL SARMIENTO Concejal de Bogotá
