Es inaudito que la administración de Peñalosa desconozca la participación de la Personería de Bogotá en operativos de desalojo de vendedores informales

Es inaudito que la administración de Peñalosa desconozca la participación de la Personería de Bogotá en operativos de desalojo de vendedores informales

  1. Concejal Manuel Sarmiento exige que no se siga desconociendo la participación del Ministerio Público en los desalojos de vendedores informales en la ciudad.
  2. La Policía Metropolitana de Bogotá y el Secretario de Gobierno deben expedir un instructivo para los miembros de la fuerza publica, donde se explique que es obligatoria la presencia de la Personería.
  3. Comparendos de la Policia Nacional no están cumpliendo con las disposiciones de la Corte Consitucional.

Mediante una carta enviada al Mayor General Hoover Alfredo Penilla Romero, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y al Secretario Distrital de Gobierno Miguel Uribe, el cabildante del Polo Democrático les solicitó no seguir desconociendo la participación del Ministerio Público en procedimientos de desalojo de vendedores informales, requiriendo al comandante Penilla  expedir un instructivo para los miembros de la fuerza pública que le aclare al personal de la institución la obligación de contar con la presencia de la Personería de Bogotá en los operativos de desalojo, así como el requisito de verificar que a los vendedores informales se les ha ofrecido una alternativa económica real antes de proceder a aplicar algunas de las sanciones contempladas en el Código de Policía.

La carta se fundamenta en las graves advertencias hechas por la Personera Distrital Carmen Teresa Villamizar, sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados por la actual administración, revelaciones hechas el pasado 14 de agosto en el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad.

A continuación, el contenido de la carta.

Mayor General
HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO
Comandante
Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG-
Avenida caracas N.6-05
Bogotá D.C.

Ref.: La Policía Metropolitana de Bogotá debe respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los derechos de los vendedores informales.

Cordial saludo.

El pasado 14 de agosto, en el marco del debate citado por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la política del alcalde Enrique Peñalosa frente a los vendedores informales de la ciudad, la Personera de Bogotá hizo graves advertencias sobre la violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en los desalojos adelantados por la actual administración.

De acuerdo con la personera Carmen Teresa Villamizar, mediante el instructivo 006 del 01 de septiembre de 2017 la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional definió los lineamientos para el control a la ocupación del espacio público, omitiendo que en los operativos de desalojo contra los vendedores informales se debe contar con presencia de un representante del Ministerio Público que garantice el respeto del debido proceso y demás derechos de las personas que deben dedicarse al rebusque. Este instructivo es abiertamente contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a las normas que rigen la materia. En efecto, la Sentencia T-772 de 2003 señala que “durante las diligencias correspondientes se debe contar obligatoriamente con la presencia del Personero -o su delegado-, que vele por la preservación de los mandatos constitucionales e internacionales aplicables”, mientras que el Decreto 098 de 2004 dispone que “La diligencia se llevará a efecto por el Alcalde Local quien deberá contar con un delegado del Ministerio Público.

La representante de la Personería Distrital también indicó en su informe que “la imposición de comparendos por parte de la Policía Nacional no está cumpliendo con las disposiciones de la Corte Constitucional relativas a la garantía de los derechos de las personas vendedoras informales, en el entendido que la Sentencia C-211 de 2017 dispone que las medidas correctivas proceden una vez se ha realizado una oferta de reubicación. Actualmente la Policía no dispone de ningún medio para verificar si las personas que están ocupando el espacio público son población vulnerable, si han sido reconocidos y caracterizados como vendedores informales o si ya se les hizo un ofrecimiento. (…) A pesar de esta limitación de información, la policía nacional continua imponiendo diariamente centenares de comparendos que, en criterio de la Personería, no se ajustan a las exigencias de la Corte Constitucional. De hecho, algunos comparendos impuestos han sido derogados en la revisión del Inspector de Policía, apelando precisamente a la anterior consideración”.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos expuestos por el órgano de control, de manera respetuosa y en ejercicio de mi derecho fundamental de petición le solicito se expedir un instructivo que le aclare al personal de la institución la obligación de contar con la presencia de la Personería en los operativos de desalojo, así como el requisito de verificar que a los venedores informales se les ha ofrecido una alternativa económica real antes de proceder a aplicar algunas de las sanciones contempladas en el Código de Policía.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

Concejal Manuel Sarmiento solicita a rectores de universidades del centro de Bogotá mostrar los fundamentos técnicos de su respaldo al proyecto de la troncal de Transmilenio sobre la Carrera Séptima

Concejal Manuel Sarmiento solicita a rectores de universidades del centro de Bogotá mostrar los fundamentos técnicos de su respaldo al proyecto de la troncal de Transmilenio sobre la Carrera Séptima

Mediante una carta remitida a los siete rectores de las universidades del centro de Bogotá que han manifestado su respaldo al proyecto de Enrique Peñalosa para construir una troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, , el concejal Manuel Sarmiento les solicitó informar cuáles fueron los fundamentos técnicos en los que se fundamenta su apoyo.

El cabildante insiste en la misiva que la academia debe pronunciarse bajo los más estrictos criterios técnicos, especialmente cuando el Instituto de Desarrollo Urbano ha presentado observaciones al proyecto.

A continuación se agrega el contenido de la carta:

 

Rectores
Universidades del centro
Bogotá D.C.

 

Ref.: La academia debe pronunciarse bajo los más estrictos criterios técnicos respecto a la construcción de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima

Atento saludo.

En lugar de mostrar los estudios que demuestren la conveniencia de construir una troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, el alcalde Enrique Peñalosa ha apelado a la opinión de los rectores de algunas universidades, entre ellas la suya, como un argumento de autoridad para justificar el proyecto. Sin embargo, más allá de las verdades generales sobre la necesidad de mejorar la movilidad en el corredor oriental de la ciudad, los pronunciamientos difundidos por la administración distrital no contienen un análisis detallado que le dé un sustento técnico a una propuesta que ha sido duramente cuestionada por expertos en diversas materias.

Dado el peso que tienen las opiniones de quienes dirigen importantes centros académicos, es necesario que la opinión pública conozca en detalle las razones que los llevaron a respaldar este proyecto. Sobre todo, cuando la propuesta carece de una evaluación integral de beneficio/costo, estudio imprescindible para definir la viabilidad de una obra según lo señala el Centro de Economía Aplicada del School Business de la Universidad de Kansas, uno de los más consultados para evaluar proyectos de infraestructura.

Para definir los beneficios de esta troncal, la academia debe ir más allá de las obviedades expuestas por el alcalde Peñalosa sobre la necesidad de mejorar la movilidad. Es necesario analizar las distintas alternativas que existen para alcanzar este propósito, teniendo en cuenta que en el mismo corredor se tiene previsto construir la primera línea del metro. Resulta entonces inexplicable que la administración distrital se rehúse a mostrar los estudios de modelación de demanda en un escenario que no incluya la construcción de la troncal por la Carrera Séptima, pero que sí contemple la entrada en funcionamiento de la primera línea del metro.

Por otro lado, además de los $2,4 billones que el gobierno calcula como CAPEX del proyecto, el estudio beneficio/costo debe evaluar y cuantificar, entre otros, los siguientes perjuicios: i) la congestión que generará el proyecto durante su fase de construcción; ii) los daños urbanísticos por la decisión de no ampliar los andenes en el tramo crítico entre las calles 32 y 94, violando las disposiciones del POT y generando un “deterioro de los niveles de servicio peatonales”, como señalan estudios de la Universidad Santo Tomás; iii) el deterioro urbano por la construcción de estaciones de hasta 196 metros de extensión en una avenida angosta como la Carrera Séptima, creando una cicatriz urbana que contraría las ideas básicas de un buen urbanismo; y, iv) la afectación de 75 Bienes de Interés Cultural como el Parque Nacional (al que se le recortarían 4.000 metros cuadrados) y el Museo del Chicó.

Por las anteriores consideraciones, de manera respetuosa le solicito informarme cuál es el estudio de beneficio/costo en el que se fundamenta su opinión sobre la conveniencia de construir una troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, y el ejercicio de modelación de demanda que demuestre que el proyecto va a beneficiar a los estudiantes, profesores y trabajadores de la institución que usted dirige, pues no se entendería que desde la rectoría de una universidad se manifieste el respaldo a este proyecto sin contar con este tipo de estudios.

La respuesta a las solicitudes presentadas serán recibidas en la Cl. 36 #28A-41 Of. 201 y en el correo electrónico concejalmanuelsarmiento@gmail.com

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO
C.C. 80.873.444
CONCEJAL DE BOGOTÁ

El IDRD debe respetar los derechos de los usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar.

El IDRD debe respetar los derechos de los usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar.

Señor:

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ

Director del IDRD

Calle 63 # 59 A – 06

Ciudad

Ref.: El IDRD debe respetar los derechos de los usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar.

Atento saludo.

Los padres de familia y deportistas de todas las disciplinas usuarios del Complejo Acuático Simón Bolívar han hecho graves denuncias sobre la intención de la administración de cobrarles sumas exageradas de dinero para el uso de las piscinas y el entrenamiento de miles de jóvenes, lo que lesionaría el deporte competitivo de la ciudad.

La Ley 181 de 1995 señala que los deportistas competitivos deben estar afiliados a clubes deportivos organizados como organizaciones sin ánimo de lucro y estos a su vez deben estar afiliados a la liga respectiva. De esta manera, los deportistas que deseen participar en competencias organizadas por las ligas deportivas, federaciones o Coldeportes, deben pertenecer a un club deportivo.

Es por esta razón que desde hace 13 años los niños, niñas y adolescentes interesados en la natación competitiva se han organizado en clubes conformados y manejados por sus padres de familia, quienes deben hacer un gran esfuerzo económico para pagar entrenadores, viáticos y demás gastos que exige la formación de un deportista competitivo, todo ello sin contar un un apoyo real del gobierno distrital. Los clubes deportivos son entonces los semilleros de los futuros deportistas de alto rendimiento de Bogotá, por lo que deberían contar con el respaldo de la administración en lugar de ser perseguidos como está sucediendo en la actualidad.

Para el entrenamiento de los jóvenes, los clubes han usado durante años las instalaciones del Complejo Acuático, constituyéndose prácticamente en el único apoyo por parte del Distrito. Sin embargo, en los últimos meses se ha conocido la intención del IDRD de empezar a cobrarles cuantiosas sumas de dinero por el uso de la infraestructura con la excusa de aplicar el manual de aprovechamiento económico. Ante las protestas de los padres de familias y deportistas, el 18 de agosto del año pasado usted afirmó en el Concejo que “estamos calculando que sean 800 pesos por niño mensual en los clubes”

(https://www.youtube.com/watch?v=Ji76a3nD8po&feature=youtu.be&t=1h14m38s).

Sin embargo, se ha conocido que el IDRD pretende iniciar el proceso de cobro por uso de carriles y de espacios del complejo acuático con valores entre los $150.000 y $450.000 por deportista, suma que no están en condiciones de pagar una inmensa mayoría de los padres de familia, lo que constituiría un grave atentado contra el deporte competitivo de la ciudad y una violación de los derechos de miles de jóvenes que con mucho esfuerzo han decidido hacer parte del deporte competitivo.

Por lo anterior, en ejercicio de mis funciones de control político y de mi derecho fundamental de petición, le solicito desistir de esta medida y contestar las siguientes preguntas:

  1. ¿Por qué usted afirmó en el Concejo que el cobro por el uso del Complejo Acuático no superaría los $ 800 y ahora está anunciando que los clubes deportivos deberán pagar entre $150.000 y 450.000 al mes por deportista?

  1. ¿Cómo es posible que el IDRD, en lugar de respaldar a los deportistas de Bogotá, les imponga trabas que obstaculizan su desarrollo?

  1. ¿Cuál es la política del IDRD para respaldar a los jóvenes deportistas competitivos?

Las respuestas a las solicitudes presentadas serán recibidas en la calle 36 # 28A – 41 y en el correo electrónico concejalmanuelsarmiento@gmail.com

Cordialmente,

Concejal Manuel Sarmiento cuestiona viabilidad de la troncal de Transmilenio por la Séptima y anuncia nuevo debate sobre el proyecto

Concejal Manuel Sarmiento cuestiona viabilidad de la troncal de Transmilenio por la Séptima y anuncia nuevo debate sobre el proyecto

En una carta a la directora del IDU, el concejal Manuel Sarmiento solicita que se aclaren con suficiencia los cuestionamientos y observaciones hechas por el Subdirector de Infraestructura de la entidad en dos memorandos de junio y julio de 2018. El 18 de junio funcionario señaló que no era viable abrir la licitación por las incosistencias y omisiones del estudio contratado con Ingetec, concepto que cambió un mes después sin dar una explicación de fondo. Según Sarmiento, “la escueta comunicación que viabiliza el proyecto no aclara de qué manera se subsanaron o aclararon las decenas de observaciones muy detalladas respecto a graves falencias en materia de exploraciones geotécnicas, información de cantidades de obra e incluso fallas presupuestales gravísimas relacionadas con que el consultor no tuvo en cuenta los costos de mercado para la definición del precio de la interventoría de varios tramos de la troncal”.

Sarmiento agregó que la administración de Enrique Peñalosa debe desistir de este crimen de lesa urbanidad y anunció que citará nuevamente un debate de control político sobre el proyecto

 

El siguiente es el texto de la carta:

Doctora

YANETH ROCÍO MANTILLA BARÓN

Directora

Instituto de Desarrollo Urbano

Ciudad

Asunto: El IDU no ha aclarado con suficiencia los serios cuestionamientos en torno a los estudios y la viabilidad de la troncal de Transmilenio por la Séptima

Atento saludo,

Los memorandos emitidos por el Subdirector General de Infraestructura del IDU  los días 18 de junio y 6 de julio  (goo.gl/e16S3B) contienen múltiples cuestionamientos en materia de geotécnica, geometría, estructuras, urbanismo, tránsito, cronograma y presupuesto de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, nos dan la razón a quienes nos hemos opuesto a esre proyecto. En octubre de 2017 cité a la administración a un debate de control político en el que señalé incluso que los diseños tenían serias deficiencias basándome en los informes de interventoría del proyecto. Hasta hoy estos cuestionamientos permanecen sin respuesta por parte del gobierno distrital.

En respuesta a la revelación de uno de los memorandos que declara inviable abrir la licitación, el gobierno ha filtrado una escueta comunicación emitida el día 19 de julio que viabiliza el proyecto (Ver), pero que no aclara de qué manera se pudieron subsanar o aclarar las decenas de observaciones muy detalladas respecto a las deficiancias en aspectos como exploraciones geotécnicas, información de cantidades de obra e incluso fallas presupuestales relacionadas con que el consultor no tuvo en cuenta los costos de mercado para la definición del precio de la interventoría de varios tramos de la troncal.

La administración debe demostrar sin lugar a dudas que todas y cada una de las inconsistencias mencionadas por los memorandos fueron subsanadas, por lo que le solicito un informe técnico que desvirtúe el memorando que declara la inviabilidad de la licitación. Por ejemplo, i) ¿ya se hicieron las perforaciones exploratorias necesarias en la zona de la calle 85 con Circunvalar?; ii) ¿los parámetros técnicos empleados por la consultoría para los materiales tipo coluvial en la zona dejaron de proceder de la literatura?; iii) ¿el consultor entregó los registros de perforaciones y ensayos de laboratorio de los sectores javeriana, circunvalar, calle 87 a calle 92, calle 170, calle 189 y calle 191 a calle 193?; iv) ¿en la conexión operacional de la Calle 26 con Carrera 10 el ancho es suficiente para realizar las maniobras por los vehículos indicados en los parámetros de Transmilenio?

La viabilidad del proyecto sigue en tela de juicio y por eso hago un llamado a la administración distrital en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, el secretario Bocarejo y de usted como directora de la entidad encargada de supervisar el proyecto a desistir del despropósito de construir esta troncal por la Carrera Séptima, pues existen serios indicios que el proyecto expone a la ciudad a graves sobrecostos, además del daño urbano irreparable a este corredor emblemático de la capital.

 

Manuel Sarmiento

Concejal del Polo Democrático

Debe restablecerse inmediatamente el suministro de agua potable a los habitantes de la comunidad de Tocaimita en la localidad de Usme

Debe restablecerse inmediatamente el suministro de agua potable a los habitantes de la comunidad de Tocaimita en la localidad de Usme

Doctora
MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
Gerente
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP

Ref.: Debe restablecerse inmediatamente el suministro de agua potable a los habitantes de la comunidad de Tocaimita en la localidad de Usme

 

Desde el pasado 14 de junio los habitantes del barrio Tocaimita en la localidad de Usme no tienen suministro de agua potable debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suspendió la conexión a la fuente hídrica de la que dependía su acceso a este recurso vital. Por este atropello la comunidad, conformada en su mayoría por víctimas del conflicto y población vulnerable, tuvo que recurrir a quebradas contaminadas y a la recolección de agua lluvia, poniendo en riesgo su salud e integridad.

Ante la falta de soluciones y el peligro en el que se encontraban, la comunidad se organizó y presentó una acción de tutela para exigir la garantía de sus derechos, proceso que culminó con un fallo a su favor. El pasado 17 de julio el Juzgado 51 Municipal de Bogotá le ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado reestablecer el suministro de agua potable a los habitantes afectados de la localidad de Usme, en una cantidad entre 50 y 100 litros de agua por persona por día, para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud, según la OMS.

Solicito al Acueducto que se cumpla inmediatamente la orden del juzgado para garantizar el derecho fundamental al agua de los habitantes de Tocaimita. La sentencia señala que “la empresa tiene la obligación de adoptar medidas paliativas que aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable, para lo cual tienen diversas alternativas como instalar pilas provisionales de agua potable, o realizarlo, usando carro tanques, u otras medidas para llegar al punto de acopio del mínimo vital”.

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,

MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ

La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos

La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos

Señor

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ

Director del IDRD

Ciudad

 

REF.: La administración del alcalde Peñalosa debe respetar los acuerdos con la comunidad del Bosque San Carlos

Atento saludo.

Las comunidades aledañas al Parque Metropolitano Bosque de San Carlos manifestaron el día 11 de Julio su indignación y malestar por  la tala de cinco nuevos individuos arbóreos sin ningún tipo de información previa que justificara las actuaciones del Jardín Botánico y el IDRD (en calidad de administrador del parque).

Con estas acciones, la administración del alcalde Peñalosa sigue en su constante violación de los  acuerdos suscritos entre la comunidad vecina del parque y varias entidades del Distrito, en los que se estableció que solo se talarían árboles cuyo volcamiento fuera inminente y cuyo deterioro fuera demostrado por parte de las entidades del Distrito.

A esto se suma que la administración distrital no ha presentado ante la comunidad  el plan de manejo ambiental y silvicultural, el cual debe ser el documento guía para proteger y darle un correcto tratamiento al patrimonio ambiental y forestal del bosque de San Carlos.

Le solicito Señor director, tomar las medidas necesarias para suspender estos procedimientos arbitrarios y sin fundamentos técnicos hasta tanto no se tenga el debido plan de manejo ambiental y silvicultural del bosque.

 

Cordialmente,

 

MANUEL SARMIENTO

CONCEJAL DE BOGOTÁ